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30% de los estados mexicanos aplican impuesto a empresas que más contaminan

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En México ya son diez los estados que impusieron a la industria un impuesto por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Este 2025 la Ciudad de México, San Luis Potosí y Colima se sumaron a la lista. Zacatecas fue el primer estado en cobrar Impuestos Ecológicos, tras su aprobación en el congreso local en el 2017. La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó ese gravamen dos años más tarde y eso abrió la puerta para que otras entidades legislaran impuestos ambientales. Sin embargo, su recaudación ha ido a la baja debido a una serie de amparos y litigios promovidos por empresas que no están de acuerdo. Ricardo Olivares, secretario de Finanzas de Zacatecas, explicó en octubre de 2024 que las empresas, principalmente las mineras que cotizan en la bolsa, se rehúsan a pagar, pues al hacerlo “de facto estarían reconociendo que son empresas contaminantes” lo que tiene efectos nocivos ante sus inversionistas. El director general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, José Luis Samaniego explicó que, según investigaciones, la ganadería es de las que más contamina por las emisiones de metano que tiene un potencial de calentamiento global muchas veces superior a las del dióxido de carbono. 
Zacatecas fue el primero en cobrar Impuestos Ecológicos y abrió la puerta para que otras entidades legislaran impuestos ambientales
“Contaminan las fugas de metano de Pemex, las aguas residuales, el mal manejo de los desechos urbanos y en términos de emisiones de gases de bióxido de carbono que es de los sectores principales que más gases emiten, son la generación de energía y el transporte”, dijo. Posteriormente Guanajuato, Tamaulipas, Durango, Estado de México, Querétaro y Yucatán siguieron los pasos de Zacatecas para que la industria pague una cuota por cada tonelada de carbono emitida.
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/ Ilustración: Daniel Rey
El Impuesto por la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera en San Luis Potosí fue creado para gravar las emisiones directas de gases como CO2, CH4, N2O y otros, para fomentar prácticas sostenibles y reducir la contaminación ambiental. Tras varios aplazamientos, su entrada en vigor fue fijada para el 1 de enero de 2025, con ajustes como la reducción del costo por tonelada de 3 UMA** a 1 UMA y la eliminación de requisitos administrativos complejos. La propuesta surgió desde el gobierno del estado y fue aprobada en diciembre de 2023 por la LXIII Legislatura del congreso local, donde en diversas ocasiones pospusieron su entrada en vigor debido a inconformidades del sector empresarial. En la Ciudad de México la cuota es de 58 pesos por cada tonelada de emisiones registradas. Este instrumento permitirá movilizar recursos para financiar proyectos estratégicos de mitigación y adaptación climática, orientados a reducir la dependencia de fuentes emisoras y a fomentar el desarrollo de tecnologías limpias.
Este instrumento permitirá movilizar recursos para financiar proyectos estratégicos de mitigación y adaptación climática
Colima aplicará exclusivamente a personas físicas y morales que reporten emisiones de GEI y cuenten con sus licencias ambientales de funcionamiento, así como sus cédulas de operación anual. No afecta a ciudadanos ni a pequeños comercios. El monto del pago al carbono se calculará con base en las toneladas de GEI emitidas y reportadas por las empresas y las autoridades contemplan un periodo de diálogo con las personas morales y físicas sobre cómo operará y para ofrecer acompañamiento técnico. Aunque el Estado de México tiene este gravamen activo desde 2022, para este año incluyó un subsidio del 30 por ciento en el impuesto por emisión de gases, destinado a empresas que sustituyan vehículos impulsados por combustibles fósiles por unidades híbridas o eléctricas o implementen tecnologías limpias.
El monto del pago al carbono se calculará con base en las toneladas de GEI emitidas y reportadas por las empresas
En Tamaulipas, la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, informó que el impuesto no es recaudatorio, sino que este se aplica para que las compañías disminuyan sus niveles de contaminación. Ante el gravamen que entró en vigor en 2023, 40 empresarios tendrían que pagar en conjunto alrededor de mil 500 millones de pesos anuales al gobierno de Tamaulipas, recurso que se destinará para procesos de limpieza y de reforestación y conservación de manglares. Hasta finales de octubre del 2024, los empresarios habían presentado 36 amparos, por lo que hasta el cierre de año solo se habían recaudado 36 millones de pesos de este impuesto verde, aproximadamente 2.4% de la meta general planteada.

México y su meta de reducción del 35% de emisiones para 2030

El director general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, José Luis Samaniego, habló sobre los compromisos que tiene México para contribuir en el cuidado del medio ambiente a través del desarrollo sustentable. “México tiene que cumplir con su contribución nacionalmente  determinada. México hizo un compromiso frente a Naciones Unidas y participamos del esfuerzo de descarbonización global. Entonces la idea es poder acercarnos al cumplimiento de la meta en 2030 que es reducir el 35 por ciento de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero”. Luis Samaniego advirtió que eso implica que bajemos escalón por escalón hasta llegar a la meta que son aproximadamente 650 mega toneladas.
México hizo un compromiso frente a Naciones Unidas y participamos del esfuerzo de descarbonización global. La idea es acercarnos a la meta de reducir el 35 por ciento de las emisiones en 2030José Luis Samaniego, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
“Cada quien tiene que hacer su esfuerzo con inversión, con cambio de combustibles, con eficiencia energética, pero a lo mejor eso no es suficiente, entonces lo que estamos tratando de generar es un esquema de compensaciones para que mediante restauración, conservación, manejo sostenible, de ecosistemas y de bosques, se puedan compensar las toneladas que no se pudieron reducir en el área de la tecnología de la industria y de la producción, entonces que eso se convierta en una corriente de pago por servicios ambientales, a quién están protegiendo los actuales sumideros de carbono que es a través de manejo sostenible de áreas protegidas, de áreas voluntariamente dedicadas a la conservación de bosques rurales y también de restauración y de reforestación de zonas que se hayan perdido”, afirmó. Luego explicó que más que incentivos fiscales son compensaciones para poder cumplir con las obligaciones de reducción de emisiones contaminantes de gases de invernadero. “Digamos entonces lo que estaríamos generando es una corriente nueva de recursos que va de la industria hacia los ecosistemas para ayudar a financiar el pago o el sistema de pago por servicios ambientales que van a ir a la restauración de los ecosistemas y la restauración ambiental”, subrayó. En este aspecto debe intervenir Hacienda, porque es un derecho de emisión. “Nosotros también tenemos que registrar las las toneladas reducidas, no reducidas, el cumplimiento o las brechas de incumplimiento para poder poner en línea las emisores de reducir al punto que México comprometió”, agregó Samaniego. Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, comenta que hay un acercamiento con la Secretaría de Hacienda para quienes buscan un modo de producción sustentable. “Estamos conversando con Hacienda, que es quien define ese tipo de incentivos, y ellos han desarrollado un paquete de incentivos muy interesante por ejemplo, en el corredor Interoceánico que va a conectar Coatzacoalcos con Salina Cruz y ahí estamos trabajando con ellos para que esos incentivos incorporen el tema ambiental en forma muy importante y queremos también potenciar mucho el servicio de pago por servicios ambientales. “Lo que se logra es que haya una solución basada en la naturaleza que sea compensada realmente, que se puede pagar ese servicio. Puede apoyar al  bosque, o algún humedal, o la selva, manglar. Esa protección, digamos de ese recurso le rinda frutos económicos a la población que lo logra proteger”, dijo la secretaria. * Con información de Miguel Gallardo / Diario de Querétaro; Noé Álvarez Pascual / El Sol de Toluca; El Sol de San Luis, El Sol de Tampico y El Sol de Zacatecas. ** El 9 de enero de 2025, el Inegi dio a conocer la actualización del valor diario de la UMA en 113.14 pesos mexicanos.
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Justicia

“Queremos cuentas claras”: empleados del Monte de Piedad piden investigar a Arturo Zayún

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“Queremos cuentas claras”: empleados del Monte de Piedad piden investigar a Arturo Zayún

El conflicto en el Nacional Monte de Piedad ha dejado de ser una disputa laboral. Hoy, el foco está en la figura de Arturo Zayún González, secretario general del sindicato titular del contrato colectivo, señalado por presunto enriquecimiento millonario mientras miles de trabajadores siguen sin salario por la huelga que él mismo promovió.

 

De acuerdo con investigaciones periodísticas, Zayún habría adquirido seis propiedades en los últimos años —de San Luis Potosí a Playa del Carmen— con valores subdeclarados y operaciones notariales que despiertan sospechas. A eso se suman ingresos no comprobados por la renta de un deportivo sindical en la capital del país.

 

El dirigente exige a la institución “transparencia” y “respeto a los derechos laborales”, pero se niega a mostrar los estados financieros del sindicato. Las cuotas de los trabajadores, denuncian los propios agremiados, se manejan sin control, sin auditorías y sin reportes públicos.

 

“Pide rendición de cuentas, pero no da ninguna. Los trabajadores merecen saber en qué se gasta su dinero”, expresó un miembro del Monte.

 

Zayún no ha respondido. El silencio se convierte en un escudo, pero también en evidencia. Mientras la huelga mantiene paralizadas más de 300 sucursales y deja a miles de familias sin ingresos, crece la sensación de que el sindicalismo que prometía renovación terminó repitiendo las viejas fórmulas de poder, discrecionalidad y beneficio personal.

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Justicia

Trabajadores de 16 estados se suman al Sindicato Independiente del Monte de Piedad

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Trabajadores de 16 estados se suman al Sindicato Independiente del Monte de Piedad

El conflicto laboral en el Nacional Monte de Piedad ha derivado en una fractura cada vez más visible dentro del sindicato que encabeza Arturo Zayún. El descontento por la falta de resultados y por la duración del paro ha llevado a un número importante de trabajadores a abandonar la organización tradicional y afiliarse al Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad (SITNMP).

La Secretaria General Alma Delia Villalpando Rosales y el Secretario de Trabajo Gerardo Ríos informaron que en las últimas semanas se ha sumado un número creciente de colaboradores en Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas, Querétaro, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, entre otros estados.

Los sindicalistas coincidieron en señalar que el movimiento independiente se ha fortalecido gracias a las acciones de transparencia y apertura en el diálogo con la base trabajadora, pero sobre todo por el compromiso suscrito con sus agremiados para defender y hacer respetar sus derechos.

Villalpando subrayó que muchos trabajadores consideran que la huelga ya no representa sus intereses y que las familias han sido las principales afectadas por la falta de ingresos y de certidumbre. “El Sindicato Independiente busca reconstruir la confianza desde el trabajo y el diálogo, no desde la confrontación”, expresó.

Ríos añadió que el SITNMP participa como tercero interesado ante el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos, lo que le permite acompañar el proceso, mantenerse informado y evitar que la base laboral dependa únicamente de la versión del sindicato tradicional.

El fortalecimiento del Sindicato Independiente en distintas regiones del país refleja una tendencia clara: los trabajadores del Monte de Piedad están buscando nuevas formas de representación que prioricen la estabilidad y la participación responsable.

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Justicia

Trabajadores del Monte de Piedad llaman a poner fin al conflicto sindical por intereses políticos

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Trabajadores del Monte de Piedad llaman a poner fin al conflicto sindical por intereses políticos

Los empleados piden a las autoridades laborales intervenir ante un paro que responde más a cálculos políticos que a causas justas.

El conflicto en el Nacional Monte de Piedad expone las viejas prácticas del sindicalismo corporativo mexicano en la figura del dirigente Arturo Zayún, quien se aferra a privilegios y mecanismos de control que durante décadas impidieron la competencia democrática y bloquearon la libertad sindical dentro de la institución. Consultados sobre su postura respecto al conflicto laboral del Monte, trabajadores afiliados al Sindicato Independiente dijeron no estar de acuerdo con la huelga y rechazaron su apoyo al paro que los ha puesto en indefensión y dificultad económica por la terquedad de quien negocia con la estabilidad de la base laboral. Cabe recordar que hasta hace pocos años, el sindicato tradicional y la administración funcionaban como una sola entidad, bajo un acuerdo tácito en el que la institución otorgaba todo lo que el gremio pedía a cambio de estabilidad. Ese esquema, caracterizado por la falta de transparencia, mantuvo el monopolio sindical y excluyó sistemáticamente a quienes intentaban organizarse de forma independiente, negándoles acceso a recursos, permisos y oportunidades laborales. Fue hasta 2018 cuando la creación del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad rompió con esa dinámica, aunque enfrentó represalias inmediatas. A los trabajadores afiliados al nuevo sindicato se les negaban vacantes, tiempo extra y derechos básicos. Esa discriminación derivó en un conflicto legal de seis años, que concluyó con el reconocimiento del Sindicato Independiente como organización minoritaria con plenos derechos laborales. El sindicato tradicional también controlaba procesos internos clave, como la asignación de vacantes, operando bajo criterios de favoritismo y afinidad personal. Este tipo de prácticas ilegales y arbitrarias permitieron durante años colocar a personas cercanas a la dirigencia, consolidando una red de poder político al interior del Monte de Piedad, en detrimento del mérito, la capacidad y la profesionalización que exige una institución moderna. La actual huelga no defiende los intereses reales de los trabajadores, sino los del liderazgo sindical. Muchos empleados han sido confundidos y manipulados con el discurso de que luchan por recuperar derechos perdidos, cuando en realidad el conflicto gira en torno a la intención del sindicato tradicional de retomar privilegios que ya no tienen cabida en el marco laboral vigente. El movimiento ha derivado en un daño profundo: miles de trabajadores permanecen sin actividad, los usuarios carecen de acceso a los servicios de la institución y una entidad con vocación filantrópica se encuentra paralizada por las ambiciones personales de un liderazgo sindical que se resiste a perder el control. Lejos de representar una causa justa, esta huelga refleja una lucha de poder que ignora el bienestar de los trabajadores y pone en riesgo la estabilidad de una de las instituciones más emblemáticas del país.
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