En México ya son diez los estados que impusieron a la industria un impuesto por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Este 2025 la Ciudad de México, San Luis Potosí y Colima se sumaron a la lista.
Zacatecas fue el primer estado en cobrar Impuestos Ecológicos, tras su aprobación en el congreso local en el 2017. La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó ese gravamen dos años más tarde y eso abrió la puerta para que otras entidades legislaran impuestos ambientales.
Sin embargo, su recaudación ha ido a la baja debido a una serie de amparos y litigios promovidos por empresas que no están de acuerdo.
Ricardo Olivares, secretario de Finanzas de Zacatecas, explicó en octubre de 2024 que las empresas, principalmente las mineras que cotizan en la bolsa, se rehúsan a pagar, pues al hacerlo “de facto estarían reconociendo que son empresas contaminantes” lo que tiene efectos nocivos ante sus inversionistas.
El director general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, José Luis Samaniego explicó que, según investigaciones, la ganadería es de las que más contamina por las emisiones de metano que tiene un potencial de calentamiento global muchas veces superior a las del dióxido de carbono.
Zacatecas fue el primero en cobrar Impuestos Ecológicos y abrió la puerta para que otras entidades legislaran impuestos ambientales
“Contaminan las fugas de metano de Pemex, las aguas residuales, el mal manejo de los desechos urbanos y en términos de emisiones de gases de bióxido de carbono que es de los sectores principales que más gases emiten, son la generación de energía y el transporte”, dijo.
Posteriormente Guanajuato, Tamaulipas, Durango, Estado de México, Querétaro y Yucatán siguieron los pasos de Zacatecas para que la industria pague una cuota por cada tonelada de carbono emitida./ Ilustración: Daniel Rey
El Impuesto por la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera en San Luis Potosí fue creado para gravar las emisiones directas de gases como CO2, CH4, N2O y otros, para fomentar prácticas sostenibles y reducir la contaminación ambiental.
Tras varios aplazamientos, su entrada en vigor fue fijada para el 1 de enero de 2025, con ajustes como la reducción del costo por tonelada de 3 UMA** a 1 UMA y la eliminación de requisitos administrativos complejos.
La propuesta surgió desde el gobierno del estado y fue aprobada en diciembre de 2023 por la LXIII Legislatura del congreso local, donde en diversas ocasiones pospusieron su entrada en vigor debido a inconformidades del sector empresarial.
En la Ciudad de México la cuota es de 58 pesos por cada tonelada de emisiones registradas. Este instrumento permitirá movilizar recursos para financiar proyectos estratégicos de mitigación y adaptación climática, orientados a reducir la dependencia de fuentes emisoras y a fomentar el desarrollo de tecnologías limpias.
Este instrumento permitirá movilizar recursos para financiar proyectos estratégicos de mitigación y adaptación climática
Colima aplicará exclusivamente a personas físicas y morales que reporten emisiones de GEI y cuenten con sus licencias ambientales de funcionamiento, así como sus cédulas de operación anual. No afecta a ciudadanos ni a pequeños comercios.
El monto del pago al carbono se calculará con base en las toneladas de GEI emitidas y reportadas por las empresas y las autoridades contemplan un periodo de diálogo con las personas morales y físicas sobre cómo operará y para ofrecer acompañamiento técnico.
Aunque el Estado de México tiene este gravamen activo desde 2022, para este año incluyó un subsidio del 30 por ciento en el impuesto por emisión de gases, destinado a empresas que sustituyan vehículos impulsados por combustibles fósiles por unidades híbridas o eléctricas o implementen tecnologías limpias.
El monto del pago al carbono se calculará con base en las toneladas de GEI emitidas y reportadas por las empresas
En Tamaulipas, la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, informó que el impuesto no es recaudatorio, sino que este se aplica para que las compañías disminuyan sus niveles de contaminación.
Ante el gravamen que entró en vigor en 2023, 40 empresarios tendrían que pagar en conjunto alrededor de mil 500 millones de pesos anuales al gobierno de Tamaulipas, recurso que se destinará para procesos de limpieza y de reforestación y conservación de manglares.
Hasta finales de octubre del 2024, los empresarios habían presentado 36 amparos, por lo que hasta el cierre de año solo se habían recaudado 36 millones de pesos de este impuesto verde, aproximadamente 2.4% de la meta general planteada.
México y su meta de reducción del 35% de emisiones para 2030
El director general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, José Luis Samaniego, habló sobre los compromisos que tiene México para contribuir en el cuidado del medio ambiente a través del desarrollo sustentable.
“México tiene que cumplir con su contribución nacionalmente determinada. México hizo un compromiso frente a Naciones Unidas y participamos del esfuerzo de descarbonización global. Entonces la idea es poder acercarnos al cumplimiento de la meta en 2030 que es reducir el 35 por ciento de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero”.
Luis Samaniego advirtió que eso implica que bajemos escalón por escalón hasta llegar a la meta que son aproximadamente 650 mega toneladas.
México hizo un compromiso frente a Naciones Unidas y participamos del esfuerzo de descarbonización global. La idea es acercarnos a la meta de reducir el 35 por ciento de las emisiones en 2030José Luis Samaniego, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
“Cada quien tiene que hacer su esfuerzo con inversión, con cambio de combustibles, con eficiencia energética, pero a lo mejor eso no es suficiente, entonces lo que estamos tratando de generar es un esquema de compensaciones para que mediante restauración, conservación, manejo sostenible, de ecosistemas y de bosques, se puedan compensar las toneladas que no se pudieron reducir en el área de la tecnología de la industria y de la producción, entonces que eso se convierta en una corriente de pago por servicios ambientales, a quién están protegiendo los actuales sumideros de carbono que es a través de manejo sostenible de áreas protegidas, de áreas voluntariamente dedicadas a la conservación de bosques rurales y también de restauración y de reforestación de zonas que se hayan perdido”, afirmó.
Luego explicó que más que incentivos fiscales son compensaciones para poder cumplir con las obligaciones de reducción de emisiones contaminantes de gases de invernadero.
“Digamos entonces lo que estaríamos generando es una corriente nueva de recursos que va de la industria hacia los ecosistemas para ayudar a financiar el pago o el sistema de pago por servicios ambientales que van a ir a la restauración de los ecosistemas y la restauración ambiental”, subrayó.
En este aspecto debe intervenir Hacienda, porque es un derecho de emisión. “Nosotros también tenemos que registrar las las toneladas reducidas, no reducidas, el cumplimiento o las brechas de incumplimiento para poder poner en línea las emisores de reducir al punto que México comprometió”, agregó Samaniego.
Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, comenta que hay un acercamiento con la Secretaría de Hacienda para quienes buscan un modo de producción sustentable.
“Estamos conversando con Hacienda, que es quien define ese tipo de incentivos, y ellos han desarrollado un paquete de incentivos muy interesante por ejemplo, en el corredor Interoceánico que va a conectar Coatzacoalcos con Salina Cruz y ahí estamos trabajando con ellos para que esos incentivos incorporen el tema ambiental en forma muy importante y queremos también potenciar mucho el servicio de pago por servicios ambientales.
“Lo que se logra es que haya una solución basada en la naturaleza que sea compensada realmente, que se puede pagar ese servicio. Puede apoyar al bosque, o algún humedal, o la selva, manglar. Esa protección, digamos de ese recurso le rinda frutos económicos a la población que lo logra proteger”, dijo la secretaria.
* Con información de Miguel Gallardo / Diario de Querétaro; Noé Álvarez Pascual / El Sol de Toluca; El Sol de San Luis, El Sol de Tampico y El Sol de Zacatecas.** El 9 de enero de 2025, el Inegi dio a conocer la actualización del valor diario de la UMA en 113.14 pesos mexicanos.
La continuidad del paro en Monte de Piedad, pese a haber sido declarado inexistente, ha alimentado la percepción de que el conflicto responde más a la defensa de un liderazgo que a una causa laboral. Con Arturo Alcalde como principal respaldo, la estrategia se mantiene mientras crecen los cuestionamientos y el desgaste alcanza a los trabajadores.
El conflicto laboral en el Nacional Monte de Piedad ha entrado en una fase donde su prolongación resulta cada vez más difícil de justificar desde el ámbito jurídico. A más de seis meses de la huelga, la continuidad del paro ha abierto cuestionamientos sobre las verdaderas razones detrás de su permanencia.
Desde el inicio del conflicto, el 1 de octubre de 2025, las afectaciones han sido evidentes. El cierre de más de 300 sucursales ha generado un impacto acumulado que afecta tanto a la institución como a sus trabajadores.
El fallo judicial que declaró inexistente la huelga debió marcar un punto de cierre. Sin embargo, la dirigencia encabezada por Arturo Zayún, respaldada por Arturo Alcalde Justiniani, optó por prolongar el conflicto mediante recursos legales.
Esta decisión ha sido interpretada como una estrategia para sostener una posición cada vez más debilitada. En este contexto, la figura de Alcalde ha adquirido un papel determinante como principal sostén de la dirigencia sindical.
Los señalamientos contra Zayún han incrementado la presión. Investigaciones que apuntan a presunta opacidad y enriquecimiento han debilitado su legitimidad, alimentando el descontento en la base trabajadora.
El respaldo de Alcalde, lejos de disipar las dudas, ha reforzado la percepción de que el conflicto responde a una lógica de supervivencia política. Su actuación ha sido vista como clave para mantener activa una disputa que ha perdido sustento.
Mientras tanto, los trabajadores continúan absorbiendo el impacto de una estrategia que no ofrece una salida clara. La incertidumbre y el desgaste se han convertido en elementos constantes.
El caso del Nacional Monte de Piedad deja en evidencia una realidad cada vez más visible: cuando un conflicto laboral se prolonga más allá de su viabilidad, la pregunta ya no es cómo resolverlo, sino por qué se insiste en sostenerlo.
La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocó sellos en un inmueble ubicado en Morelos pese a no tener competencia territorial para hacerlo.
El aseguramiento del Centro Cultural Pedro López Elías se realizó en Tepoztlán, Morelos, fuera del territorio en el que legalmente puede actuar la fiscalía estatal de Chihuahua. La acción fue presentada como parte de una investigación anticorrupción.
Juristas señalaron que una fiscalía estatal no puede ejecutar actos de autoridad en otra entidad sin coordinación institucional formal o sin intervención federal. La ausencia de estos mecanismos dejó en entredicho la legalidad del operativo.
La polémica aumentó cuando los sellos fueron retirados posteriormente sin explicación pública suficiente. La institución evitó detallar los fundamentos jurídicos de la intervención.
El episodio terminó exhibiendo una práctica preocupante dentro de ciertas estructuras de poder: decisiones institucionales tomadas con aparente ligereza jurídica y revertidas sin rendición de cuentas.
Especialistas consideran que El Bayo y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua deben rendir cuentas sobre los criterios que sustentaron el operativo.
Especialistas señalan que El Bayo y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no acreditaron competencia territorial al intervenir en Morelos.
La actuación encabezada por Luis Abelardo Valenzuela Holguín, conocido como El Bayo, y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua incluyó la colocación de sellos en un inmueble federal fuera de su jurisdicción.
Lo que ocurrió con el Centro Cultural Pedro López Elías, en Tepoztlán, Morelos, marca un punto de quiebre en la historia reciente del uso del poder penal en México.
Por primera vez, una fiscalía estatal utilizó una biblioteca y centro cultural como instrumento de presión política, ejecutando un embargo fuera de su jurisdicción y luego retirándose en silencio cuando la ilegalidad quedó al descubierto.
En octubre de 2025, agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, arribaron a un inmueble que no pertenece a Chihuahua, no está en Chihuahua y no forma parte de ninguna investigación penal en Morelos, para colocar sellos de aseguramiento.
El objetivo no era la justicia: era castigar al fundador del Centro, quien había denunciado redes de corrupción dentro del propio sistema de procuración de justicia en Chihuahua.
Una operación jurídicamente insostenible: De acuerdo con especialistas en derecho constitucional y penal, el acto presenta múltiples irregularidades graves:
Violación al principio de territorialidad: Una fiscalía estatal no puede ejecutar actos de autoridad en otro estado sin cooperación formal ni mandato judicial federal.
Inexistencia de vínculo penal del inmueble: El Centro Cultural no estaba relacionado con ningún delito. No era cuerpo del delito ni instrumento ni producto de actividad ilícita.
Violación al régimen de bienes culturales: Al tratarse de una biblioteca y espacio de acceso público, el inmueble goza de una protección reforzada por leyes culturales y derechos humanos.
Pese a todo ello, los sellos fueron colocados con un despliegue mediático calculado, presentando al centro como parte de una supuesta operación anticorrupción.
El silencio que delató el abuso: Pero semanas después ocurrió algo que cambió por completo el caso, los sellos fueron retirados en secreto. No hubo:
Boletines oficiales
Actas públicas
Explicación jurídica
Notificación a autoridades culturales
Rendición de cuentas
La fiscalía que había hecho tanto ruido al asegurar el inmueble, optó por desaparecer el acto como si nunca hubiera ocurrido.
Para expertos, este patrón es típico de una operación fallida de persecución:
“Se actúa con estruendo para intimidar y dañar reputaciones. Cuando la ilegalidad se vuelve evidente, se retrocede en silencio para evitar responsabilidades”.
Morelos, del Estado Soberano al territorio sin ley: Tan grave como el abuso de la Fiscalía de Chihuahua fue la pasividad del Gobierno de Morelos. Durante días y semanas, ninguna autoridad estatal:
Cuestionó la competencia de Chihuahua.
Defendió la soberanía de su territorio.
Protegió un bien cultural de acceso público.
Exigió documentación judicial.
La omisión permitió que una fiscalía ajena operara como si Morelos fuera tierra de nadie. Funcionarios del sector cultural consultados señalan que esta inacción equivale a complicidad institucional:
“Cuando el Estado no protege una biblioteca frente a un abuso, está renunciando a su deber constitucional”.
Una biblioteca como rehén: En los hechos, el Centro Cultural Pedro López Elías fue utilizado como rehén político.
No importaba su función educativa, social o comunitaria: era un bien valioso que podía ser golpeado para enviar un mensaje.
El mensaje fue claro: “Si denuncias corrupción, te quitamos lo que más te importa”.
Ese es el verdadero significado del embargo y de su posterior desaparición.
Un precedente peligroso: Juristas advierten que si este caso queda impune, se habrá creado un precedente devastador:
“Cualquier fiscal podrá ir a otro estado, tomar una universidad, una biblioteca o un museo, y luego retirarse sin consecuencias”.
Lo ocurrido en Tepoztlán ya no es un pleito legal, es una prueba de si México sigue siendo una república federal o si ha comenzado a tolerar feudos judiciales.
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