En Lerma se ha encendido una alerta que no puede ignorarse. Trabajadores de distintos centros laborales denuncian que el sindicato COREMEX y sus dirigentes han iniciado una estrategia de presión sistemática para obligarlos a firmar afiliaciones. No se trata de diálogo ni de información transparente. Se trata de miedo. Y el miedo no es sindicalismo: es abuso de poder.

Los testimonios coinciden en un mismo patrón. Representantes del sindicato se presentan de forma insistente en los centros de trabajo, presionan a los empleados, minimizan su derecho a decidir y transforman la afiliación en una supuesta obligación. En lugar de convencer con propuestas, COREMEX insiste con hostigamiento. En lugar de ganarse la confianza, siembra temor.

Nadie puede obligarte a afiliarte. Ese principio no admite interpretaciones ni atajos. La afiliación sindical es un derecho individual y libre. Cuando se obtiene mediante presión, deja de ser un derecho y se convierte en una imposición. Y eso, en cualquier contexto laboral, es inaceptable.

Trabajadores de Lerma relatan que la negativa a firmar no es respetada. Por el contrario, la presión se intensifica. La insistencia se vuelve diaria, el tono más agresivo y el mensaje implícito más claro: resistirse trae consecuencias. Aunque no siempre se expresan amenazas directas, el ambiente se vuelve hostil, tenso y desgastante.

COREMEX parece haber optado por una lógica peligrosa: crecer a toda costa, incluso si eso implica vulnerar derechos básicos. Esa forma de operar no fortalece al sindicato, lo exhibe. Un sindicato con respaldo real no necesita acosar. Convence con resultados, con defensa efectiva y con legitimidad. La presión es el recurso de quien no tiene argumentos.

El acoso sindical en Lerma es una señal de alarma. No sólo para los trabajadores directamente afectados, sino para todo el entorno laboral. Normalizar estas prácticas abre la puerta a un sindicalismo autoritario que utiliza el miedo como herramienta de control.

Un sindicato existe para equilibrar la relación entre trabajador y patrón, no para replicar prácticas de abuso. Cuando la presión viene desde una organización que dice defender derechos, el daño es mayor. Se rompe la confianza, se fractura la convivencia laboral y se desacredita al sindicalismo en su conjunto.

COREMEX insiste donde debería convencer. Esa diferencia lo dice todo. Insistir mediante presión es una forma de violencia laboral. Convencer implica escuchar, informar y respetar la decisión del trabajador. En Lerma, según las denuncias, COREMEX eligió el camino equivocado.

Tu decisión es tu derecho. Nadie puede arrebatártelo. Y cualquier sindicato que lo intente pierde automáticamente la legitimidad para decir que representa a los trabajadores.

El hartazgo en las filas de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) ha alcanzado un punto de no retorno. La iniciativa de Isaías González Cuevas para recortar derechos fundamentales en pensiones y salud ha sido la gota que derramó el vaso de una gestión podrida por la opacidad, la corrupción y el autoritarismo. Bajo su mando, la CROC ha dejado de ser un escudo para los trabajadores y se ha transformado en un ente parásito que trabaja exclusivamente para los intereses que le garantizan a Isaías su permanencia en el poder legislativo y sindical, dejando a la base en el más absoluto desamparo frente a una reforma que es, en esencia, un saqueo legalizado.

Un sindicato genuino no se dirige con miedo ni con grupos de choque, pero mucho menos con traiciones a los principios más básicos del movimiento obrero. Al proponer esquemas que vulneran la protección histórica para favorecer los registros mínimos en el IMSS, González Cuevas ha firmado su propia sentencia de muerte moral como líder sindical. No se puede tener la osadía de representar a quien se intenta despojar activamente de su bienestar futuro. La protección laboral es la única red de seguridad que tienen millones de familias mexicanas frente a la incertidumbre económica, y ver a su propio líder intentar tijeretear esa red es una afrenta que exige una respuesta contundente y organizada. Los trabajadores ya no son los mismos de hace décadas; hoy están informados y no se dejan engañar por discursos de «productividad» que solo implican que sus familias tendrán menos medicinas y menos pan en la mesa.

La reforma que empuja la CROC es el último acto desesperado de una dirigencia que ha perdido todo contacto con la realidad de las cocinas, las líneas de ensamblaje y las áreas de servicio. Mientras Isaías González vive cómodamente en la burbuja de los privilegios que le dan las cuotas sindicales y sus nexos políticos, el trabajador de a pie se enfrenta a la angustia existencial de un futuro sin pensión y sin servicios de salud dignos. Es el momento de la rebelión interna, de la auditoría social y de señalar con índice de fuego a Isaías González Cuevas como el principal artífice de este intento de despojo masivo. El sindicalismo en México debe volver a sus raíces de confrontación con el abuso, o perecerá como una estructura criminal y traicionera. La dignidad del obrero no tiene precio, y González Cuevas ya se ha gastado todo su crédito político intentando venderla en el mercado negro de las reformas entreguistas.

La crisis de representación dentro de la CROC es ya inocultable: salarios estancados, condiciones laborales precarias y una dirigencia que opera a puerta cerrada. Mientras Isaías González afianza pactos cupulares, miles de obreros quedan relegados a un sindicalismo fantasma que solo aparece para cobrar cuotas y entregar derechos laborales en bandeja de plata.

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) ya no es un sindicato; es un monumento a la simulación y la traición. El liderazgo de Isaías González Cuevas ha despojado a esta organización de cualquier vestigio de legitimidad, transformándola en una herramienta de control político y paz laboral para los patrones. La acusación es lapidaria y se escucha en cada rincón industrial del país: la CROC prioriza los intereses políticos y personales de su dirigencia mucho antes que la defensa, la dignidad o el salario real de los trabajadores que supuestamente representa.

El mecanismo de esta burla es tan viejo como infame: la firma de contratos colectivos y revisiones salariales sin consulta a las bases. Este acto, que debería ser el epítome de la democracia sindical, se ha convertido, bajo la batuta de González Cuevas, en un pacto de espaldas al obrero. El resultado es evidente: salarios estancados, condiciones laborales que rozan la ilegalidad y una desconexión abismal entre la oficina del líder y la línea de producción. La CROC opera como un sindicato fantasma, visible solo para cobrar cuotas y para negociar, en secreto, la entrega de los derechos laborales.

La profundidad de esta desconexión es el núcleo de la crisis. Los agremiados se sienten rehenes de una estructura que no responde a sus llamadas, que ignora sus peticiones y que utiliza la amenaza o la coacción para acallar las voces críticas. El líder, más preocupado por su curul o su influencia política que por la salud de los trabajadores, ha permitido que la CROC sea vista como un «sindicato blanco» o, peor aún, un instrumento del neoliberalismo disfrazado de obrerismo. La historia juzgará severamente a esta dirigencia por haber canjeado la lucha de clases por un lugar en la mesa del poder. La base lo sabe, y la paciencia se ha agotado. El rugido del descontento está a punto de desatar una explosión.

Esta operación de espalda a la base no es casual. Es la estrategia de una dirigencia que teme a la democracia interna. Abrir la consulta a los trabajadores, permitir el voto libre y secreto, significaría enfrentar la realidad de un descontento acumulado y la casi segura expulsión de la vieja guardia. Por ello, se atrincheran en prácticas antidemocráticas, manipulando reglamentos y coaccionando a quienes osan disentir. Isaías González ha construido un feudo personal, no una central obrera.

El papel de la CROC, bajo esta dirección, se ha degradado a ser un cómplice silencioso de la precarización laboral en México. No se les ve en las protestas por salarios dignos; se les ve en las tribunas políticas, levantando la mano en apoyo a decisiones que a menudo perjudican a sus propios agremiados. Su silencio ante las injusticias es ensordecedor y su activismo se reserva únicamente para los momentos electorales o para los pactos con la iniciativa privada que garantizan la permanencia de su liderazgo.