En México ya son diez los estados que impusieron a la industria un impuesto por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Este 2025 la Ciudad de México, San Luis Potosí y Colima se sumaron a la lista.
Zacatecas fue el primer estado en cobrar Impuestos Ecológicos, tras su aprobación en el congreso local en el 2017. La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó ese gravamen dos años más tarde y eso abrió la puerta para que otras entidades legislaran impuestos ambientales.
Sin embargo, su recaudación ha ido a la baja debido a una serie de amparos y litigios promovidos por empresas que no están de acuerdo.
Ricardo Olivares, secretario de Finanzas de Zacatecas, explicó en octubre de 2024 que las empresas, principalmente las mineras que cotizan en la bolsa, se rehúsan a pagar, pues al hacerlo “de facto estarían reconociendo que son empresas contaminantes” lo que tiene efectos nocivos ante sus inversionistas.
El director general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, José Luis Samaniego explicó que, según investigaciones, la ganadería es de las que más contamina por las emisiones de metano que tiene un potencial de calentamiento global muchas veces superior a las del dióxido de carbono.
Zacatecas fue el primero en cobrar Impuestos Ecológicos y abrió la puerta para que otras entidades legislaran impuestos ambientales
“Contaminan las fugas de metano de Pemex, las aguas residuales, el mal manejo de los desechos urbanos y en términos de emisiones de gases de bióxido de carbono que es de los sectores principales que más gases emiten, son la generación de energía y el transporte”, dijo.
Posteriormente Guanajuato, Tamaulipas, Durango, Estado de México, Querétaro y Yucatán siguieron los pasos de Zacatecas para que la industria pague una cuota por cada tonelada de carbono emitida./ Ilustración: Daniel Rey
El Impuesto por la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera en San Luis Potosí fue creado para gravar las emisiones directas de gases como CO2, CH4, N2O y otros, para fomentar prácticas sostenibles y reducir la contaminación ambiental.
Tras varios aplazamientos, su entrada en vigor fue fijada para el 1 de enero de 2025, con ajustes como la reducción del costo por tonelada de 3 UMA** a 1 UMA y la eliminación de requisitos administrativos complejos.
La propuesta surgió desde el gobierno del estado y fue aprobada en diciembre de 2023 por la LXIII Legislatura del congreso local, donde en diversas ocasiones pospusieron su entrada en vigor debido a inconformidades del sector empresarial.
En la Ciudad de México la cuota es de 58 pesos por cada tonelada de emisiones registradas. Este instrumento permitirá movilizar recursos para financiar proyectos estratégicos de mitigación y adaptación climática, orientados a reducir la dependencia de fuentes emisoras y a fomentar el desarrollo de tecnologías limpias.
Este instrumento permitirá movilizar recursos para financiar proyectos estratégicos de mitigación y adaptación climática
Colima aplicará exclusivamente a personas físicas y morales que reporten emisiones de GEI y cuenten con sus licencias ambientales de funcionamiento, así como sus cédulas de operación anual. No afecta a ciudadanos ni a pequeños comercios.
El monto del pago al carbono se calculará con base en las toneladas de GEI emitidas y reportadas por las empresas y las autoridades contemplan un periodo de diálogo con las personas morales y físicas sobre cómo operará y para ofrecer acompañamiento técnico.
Aunque el Estado de México tiene este gravamen activo desde 2022, para este año incluyó un subsidio del 30 por ciento en el impuesto por emisión de gases, destinado a empresas que sustituyan vehículos impulsados por combustibles fósiles por unidades híbridas o eléctricas o implementen tecnologías limpias.
El monto del pago al carbono se calculará con base en las toneladas de GEI emitidas y reportadas por las empresas
En Tamaulipas, la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, informó que el impuesto no es recaudatorio, sino que este se aplica para que las compañías disminuyan sus niveles de contaminación.
Ante el gravamen que entró en vigor en 2023, 40 empresarios tendrían que pagar en conjunto alrededor de mil 500 millones de pesos anuales al gobierno de Tamaulipas, recurso que se destinará para procesos de limpieza y de reforestación y conservación de manglares.
Hasta finales de octubre del 2024, los empresarios habían presentado 36 amparos, por lo que hasta el cierre de año solo se habían recaudado 36 millones de pesos de este impuesto verde, aproximadamente 2.4% de la meta general planteada.
México y su meta de reducción del 35% de emisiones para 2030
El director general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, José Luis Samaniego, habló sobre los compromisos que tiene México para contribuir en el cuidado del medio ambiente a través del desarrollo sustentable.
“México tiene que cumplir con su contribución nacionalmente determinada. México hizo un compromiso frente a Naciones Unidas y participamos del esfuerzo de descarbonización global. Entonces la idea es poder acercarnos al cumplimiento de la meta en 2030 que es reducir el 35 por ciento de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero”.
Luis Samaniego advirtió que eso implica que bajemos escalón por escalón hasta llegar a la meta que son aproximadamente 650 mega toneladas.
México hizo un compromiso frente a Naciones Unidas y participamos del esfuerzo de descarbonización global. La idea es acercarnos a la meta de reducir el 35 por ciento de las emisiones en 2030José Luis Samaniego, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
“Cada quien tiene que hacer su esfuerzo con inversión, con cambio de combustibles, con eficiencia energética, pero a lo mejor eso no es suficiente, entonces lo que estamos tratando de generar es un esquema de compensaciones para que mediante restauración, conservación, manejo sostenible, de ecosistemas y de bosques, se puedan compensar las toneladas que no se pudieron reducir en el área de la tecnología de la industria y de la producción, entonces que eso se convierta en una corriente de pago por servicios ambientales, a quién están protegiendo los actuales sumideros de carbono que es a través de manejo sostenible de áreas protegidas, de áreas voluntariamente dedicadas a la conservación de bosques rurales y también de restauración y de reforestación de zonas que se hayan perdido”, afirmó.
Luego explicó que más que incentivos fiscales son compensaciones para poder cumplir con las obligaciones de reducción de emisiones contaminantes de gases de invernadero.
“Digamos entonces lo que estaríamos generando es una corriente nueva de recursos que va de la industria hacia los ecosistemas para ayudar a financiar el pago o el sistema de pago por servicios ambientales que van a ir a la restauración de los ecosistemas y la restauración ambiental”, subrayó.
En este aspecto debe intervenir Hacienda, porque es un derecho de emisión. “Nosotros también tenemos que registrar las las toneladas reducidas, no reducidas, el cumplimiento o las brechas de incumplimiento para poder poner en línea las emisores de reducir al punto que México comprometió”, agregó Samaniego.
Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, comenta que hay un acercamiento con la Secretaría de Hacienda para quienes buscan un modo de producción sustentable.
“Estamos conversando con Hacienda, que es quien define ese tipo de incentivos, y ellos han desarrollado un paquete de incentivos muy interesante por ejemplo, en el corredor Interoceánico que va a conectar Coatzacoalcos con Salina Cruz y ahí estamos trabajando con ellos para que esos incentivos incorporen el tema ambiental en forma muy importante y queremos también potenciar mucho el servicio de pago por servicios ambientales.
“Lo que se logra es que haya una solución basada en la naturaleza que sea compensada realmente, que se puede pagar ese servicio. Puede apoyar al bosque, o algún humedal, o la selva, manglar. Esa protección, digamos de ese recurso le rinda frutos económicos a la población que lo logra proteger”, dijo la secretaria.
* Con información de Miguel Gallardo / Diario de Querétaro; Noé Álvarez Pascual / El Sol de Toluca; El Sol de San Luis, El Sol de Tampico y El Sol de Zacatecas.** El 9 de enero de 2025, el Inegi dio a conocer la actualización del valor diario de la UMA en 113.14 pesos mexicanos.
El desacato judicial de Valenzuela no solo compromete su cargo, sino que exhibe la falta de control institucional de la gobernadora sobre su propio fiscal anticorrupción.
Un nuevo foco de tensión institucional se ha desatado entre la Fiscalía General de la República, a través de su recién nombrado Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, y la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín.
La disputa se centra en la entrega de la carpeta de investigación vinculada a presuntos actos de corrupción contra el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.
Implicaciones legales y políticas: El choque entre ambas fiscalías no solo tiene aristas jurídicas, sino también políticas.
El affaire ha generado cuestionamientos sobre la independencia de las instituciones judiciales y la posible politización de las indagatorias.
Para algunos analistas, la reticencia del fiscal estatal de Chihuahua a entregar la carpeta podría derivar no solo de interpretaciones legales, sino también en hacerse acreedor a sanciones de alto impacto, que irían desde multas, arresto o incluso el riesgo de ser destituido de su encargo, por desacato judicial.
Las decisiones de los tribunales en relación con la atracción del caso deberán ser observadas con atención, pues podrían sentar precedentes sobre la coordinación y límites competenciales entre autoridades estatales y la Fiscalía General de la República en investigaciones por corrupción.
Pero también, en el foco de una administración panista cubierta de opacidad y despilfarro por parte de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
Al momento de esta publicación, la carpeta de investigación permanece bajo controversia entre la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y la FGR, mientras se esperan resoluciones legales y posibles sanciones contra Valenzuela Holguín por desacato y un sin número de anomalías presentadas en la investigación de la Fiscalía de Chihuahua.
La disputa: Según fuentes del caso, radicadas en Chihuahua, un Tribunal Colegiado de Circuito otorgó la atracción de la carpeta de investigación.
La atracción implica que la Fiscalía General de la República tendría la facultad de asumir la investigación del expediente por posibles vicios y elementos que podrían comprometer la legalidad y objetividad de las actuaciones locales.
Ha sido reiterado en denuncias en medios de la CDMX la fabricación de testigos, la manipulación de testigos y acusaciones sin sustento de las que la Fiscalía a cargo de Valenzuela Holguín ha sido evidenciado.
Sin embargo, Abelardo Valenzuela Holguín se ha negado a entregar la carpeta, pasando por encima de autoridades Federales.
Contexto institucional: Recientemente, Ulises Lara López fue designado por la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, como Titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, lo que lo coloca como actor clave en la disputa por la atracción de la carpeta investigativa.
Este nombramiento es estratégico dentro de la FGR, pues tiene a su cargo la atención de casos de alta complejidad y relevancia nacional, así como la resolución de controversias competenciales entre fiscalías especializadas federales.
La posición a Valenzuela Holguín parece no importarle, ya que ha mostrado una cerrazón total, aun bajo al mandato judicial de la Federación.
Un Tribunal Colegiado determinó que el proceso promovido por la Fiscalía Anticorrupción local contra Javier Corral carece de garantías mínimas de legalidad. La justicia federal otorgó a la Fiscalía General de la República la facultad de atracción tras advertir irregularidades graves en un expediente impulsado desde el gobierno estatal.
Un Tribunal federal ordenó a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y a un Juez de Control desistirse del presunto caso de peculado contra Javier Corral y remitir los expedientes a la Fiscalía General de la República, que solicitó la facultad de atracción.
La resolución permitirá que las autoridades federales analicen las pruebas y alegatos de las partes para resolver conforme a Derecho, lo cual no sucedió en el ámbito local.
El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, fabricó un caso de supuesto pueculado en contra de Javier Corral, por instrucciones de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, con relación al refinanciamiento de la deuda pública en 2019.
El despacho Schütte y Delsol Abogados, que lleva la defensa jurídica del senador Javier Corral, emitió el siguiente comunicado para informar de la situación del caso:
En relación con la persecución política del Senador Javier Corral, informamos que el día de hoy, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025, declarando la competencia del fuero federal para conocer del supuesto delito de peculado imputado a Javier Corral y otros.
Esto ocurrió después de que esta defensa solicitara a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer su facultad de atracción en el asunto.
La solicitud se sustentó en diversos y sólidos fundamentos legales, pero sobre todo, en que los fines constitucionales del proceso penal, y los derechos de las víctimas y la sociedad a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño, no se iban a cumplir en Chihuahua, en donde ni siquiera se había permitido a los imputados presentar pruebas y argumentos.
La competencia federal se buscó para tener un tribunal que los escuche, para que una autoridad les permita defenderse, y para que el asunto se resuelva conforme a Derecho.
La FGR determinó ejercer la facultad de atracción y dos jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación también consideraron que la competencia era federal.
Después de muchas horas de audiencias, alegatos y pruebas de las partes, se ordenó a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y al Juez de Control local desistirse del conocimiento del asunto y remitir los expedientes.
Hoy el Tribunal Colegiado confirma este criterio.
Ahora las autoridades federales estarán en condiciones de analizar las pruebas y alegatos de las partes para resolver conforme a Derecho.
Confiamos en que constatarán la absoluta inocencia de Javier Corral frente a las injustas acusaciones de las autoridades de Chihuahua, y que esto será también la base para desenmascarar la brutal fabricación de un delito a quien encabezó uno de los mayores esfuerzos en el país en contra de la corrupción política, como lo hemos denunciado ante la propia FGR, que al día de hoy investiga las múltiples violaciones legales y de derechos humanos cometidas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y otros funcionarios estatales.
El caso vuelve a poner en entredicho el uso político del sistema de justicia en Chihuahua.
La denuncia señala un patrón de persecución impulsado desde el poder estatal.
El titular del despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C., declaró que “desde la Fiscalía estatal (Anticorrupción) le han presionado para acusar al exgobernador Corral de algún delito a cambio de dejarle en paz”, publicó El País.
El despacho prestó los servicios para el refinanciamiento de la deuda pública entre 2019 y 2020 y su titular, José López Elías, fue acusado del delito de peculado, aunque no es ni ha sido servidor público, bajo el argumento de no haber realizado el servicio contratado con recursos federales a través de un fideicomiso.
“En octubre de 2024, un despacho de Chihuahua, a través de sus abogados, me dice que la Fiscalía me está ofreciendo que yo los apoyara, que me declarara testigo protegido y que declarara contra el exgobernador; me dijeron que les diera en un sobre mi declaración, porque ellos querían ver qué iba a decir en contra de él”, relató el empresario en una entrevista telefónica con el periodista Zedryk Raziel.
“Les dije: perdón, yo no tengo nada que declarar contra él, no lo conozco, no tengo tratos con él”, dijo.
López Elías dijo a El País que las autoridades de Chihuahua no le permiten comparecer al juicio a distancia.
“Me siguen presionando para que yo me presente ante el juez de control. En el fondo, lo que quieren es seguirme presionando para obligarme a declarar en contra de los exfuncionarios del Estado”, dijo López Elías al periódico.
El empresario se considera a sí mismo un “daño colateral” de la revancha política de Campos contra Corral, de acuerdo con el texto de Zedryk Raziel.
“Soy una piedra en el zapato. No les interesa que yo les aporte las pruebas, porque verían que no hay delito”, de acuerdo con el reportaje.
Por qué es importante: El reportaje de El País exhibe la componenda del gobierno de María Eugenia Campos Galván y autoridades como el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, en la persecución política y fabricación de un delito contra Javier Corral.
El empresario José López Elías, junto con el ex secretario de Hacienda, Arturo Fuentez Vélez y el ex gobernador Javier Corral, fueron acusados a partir de la manipulación de una auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado.
El Auditor, Héctor Acosta Félix, realizó una primera auditoría en el proceso de refinanciamiento de la deuda pública en 2019 y no encontró ninguna irregularidad, pero por consigna de la gobernadora Campos Galván, practicó una segunda en la que supuestamente detectó que no se prestó el servicio por parte del despacho, al que se le pagaron 98.6 millones de pesos.
Contexto: El reportaje de El País también excibe el desacato en el que incurre las autoridades de Chihuahua, después de que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025, declarando la competencia del fuero federal para conocer del supuesto delito de peculado imputado a Javier Corral.
“El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, ha adelantado que no remitirá la carpeta de investigación a la FGR porque, asegura, la resolución judicial no le obliga a ello”, publicó El País.
La defensa de Corral, encabezada por el abogado Javier Schütte, sostiene que la negativa de Valenzuela “es un desacato anunciado que podría tener consecuencias penales”.
“Nos parece que pudiera obedecer a que esos expedientes que se niega a enviar, lejos de contener pruebas sobre el supuesto delito imputado, son más bien las pruebas de la fabricación de la que son culpables los funcionarios de Chihuahua, las pruebas de los delitos que ellos cometieron”, dijo a Zedryk Raziel en una entrevista.
