Cuál carrera judicial si el 50 por ciento de los que trabajan en el Poder Judicial son primos, hermanos, sobrinos, cuñados y demás (…) lo que queremos acabar es con esa corrupción”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum a la ministra Norma Piña, quien ayer consideró que con las elecciones para renovar el Poder Judicial “se sepultó” la trayectoria de jueces y magistrados.
En su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo federal criticó que en el Poder Judicial se defiende mucho la carrera judicial de jueces, ministros y magistrados pero al mismo tiempo se mantienen prácticas de nepotismo.
Sheinbaum Pardo agregó que la reforma judicial para renovar por voto todos los cargos del Poder Judicial ofreció la posibilidad de que los jueces, ministros y magistrados que actualmente se encuentran en funciones participen de manera directa en la contienda de las urnas.
Ayer, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, rindió su segundo informe de actividades, en donde reconoció que en su gestión al frente del Poder Judicial ha sido difícil defender la independencia judicial. En su discurso también lanzó críticas al nuevo modelo para elegir por voto a ministros, jueces y magistrados.
“Se necesitaba una reforma, pero no podíamos caer en la salida fácil; el contexto tan complejo que se vive en México no se lo merece, y mucho menos, sus consecuencias, insisto: hoy impredecibles. A mi juicio, ninguna falla justifica la eliminación, de tajo, de la carrera judicial”, dijo la ministra Norma Piña.
Piña Hernández señaló además que durante el sexenio anterior hubo amenazas hacia integrantes de la Judicatura Federal.
“Las coincidencias entre ataques y amenazas a la Judicatura federal, y a sus integrantes, y el legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional, se hicieron patentes cuando frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno se nos llamó traidores al pueblo y abiertamente se nos acusó de no ser parte”, criticó la ministra.
Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que “es falso que haya habido amenazas” y defendió las exposiciones de los fallos de jueces y ministros que se revelaban durante las conferencias mañaneras del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La mandataria federal rechazó también que las elecciones judiciales que se llevarán a cabo el 1 de junio de 2025 vayan a vulnerar la independencia judicial. Afirmó que el nuevo Poder Judicial va a tener autonomía porque será elegido por voto.
“Ahora la transformación llegó también al Poder Judicial por voluntad del pueblo de México”, consideró.
Tal como lo hizo en su toma de posesión como Presidenta el 1 de octubre pasado, Sheinbaum Pardo subrayó que si la intención de la 4T hubiera sido someter al Poder Judicial se habría propuesto una reforma al “estilo (Ernesto) Zedillo”, con la que se renovó la totalidad de ministros de la Suprema Corte.
En medio de la discusión del Paquete Económico 2025, en donde se contempla un recorte presupuestario al Poder Judicial, Claudia Sheinbaum aprovechó para señalar que “no vamos a afectar ningún derecho laboral de ningún trabajador”.
Esta misma mañana, el exministro Arturo Zaldívar, actual integrante del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo -órgano que filtrará las candidaturas de ministros, jueces y magistrados- detalló que en su comité llevan un avance de 84 por ciento en la revisión de los perfiles que cumplieron con los requisitos al inscribirse para contender en las elecciones judiciales.
Será el próximo 15 de diciembre cuando el Comité del Ejecutivo publique la lista de todos los aspirantes registrados que cumplieron los requisitos y sobre quienes se evaluará después la idoneidad, para luego ser elegidos al azar mediante una tómbola. Hasta el momento, de las personas inscritas desde el Poder Ejecutivo, suman 15 mil 533 que sí cumplieron los requisitos básicos.
El desacato judicial de Valenzuela no solo compromete su cargo, sino que exhibe la falta de control institucional de la gobernadora sobre su propio fiscal anticorrupción.
Un nuevo foco de tensión institucional se ha desatado entre la Fiscalía General de la República, a través de su recién nombrado Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, y la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín.
La disputa se centra en la entrega de la carpeta de investigación vinculada a presuntos actos de corrupción contra el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.
Implicaciones legales y políticas: El choque entre ambas fiscalías no solo tiene aristas jurídicas, sino también políticas.
El affaire ha generado cuestionamientos sobre la independencia de las instituciones judiciales y la posible politización de las indagatorias.
Para algunos analistas, la reticencia del fiscal estatal de Chihuahua a entregar la carpeta podría derivar no solo de interpretaciones legales, sino también en hacerse acreedor a sanciones de alto impacto, que irían desde multas, arresto o incluso el riesgo de ser destituido de su encargo, por desacato judicial.
Las decisiones de los tribunales en relación con la atracción del caso deberán ser observadas con atención, pues podrían sentar precedentes sobre la coordinación y límites competenciales entre autoridades estatales y la Fiscalía General de la República en investigaciones por corrupción.
Pero también, en el foco de una administración panista cubierta de opacidad y despilfarro por parte de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
Al momento de esta publicación, la carpeta de investigación permanece bajo controversia entre la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y la FGR, mientras se esperan resoluciones legales y posibles sanciones contra Valenzuela Holguín por desacato y un sin número de anomalías presentadas en la investigación de la Fiscalía de Chihuahua.
La disputa: Según fuentes del caso, radicadas en Chihuahua, un Tribunal Colegiado de Circuito otorgó la atracción de la carpeta de investigación.
La atracción implica que la Fiscalía General de la República tendría la facultad de asumir la investigación del expediente por posibles vicios y elementos que podrían comprometer la legalidad y objetividad de las actuaciones locales.
Ha sido reiterado en denuncias en medios de la CDMX la fabricación de testigos, la manipulación de testigos y acusaciones sin sustento de las que la Fiscalía a cargo de Valenzuela Holguín ha sido evidenciado.
Sin embargo, Abelardo Valenzuela Holguín se ha negado a entregar la carpeta, pasando por encima de autoridades Federales.
Contexto institucional: Recientemente, Ulises Lara López fue designado por la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, como Titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, lo que lo coloca como actor clave en la disputa por la atracción de la carpeta investigativa.
Este nombramiento es estratégico dentro de la FGR, pues tiene a su cargo la atención de casos de alta complejidad y relevancia nacional, así como la resolución de controversias competenciales entre fiscalías especializadas federales.
La posición a Valenzuela Holguín parece no importarle, ya que ha mostrado una cerrazón total, aun bajo al mandato judicial de la Federación.
Un Tribunal Colegiado determinó que el proceso promovido por la Fiscalía Anticorrupción local contra Javier Corral carece de garantías mínimas de legalidad. La justicia federal otorgó a la Fiscalía General de la República la facultad de atracción tras advertir irregularidades graves en un expediente impulsado desde el gobierno estatal.
Un Tribunal federal ordenó a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y a un Juez de Control desistirse del presunto caso de peculado contra Javier Corral y remitir los expedientes a la Fiscalía General de la República, que solicitó la facultad de atracción.
La resolución permitirá que las autoridades federales analicen las pruebas y alegatos de las partes para resolver conforme a Derecho, lo cual no sucedió en el ámbito local.
El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, fabricó un caso de supuesto pueculado en contra de Javier Corral, por instrucciones de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, con relación al refinanciamiento de la deuda pública en 2019.
El despacho Schütte y Delsol Abogados, que lleva la defensa jurídica del senador Javier Corral, emitió el siguiente comunicado para informar de la situación del caso:
En relación con la persecución política del Senador Javier Corral, informamos que el día de hoy, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025, declarando la competencia del fuero federal para conocer del supuesto delito de peculado imputado a Javier Corral y otros.
Esto ocurrió después de que esta defensa solicitara a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer su facultad de atracción en el asunto.
La solicitud se sustentó en diversos y sólidos fundamentos legales, pero sobre todo, en que los fines constitucionales del proceso penal, y los derechos de las víctimas y la sociedad a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño, no se iban a cumplir en Chihuahua, en donde ni siquiera se había permitido a los imputados presentar pruebas y argumentos.
La competencia federal se buscó para tener un tribunal que los escuche, para que una autoridad les permita defenderse, y para que el asunto se resuelva conforme a Derecho.
La FGR determinó ejercer la facultad de atracción y dos jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación también consideraron que la competencia era federal.
Después de muchas horas de audiencias, alegatos y pruebas de las partes, se ordenó a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y al Juez de Control local desistirse del conocimiento del asunto y remitir los expedientes.
Hoy el Tribunal Colegiado confirma este criterio.
Ahora las autoridades federales estarán en condiciones de analizar las pruebas y alegatos de las partes para resolver conforme a Derecho.
Confiamos en que constatarán la absoluta inocencia de Javier Corral frente a las injustas acusaciones de las autoridades de Chihuahua, y que esto será también la base para desenmascarar la brutal fabricación de un delito a quien encabezó uno de los mayores esfuerzos en el país en contra de la corrupción política, como lo hemos denunciado ante la propia FGR, que al día de hoy investiga las múltiples violaciones legales y de derechos humanos cometidas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y otros funcionarios estatales.
El caso vuelve a poner en entredicho el uso político del sistema de justicia en Chihuahua.
La denuncia señala un patrón de persecución impulsado desde el poder estatal.
El titular del despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C., declaró que “desde la Fiscalía estatal (Anticorrupción) le han presionado para acusar al exgobernador Corral de algún delito a cambio de dejarle en paz”, publicó El País.
El despacho prestó los servicios para el refinanciamiento de la deuda pública entre 2019 y 2020 y su titular, José López Elías, fue acusado del delito de peculado, aunque no es ni ha sido servidor público, bajo el argumento de no haber realizado el servicio contratado con recursos federales a través de un fideicomiso.
“En octubre de 2024, un despacho de Chihuahua, a través de sus abogados, me dice que la Fiscalía me está ofreciendo que yo los apoyara, que me declarara testigo protegido y que declarara contra el exgobernador; me dijeron que les diera en un sobre mi declaración, porque ellos querían ver qué iba a decir en contra de él”, relató el empresario en una entrevista telefónica con el periodista Zedryk Raziel.
“Les dije: perdón, yo no tengo nada que declarar contra él, no lo conozco, no tengo tratos con él”, dijo.
López Elías dijo a El País que las autoridades de Chihuahua no le permiten comparecer al juicio a distancia.
“Me siguen presionando para que yo me presente ante el juez de control. En el fondo, lo que quieren es seguirme presionando para obligarme a declarar en contra de los exfuncionarios del Estado”, dijo López Elías al periódico.
El empresario se considera a sí mismo un “daño colateral” de la revancha política de Campos contra Corral, de acuerdo con el texto de Zedryk Raziel.
“Soy una piedra en el zapato. No les interesa que yo les aporte las pruebas, porque verían que no hay delito”, de acuerdo con el reportaje.
Por qué es importante: El reportaje de El País exhibe la componenda del gobierno de María Eugenia Campos Galván y autoridades como el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, en la persecución política y fabricación de un delito contra Javier Corral.
El empresario José López Elías, junto con el ex secretario de Hacienda, Arturo Fuentez Vélez y el ex gobernador Javier Corral, fueron acusados a partir de la manipulación de una auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado.
El Auditor, Héctor Acosta Félix, realizó una primera auditoría en el proceso de refinanciamiento de la deuda pública en 2019 y no encontró ninguna irregularidad, pero por consigna de la gobernadora Campos Galván, practicó una segunda en la que supuestamente detectó que no se prestó el servicio por parte del despacho, al que se le pagaron 98.6 millones de pesos.
Contexto: El reportaje de El País también excibe el desacato en el que incurre las autoridades de Chihuahua, después de que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025, declarando la competencia del fuero federal para conocer del supuesto delito de peculado imputado a Javier Corral.
“El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, ha adelantado que no remitirá la carpeta de investigación a la FGR porque, asegura, la resolución judicial no le obliga a ello”, publicó El País.
La defensa de Corral, encabezada por el abogado Javier Schütte, sostiene que la negativa de Valenzuela “es un desacato anunciado que podría tener consecuencias penales”.
“Nos parece que pudiera obedecer a que esos expedientes que se niega a enviar, lejos de contener pruebas sobre el supuesto delito imputado, son más bien las pruebas de la fabricación de la que son culpables los funcionarios de Chihuahua, las pruebas de los delitos que ellos cometieron”, dijo a Zedryk Raziel en una entrevista.
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