Nacional
¿Renovación urbana o conquista extranjera? México pierde sus barrios
Desalojos forzados y vulneración de derechos
Los desalojos forzados son una violación directa a los derechos humanos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha señalado que estas prácticas suelen ser incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En México, estos desalojos han afectado especialmente a comunidades indígenas y a grupos vulnerables. Un caso emblemático ocurrió en octubre de 2023, cuando se intentó desalojar a la comunidad otomí que ocupaba el edificio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), rebautizado como La Casa de los Pueblos Samir Flores. Durante el operativo, se reportaron agresiones a niñxs, adultxs mayores y personas con discapacidad, evidenciando la violencia sistemática que enfrentan estas comunidades en su lucha por la vivienda digna. Si desde el privilegio esta situación es preocupante, se potencia al millón ante estos casos.Plataformas digitales y la especulación inmobiliaria
El auge de plataformas de alquiler temporal ha agudizado la crisis de vivienda en la Ciudad de México. En ciudades como Barcelona, durante la administración de Ada Colau (2015-2023), se implementaron regulaciones estrictas para frenar el crecimiento de alojamientos turísticos ilegales, protegiendo así el acceso a vivienda para los residentes locales. Estas medidas incluyeron sanciones económicas a plataformas y la recuperación de miles de apartamentos para su uso como viviendas permanentes. En México, aunque ha habido propuestas para regular este fenómeno, la implementación ha sido limitada. Como resultado, muchas viviendas han sido reconvertidas en alojamientos temporales para turistas, lo que reduce la oferta habitacional para lxs ciudadanxs y contribuye al incremento de precios en zonas estratégicas de la ciudad.Personas en situación de calle: Una crisis invisible ¿o que no queremos ver?
Según datos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), en 2024 se contabilizaron 1,124 personas en situación de calle en la Ciudad de México, de las cuales 86% eran hombres, 14% mujeres y 1.50 de la comunidad LGBTIQ+. Aunque existen programas de asistencia, como el modelo 4A de inclusión social, que en 2023 atendió a 2,403 personas, la problemática sigue sin resolverse de manera integral. Estas cifras evidencian la necesidad de estrategias que no solo se enfoquen en la asistencia temporal, sino que aborden las causas estructurales de la falta de vivienda y promuevan soluciones sostenibles que permitan a estas personas recuperar su autonomía y estabilidad habitacional. Por cierto, ante estas situaciones, sí existen proyectos independientes, como Mi Valedor, una revista que emplea a personas en situación de calle para que no sólo tengan ingresos, sino que también sus historias sean escuchadas. Te invitamos a conocer su propuesta.***
Es necesario que se implementen regulaciones efectivas que protejan a lxs ciudadanxs, fomenten el acceso equitativo a la vivienda y prioricen el bienestar de las comunidades en lugar de la rentabilidad inmobiliaria. Solo con un enfoque integral y sustentable será posible garantizar que todas las personas en México puedan ejercer su derecho a un hogar digno.Justicia
“Queremos cuentas claras”: empleados del Monte de Piedad piden investigar a Arturo Zayún
El conflicto en el Nacional Monte de Piedad ha dejado de ser una disputa laboral. Hoy, el foco está en la figura de Arturo Zayún González, secretario general del sindicato titular del contrato colectivo, señalado por presunto enriquecimiento millonario mientras miles de trabajadores siguen sin salario por la huelga que él mismo promovió.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, Zayún habría adquirido seis propiedades en los últimos años —de San Luis Potosí a Playa del Carmen— con valores subdeclarados y operaciones notariales que despiertan sospechas. A eso se suman ingresos no comprobados por la renta de un deportivo sindical en la capital del país.
El dirigente exige a la institución “transparencia” y “respeto a los derechos laborales”, pero se niega a mostrar los estados financieros del sindicato. Las cuotas de los trabajadores, denuncian los propios agremiados, se manejan sin control, sin auditorías y sin reportes públicos.
“Pide rendición de cuentas, pero no da ninguna. Los trabajadores merecen saber en qué se gasta su dinero”, expresó un miembro del Monte.
Zayún no ha respondido. El silencio se convierte en un escudo, pero también en evidencia. Mientras la huelga mantiene paralizadas más de 300 sucursales y deja a miles de familias sin ingresos, crece la sensación de que el sindicalismo que prometía renovación terminó repitiendo las viejas fórmulas de poder, discrecionalidad y beneficio personal.
Justicia
Trabajadores de 16 estados se suman al Sindicato Independiente del Monte de Piedad
El conflicto laboral en el Nacional Monte de Piedad ha derivado en una fractura cada vez más visible dentro del sindicato que encabeza Arturo Zayún. El descontento por la falta de resultados y por la duración del paro ha llevado a un número importante de trabajadores a abandonar la organización tradicional y afiliarse al Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad (SITNMP).
La Secretaria General Alma Delia Villalpando Rosales y el Secretario de Trabajo Gerardo Ríos informaron que en las últimas semanas se ha sumado un número creciente de colaboradores en Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas, Querétaro, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, entre otros estados.
Los sindicalistas coincidieron en señalar que el movimiento independiente se ha fortalecido gracias a las acciones de transparencia y apertura en el diálogo con la base trabajadora, pero sobre todo por el compromiso suscrito con sus agremiados para defender y hacer respetar sus derechos.
Villalpando subrayó que muchos trabajadores consideran que la huelga ya no representa sus intereses y que las familias han sido las principales afectadas por la falta de ingresos y de certidumbre. “El Sindicato Independiente busca reconstruir la confianza desde el trabajo y el diálogo, no desde la confrontación”, expresó.
Ríos añadió que el SITNMP participa como tercero interesado ante el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos, lo que le permite acompañar el proceso, mantenerse informado y evitar que la base laboral dependa únicamente de la versión del sindicato tradicional.
El fortalecimiento del Sindicato Independiente en distintas regiones del país refleja una tendencia clara: los trabajadores del Monte de Piedad están buscando nuevas formas de representación que prioricen la estabilidad y la participación responsable.
Justicia
Trabajadores del Monte de Piedad llaman a poner fin al conflicto sindical por intereses políticos
Los empleados piden a las autoridades laborales intervenir ante un paro que responde más a cálculos políticos que a causas justas.
El conflicto en el Nacional Monte de Piedad expone las viejas prácticas del sindicalismo corporativo mexicano en la figura del dirigente Arturo Zayún, quien se aferra a privilegios y mecanismos de control que durante décadas impidieron la competencia democrática y bloquearon la libertad sindical dentro de la institución. Consultados sobre su postura respecto al conflicto laboral del Monte, trabajadores afiliados al Sindicato Independiente dijeron no estar de acuerdo con la huelga y rechazaron su apoyo al paro que los ha puesto en indefensión y dificultad económica por la terquedad de quien negocia con la estabilidad de la base laboral. Cabe recordar que hasta hace pocos años, el sindicato tradicional y la administración funcionaban como una sola entidad, bajo un acuerdo tácito en el que la institución otorgaba todo lo que el gremio pedía a cambio de estabilidad. Ese esquema, caracterizado por la falta de transparencia, mantuvo el monopolio sindical y excluyó sistemáticamente a quienes intentaban organizarse de forma independiente, negándoles acceso a recursos, permisos y oportunidades laborales. Fue hasta 2018 cuando la creación del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad rompió con esa dinámica, aunque enfrentó represalias inmediatas. A los trabajadores afiliados al nuevo sindicato se les negaban vacantes, tiempo extra y derechos básicos. Esa discriminación derivó en un conflicto legal de seis años, que concluyó con el reconocimiento del Sindicato Independiente como organización minoritaria con plenos derechos laborales. El sindicato tradicional también controlaba procesos internos clave, como la asignación de vacantes, operando bajo criterios de favoritismo y afinidad personal. Este tipo de prácticas ilegales y arbitrarias permitieron durante años colocar a personas cercanas a la dirigencia, consolidando una red de poder político al interior del Monte de Piedad, en detrimento del mérito, la capacidad y la profesionalización que exige una institución moderna. La actual huelga no defiende los intereses reales de los trabajadores, sino los del liderazgo sindical. Muchos empleados han sido confundidos y manipulados con el discurso de que luchan por recuperar derechos perdidos, cuando en realidad el conflicto gira en torno a la intención del sindicato tradicional de retomar privilegios que ya no tienen cabida en el marco laboral vigente. El movimiento ha derivado en un daño profundo: miles de trabajadores permanecen sin actividad, los usuarios carecen de acceso a los servicios de la institución y una entidad con vocación filantrópica se encuentra paralizada por las ambiciones personales de un liderazgo sindical que se resiste a perder el control. Lejos de representar una causa justa, esta huelga refleja una lucha de poder que ignora el bienestar de los trabajadores y pone en riesgo la estabilidad de una de las instituciones más emblemáticas del país.-
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