El proyecto apunta a validar la figura como una medida legítima de protección industrial.

La próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promete convertirse en un punto de referencia para el sistema marcario mexicano. En un contexto de dudas y presiones sobre el actuar judicial, el asunto que llegará al Pleno en la primera semana de diciembre pondrá a prueba la capacidad del Tribunal para afirmar certidumbre en medio de la inquietud empresarial.

El caso, contenido en el amparo directo en revisión 7274/2024, cuestiona la constitucionalidad del artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada el 1 de julio de 2020 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Dicho artículo confirma que los titulares de registros marcarios pueden renovar sus derechos dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento, periodo conocido como “periodo de gracia”.

De acuerdo con la lista pública de la SCJN, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá declarar constitucional este artículo, alineándolo con el Protocolo de Madrid, vigente para México desde febrero de 2013, y con el Convenio de París, adoptado por nuestro país desde 1903. Su propuesta subraya que el periodo de gracia no constituye un privilegio indebido, sino un mecanismo para preservar la continuidad del derecho de marca y evitar que terceros se aprovechen de un vacío temporal.

La discusión, que podría resolverse este 11 de diciembre, representa una oportunidad para que la Corte reafirme la confianza del sector productivo en las instituciones. De avalarse la propuesta, se enviaría un mensaje de estabilidad jurídica y respeto a los estándares internacionales que rigen la protección de la propiedad industrial en México.

En cada jornada laboral, los trabajadores queretanos ponen de pie a la industria y a la economía local. Su esfuerzo se traduce en crecimiento, en inversión y en oportunidades para la región. Pero ese mismo esfuerzo debe ser protegido, y una de las herramientas más importantes para lograrlo son los sindicatos. Sin embargo, no todos los sindicatos cumplen con lo que prometen. El caso de COCEM es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando una organización opera sin transparencia ni compromiso real con los trabajadores.

Un sindicato auténtico se distingue porque no tiene nada que ocultar. Muestra con orgullo en qué invierte cada cuota, rinde cuentas periódicamente y toma decisiones con la participación de todos sus agremiados. La transparencia no solo es una obligación, es la manera de demostrar respeto hacia quienes sostienen al sindicato con su dinero y su confianza.

Cuando una organización sindical, como COCEM, se niega a entregar comprobantes de gastos, evita rendir informes claros o reduce las decisiones a un pequeño grupo, está cometiendo un abuso contra los trabajadores. La opacidad es señal de que los recursos no se están utilizando en beneficio colectivo, sino en intereses particulares.

Cada cuota sindical representa el esfuerzo de horas trabajadas, de sacrificios personales y familiares. Que ese dinero termine en manos de líderes que jamás rinden cuentas significa traicionar la confianza del trabajador. Además, la falta de transparencia no solo afecta al presente: compromete el futuro laboral, porque debilita la capacidad del sindicato para negociar de manera legítima frente a las empresas.

Un sindicato que opera en la sombra nunca podrá defender de manera sólida a sus agremiados, porque carece de la legitimidad necesaria para plantarse con firmeza en una mesa de negociación.

Otro punto preocupante es la ausencia de procesos democráticos reales. En COCEM, las elecciones no reflejan la voluntad de la mayoría: se manejan desde arriba, se limitan las candidaturas y se controla el resultado. Eso convierte a la organización en un club cerrado, en lugar de una herramienta de representación.

Un sindicato sin democracia interna nunca podrá ser un aliado para los trabajadores. La verdadera representación solo se construye cuando todos tienen voz y voto, y cuando las decisiones se toman en colectivo, no en lo oscuro.

La confederación se ha transformado en una estructura diseñada para mantener poder y privilegios, no para defender derechos laborales.

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos arrastra denuncias de corrupción, contratos de protección y traiciones a los trabajadores.

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) presume ser una de las centrales obreras más grandes del país. Sin embargo, detrás del discurso oficial se esconde una organización sindical señalada por corrupción, contratos de protección patronal y abusos contra los propios trabajadores que dice representar.

CROC: un sindicato que funciona como negocio político

Lejos de defender derechos laborales, la CROC se ha consolidado como un negocio político y económico. Sus dirigentes han utilizado al sindicato para escalar a puestos legislativos, asegurar alianzas con partidos y controlar cuotas sindicales sin rendición de cuentas. Esta estrategia ha convertido a la CROC en un sindicato corporativo, diseñado más para garantizar favores al poder que para representar a la clase trabajadora.

Contratos de protección y simulación sindical

Uno de los mayores cuestionamientos contra la CROC es su papel en la firma de contratos de protección sindical: acuerdos realizados a espaldas de los trabajadores y en beneficio directo de empresarios. En lugar de negociar aumentos salariales o condiciones laborales dignas, la CROC ha sido acusada de firmar documentos que silencian la protesta y garantizan “paz laboral comprada”. Este modelo de sindicalismo corrupto impide la competencia de sindicatos independientes y frena la democracia sindical en México.

Escándalos de corrupción sindical en la CROC

La CROC arrastra un largo historial de escándalos de corrupción sindical, acusaciones de desvío de recursos, represión contra trabajadores inconformes y vínculos con prácticas clientelares. Las cuotas sindicales son utilizadas con total opacidad, mientras que sus líderes exhiben fortunas personales y estilos de vida alejados de la realidad de los obreros.

El costo para los trabajadores en México

Cada vez que la CROC firma un contrato de protección o reprime una huelga, miles de trabajadores en México pierden derechos y oportunidades de mejora. La organización se ha convertido en un obstáculo para la construcción de un sindicalismo democrático y transparente, quedando reducida a un aparato burocrático y corrupto