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Justicia

Luis Abelardo Valenzuela Holguín y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua desatan polémica nacional sobre límites fiscales.

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Especialistas consideran que El Bayo y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua deben rendir cuentas sobre los criterios que sustentaron el operativo.

Especialistas señalan que El Bayo y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no acreditaron competencia territorial al intervenir en Morelos. La actuación encabezada por Luis Abelardo Valenzuela Holguín, conocido como El Bayo, y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua incluyó la colocación de sellos en un inmueble federal fuera de su jurisdicción. Lo que ocurrió con el Centro Cultural Pedro López Elías, en Tepoztlán, Morelos, marca un punto de quiebre en la historia reciente del uso del poder penal en México.
  • Por primera vez, una fiscalía estatal utilizó una biblioteca y centro cultural como instrumento de presión política, ejecutando un embargo fuera de su jurisdicción y luego retirándose en silencio cuando la ilegalidad quedó al descubierto.
  • En octubre de 2025, agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, arribaron a un inmueble que no pertenece a Chihuahua, no está en Chihuahua y no forma parte de ninguna investigación penal en Morelos, para colocar sellos de aseguramiento.
  • El objetivo no era la justicia: era castigar al fundador del Centro, quien había denunciado redes de corrupción dentro del propio sistema de procuración de justicia en Chihuahua.
  • Una operación jurídicamente insostenible: De acuerdo con especialistas en derecho constitucional y penal, el acto presenta múltiples irregularidades graves:
  • Violación al principio de territorialidad: Una fiscalía estatal no puede ejecutar actos de autoridad en otro estado sin cooperación formal ni mandato judicial federal.
  • Inexistencia de vínculo penal del inmueble: El Centro Cultural no estaba relacionado con ningún delito. No era cuerpo del delito ni instrumento ni producto de actividad ilícita.
  • Violación al régimen de bienes culturales: Al tratarse de una biblioteca y espacio de acceso público, el inmueble goza de una protección reforzada por leyes culturales y derechos humanos.
  • Pese a todo ello, los sellos fueron colocados con un despliegue mediático calculado, presentando al centro como parte de una supuesta operación anticorrupción.
El silencio que delató el abuso: Pero semanas después ocurrió algo que cambió por completo el caso, los sellos fueron retirados en secreto. No hubo:
  • Boletines oficiales
  • Actas públicas
  • Explicación jurídica
  • Notificación a autoridades culturales
  • Rendición de cuentas
  • La fiscalía que había hecho tanto ruido al asegurar el inmueble, optó por desaparecer el acto como si nunca hubiera ocurrido.
Para expertos, este patrón es típico de una operación fallida de persecución:
  • “Se actúa con estruendo para intimidar y dañar reputaciones. Cuando la ilegalidad se vuelve evidente, se retrocede en silencio para evitar responsabilidades”.
Morelos, del Estado Soberano al territorio sin ley: Tan grave como el abuso de la Fiscalía de Chihuahua fue la pasividad del Gobierno de Morelos. Durante días y semanas, ninguna autoridad estatal:
  • Cuestionó la competencia de Chihuahua.
  • Defendió la soberanía de su territorio.
  • Protegió un bien cultural de acceso público.
  • Exigió documentación judicial.
La omisión permitió que una fiscalía ajena operara como si Morelos fuera tierra de nadie. Funcionarios del sector cultural consultados señalan que esta inacción equivale a complicidad institucional:
  • “Cuando el Estado no protege una biblioteca frente a un abuso, está renunciando a su deber constitucional”.
Una biblioteca como rehén: En los hechos, el Centro Cultural Pedro López Elías fue utilizado como rehén político.
  • No importaba su función educativa, social o comunitaria: era un bien valioso que podía ser golpeado para enviar un mensaje.
El mensaje fue claro: “Si denuncias corrupción, te quitamos lo que más te importa”.
  • Ese es el verdadero significado del embargo y de su posterior desaparición.
Un precedente peligroso: Juristas advierten que si este caso queda impune, se habrá creado un precedente devastador:
  • “Cualquier fiscal podrá ir a otro estado, tomar una universidad, una biblioteca o un museo, y luego retirarse sin consecuencias”.
  • Lo ocurrido en Tepoztlán ya no es un pleito legal, es una prueba de si México sigue siendo una república federal o si ha comenzado a tolerar feudos judiciales.
 
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Justicia

CASO JOSÉ PEDRO LÓPEZ ELÍAS LLEGA A LA CIDH; FAMILIA DENUNCIA

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CASO JOSÉ PEDRO LÓPEZ ELÍAS LLEGA A LA CIDH; FAMILIA DENUNCIA

PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

La representación legal afirma que existe un contexto de hostigamiento y presión contra el empresario y su entorno familiar. La Comisión Interamericana evaluará la solicitud de medidas cautelares.

Washington, D.C. / Ciudad de México, 17 de agosto de 2026.– La familia de José Pedro López Elías acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar la intervención del organismo mediante el otorgamiento de medidas cautelares, al considerar que enfrenta una situación de riesgo derivada de actuaciones relacionadas con una investigación penal en el estado de Chihuahua.

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La solicitud fue presentada por Fátima López y Mauricio López, hijos del empresario, acompañados por su representante legal, Héctor Alberto Pérez Rivera, quien expuso ante la Comisión que los hechos denunciados, a juicio de la familia, han evolucionado de un proceso judicial a un escenario caracterizado por presiones, actos de hostigamiento, vigilancia invasiva y afectaciones que han impactado a diversos integrantes de su núcleo familiar.

Dentro del escrito entregado a la CIDH, la familia identifica como responsables políticos de esta situación al fiscal Anticorrupción del Estado de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, así como a la gobernadora María Eugenia Campos Galván. Estas afirmaciones forman parte de la denuncia presentada por los promoventes y serán materia de análisis por parte del organismo internacional.

La defensa explicó que José Pedro López Elías padece cáncer y requiere atención médica especializada de manera continua, por lo que advirtió que cualquier medida que interrumpa su tratamiento podría poner en riesgo su salud y su integridad física.

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Por ello, la solicitud plantea que la Comisión valore la implementación de medidas destinadas a garantizar la continuidad de la atención médica, proteger el debido proceso, prevenir posibles actos de intimidación y establecer salvaguardas frente a cualquier actuación que pudiera representar un riesgo para él o para su familia.

En un posicionamiento difundido por la representación legal, se enfatizó que la petición no pretende impedir el ejercicio de las facultades de investigación de las autoridades mexicanas, sino asegurar que dichas actuaciones respeten los estándares nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos.

La documentación entregada a la CIDH incluye, de acuerdo con la defensa, informes médicos, antecedentes judiciales y diversos elementos que buscan acreditar la gravedad y urgencia de la situación denunciada.

Con la recepción de la solicitud, corresponderá ahora a la Comisión Interamericana determinar si existen elementos suficientes para considerar procedente el otorgamiento de medidas cautelares, conforme a los criterios establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Hasta el momento, no existe una determinación oficial de la CIDH respecto de la petición presentada por la familia de José Pedro López Elías.

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Justicia

México impulsa normativas sobre plataformas digitales para proteger a la infancia de posibles daños

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Más de un millón de docentes opinarán sobre celulares y riesgos digitales durante los consejos técnicos.

El gobierno federal planteará una regulación de las redes sociales y plataformas digitales para proteger a niñas, niños y adolescentes, ante riesgos como el contacto de adultos con menores, la exposición a contenidossexuales no solicitados y los efectos del uso excesivode estas herramientas en la salud mental.

Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el primer pasoserá discutir el uso de teléfonos celularesen las escuelas con más de un millón de maestras y maestros durante los Consejos Técnicos Escolares del 24 y 25 de agosto.

Sheinbaum señaló que 16 estados de la Repúblicaya cuentan con alguna regulaciónsobre el uso de celulares en las escuelas y que el objetivo es analizar la posibilidad de establecer medidas para todo el país.

Vamos a preguntarle primero a las maestras, a los maestros cuál es su opinión.

La mandataria sostuvo que, después de abordar el uso de celulares en las aulas,continuará la discusión sobre las redes socialesy plataformas digitales, particularmente por los riesgos a los que están expuestos los menores.

Entre ellos mencionó la incorporación de contenidos que niñas, niños y adolescentes no solicitaron, incluidos materiales de carácter sexual, así como el contacto de personas adultas conmenores a través de las plataformas.

Cómo evitar que contenidos que no son solicitados por las niñas y los niños, los adolescentes, como incluso abusos sexuales o temas que no tienen que ver con la niñez, están incorporándose o contacto de personas mayores con niñas y niños.

Sheinbaum también puso énfasis enel llamado “scrolling infinito”y en el uso excesivo de las plataformas, al señalar que estas prácticas están relacionadas con problemas psicológicos entre niñas, niños y adolescentes.

“Esta adicción que está provocando tantosproblemas psicológicosen las niñas, los niños y los adolescentes”, afirmó.

La presidenta aclaró que la intención no es que el gobierno determine por sí solo las medidas,sino que madres, padres de familia, docentes y especialistasparticipen en la discusión para construir un esquema que permita un acceso más seguro a las plataformas.

“Lo que queremos es que madres y padres de familia conozcan estos temas,que sean sensibles a lo que está ocurriendocon las redes sociales”, señaló.

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Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó quedurante los Consejos Técnicos Escolaresse solicitará la opinión de más de un millón de maestras y maestros sobre el uso de celulares en las aulas, incluida la posibilidad de prohibirlos.

Delgado también informó que fue invitado el doctorRavi Iyer, quien trabajó durante cuatro años en Metay expuso ante las autoridades la responsabilidad de los algoritmos en los contenidos que reciben los menores de edad.

Ravi Iyer, quien trabajó durante cuatro años y medio en Meta en el diseño de redes sociales, participó en la conferencia matutina para explicar los efectos que determinadasdecisiones de diseño de las plataformas digitalespueden tener en niños y adolescentes.

Iyer sostuvo que los algoritmos suelen optimizarse para aumentar la interacción oengagement, utilizando señales como los clics,comentarios y tiempo de visualización, en lugar de considerar las aspiraciones expresadas por los usuarios sobre cómo quieren utilizar su tiempo.

Durante su exposición presentó diversos datos sobre adolescentes:70% dijo sentirse manipulado,mientras que una encuesta de Pew encontró que 45% considera que pasa demasiado tiempo en redes sociales, 45% afirma que afectan su sueño y 40% señala afectaciones en su productividad.

Iyer también citó una investigación interna de Meta, divulgada en un litigio en Nuevo México, según la cual 13% de los usuarios de Instagram de entre 13 y 15 años había recibido insinuaciones sexuales no deseadas en los siete días previos, mientras que 19.2% reportó haber encontrado desnudos ocontenido sexual que no buscaba.

Durante las preguntas también abordó el tiempo que niños y adolescentes pasan frente a dispositivos, la reducción del sueño y el ejercicio,posibles efectos en ansiedad y depresión,el riesgo de contacto con desconocidos y la importancia de combinar educación para las familias con cambios en el diseño de las plataformas.

A partir de esta exposición, Sheinbaum señaló que la responsabilidad también corresponde a lasempresas tecnológicas, debido a que sus sistemas de recomendación influyen desde el diseño en la manera en que los usuarios consumen contenidos.

“Desde el diseño, los algoritmos promueven la manera en que seconsumen contenidos”, sostuvo la presidenta.

Sheinbaum agregó que el gobierno continuarárevisando experiencias internacionales.

Como ejemplo, mencionó procesos judiciales en Estados Unidos en los que jueces y jurados han sancionado a plataformas digitales por los efectos que, según los casos referidos, tienen sobre lasalud mental y física de niñas y niños.

Además de este tema, las autoridades educativas anunciaron que se incrementará en 400 mil el número de lugares disponibles en educación media superior. Para ello se construirán, remodelarán y ampliarán 485 escuelas, con una inversión de 10 mil millones de pesos. Las inscripciones ya están abiertas.

Por ahora, el gobierno federal centrará el siguiente paso en la discusión sobre el uso de celulares dentro de las escuelas; luego, la discusión continuará a nivel nacional para definirposibles medidas sobre redes sociales y plataformas digitales, con énfasis en la protección de niñas, niños y adolescentes.

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Justicia

Queremos volver a trabajar’: empleados de Monte de Piedad presionan a la SCJN para destrabar el conflicto laboral

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Decenas de trabajadores de Nacional Monte de Piedad se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir que avance la resolución del conflicto laboral que mantiene a la institución en huelga desde hace casi once meses.

La protesta reunió a trabajadores del sindicato mayoritario, del Sindicato Independiente y a colaboradores sin afiliación sindical, quienes coincidieron en un mismo reclamo: recuperar su fuente de trabajo después de 21 quincenas sin recibir salario ni prestaciones.

Los inconformes afirmaron que la prolongación del conflicto ha deteriorado seriamente la economía de cientos de familias y ha generado afectaciones emocionales y de salud entre los trabajadores. También solicitaron que el expediente sea devuelto al Tribunal Colegiado para que esa instancia determine de manera definitiva la legalidad de la huelga.

Durante la movilización, integrantes del Sindicato Independiente cuestionaron el papel de Arturo Alcalde Justiniani, representante legal del sindicato encabezado por Arturo Zayún González, al considerar que su intervención ha contribuido a prolongar el conflicto.

Representantes de la Suprema Corte recibieron a una comisión de manifestantes y les informaron que el expediente fue recibido formalmente apenas el 3 de agosto, por lo que aún no existe una decisión respecto a su posible atracción.

Trabajadores provenientes de Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Puebla, Guadalajara, Monterrey y San Luis Potosí participaron en la manifestación y advirtieron que continuarán realizando movilizaciones hasta lograr el levantamiento de la huelga y la restitución de sus ingresos y prestaciones laborales.

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