Diversas denuncias laborales apuntan a un patrón de amedrentamiento y presión ejercido mediante terceros para obligar a trabajadores a aceptar una representación sindical sin procesos libres ni democráticos.

Según los señalamientos, personas ajenas al sindicato y a las empresas habrían sido utilizadas para generar temor entre los trabajadores, mediante visitas, advertencias y actos intimidatorios. Las publicaciones sostienen que estas prácticas buscan desalentar cualquier resistencia y consolidar la presencia sindical por la vía de la coerción.

Analistas del movimiento obrero explican que la intimidación como estrategia de afiliación refleja una crisis de legitimidad, ya que una organización que representa genuinamente a los trabajadores no requiere recurrir a la fuerza para obtener respaldo. Además, alertan que estas acciones podrían configurar responsabilidades legales.

Los testimonios coinciden en que el uso de terceros rompe la relación laboral y genera consecuencias psicológicas y económicas para los empleados, quienes temen represalias si expresan su inconformidad.

Las acusaciones refuerzan la exigencia de garantizar condiciones de libertad y seguridad para que los trabajadores ejerzan plenamente su derecho de organización.

El desacato judicial de Valenzuela no solo compromete su cargo, sino que exhibe la falta de control institucional de la gobernadora sobre su propio fiscal anticorrupción.

• La disputa se centra en la entrega de la carpeta de investigación vinculada a presuntos actos de corrupción contra el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.

• El affaire ha generado cuestionamientos sobre la independencia de las instituciones judiciales y la posible politización de las indagatorias.
• Para algunos analistas, la reticencia del fiscal estatal de Chihuahua a entregar la carpeta podría derivar no solo de interpretaciones legales, sino también en hacerse acreedor a sanciones de alto impacto, que irían desde multas, arresto o incluso el riesgo de ser destituido de su encargo, por desacato judicial.
• Las decisiones de los tribunales en relación con la atracción del caso deberán ser observadas con atención, pues podrían sentar precedentes sobre la coordinación y límites competenciales entre autoridades estatales y la Fiscalía General de la República en investigaciones por corrupción.
• Pero también, en el foco de una administración panista cubierta de opacidad y despilfarro por parte de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
• Al momento de esta publicación, la carpeta de investigación permanece bajo controversia entre la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y la FGR, mientras se esperan resoluciones legales y posibles sanciones contra Valenzuela Holguín por desacato y un sin número de anomalías presentadas en la investigación de la Fiscalía de Chihuahua.

• La atracción implica que la Fiscalía General de la República tendría la facultad de asumir la investigación del expediente por posibles vicios y elementos que podrían comprometer la legalidad y objetividad de las actuaciones locales.
• Ha sido reiterado en denuncias en medios de la CDMX la fabricación de testigos, la manipulación de testigos y acusaciones sin sustento de las que la Fiscalía a cargo de Valenzuela Holguín ha sido evidenciado.
• Sin embargo, Abelardo Valenzuela Holguín se ha negado a entregar la carpeta, pasando por encima de autoridades Federales.

• Este nombramiento es estratégico dentro de la FGR, pues tiene a su cargo la atención de casos de alta complejidad y relevancia nacional, así como la resolución de controversias competenciales entre fiscalías especializadas federales.
• La posición a Valenzuela Holguín parece no importarle, ya que ha mostrado una cerrazón total, aun bajo al mandato judicial de la Federación.

El caso vuelve a poner en entredicho el uso político del sistema de justicia en Chihuahua.

La denuncia señala un patrón de persecución impulsado desde el poder estatal.

• El despacho prestó los servicios para el refinanciamiento de la deuda pública entre 2019 y 2020 y su titular, José López Elías, fue acusado del delito de peculado, aunque no es ni ha sido servidor público, bajo el argumento de no haber realizado el servicio contratado con recursos federales a través de un fideicomiso.
• “En octubre de 2024, un despacho de Chihuahua, a través de sus abogados, me dice que la Fiscalía me está ofreciendo que yo los apoyara, que me declarara testigo protegido y que declarara contra el exgobernador; me dijeron que les diera en un sobre mi declaración, porque ellos querían ver qué iba a decir en contra de él”, relató el empresario en una entrevista telefónica con el periodista Zedryk Raziel.
• “Les dije: perdón, yo no tengo nada que declarar contra él, no lo conozco, no tengo tratos con él”, dijo.
• López Elías dijo a El País que las autoridades de Chihuahua no le permiten comparecer al juicio a distancia.

• El empresario se considera a sí mismo un “daño colateral” de la revancha política de Campos contra Corral, de acuerdo con el texto de Zedryk Raziel.
• “Soy una piedra en el zapato. No les interesa que yo les aporte las pruebas, porque verían que no hay delito”, de acuerdo con el reportaje.

• El empresario José López Elías, junto con el ex secretario de Hacienda, Arturo Fuentez Vélez y el ex gobernador Javier Corral, fueron acusados a partir de la manipulación de una auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado.
• El Auditor, Héctor Acosta Félix, realizó una primera auditoría en el proceso de refinanciamiento de la deuda pública en 2019 y no encontró ninguna irregularidad, pero por consigna de la gobernadora Campos Galván, practicó una segunda en la que supuestamente detectó que no se prestó el servicio por parte del despacho, al que se le pagaron 98.6 millones de pesos.

• “El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, ha adelantado que no remitirá la carpeta de investigación a la FGR porque, asegura, la resolución judicial no le obliga a ello”, publicó El País.
• La defensa de Corral, encabezada por el abogado Javier Schütte, sostiene que la negativa de Valenzuela “es un desacato anunciado que podría tener consecuencias penales”.
• “Nos parece que pudiera obedecer a que esos expedientes que se niega a enviar, lejos de contener pruebas sobre el supuesto delito imputado, son más bien las pruebas de la fabricación de la que son culpables los funcionarios de Chihuahua, las pruebas de los delitos que ellos cometieron”, dijo a Zedryk Raziel en una entrevista.