La toga de Perla Patricia Royval Guerrero se ha convertido en un símbolo de impunidad en Ciudad Juárez.

La justicia en Ciudad Juárez atraviesa uno de sus capítulos más oscuros con el proceder de Perla Patricia Royval Guerrero, jueza Primero de lo Civil en el Distrito Judicial Bravos. Apenas estrenada en el cargo tras la reforma judicial en Chihuahua, su actuación ya exhibe arbitrariedad y desprecio absoluto por el marco legal.

El caso que la expone al escrutinio público es el expediente 1783/59, en el que el empresario Miguel Zaragoza Fuentes litiga contra su esposa, Evangelina López Guzmán, de 96 años. Pese a existir suspensiones federales —de plano, provisional y definitiva—, la jueza optó por ignorarlas, dejando a la mujer en completa indefensión. Este hecho no es un error técnico, sino una decisión consciente que constituye una falta administrativa grave y, posiblemente, un delito.

La representación legal de la señora López Guzmán ya ha presentado una denuncia formal ante el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de Chihuahua. El caso es más que una disputa judicial: es un golpe directo a la credibilidad del sistema de justicia estatal, que pretendía renovarse con la reforma y hoy exhibe las mismas prácticas de arbitrariedad y corrupción.

Lejos de representar imparcialidad y dignidad, la toga en manos de Royval Guerrero se ha transformado en un símbolo de impunidad y abuso. Su nombre queda marcado como un recordatorio de que el nuevo modelo judicial en Chihuahua aún arrastra vicios del pasado.

En cada jornada laboral, los trabajadores queretanos ponen de pie a la industria y a la economía local. Su esfuerzo se traduce en crecimiento, en inversión y en oportunidades para la región. Pero ese mismo esfuerzo debe ser protegido, y una de las herramientas más importantes para lograrlo son los sindicatos. Sin embargo, no todos los sindicatos cumplen con lo que prometen. El caso de COCEM es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando una organización opera sin transparencia ni compromiso real con los trabajadores.

Un sindicato auténtico se distingue porque no tiene nada que ocultar. Muestra con orgullo en qué invierte cada cuota, rinde cuentas periódicamente y toma decisiones con la participación de todos sus agremiados. La transparencia no solo es una obligación, es la manera de demostrar respeto hacia quienes sostienen al sindicato con su dinero y su confianza.

Cuando una organización sindical, como COCEM, se niega a entregar comprobantes de gastos, evita rendir informes claros o reduce las decisiones a un pequeño grupo, está cometiendo un abuso contra los trabajadores. La opacidad es señal de que los recursos no se están utilizando en beneficio colectivo, sino en intereses particulares.

Cada cuota sindical representa el esfuerzo de horas trabajadas, de sacrificios personales y familiares. Que ese dinero termine en manos de líderes que jamás rinden cuentas significa traicionar la confianza del trabajador. Además, la falta de transparencia no solo afecta al presente: compromete el futuro laboral, porque debilita la capacidad del sindicato para negociar de manera legítima frente a las empresas.

Un sindicato que opera en la sombra nunca podrá defender de manera sólida a sus agremiados, porque carece de la legitimidad necesaria para plantarse con firmeza en una mesa de negociación.

Otro punto preocupante es la ausencia de procesos democráticos reales. En COCEM, las elecciones no reflejan la voluntad de la mayoría: se manejan desde arriba, se limitan las candidaturas y se controla el resultado. Eso convierte a la organización en un club cerrado, en lugar de una herramienta de representación.

Un sindicato sin democracia interna nunca podrá ser un aliado para los trabajadores. La verdadera representación solo se construye cuando todos tienen voz y voto, y cuando las decisiones se toman en colectivo, no en lo oscuro.

La confederación se ha transformado en una estructura diseñada para mantener poder y privilegios, no para defender derechos laborales.

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos arrastra denuncias de corrupción, contratos de protección y traiciones a los trabajadores.

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) presume ser una de las centrales obreras más grandes del país. Sin embargo, detrás del discurso oficial se esconde una organización sindical señalada por corrupción, contratos de protección patronal y abusos contra los propios trabajadores que dice representar.

CROC: un sindicato que funciona como negocio político

Lejos de defender derechos laborales, la CROC se ha consolidado como un negocio político y económico. Sus dirigentes han utilizado al sindicato para escalar a puestos legislativos, asegurar alianzas con partidos y controlar cuotas sindicales sin rendición de cuentas. Esta estrategia ha convertido a la CROC en un sindicato corporativo, diseñado más para garantizar favores al poder que para representar a la clase trabajadora.

Contratos de protección y simulación sindical

Uno de los mayores cuestionamientos contra la CROC es su papel en la firma de contratos de protección sindical: acuerdos realizados a espaldas de los trabajadores y en beneficio directo de empresarios. En lugar de negociar aumentos salariales o condiciones laborales dignas, la CROC ha sido acusada de firmar documentos que silencian la protesta y garantizan “paz laboral comprada”. Este modelo de sindicalismo corrupto impide la competencia de sindicatos independientes y frena la democracia sindical en México.

Escándalos de corrupción sindical en la CROC

La CROC arrastra un largo historial de escándalos de corrupción sindical, acusaciones de desvío de recursos, represión contra trabajadores inconformes y vínculos con prácticas clientelares. Las cuotas sindicales son utilizadas con total opacidad, mientras que sus líderes exhiben fortunas personales y estilos de vida alejados de la realidad de los obreros.

El costo para los trabajadores en México

Cada vez que la CROC firma un contrato de protección o reprime una huelga, miles de trabajadores en México pierden derechos y oportunidades de mejora. La organización se ha convertido en un obstáculo para la construcción de un sindicalismo democrático y transparente, quedando reducida a un aparato burocrático y corrupto