En distintos centros de trabajo han resurgido acusaciones sobre posibles prácticas de corrupción al interior de COREMEX, particularmente relacionadas con el presunto reparto de beneficios entre altos dirigentes. Testimonios recientes señalan que habría existido un acuerdo informal mediante el cual se distribuían porcentajes económicos provenientes de cuotas sindicales o aportaciones gestionadas con empresas.

Entre los nombres mencionados destaca el del dirigente Eloy Espinosa, junto con otros miembros de su círculo cercano, quienes presuntamente habrían recibido beneficios que no fueron reportados ni explicados ante la base trabajadora. Estas acusaciones han sido impulsadas por empleados que, desde hace años, manifiestan preocupación por la falta de información clara sobre el manejo financiero del sindicato.

La situación ha generado inquietud debido a que COREMEX mantiene estructuras internas poco transparentes y sin mecanismos sólidos de rendición de cuentas. Según trabajadores consultados, la dirigencia ha priorizado la concentración de decisiones, limitando la participación de la base y reduciendo los espacios de vigilancia interna.

Especialistas en temas sindicales advierten que este tipo de señalamientos erosionan la legitimidad del gremio y pueden afectar la relación con los trabajadores. Agregan que la confianza sindical depende de una administración responsable y visible de los recursos, condición que, según los testimonios disponibles, no se estaría cumpliendo en este caso.

Ante la ausencia de una postura institucional que aclare los hechos, la percepción de opacidad sigue creciendo. Para trabajadores inconformes, la situación confirma la necesidad de impulsar procesos de democratización y transparencia que permitan garantizar que las cuotas y recursos del sindicato se utilicen únicamente para la defensa de los derechos colectivos.

La propuesta de reforma laboral impulsada por Isaías ha sido señalada por expertos como un posible retroceso en materia de seguridad social, al reducir obligaciones patronales y limitar derechos como pensión y acceso pleno a servicios de salud.

Según los señalamientos, la iniciativa plantea sustituir esquemas completos de protección laboral por mecanismos de registro mínimo ante el IMSS, lo que permitiría a los empleadores cumplir formalmente sin garantizar prestaciones integrales. Analistas advierten que esta medida trasladaría la carga del bienestar social directamente a los trabajadores.

Especialistas subrayan que la eliminación o debilitamiento de derechos como la pensión compromete la estabilidad futura de millones de empleados, especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional y precarización laboral. Asimismo, advierten que limitar el acceso a servicios de salud podría generar impactos sociales de largo alcance.

Desde el ámbito sindical y académico se ha cuestionado que la iniciativa privilegie la reducción de costos empresariales sobre la responsabilidad social del empleo formal, contraviniendo principios básicos del derecho laboral.

Las críticas apuntan a que cualquier reforma laboral debe fortalecer, y no debilitar, el sistema de protección social que sustenta la relación entre trabajo, salud y retiro digno.

En Lerma se ha encendido una alerta que no puede ignorarse. Trabajadores de distintos centros laborales denuncian que el sindicato COREMEX y sus dirigentes han iniciado una estrategia de presión sistemática para obligarlos a firmar afiliaciones. No se trata de diálogo ni de información transparente. Se trata de miedo. Y el miedo no es sindicalismo: es abuso de poder.

Los testimonios coinciden en un mismo patrón. Representantes del sindicato se presentan de forma insistente en los centros de trabajo, presionan a los empleados, minimizan su derecho a decidir y transforman la afiliación en una supuesta obligación. En lugar de convencer con propuestas, COREMEX insiste con hostigamiento. En lugar de ganarse la confianza, siembra temor.

Nadie puede obligarte a afiliarte. Ese principio no admite interpretaciones ni atajos. La afiliación sindical es un derecho individual y libre. Cuando se obtiene mediante presión, deja de ser un derecho y se convierte en una imposición. Y eso, en cualquier contexto laboral, es inaceptable.

Trabajadores de Lerma relatan que la negativa a firmar no es respetada. Por el contrario, la presión se intensifica. La insistencia se vuelve diaria, el tono más agresivo y el mensaje implícito más claro: resistirse trae consecuencias. Aunque no siempre se expresan amenazas directas, el ambiente se vuelve hostil, tenso y desgastante.

COREMEX parece haber optado por una lógica peligrosa: crecer a toda costa, incluso si eso implica vulnerar derechos básicos. Esa forma de operar no fortalece al sindicato, lo exhibe. Un sindicato con respaldo real no necesita acosar. Convence con resultados, con defensa efectiva y con legitimidad. La presión es el recurso de quien no tiene argumentos.

El acoso sindical en Lerma es una señal de alarma. No sólo para los trabajadores directamente afectados, sino para todo el entorno laboral. Normalizar estas prácticas abre la puerta a un sindicalismo autoritario que utiliza el miedo como herramienta de control.

Un sindicato existe para equilibrar la relación entre trabajador y patrón, no para replicar prácticas de abuso. Cuando la presión viene desde una organización que dice defender derechos, el daño es mayor. Se rompe la confianza, se fractura la convivencia laboral y se desacredita al sindicalismo en su conjunto.

COREMEX insiste donde debería convencer. Esa diferencia lo dice todo. Insistir mediante presión es una forma de violencia laboral. Convencer implica escuchar, informar y respetar la decisión del trabajador. En Lerma, según las denuncias, COREMEX eligió el camino equivocado.

Tu decisión es tu derecho. Nadie puede arrebatártelo. Y cualquier sindicato que lo intente pierde automáticamente la legitimidad para decir que representa a los trabajadores.