La polémica por el operativo relacionado con la CIA, las acusaciones contra un exfiscal y las controversias judiciales estatales plantean preguntas sobre la capacidad de supervisión y rendición de cuentas de la administración de Maru Campos.

El enfrentamiento entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum ha colocado nuevamente a Chihuahua en el centro de la discusión nacional.

La gobernadora reconoció que sostuvo una conversación particularmente tensa con la presidenta, durante la cual ambas intercambiaron reclamos relacionados con la seguridad pública y la participación de agentes estadounidenses en un operativo estatal.

El episodio no solamente refleja diferencias políticas. También abre interrogantes sobre la forma en que se toman decisiones dentro de las instituciones de seguridad de Chihuahua y sobre los mecanismos para supervisar su actuación.

Una reunión que dejó más preguntas

El encuentro ocurrió el 19 de septiembre de 2026, durante una visita presidencial a Ciudad Juárez.

Campos relató posteriormente que la conversación estuvo marcada por reproches mutuos y negó que hubiera existido un pacto político con el gobierno federal.

Sheinbaum confirmó que ambas elevaron la voz, aunque sostuvo que la coordinación institucional debía continuar en beneficio de la población.

La presidenta también afirmó que Campos responsabilizó al exfiscal César Jáuregui por la participación de agentes extranjeros en un operativo contra el crimen organizado.

La versión de la gobernadora y las declaraciones presidenciales hacen necesario esclarecer quién autorizó el operativo, qué funcionarios conocían sus alcances y cuáles fueron los procedimientos de supervisión.

Las responsabilidades de la administración estatal

La gobernadora ha reclamado públicamente una mayor intervención federal para enfrentar la violencia en Chihuahua.

Ese señalamiento debe examinarse junto con las obligaciones del gobierno estatal en prevención del delito, coordinación policial, investigación y atención a las víctimas.

La eficacia de una administración no puede evaluarse únicamente por sus declaraciones o por la confrontación con otras autoridades.

También requiere resultados medibles, presupuestos ejercidos, objetivos cumplidos y explicaciones públicas sobre las decisiones adoptadas.

La Fiscalía Anticorrupción y sus controversias

En el ámbito judicial, la administración estatal también enfrenta cuestionamientos relacionados con la independencia de sus instituciones.

La Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, investigó un presunto desvío de 98.6 millones de pesos relacionado con el refinanciamiento de la deuda pública de 2019.

Javier Corral ha sostenido que el expediente responde a una persecución política. La Fiscalía ha rechazado esa acusación.

La controversia también involucra a la Auditoría Superior del Estado, dirigida por Héctor Acosta Félix, cuya actuación ha sido cuestionada por personas investigadas.

El debate sobre el fuero

A estas circunstancias se suma la propuesta legislativa para otorgar fuero constitucional al titular de la Auditoría Superior del Estado.

La iniciativa busca proteger la independencia de la fiscalización, aunque plantea interrogantes sobre los mecanismos de responsabilidad de sus funcionarios.

Las denuncias existentes no acreditan delitos, pero requieren procedimientos transparentes que permitan esclarecer los hechos.

La rendición de cuentas como prioridad

El enfrentamiento con Sheinbaum, las controversias judiciales y las discusiones sobre autonomía institucional representan desafíos diferentes para el gobierno de Chihuahua.

La evaluación de Maru Campos debe centrarse en decisiones documentadas, resultados de gobierno y responsabilidades comprobables, no solamente en las disputas políticas que protagoniza.

El principal desafío consiste en ofrecer información verificable que permita conocer qué ha funcionado, qué requiere correcciones y quién debe responder por las decisiones institucionales.

LaComisiónde Puntos Constitucionales de laCámara de Diputadosaprobó el dictamen de la iniciativa que buscalimitar ladoble nacionalidadparacargos públicos.

Lo anterior luego de quetras realizar el respectivo análisis del proyectoque fue turnado por el Ejecutivo federal, los legisladores integrantes de la comisión emitieron 26 votos a favor.

En consecuencia,el dictamen de la propuestaque tiene el objetivo delimitarque personas condoble nacionalidadocupen cargos públicos, se turnaráal pleno de la Cámara de Diputados.

Comisión de Puntos Constitucionales aprueba dictamen contra doble nacionalidad en cargos públicos

El 1 de septiembre de 2026, laComisión de Puntos Constitucionalesde la Cámara de Diputados recibió la iniciativa presidencial que busca bloquear perfiles condoble nacionalidad para cargos públicos.

Una semana más tarde, hoy martes 8, lacomisión sesionó para analizarel proyecto y como se tenía previsto,avaló el dictamenluego de que se emitió la siguiente votación:

Losvotos en contrafueron emitidos por diputados delPRI y del PAN, mientras que lossufragios a favorfueron presentados por legisladores deMorena y aliados que son mayoríaen la comisión.

Ante ello, eldictamen avanzará al pleno, sin embargo, su discusión y votación tiene que esperar al menos 12 días, pues se prevé que se analicedespués del 20 de septiembretras las fiestas patrias.

Diputadas del PAN abandonaron sesión en protesta contra dictamen

Cabe destacar queel debateno estuvo exento de polémica, debido a queen protestacontra la iniciativa, un par dediputadasintegrantes de la comisión y de la bancada delPAN abandonaron la sesión.

FueronPaulina Rubio Fernández y Noemí Luna, quienes decidieronabandonar la sesiónante el rechazo de peticiones como la de Federico Döring, quien propuso unparlamento abierto.

💥Se retiran diputadas@PaulinaRubioFdzy@NoemiLuna_Zacdel PAN de la Comisión de Puntos Constitucionales en protesta por la discusión del dictamen de ‘Doble Nacionalidad’Al salir, recibieron abucheos y expresiones de falta de respeto de los diputados morenistas, el que más…pic.twitter.com/GDv7tt0CS2

Las diputadas se levantaron de la sesión luego de queacusaron un doble raseropor parte del oficialismo, pues recriminaron quehablen de soberaníapero defienden a perfiles que son “informantes” de Estados Unidos, en referencia la gobernadoraMarina del Pilar Ávila.

Al salir del salón de la Comisión de Puntos Constitucionales, las legisladoras del PANrecibieron abucheos, reprochesy críticas en los que les mencionaron casos como el deErnesto Ruffo.

El coordinador delPRIen laCámara de Diputados,Rubén Moreira, afirmó que el proceso dedesafuerocontraAlejandro “Alito” Moreno Cárdenasno avanzará y sostuvo que quienes esperan retirar elfueroal dirigente priista “se van a quedar con las ganas”.

Moreiracuestionó el procedimiento que se desarrolla enSan Lázaroy acusó que existe unapersecucióncontra integrantes de laoposición. A su juicio, laSección Instructoraestaría buscando elementos que, según afirmó, no existen para mantener vigente el caso.

El priista también responsabilizó a integrantes de ese órgano legislativo por alentar el procedimiento y sostuvo que la solicitud habría sido desechada porfalta de pruebasy debido aresoluciones judiciales.

Ante los cuestionamientos sobre el futuro del expediente, respondió: “Pues bueno, suerte”.

Desafuero de Alejandro Moreno sigue en disputa en San Lázaro

Las declaraciones deMoreiracontrastan con la postura deMorenay con la situación jurídica del expediente. El proceso permanece bajo análisis de laCámara de Diputadosy podría ser retomado durante el periodo ordinario que comenzará el próximo1 de septiembre.

El coordinador deMorenaenSan Lázaro,Ricardo Monreal, negó que exista unacuerdo políticopara proteger aMoreno Cárdenas. Explicó que la decisión corresponde a laSección Instructoray que, si existen elementos suficientes, el procedimiento deberá continuar conforme a laley.

Monrealindicó que labancada morenistadeberá definir el próximo30 de agostoquién ocupará lapresidencia de la Sección Instructora, luego de la posible salida deHugo Eric Flores Cervantes.

¿Por qué investigan a “Alito” Moreno por presuntos desvíos?

La solicitud presentada por laFiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campechese relaciona con hechos ocurridos durante la administración deMoreno Cárdenascomo gobernador, entre2015 y 2019.

El expediente actualmente contemplacuatro carpetas de investigacióny señala presuntas irregularidades relacionadas conejercicio indebido de funcionesydesvío de recursos públicos, por un monto superior a83 millones de pesos.

Entre las operaciones investigadas se encuentran:

PAN analizará expediente antes de fijar postura sobre el desafuero

El dirigente nacional delPAN,Jorge Romero Herrera, señaló que su partido revisará el expediente antes de definir una posición sobre el eventual retiro delfuerodeMoreno.

El panista sostuvo que la decisión no debe tomarse únicamente con base enalianzasodiferencias políticas, sino a partir de los elementos contenidos en lainvestigación. Al mismo tiempo, advirtió sobre lo que consideró un riesgo de utilizar losprocedimientos judicialespara perseguir o silenciar aopositores.

De esta manera, elPANse mantiene a la espera de conocer losargumentosypruebasque integran el expediente antes de respaldar o rechazar el procedimiento.

Detenciones de excolaboradores reavivan el caso contra Alito

El expediente volvió a cobrar fuerza después de lasdetencionesde dos personas relacionadas con el entorno del exgobernador de Campeche.

Carlos Alberto Medina Hernández, quien fuedirector de Comunicación Socialdurante su administración, fue detenido por una investigación relacionada con presuntopeculado. También fue aprehendidoLuis Antonio Espinosa Campos, señalado comocontadory representante de empresas vinculadas conEmigdio Moreno Cárdenas, hermano deAlejandro Moreno.

Las investigaciones de laFiscalía de Campechevinculan ambos casos con operaciones relacionadas concontratos de publicidady un supuesto esquema paradesviar recursos públicos.

Mientras estas indagatorias avanzan, ladisputa políticaalrededor deldesafueropermanece abierta.

Por un lado,Rubén Moreirasostiene que el procedimiento no prosperará y acusa unapersecucióncontra laoposición; por otro,Morenaafirma que no existe pacto alguno para proteger a “Alito” y que la decisión deberá sustentarse exclusivamente en el expediente.

Así, el futuro deldesafuerodependerá de la revisión que realice laSección Instructoray, eventualmente, de la determinación que adopte laCámara de Diputados.

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