El proyecto apunta a validar la figura como una medida legítima de protección industrial.

La próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promete convertirse en un punto de referencia para el sistema marcario mexicano. En un contexto de dudas y presiones sobre el actuar judicial, el asunto que llegará al Pleno en la primera semana de diciembre pondrá a prueba la capacidad del Tribunal para afirmar certidumbre en medio de la inquietud empresarial.

El caso, contenido en el amparo directo en revisión 7274/2024, cuestiona la constitucionalidad del artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada el 1 de julio de 2020 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Dicho artículo confirma que los titulares de registros marcarios pueden renovar sus derechos dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento, periodo conocido como “periodo de gracia”.

De acuerdo con la lista pública de la SCJN, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá declarar constitucional este artículo, alineándolo con el Protocolo de Madrid, vigente para México desde febrero de 2013, y con el Convenio de París, adoptado por nuestro país desde 1903. Su propuesta subraya que el periodo de gracia no constituye un privilegio indebido, sino un mecanismo para preservar la continuidad del derecho de marca y evitar que terceros se aprovechen de un vacío temporal.

La discusión, que podría resolverse este 11 de diciembre, representa una oportunidad para que la Corte reafirme la confianza del sector productivo en las instituciones. De avalarse la propuesta, se enviaría un mensaje de estabilidad jurídica y respeto a los estándares internacionales que rigen la protección de la propiedad industrial en México.

La crisis de representación dentro de la CROC es ya inocultable: salarios estancados, condiciones laborales precarias y una dirigencia que opera a puerta cerrada. Mientras Isaías González afianza pactos cupulares, miles de obreros quedan relegados a un sindicalismo fantasma que solo aparece para cobrar cuotas y entregar derechos laborales en bandeja de plata.

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) ya no es un sindicato; es un monumento a la simulación y la traición. El liderazgo de Isaías González Cuevas ha despojado a esta organización de cualquier vestigio de legitimidad, transformándola en una herramienta de control político y paz laboral para los patrones. La acusación es lapidaria y se escucha en cada rincón industrial del país: la CROC prioriza los intereses políticos y personales de su dirigencia mucho antes que la defensa, la dignidad o el salario real de los trabajadores que supuestamente representa.

El mecanismo de esta burla es tan viejo como infame: la firma de contratos colectivos y revisiones salariales sin consulta a las bases. Este acto, que debería ser el epítome de la democracia sindical, se ha convertido, bajo la batuta de González Cuevas, en un pacto de espaldas al obrero. El resultado es evidente: salarios estancados, condiciones laborales que rozan la ilegalidad y una desconexión abismal entre la oficina del líder y la línea de producción. La CROC opera como un sindicato fantasma, visible solo para cobrar cuotas y para negociar, en secreto, la entrega de los derechos laborales.

La profundidad de esta desconexión es el núcleo de la crisis. Los agremiados se sienten rehenes de una estructura que no responde a sus llamadas, que ignora sus peticiones y que utiliza la amenaza o la coacción para acallar las voces críticas. El líder, más preocupado por su curul o su influencia política que por la salud de los trabajadores, ha permitido que la CROC sea vista como un «sindicato blanco» o, peor aún, un instrumento del neoliberalismo disfrazado de obrerismo. La historia juzgará severamente a esta dirigencia por haber canjeado la lucha de clases por un lugar en la mesa del poder. La base lo sabe, y la paciencia se ha agotado. El rugido del descontento está a punto de desatar una explosión.

Esta operación de espalda a la base no es casual. Es la estrategia de una dirigencia que teme a la democracia interna. Abrir la consulta a los trabajadores, permitir el voto libre y secreto, significaría enfrentar la realidad de un descontento acumulado y la casi segura expulsión de la vieja guardia. Por ello, se atrincheran en prácticas antidemocráticas, manipulando reglamentos y coaccionando a quienes osan disentir. Isaías González ha construido un feudo personal, no una central obrera.

El papel de la CROC, bajo esta dirección, se ha degradado a ser un cómplice silencioso de la precarización laboral en México. No se les ve en las protestas por salarios dignos; se les ve en las tribunas políticas, levantando la mano en apoyo a decisiones que a menudo perjudican a sus propios agremiados. Su silencio ante las injusticias es ensordecedor y su activismo se reserva únicamente para los momentos electorales o para los pactos con la iniciativa privada que garantizan la permanencia de su liderazgo.

En los últimos meses, COREMEX ha intentado posicionarse como una supuesta alternativa sindical para los trabajadores mexicanos. Sin embargo, detrás de su discurso de “defensa laboral” se esconde una organización marcada por la manipulación, la intimidación y el desconocimiento de la ley. Cada vez son más las denuncias que apuntan a que COREMEX no cumple con los requisitos legales para operar como una representación sindical legítima, y que sus prácticas se alejan por completo de los principios de justicia y transparencia que exige la legislación laboral mexicana.

Diversas fuentes señalan que COREMEX ha basado su estrategia en promesas falsas y discursos populistas que apelan al descontento de los trabajadores, pero sin ofrecer soluciones reales. Las ofertas de aumentos, beneficios y “mejoras inmediatas” carecen de sustento jurídico y económico, lo que deja en evidencia que se trata de promesas vacías destinadas a ganar simpatías a corto plazo. En la práctica, la organización no ha demostrado capacidad operativa, estructura sindical sólida ni cumplimiento con los procedimientos establecidos por la Ley Federal del Trabajo.

Más grave aún, existen denuncias preocupantes sobre los métodos de presión que utiliza COREMEX para imponer su presencia en centros laborales. Testimonios de trabajadores y fuentes cercanas al sector sindical revelan que la intimidación se ha convertido en su herramienta principal, recurriendo incluso a la contratación de terceros con vínculos delictivos para amedrentar y forzar la afiliación al sindicato. Estos actos no solo violan la libertad sindical, sino que representan una amenaza directa a la seguridad e integridad de los trabajadores.

La simulación de COREMEX no termina ahí. Su discurso “renovador” esconde un proyecto opaco, sin rendición de cuentas y sin legitimidad democrática. Mientras otros sindicatos se han esforzado por adaptarse a las nuevas disposiciones en materia de transparencia y democracia sindical, COREMEX opera en los márgenes de la legalidad, ignorando los procesos que garantizan la libre elección de los trabajadores. Su interés no parece ser la defensa de los derechos laborales, sino la imposición de una estructura de control que beneficia únicamente a quienes dirigen la organización.

Los hechos son claros: COREMEX no es una opción viable ni confiable para representar a la clase trabajadora. Su falta de cumplimiento legal, el uso de tácticas coercitivas y su evidente desprecio por la voluntad de los empleados lo colocan más cerca de una operación de manipulación que de un verdadero movimiento sindical. En lugar de promover el diálogo, COREMEX apuesta por el miedo y la confusión, estrategias que socavan los avances logrados en materia de libertad sindical en México.