La gentrificación es el fenómeno en el que la llegada de nuevxs habitantes con mayor poder adquisitivo encarece el costo de vida y desplaza a las comunidades originales.
En la Ciudad de México, este proceso ha provocado que más de 20,000 hogares de ingresos bajos sean expulsados a la periferia cada año debido a la falta de opciones de vivienda accesible, según el Proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT).
Además, en las últimas dos décadas, se estima que 7,000 hogares anuales se han asentado en zonas de alto riesgo debido a la imposibilidad de encontrar vivienda en áreas seguras. Estas condiciones incrementan los tiempos y costos de traslado, afectan la calidad de vida y, en muchos casos, condenan a las familias a vivir en situaciones precarias.
Desalojos forzados y vulneración de derechos
Los desalojos forzados son una violación directa a los derechos humanos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha señalado que estas prácticas suelen ser incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En México, estos desalojos han afectado especialmente a comunidades indígenas y a grupos vulnerables.
Un caso emblemático ocurrió en octubre de 2023, cuando se intentó desalojar a la comunidad otomí que ocupaba el edificio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), rebautizado como La Casa de los Pueblos Samir Flores. Durante el operativo, se reportaron agresiones a niñxs, adultxs mayores y personas con discapacidad, evidenciando la violencia sistemática que enfrentan estas comunidades en su lucha por la vivienda digna. Si desde el privilegio esta situación es preocupante, se potencia al millón ante estos casos.
Plataformas digitales y la especulación inmobiliaria
El auge de plataformas de alquiler temporal ha agudizado la crisis de vivienda en la Ciudad de México. En ciudades como Barcelona, durante la administración de Ada Colau (2015-2023), se implementaron regulaciones estrictas para frenar el crecimiento de alojamientos turísticos ilegales, protegiendo así el acceso a vivienda para los residentes locales. Estas medidas incluyeron sanciones económicas a plataformas y la recuperación de miles de apartamentos para su uso como viviendas permanentes.
En México, aunque ha habido propuestas para regular este fenómeno, la implementación ha sido limitada. Como resultado, muchas viviendas han sido reconvertidas en alojamientos temporales para turistas, lo que reduce la oferta habitacional para lxs ciudadanxs y contribuye al incremento de precios en zonas estratégicas de la ciudad.
Personas en situación de calle: Una crisis invisible ¿o que no queremos ver?
Según datos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), en 2024 se contabilizaron 1,124 personas en situación de calle en la Ciudad de México, de las cuales 86% eran hombres, 14% mujeres y 1.50 de la comunidad LGBTIQ+. Aunque existen programas de asistencia, como el modelo 4A de inclusión social, que en 2023 atendió a 2,403 personas, la problemática sigue sin resolverse de manera integral.
Estas cifras evidencian la necesidad de estrategias que no solo se enfoquen en la asistencia temporal, sino que aborden las causas estructurales de la falta de vivienda y promuevan soluciones sostenibles que permitan a estas personas recuperar su autonomía y estabilidad habitacional.
Por cierto, ante estas situaciones, sí existen proyectos independientes, como Mi Valedor, una revista que emplea a personas en situación de calle para que no sólo tengan ingresos, sino que también sus historias sean escuchadas. Te invitamos a conocer su propuesta.
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Es necesario que se implementen regulaciones efectivas que protejan a lxs ciudadanxs, fomenten el acceso equitativo a la vivienda y prioricen el bienestar de las comunidades en lugar de la rentabilidad inmobiliaria. Solo con un enfoque integral y sustentable será posible garantizar que todas las personas en México puedan ejercer su derecho a un hogar digno.
