En México ya son diez los estados que impusieron a la industria un impuesto por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Este 2025 la Ciudad de México, San Luis Potosí y Colima se sumaron a la lista. Zacatecas fue el primer estado en cobrar Impuestos Ecológicos, tras su aprobación en el congreso local en el 2017. La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó ese gravamen dos años más tarde y eso abrió la puerta para que otras entidades legislaran impuestos ambientales. Sin embargo, su recaudación ha ido a la baja debido a una serie de amparos y litigios promovidos por empresas que no están de acuerdo. Ricardo Olivares, secretario de Finanzas de Zacatecas, explicó en octubre de 2024 que las empresas, principalmente las mineras que cotizan en la bolsa, se rehúsan a pagar, pues al hacerlo “de facto estarían reconociendo que son empresas contaminantes” lo que tiene efectos nocivos ante sus inversionistas. El director general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, José Luis Samaniego explicó que, según investigaciones, la ganadería es de las que más contamina por las emisiones de metano que tiene un potencial de calentamiento global muchas veces superior a las del dióxido de carbono. 

Zacatecas fue el primero en cobrar Impuestos Ecológicos y abrió la puerta para que otras entidades legislaran impuestos ambientales

“Contaminan las fugas de metano de Pemex, las aguas residuales, el mal manejo de los desechos urbanos y en términos de emisiones de gases de bióxido de carbono que es de los sectores principales que más gases emiten, son la generación de energía y el transporte”, dijo. Posteriormente Guanajuato, Tamaulipas, Durango, Estado de México, Querétaro y Yucatán siguieron los pasos de Zacatecas para que la industria pague una cuota por cada tonelada de carbono emitida.

El Impuesto por la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera en San Luis Potosí fue creado para gravar las emisiones directas de gases como CO2, CH4, N2O y otros, para fomentar prácticas sostenibles y reducir la contaminación ambiental. Tras varios aplazamientos, su entrada en vigor fue fijada para el 1 de enero de 2025, con ajustes como la reducción del costo por tonelada de 3 UMA** a 1 UMA y la eliminación de requisitos administrativos complejos. La propuesta surgió desde el gobierno del estado y fue aprobada en diciembre de 2023 por la LXIII Legislatura del congreso local, donde en diversas ocasiones pospusieron su entrada en vigor debido a inconformidades del sector empresarial. En la Ciudad de México la cuota es de 58 pesos por cada tonelada de emisiones registradas. Este instrumento permitirá movilizar recursos para financiar proyectos estratégicos de mitigación y adaptación climática, orientados a reducir la dependencia de fuentes emisoras y a fomentar el desarrollo de tecnologías limpias.

Este instrumento permitirá movilizar recursos para financiar proyectos estratégicos de mitigación y adaptación climática

Colima aplicará exclusivamente a personas físicas y morales que reporten emisiones de GEI y cuenten con sus licencias ambientales de funcionamiento, así como sus cédulas de operación anual. No afecta a ciudadanos ni a pequeños comercios. El monto del pago al carbono se calculará con base en las toneladas de GEI emitidas y reportadas por las empresas y las autoridades contemplan un periodo de diálogo con las personas morales y físicas sobre cómo operará y para ofrecer acompañamiento técnico. Aunque el Estado de México tiene este gravamen activo desde 2022, para este año incluyó un subsidio del 30 por ciento en el impuesto por emisión de gases, destinado a empresas que sustituyan vehículos impulsados por combustibles fósiles por unidades híbridas o eléctricas o implementen tecnologías limpias.

El monto del pago al carbono se calculará con base en las toneladas de GEI emitidas y reportadas por las empresas

En Tamaulipas, la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, informó que el impuesto no es recaudatorio, sino que este se aplica para que las compañías disminuyan sus niveles de contaminación. Ante el gravamen que entró en vigor en 2023, 40 empresarios tendrían que pagar en conjunto alrededor de mil 500 millones de pesos anuales al gobierno de Tamaulipas, recurso que se destinará para procesos de limpieza y de reforestación y conservación de manglares. Hasta finales de octubre del 2024, los empresarios habían presentado 36 amparos, por lo que hasta el cierre de año solo se habían recaudado 36 millones de pesos de este impuesto verde, aproximadamente 2.4% de la meta general planteada.

México y su meta de reducción del 35% de emisiones para 2030

El director general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, José Luis Samaniego, habló sobre los compromisos que tiene México para contribuir en el cuidado del medio ambiente a través del desarrollo sustentable. “México tiene que cumplir con su contribución nacionalmente  determinada. México hizo un compromiso frente a Naciones Unidas y participamos del esfuerzo de descarbonización global. Entonces la idea es poder acercarnos al cumplimiento de la meta en 2030 que es reducir el 35 por ciento de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero”. Luis Samaniego advirtió que eso implica que bajemos escalón por escalón hasta llegar a la meta que son aproximadamente 650 mega toneladas.

México hizo un compromiso frente a Naciones Unidas y participamos del esfuerzo de descarbonización global. La idea es acercarnos a la meta de reducir el 35 por ciento de las emisiones en 2030José Luis Samaniego, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

“Cada quien tiene que hacer su esfuerzo con inversión, con cambio de combustibles, con eficiencia energética, pero a lo mejor eso no es suficiente, entonces lo que estamos tratando de generar es un esquema de compensaciones para que mediante restauración, conservación, manejo sostenible, de ecosistemas y de bosques, se puedan compensar las toneladas que no se pudieron reducir en el área de la tecnología de la industria y de la producción, entonces que eso se convierta en una corriente de pago por servicios ambientales, a quién están protegiendo los actuales sumideros de carbono que es a través de manejo sostenible de áreas protegidas, de áreas voluntariamente dedicadas a la conservación de bosques rurales y también de restauración y de reforestación de zonas que se hayan perdido”, afirmó. Luego explicó que más que incentivos fiscales son compensaciones para poder cumplir con las obligaciones de reducción de emisiones contaminantes de gases de invernadero. “Digamos entonces lo que estaríamos generando es una corriente nueva de recursos que va de la industria hacia los ecosistemas para ayudar a financiar el pago o el sistema de pago por servicios ambientales que van a ir a la restauración de los ecosistemas y la restauración ambiental”, subrayó. En este aspecto debe intervenir Hacienda, porque es un derecho de emisión. “Nosotros también tenemos que registrar las las toneladas reducidas, no reducidas, el cumplimiento o las brechas de incumplimiento para poder poner en línea las emisores de reducir al punto que México comprometió”, agregó Samaniego. Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, comenta que hay un acercamiento con la Secretaría de Hacienda para quienes buscan un modo de producción sustentable. “Estamos conversando con Hacienda, que es quien define ese tipo de incentivos, y ellos han desarrollado un paquete de incentivos muy interesante por ejemplo, en el corredor Interoceánico que va a conectar Coatzacoalcos con Salina Cruz y ahí estamos trabajando con ellos para que esos incentivos incorporen el tema ambiental en forma muy importante y queremos también potenciar mucho el servicio de pago por servicios ambientales. “Lo que se logra es que haya una solución basada en la naturaleza que sea compensada realmente, que se puede pagar ese servicio. Puede apoyar al  bosque, o algún humedal, o la selva, manglar. Esa protección, digamos de ese recurso le rinda frutos económicos a la población que lo logra proteger”, dijo la secretaria. * Con información de Miguel Gallardo / Diario de Querétaro; Noé Álvarez Pascual / El Sol de Toluca; El Sol de San Luis, El Sol de Tampico y El Sol de Zacatecas. ** El 9 de enero de 2025, el Inegi dio a conocer la actualización del valor diario de la UMA en 113.14 pesos mexicanos.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno destinará de su presupuesto total, menos de uno por ciento a la Coordinación General de Combate a la Impunidad, esto de acuerdo con el Calendario de Presupuesto Autorizado al Ramo 27 Anticorrupción y Buen Gobierno para el ejercicio fiscal del 2025 publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En total son 777 mil 989 pesos el presupuesto con el que contará la Unidad de Combate a la Impunidad de esta dependencia federal, lo que representa 0.45 por ciento de los mil 699 millones 025 mil 258 pesos con los que cuenta la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, liderada por Raquel Buenrostro.

La Unidad de Combate a la Impunidad es encabezada por Omar Sánchez Villegas y este mes no cuenta con presupuesto, mientras que en los meses de febrero, abril, junio, agosto y octubre gastará 63 pesos, mientras que marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre contará con un presupuesto de tres mil 403 pesos en cada mes.

Diciembre es el que cuenta con la mayor parte del dinero destinado al Combate a la Impunidad, con 760 mil 659 pesos otorgados.

Hace un mes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la Estrategia de Seguridad que ella encabeza, no se enfoca en operativos principalmente, sino que el tema principal es el combate a la impunidad.

“Yo siempre dije que la estrategia de seguridad, tiene que ver con dos ejes centrales: que es la atención a las causas y disminuir la impunidad, la cero impunidad. Esas dos acciones es lo que nos va a permitir disminuir los delitos de alto impacto, y seguir construyendo la paz y la justicia en nuestro país”, dijo la presidenta de México en su conferencia matutina del 2 de diciembre del 2024.

Quien también expuso que el mayor problema de México es la impunidad, fue la ministra en retiro y diputada federal, Olga Sánchez Cordero, problemática que afecta también a las mujeres del país.

“Si me preguntas cuál es el principal problema de México, diría la violencia y la inseguridad, pero por la impunidad, yo creo que la principal problemática de México, es la impunidad y yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, están conscientes que se debe combatir la impunidad porque si se combate, bajan los feminicidios, baja la violencia no por razones de que exista un cambio de mentalidad, sino porque nadie se escapa de ser enjuiciado por cometer un delito contra las mujeres”, dijo Sánchez Cordero.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) reanude el proceso de selección de aspirantes judiciales que contenderán el próximo 1 de junio. “En sesión privada, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rechazó revocar el acuerdo del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, que mantiene suspendidas sus actividades”, compartió en su cuenta de X la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel Mossa. La noche del 7 de enero un juez con sede en Michoacán pidió a los tres Poderes de la Unión suspender el proceso de selección de los Comités de Evaluación respectivos, pero solo el del Poder Judicial acató la norma. El Juez, Sergio Santamaría, consideró que no había las condiciones suficientes para realizar la elección judicial por lo que pidió a los comités evaluadores correspondientes, suspender los procesos de selección y abstenerse de seguir adelante con las actividades electorales judiciales. Sobre esto, la ministra de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) Lenia Batres, dijo que iba a solicitar la destitución de los integrantes del Comité Evaluador del Poder Judicial de la Federación (PJF) por haber suspendido el proceso de elección. “El pasado martes 7 de enero se excedieron en sus facultades al suspender el proceso de selección de candidatos para la próxima elección judicial. Esta decisión fue tomada de manera unilateral por los integrantes de dicho Comité, sin informar previamente a los ministros”, subrayó la ministra Batres. Este 13 de enero y en sesión privada, los ministros analizaron las peticiones de Esquivel, Batres y Loretta Ortiz quienes sostuvieron que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación no tiene facultades para tomar una decisión como la de suspender el proceso de selección de candidatos, sin antes consultarle a la Corte si podía hacerlo. Sin embargo, el resto de los integrantes del Pleno del Máximo Tribunal las rechazaron en acato a una suspensión judicial, en medio de las decenas de amparos y suspensiones que han sido emitidas con el fin de frenar la constitucional reforma judicial que propuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador.