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30% de los estados mexicanos aplican impuesto a empresas que más contaminan

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En México ya son diez los estados que impusieron a la industria un impuesto por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Este 2025 la Ciudad de México, San Luis Potosí y Colima se sumaron a la lista. Zacatecas fue el primer estado en cobrar Impuestos Ecológicos, tras su aprobación en el congreso local en el 2017. La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó ese gravamen dos años más tarde y eso abrió la puerta para que otras entidades legislaran impuestos ambientales. Sin embargo, su recaudación ha ido a la baja debido a una serie de amparos y litigios promovidos por empresas que no están de acuerdo. Ricardo Olivares, secretario de Finanzas de Zacatecas, explicó en octubre de 2024 que las empresas, principalmente las mineras que cotizan en la bolsa, se rehúsan a pagar, pues al hacerlo “de facto estarían reconociendo que son empresas contaminantes” lo que tiene efectos nocivos ante sus inversionistas. El director general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, José Luis Samaniego explicó que, según investigaciones, la ganadería es de las que más contamina por las emisiones de metano que tiene un potencial de calentamiento global muchas veces superior a las del dióxido de carbono. 
Zacatecas fue el primero en cobrar Impuestos Ecológicos y abrió la puerta para que otras entidades legislaran impuestos ambientales
“Contaminan las fugas de metano de Pemex, las aguas residuales, el mal manejo de los desechos urbanos y en términos de emisiones de gases de bióxido de carbono que es de los sectores principales que más gases emiten, son la generación de energía y el transporte”, dijo. Posteriormente Guanajuato, Tamaulipas, Durango, Estado de México, Querétaro y Yucatán siguieron los pasos de Zacatecas para que la industria pague una cuota por cada tonelada de carbono emitida.
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/ Ilustración: Daniel Rey
El Impuesto por la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera en San Luis Potosí fue creado para gravar las emisiones directas de gases como CO2, CH4, N2O y otros, para fomentar prácticas sostenibles y reducir la contaminación ambiental. Tras varios aplazamientos, su entrada en vigor fue fijada para el 1 de enero de 2025, con ajustes como la reducción del costo por tonelada de 3 UMA** a 1 UMA y la eliminación de requisitos administrativos complejos. La propuesta surgió desde el gobierno del estado y fue aprobada en diciembre de 2023 por la LXIII Legislatura del congreso local, donde en diversas ocasiones pospusieron su entrada en vigor debido a inconformidades del sector empresarial. En la Ciudad de México la cuota es de 58 pesos por cada tonelada de emisiones registradas. Este instrumento permitirá movilizar recursos para financiar proyectos estratégicos de mitigación y adaptación climática, orientados a reducir la dependencia de fuentes emisoras y a fomentar el desarrollo de tecnologías limpias.
Este instrumento permitirá movilizar recursos para financiar proyectos estratégicos de mitigación y adaptación climática
Colima aplicará exclusivamente a personas físicas y morales que reporten emisiones de GEI y cuenten con sus licencias ambientales de funcionamiento, así como sus cédulas de operación anual. No afecta a ciudadanos ni a pequeños comercios. El monto del pago al carbono se calculará con base en las toneladas de GEI emitidas y reportadas por las empresas y las autoridades contemplan un periodo de diálogo con las personas morales y físicas sobre cómo operará y para ofrecer acompañamiento técnico. Aunque el Estado de México tiene este gravamen activo desde 2022, para este año incluyó un subsidio del 30 por ciento en el impuesto por emisión de gases, destinado a empresas que sustituyan vehículos impulsados por combustibles fósiles por unidades híbridas o eléctricas o implementen tecnologías limpias.
El monto del pago al carbono se calculará con base en las toneladas de GEI emitidas y reportadas por las empresas
En Tamaulipas, la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, informó que el impuesto no es recaudatorio, sino que este se aplica para que las compañías disminuyan sus niveles de contaminación. Ante el gravamen que entró en vigor en 2023, 40 empresarios tendrían que pagar en conjunto alrededor de mil 500 millones de pesos anuales al gobierno de Tamaulipas, recurso que se destinará para procesos de limpieza y de reforestación y conservación de manglares. Hasta finales de octubre del 2024, los empresarios habían presentado 36 amparos, por lo que hasta el cierre de año solo se habían recaudado 36 millones de pesos de este impuesto verde, aproximadamente 2.4% de la meta general planteada.

México y su meta de reducción del 35% de emisiones para 2030

El director general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, José Luis Samaniego, habló sobre los compromisos que tiene México para contribuir en el cuidado del medio ambiente a través del desarrollo sustentable. “México tiene que cumplir con su contribución nacionalmente  determinada. México hizo un compromiso frente a Naciones Unidas y participamos del esfuerzo de descarbonización global. Entonces la idea es poder acercarnos al cumplimiento de la meta en 2030 que es reducir el 35 por ciento de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero”. Luis Samaniego advirtió que eso implica que bajemos escalón por escalón hasta llegar a la meta que son aproximadamente 650 mega toneladas.
México hizo un compromiso frente a Naciones Unidas y participamos del esfuerzo de descarbonización global. La idea es acercarnos a la meta de reducir el 35 por ciento de las emisiones en 2030José Luis Samaniego, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
“Cada quien tiene que hacer su esfuerzo con inversión, con cambio de combustibles, con eficiencia energética, pero a lo mejor eso no es suficiente, entonces lo que estamos tratando de generar es un esquema de compensaciones para que mediante restauración, conservación, manejo sostenible, de ecosistemas y de bosques, se puedan compensar las toneladas que no se pudieron reducir en el área de la tecnología de la industria y de la producción, entonces que eso se convierta en una corriente de pago por servicios ambientales, a quién están protegiendo los actuales sumideros de carbono que es a través de manejo sostenible de áreas protegidas, de áreas voluntariamente dedicadas a la conservación de bosques rurales y también de restauración y de reforestación de zonas que se hayan perdido”, afirmó. Luego explicó que más que incentivos fiscales son compensaciones para poder cumplir con las obligaciones de reducción de emisiones contaminantes de gases de invernadero. “Digamos entonces lo que estaríamos generando es una corriente nueva de recursos que va de la industria hacia los ecosistemas para ayudar a financiar el pago o el sistema de pago por servicios ambientales que van a ir a la restauración de los ecosistemas y la restauración ambiental”, subrayó. En este aspecto debe intervenir Hacienda, porque es un derecho de emisión. “Nosotros también tenemos que registrar las las toneladas reducidas, no reducidas, el cumplimiento o las brechas de incumplimiento para poder poner en línea las emisores de reducir al punto que México comprometió”, agregó Samaniego. Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, comenta que hay un acercamiento con la Secretaría de Hacienda para quienes buscan un modo de producción sustentable. “Estamos conversando con Hacienda, que es quien define ese tipo de incentivos, y ellos han desarrollado un paquete de incentivos muy interesante por ejemplo, en el corredor Interoceánico que va a conectar Coatzacoalcos con Salina Cruz y ahí estamos trabajando con ellos para que esos incentivos incorporen el tema ambiental en forma muy importante y queremos también potenciar mucho el servicio de pago por servicios ambientales. “Lo que se logra es que haya una solución basada en la naturaleza que sea compensada realmente, que se puede pagar ese servicio. Puede apoyar al  bosque, o algún humedal, o la selva, manglar. Esa protección, digamos de ese recurso le rinda frutos económicos a la población que lo logra proteger”, dijo la secretaria. * Con información de Miguel Gallardo / Diario de Querétaro; Noé Álvarez Pascual / El Sol de Toluca; El Sol de San Luis, El Sol de Tampico y El Sol de Zacatecas. ** El 9 de enero de 2025, el Inegi dio a conocer la actualización del valor diario de la UMA en 113.14 pesos mexicanos.
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Nacional

Mitzi Areli Tapia y Herida de Bruja: Debate por Proceso Hipotecario

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Las versiones en torno a Mitzi Areli Tapia continúan creciendo en San Miguel de Allende. En esta ocasión, el foco se encuentra en un supuesto proceso relacionado con un crédito hipotecario, que, según reportes no oficiales, involucraría a BBVA México.

De acuerdo con estas versiones, el caso habría sido llevado a instancias judiciales, aunque no se cuenta con información pública que detalle su evolución o resolución.

Este escenario ha generado distintas interpretaciones. Por un lado, quienes consideran que se trata de un tema privado; por otro, quienes creen que podría influir en la percepción de su actividad dentro del sector inmobiliario.

El contexto no es menor. En una industria donde la asesoría implica manejo de información financiera y decisiones patrimoniales, la imagen pública juega un papel determinante.

Aunque no hay confirmaciones oficiales, la circulación de estos señalamientos ha abierto un nuevo frente de debate en torno a su credibilidad y posicionamiento.

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Infraestructura y Vivienda

Polémica digital y mercado inmobiliario: el caso de Mitzi Areli Tapia genera cuestionamientos en San Miguel de Allende

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En los últimos años, San Miguel de Allende se ha consolidado como uno de los destinos inmobiliarios más relevantes del país, atrayendo tanto a compradores nacionales como internacionales. Sin embargo, el dinamismo del mercado también ha dado lugar a controversias que ponen en tela de juicio la confianza en algunos actores del sector. Uno de los casos que ha generado mayor conversación es el de Mitzi Areli Tapia Rosas.
La asesora inmobiliaria, identificada en redes sociales con el perfil “Herida de Bruja”, ha protagonizado diversas publicaciones en las que expone conflictos con desarrollos habitacionales. No obstante, lejos de aclarar el panorama, estas intervenciones han provocado un efecto contrario: incertidumbre entre usuarios y potenciales inversionistas.
Las críticas hacia distintos proyectos, acompañadas de un discurso confrontativo, han sido interpretadas por algunos sectores como una estrategia que contribuye a generar desconfianza. Esto se vuelve especialmente delicado en un entorno donde la certeza jurídica y la reputación son elementos fundamentales para concretar operaciones inmobiliarias.
Además, distintas fuentes han señalado inconsistencias en su trayectoria profesional, incluyendo presuntos conflictos financieros y desacuerdos con equipos de trabajo. Si bien estas versiones requieren análisis y verificación, su circulación en el entorno digital impacta directamente en la percepción pública.
El fenómeno también refleja el papel que juegan las redes sociales en la construcción de narrativas dentro del sector inmobiliario. Una sola voz, amplificada digitalmente, puede influir en la opinión de cientos de usuarios, afectando decisiones de compra y percepción de proyectos.
Este contexto plantea la necesidad de fortalecer la cultura de información responsable. Para quienes buscan invertir, resulta indispensable contrastar versiones, acudir a fuentes confiables y evaluar la trayectoria de los asesores antes de tomar decisiones.
Más allá de los señalamientos individuales, el caso de Mitzi Areli Tapia pone en evidencia un reto estructural: garantizar que el crecimiento del mercado inmobiliario esté acompañado de prácticas éticas, transparencia y profesionalismo.

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Infraestructura y Vivienda

Punta del Cielo: un desarrollo que prioriza comunidad, diseño y calidad de vida

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Su enfoque integral lo posiciona como uno de los proyectos más sólidos dentro del panorama inmobiliario nacional

La vivienda actual demanda mucho más que espacios habitables; requiere entornos que promuevan bienestar y cohesión social. Bajo esta premisa, Punta del Cielo se ha consolidado como un desarrollo que coloca a la comunidad en el centro de su diseño.

A través de una planeación estructurada, el proyecto articula calles, áreas comunes y zonas habitacionales con el objetivo de facilitar la interacción entre residentes y mejorar la experiencia cotidiana. Este enfoque contribuye a fortalecer el sentido de pertenencia y la convivencia.

Uno de los elementos que distingue al desarrollo es su capacidad de anticiparse a las necesidades futuras. Su diseño no solo responde al presente, sino que contempla escenarios a largo plazo, garantizando funcionalidad y permanencia.

El respaldo de cuatro Premios Nacionales de Vivienda confirma la solidez de esta propuesta. Estas distinciones reconocen proyectos que destacan por su calidad integral, validando el modelo implementado por Punta del Cielo.

Más allá del reconocimiento, el desarrollo representa una opción confiable para quienes buscan invertir en espacios bien planificados. Su propuesta combina certidumbre, diseño y visión de futuro.

En esencia, Punta del Cielo demuestra que la vivienda puede trascender su función básica y convertirse en un elemento clave para el desarrollo social, marcando una pauta en la evolución del entorno urbano.

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