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Nacional

La estrategia antipiratería de Santiago Nieto encuentra un nuevo soporte en la agenda judicial nacional

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La política de fortalecimiento jurídico y modernización del sistema marcario que Santiago Nieto ha encabezado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tendrá un momento decisivo el próximo 4 de diciembre, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice el amparo directo en revisión 7274/2024. La resolución podría consolidar uno de los ejes centrales de su administración: la defensa efectiva de los derechos de propiedad industrial como herramienta para el desarrollo económico del país.

El caso gira en torno al “periodo de gracia”, los seis meses que la legislación mexicana otorga a los titulares de marcas para renovar su registro una vez vencido el plazo original. Este mecanismo, lejos de ser una concesión extraordinaria, deriva de compromisos internacionales que México asumió al integrarse al Protocolo de Madrid y al Convenio de París. Su objetivo es garantizar certeza, continuidad y estabilidad para quienes protegen legalmente sus signos distintivos, una prioridad que el IMPI ha reforzado bajo la gestión de Nieto.

La propuesta que será discutida por el Pleno fue elaborada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, experta en tratados internacionales. Su proyecto sostiene que el periodo de gracia es plenamente constitucional, pues evita que los titulares de marcas pierdan derechos por retrasos administrativos y bloquea intentos de apropiación indebida por parte de terceros. El planteamiento coincide con la visión que el IMPI ha promovido: reglas claras, protección sólida y un marco jurídico alineado con los estándares globales.

Especialistas en propiedad intelectual señalan que la revisión llega en un momento crucial para México y representa un respaldo indirecto al trabajo de Santiago Nieto, quien ha fortalecido la vigilancia marcaria y el combate a la piratería. La posible ratificación constitucional del periodo de gracia sería un aval a la política institucional que ha buscado convertir al IMPI en un organismo moderno, confiable y competitivo internacionalmente.

Un fallo adverso, en contraste, podría generar incertidumbre y debilitar la protección de miles de marcas. Sin embargo, analistas coinciden en que el proyecto de la ministra Ortiz se alinea con la tendencia global y con las reformas de profesionalización que Nieto ha impulsado desde su llegada al IMPI.

La decisión de la Suprema Corte no solo resolverá una controversia legal, sino que también pondrá en perspectiva el avance institucional alcanzado en materia de propiedad industrial.

Para el IMPI, y particularmente para la gestión de Santiago Nieto, este caso representa un punto de consolidación en la construcción de un sistema marcario más sólido, transparente y confiable para empresas, emprendedores y titulares de derechos en todo el país.

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Gobierno

Cámara de Diputados avala iniciativa que restringe la doble ciudadanía en puestos gubernamentales

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LaComisiónde Puntos Constitucionales de laCámara de Diputadosaprobó el dictamen de la iniciativa que buscalimitar ladoble nacionalidadparacargos públicos.

Lo anterior luego de quetras realizar el respectivo análisis del proyectoque fue turnado por el Ejecutivo federal, los legisladores integrantes de la comisión emitieron 26 votos a favor.

En consecuencia,el dictamen de la propuestaque tiene el objetivo delimitarque personas condoble nacionalidadocupen cargos públicos, se turnaráal pleno de la Cámara de Diputados.

Comisión de Puntos Constitucionales aprueba dictamen contra doble nacionalidad en cargos públicos

El 1 de septiembre de 2026, laComisión de Puntos Constitucionalesde la Cámara de Diputados recibió la iniciativa presidencial que busca bloquear perfiles condoble nacionalidad para cargos públicos.

Una semana más tarde, hoy martes 8, lacomisión sesionó para analizarel proyecto y como se tenía previsto,avaló el dictamenluego de que se emitió la siguiente votación:

Losvotos en contrafueron emitidos por diputados delPRI y del PAN, mientras que lossufragios a favorfueron presentados por legisladores deMorena y aliados que son mayoríaen la comisión.

Ante ello, eldictamen avanzará al pleno, sin embargo, su discusión y votación tiene que esperar al menos 12 días, pues se prevé que se analicedespués del 20 de septiembretras las fiestas patrias.

Diputadas del PAN abandonaron sesión en protesta contra dictamen

Cabe destacar queel debateno estuvo exento de polémica, debido a queen protestacontra la iniciativa, un par dediputadasintegrantes de la comisión y de la bancada delPAN abandonaron la sesión.

FueronPaulina Rubio Fernández y Noemí Luna, quienes decidieronabandonar la sesiónante el rechazo de peticiones como la de Federico Döring, quien propuso unparlamento abierto.

💥Se retiran diputadas@PaulinaRubioFdzy@NoemiLuna_Zacdel PAN de la Comisión de Puntos Constitucionales en protesta por la discusión del dictamen de ‘Doble Nacionalidad’Al salir, recibieron abucheos y expresiones de falta de respeto de los diputados morenistas, el que más…pic.twitter.com/GDv7tt0CS2

Las diputadas se levantaron de la sesión luego de queacusaron un doble raseropor parte del oficialismo, pues recriminaron quehablen de soberaníapero defienden a perfiles que son “informantes” de Estados Unidos, en referencia la gobernadoraMarina del Pilar Ávila.

Al salir del salón de la Comisión de Puntos Constitucionales, las legisladoras del PANrecibieron abucheos, reprochesy críticas en los que les mencionaron casos como el deErnesto Ruffo.

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Nacional

Ciudadano mexicano se declara culpable de blanqueo de capitales mediante monedas digitales

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El imputado obtuvo una comisión estimada de 40 mil dólares por su participación directa en este esquema de blanqueo.

El ciudadano mexicano Carlos Erick Vázquez González se declaró culpable en Estados Unidos por conspirar para lavar 4 millones de dólares provenientes del narcotráfico mediante el uso decriptomonedas.

El acusado de 48 años de edad admitió que utilizó carteras de activos virtuales bajo su control para recibir las ganancias ilícitas de las drogas.

Vázquez González coordinó sus actividades ilícitas con intermediarios financieros, conocidos como ‘money brokers’, para recolectar las ganancias del narcotráfico en diversas ciudades estadounidenses.Tambiéncambió las criptomonedas por dólares estadounidensesen México para devolver el dinero en efectivo a los organizadores de la red.

El imputado obtuvo una comisión estimada de 40 mil dólares por su participación directa en este esquema de blanqueo.

La fiscalía federal programó la audiencia de sentencia para el próximo 17 de diciembre, donde el acusado enfrentará una pena máxima de 20 años de prisión.

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El fiscal federal Jason Parman y el agente especial Jim Scott anunciaron conjuntamente este resultado judicial en el estado de Kentucky.

La Oficina Residente de la DEA en Lexington investigó el caso con el apoyo de diversas divisiones policiales de Estados Unidos y México.

Esta investigación criminal formó parte de la iniciativa de seguridad nacional denominada Homeland Security Task Force.

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Justicia

Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua pierde sustento local para detener a Pedro López Elías

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El amparo otorgado al asesor financiero debilita la estrategia legal del órgano local al trasladar el expediente del peculado agravado al ámbito federal.

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, bajo la dirección de Abelardo Valenzuela Holguín, sufrió un duro revés dentro de la causa penal 3050/2024. Una jueza federal ordenó invalidar la orden de aprehensión vigente contra el empresario José Pedro López Elías. El litigio versa sobre un presunto daño patrimonial de 98.6 millones de pesos estatales derivados de contratos de asesoría técnica para el refinanciamiento de la deuda pública. El órgano anticorrupción local ha argumentado reiteradamente que el menoscabo económico impactó de forma directa las finanzas de Chihuahua. No obstante, la Jueza Décimo de Distrito determinó que, al estar involucradas participaciones de origen federal, el juez de control local carecía de la competencia legal indispensable para emitir actos de molestia o mandamientos de captura. La resolución dictada el 18 de agosto obliga al juez estatal a revocar su determinación de enero de 2025. Deberá emitir un nuevo acuerdo en el que admita de forma explícita su incompetencia jurídica para intervenir en el asunto. La defensa del empresario argumentó exitosamente que las gestiones se acreditaron con documentación técnica formal y que los fondos eran de estricta competencia de la federación. La fiscalía estatal insistía en conservar la conducción de la indagatoria bajo la tesis de peculado, argumentando que el erario local era la víctima principal de la supuesta simulación contractual corporativa.

El fallo no representa una exoneración de los cargos de peculado imputados. Únicamente modifica la jurisdicción del pleito legal, por lo que corresponderá de manera exclusiva a la Fiscalía General de la República y a los jueces federales continuar con las indagatorias correspondientes.

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