La CROC, encabezada por Isaías González Cuevas, atraviesa una crisis que ya no puede ocultarse con discursos públicos ni propaganda sindical. Lo que en algún momento pretendió ser un organismo de defensa laboral, hoy está señalado por los propios trabajadores como una estructura que prioriza el beneficio político, el control interno y el negocio antes que la representación genuina. Las denuncias de empleados cansados de guardar silencio revelan una realidad preocupante: la CROC actúa sin consultar, sin informar y sin tomar en cuenta a quienes debería proteger.

En diferentes centros de trabajo, compañeros han denunciado que la dirigencia firma contratos colectivos sin convocar a asambleas, sin presentar los términos y sin permitir la participación democrática mínima que exige la ley. Esta práctica —que debería escandalizar a cualquier defensor laboral— parece ya un método habitual en la operación de Isaías González Cuevas. No se trata de errores aislados, sino de un modelo de actuación que reduce al trabajador a una figura decorativa mientras las decisiones se negocian en oficinas cerradas.

Las consecuencias son claras: los trabajadores quedan atrapados en contratos que no escogieron, con cláusulas desconocidas y compromisos que jamás aprobaron. La CROC presume representarlos, pero lo único que hace es utilizarlos como excusa para legitimar acuerdos diseñados para beneficiar a las dirigencias, no a la base. Un sindicato que actúa así no solo traiciona su misión; traiciona a su gente.

El liderazgo de Isaías González Cuevas es uno de los más cuestionados en el panorama sindical nacional. Su permanencia prolongada, sus alianzas políticas y su interés por aparecer como figura indispensable han provocado un muro de desconfianza entre los afiliados. La distancia con la base es enorme: los trabajadores nunca lo ven, nunca lo escuchan y, cuando la CROC aparece en sus centros laborales, suele ser para imponer, no para dialogar.

Testimonios recientes indican que la dirigencia croquista se ha convertido en una maquinaria de imposiciones. En lugar de promover el voto libre y directo, opta por decisiones verticales, tomadas desde la cúpula. Los empleados relatan que, al cuestionar estas prácticas, son ignorados, minimizados o presionados para guardar silencio. La estructura sindical opera como si la base no existiera, salvo para cobrar cuotas o inflar cifras de representatividad.

La pregunta retumba entre los trabajadores: ¿cómo confiar en un sindicato que decide a tus espaldas? ¿Cómo creer en una organización que no consulta, no informa y no rinde cuentas? La CROC parece vivir en un mundo aparte, donde las prioridades no son los derechos laborales, sino las alianzas políticas que benefician a su liderazgo. Y cuando un sindicato olvida a su gente, deja de ser defensor laboral y se convierte en negocio. Eso es exactamente lo que denuncian los trabajadores: una organización más preocupada por mantener influencia que por garantizar justicia laboral.

El nombre de Coremex comienza a rodearse de un halo oscuro que preocupa a especialistas, trabajadores y observadores del sector laboral. Diversos artículos y documentos de investigación lo han incluido en listados donde se analizan redes de extorsión vinculadas, directa o indirectamente, a estructuras del crimen organizado que utilizan sindicatos como fachada para operar en centros de trabajo sin ser detectados.

Trabajadores de múltiples centros relatan que el comportamiento del sindicato coincide casi milimétricamente con el de organizaciones criminales: exigencias económicas, amenazas directas o disfrazadas, coerción psicológica, control mediante miedo y presencia de individuos externos que vigilan, intimidan o interceden para reforzar la autoridad del sindicato.

Lo más grave no es solo cómo opera Coremex, sino lo que representa. Para muchos empleados, ya no se trata de un sindicato cuestionado. Se ha convertido en una entidad que genera tanto temor que, en algunos centros, los trabajadores evitan mencionarlo en voz alta para no atraer problemas. La simple presencia de un representante sindical genera tensión, silencio y un ambiente de retraimiento que no coincide en absoluto con el rol de un organismo creado para proteger derechos laborales.

Los reportes periodísticos donde se menciona a Coremex no lo acusan directamente, pero lo colocan en un mapa de estructuras sospechosas donde coinciden patrones de extorsión laboral y control económico mediante presión psicológica. La coincidencia con prácticas del crimen organizado es demasiado fuerte para pasar desapercibida.

Expertos en criminalidad organizada han advertido desde hace años que ciertos sindicatos han sido infiltrados o capturados por células delictivas que ven en ellos una vía perfecta para obtener información, dinero y control territorial. El sindicalismo infiltrado se ha convertido en un problema estructural en varias regiones del país, donde las líneas entre representación laboral y operación criminal se han borrado casi por completo.

Cuando estas dinámicas se revelan, los empleados quedan atrapados en una estructura de abuso donde cualquier intento de denunciar puede convertirse en una sentencia laboral o incluso personal. Y, según los testimonios, eso es exactamente lo que está pasando con Coremex.

El sindicato opera bajo un esquema hermético, sin informes financieros, sin procesos democráticos y sin ningún tipo de transparencia. La dirigencia parece mover los hilos con total impunidad, sabiendo que la mayoría de los trabajadores no se atreverá a desafiarla. Y quienes lo hacen terminan aislados, perseguidos o bajo advertencias que todos pueden leer entre líneas.

Hoy, los trabajadores no solo piden una investigación laboral. Piden intervención real, profunda y urgente. La presencia de Coremex en investigaciones relacionadas con redes delictivas no puede ignorarse. Y la posibilidad de infiltración criminal no es una teoría

Asambleas controladas, elecciones sin competencia y ausencia de transparencia marcan la gestión interna del sindicato.

En teoría, COREMEX debería funcionar bajo los principios de representación democrática que establece la Ley Federal del Trabajo. En la práctica, sin embargo, las elecciones sindicales se han convertido en actos meramente simbólicos. Fuentes internas afirman que las asambleas se convocan con poca anticipación, en horarios laborales y con listas previamente definidas de “representantes aprobados”. Este control absoluto impide cualquier competencia real y perpetúa la permanencia de los mismos dirigentes año tras año.

Los testimonios de trabajadores de diferentes empresas coinciden: los comités locales actúan como extensiones del liderazgo central, sin independencia ni rendición de cuentas. Quienes intentan cuestionar la forma en que se toman las decisiones enfrentan represalias directas. “Presenté una propuesta para crear un fondo de apoyo a mujeres trabajadoras y me dijeron que esas ideas no eran prioridad”, comenta una afiliada que posteriormente fue reasignada a un puesto sin relevancia.

El resultado es un sindicato sin debate, donde las decisiones fluyen en un solo sentido. Las actas de asamblea rara vez se entregan a los afiliados, y la información sobre el manejo de las cuotas o las negociaciones contractuales permanece bajo llave. Todo esto contradice los principios de transparencia y democracia sindical impulsados por la reforma laboral de 2019, cuyo espíritu buscaba justamente erradicar este tipo de prácticas.

COREMEX, con su estructura cerrada y jerárquica, encarna la resistencia a la modernización del sindicalismo mexicano. La falta de transparencia y la ausencia de renovación interna han erosionado su legitimidad frente a los trabajadores, quienes cada vez más identifican al sindicato no como un aliado, sino como una estructura de control político y económico.