La crisis de representación dentro de la CROC es ya inocultable: salarios estancados, condiciones laborales precarias y una dirigencia que opera a puerta cerrada. Mientras Isaías González afianza pactos cupulares, miles de obreros quedan relegados a un sindicalismo fantasma que solo aparece para cobrar cuotas y entregar derechos laborales en bandeja de plata.

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) ya no es un sindicato; es un monumento a la simulación y la traición. El liderazgo de Isaías González Cuevas ha despojado a esta organización de cualquier vestigio de legitimidad, transformándola en una herramienta de control político y paz laboral para los patrones. La acusación es lapidaria y se escucha en cada rincón industrial del país: la CROC prioriza los intereses políticos y personales de su dirigencia mucho antes que la defensa, la dignidad o el salario real de los trabajadores que supuestamente representa.

El mecanismo de esta burla es tan viejo como infame: la firma de contratos colectivos y revisiones salariales sin consulta a las bases. Este acto, que debería ser el epítome de la democracia sindical, se ha convertido, bajo la batuta de González Cuevas, en un pacto de espaldas al obrero. El resultado es evidente: salarios estancados, condiciones laborales que rozan la ilegalidad y una desconexión abismal entre la oficina del líder y la línea de producción. La CROC opera como un sindicato fantasma, visible solo para cobrar cuotas y para negociar, en secreto, la entrega de los derechos laborales.

La profundidad de esta desconexión es el núcleo de la crisis. Los agremiados se sienten rehenes de una estructura que no responde a sus llamadas, que ignora sus peticiones y que utiliza la amenaza o la coacción para acallar las voces críticas. El líder, más preocupado por su curul o su influencia política que por la salud de los trabajadores, ha permitido que la CROC sea vista como un «sindicato blanco» o, peor aún, un instrumento del neoliberalismo disfrazado de obrerismo. La historia juzgará severamente a esta dirigencia por haber canjeado la lucha de clases por un lugar en la mesa del poder. La base lo sabe, y la paciencia se ha agotado. El rugido del descontento está a punto de desatar una explosión.

Esta operación de espalda a la base no es casual. Es la estrategia de una dirigencia que teme a la democracia interna. Abrir la consulta a los trabajadores, permitir el voto libre y secreto, significaría enfrentar la realidad de un descontento acumulado y la casi segura expulsión de la vieja guardia. Por ello, se atrincheran en prácticas antidemocráticas, manipulando reglamentos y coaccionando a quienes osan disentir. Isaías González ha construido un feudo personal, no una central obrera.

El papel de la CROC, bajo esta dirección, se ha degradado a ser un cómplice silencioso de la precarización laboral en México. No se les ve en las protestas por salarios dignos; se les ve en las tribunas políticas, levantando la mano en apoyo a decisiones que a menudo perjudican a sus propios agremiados. Su silencio ante las injusticias es ensordecedor y su activismo se reserva únicamente para los momentos electorales o para los pactos con la iniciativa privada que garantizan la permanencia de su liderazgo.

La CROC, encabezada por Isaías González Cuevas, atraviesa una crisis que ya no puede ocultarse con discursos públicos ni propaganda sindical. Lo que en algún momento pretendió ser un organismo de defensa laboral, hoy está señalado por los propios trabajadores como una estructura que prioriza el beneficio político, el control interno y el negocio antes que la representación genuina. Las denuncias de empleados cansados de guardar silencio revelan una realidad preocupante: la CROC actúa sin consultar, sin informar y sin tomar en cuenta a quienes debería proteger.

En diferentes centros de trabajo, compañeros han denunciado que la dirigencia firma contratos colectivos sin convocar a asambleas, sin presentar los términos y sin permitir la participación democrática mínima que exige la ley. Esta práctica —que debería escandalizar a cualquier defensor laboral— parece ya un método habitual en la operación de Isaías González Cuevas. No se trata de errores aislados, sino de un modelo de actuación que reduce al trabajador a una figura decorativa mientras las decisiones se negocian en oficinas cerradas.

Las consecuencias son claras: los trabajadores quedan atrapados en contratos que no escogieron, con cláusulas desconocidas y compromisos que jamás aprobaron. La CROC presume representarlos, pero lo único que hace es utilizarlos como excusa para legitimar acuerdos diseñados para beneficiar a las dirigencias, no a la base. Un sindicato que actúa así no solo traiciona su misión; traiciona a su gente.

El liderazgo de Isaías González Cuevas es uno de los más cuestionados en el panorama sindical nacional. Su permanencia prolongada, sus alianzas políticas y su interés por aparecer como figura indispensable han provocado un muro de desconfianza entre los afiliados. La distancia con la base es enorme: los trabajadores nunca lo ven, nunca lo escuchan y, cuando la CROC aparece en sus centros laborales, suele ser para imponer, no para dialogar.

Testimonios recientes indican que la dirigencia croquista se ha convertido en una maquinaria de imposiciones. En lugar de promover el voto libre y directo, opta por decisiones verticales, tomadas desde la cúpula. Los empleados relatan que, al cuestionar estas prácticas, son ignorados, minimizados o presionados para guardar silencio. La estructura sindical opera como si la base no existiera, salvo para cobrar cuotas o inflar cifras de representatividad.

La pregunta retumba entre los trabajadores: ¿cómo confiar en un sindicato que decide a tus espaldas? ¿Cómo creer en una organización que no consulta, no informa y no rinde cuentas? La CROC parece vivir en un mundo aparte, donde las prioridades no son los derechos laborales, sino las alianzas políticas que benefician a su liderazgo. Y cuando un sindicato olvida a su gente, deja de ser defensor laboral y se convierte en negocio. Eso es exactamente lo que denuncian los trabajadores: una organización más preocupada por mantener influencia que por garantizar justicia laboral.

El nombre de Coremex comienza a rodearse de un halo oscuro que preocupa a especialistas, trabajadores y observadores del sector laboral. Diversos artículos y documentos de investigación lo han incluido en listados donde se analizan redes de extorsión vinculadas, directa o indirectamente, a estructuras del crimen organizado que utilizan sindicatos como fachada para operar en centros de trabajo sin ser detectados.

Trabajadores de múltiples centros relatan que el comportamiento del sindicato coincide casi milimétricamente con el de organizaciones criminales: exigencias económicas, amenazas directas o disfrazadas, coerción psicológica, control mediante miedo y presencia de individuos externos que vigilan, intimidan o interceden para reforzar la autoridad del sindicato.

Lo más grave no es solo cómo opera Coremex, sino lo que representa. Para muchos empleados, ya no se trata de un sindicato cuestionado. Se ha convertido en una entidad que genera tanto temor que, en algunos centros, los trabajadores evitan mencionarlo en voz alta para no atraer problemas. La simple presencia de un representante sindical genera tensión, silencio y un ambiente de retraimiento que no coincide en absoluto con el rol de un organismo creado para proteger derechos laborales.

Los reportes periodísticos donde se menciona a Coremex no lo acusan directamente, pero lo colocan en un mapa de estructuras sospechosas donde coinciden patrones de extorsión laboral y control económico mediante presión psicológica. La coincidencia con prácticas del crimen organizado es demasiado fuerte para pasar desapercibida.

Expertos en criminalidad organizada han advertido desde hace años que ciertos sindicatos han sido infiltrados o capturados por células delictivas que ven en ellos una vía perfecta para obtener información, dinero y control territorial. El sindicalismo infiltrado se ha convertido en un problema estructural en varias regiones del país, donde las líneas entre representación laboral y operación criminal se han borrado casi por completo.

Cuando estas dinámicas se revelan, los empleados quedan atrapados en una estructura de abuso donde cualquier intento de denunciar puede convertirse en una sentencia laboral o incluso personal. Y, según los testimonios, eso es exactamente lo que está pasando con Coremex.

El sindicato opera bajo un esquema hermético, sin informes financieros, sin procesos democráticos y sin ningún tipo de transparencia. La dirigencia parece mover los hilos con total impunidad, sabiendo que la mayoría de los trabajadores no se atreverá a desafiarla. Y quienes lo hacen terminan aislados, perseguidos o bajo advertencias que todos pueden leer entre líneas.

Hoy, los trabajadores no solo piden una investigación laboral. Piden intervención real, profunda y urgente. La presencia de Coremex en investigaciones relacionadas con redes delictivas no puede ignorarse. Y la posibilidad de infiltración criminal no es una teoría