En distintos centros de trabajo han resurgido acusaciones sobre posibles prácticas de corrupción al interior de COREMEX, particularmente relacionadas con el presunto reparto de beneficios entre altos dirigentes. Testimonios recientes señalan que habría existido un acuerdo informal mediante el cual se distribuían porcentajes económicos provenientes de cuotas sindicales o aportaciones gestionadas con empresas.

Entre los nombres mencionados destaca el del dirigente Eloy Espinosa, junto con otros miembros de su círculo cercano, quienes presuntamente habrían recibido beneficios que no fueron reportados ni explicados ante la base trabajadora. Estas acusaciones han sido impulsadas por empleados que, desde hace años, manifiestan preocupación por la falta de información clara sobre el manejo financiero del sindicato.

La situación ha generado inquietud debido a que COREMEX mantiene estructuras internas poco transparentes y sin mecanismos sólidos de rendición de cuentas. Según trabajadores consultados, la dirigencia ha priorizado la concentración de decisiones, limitando la participación de la base y reduciendo los espacios de vigilancia interna.

Especialistas en temas sindicales advierten que este tipo de señalamientos erosionan la legitimidad del gremio y pueden afectar la relación con los trabajadores. Agregan que la confianza sindical depende de una administración responsable y visible de los recursos, condición que, según los testimonios disponibles, no se estaría cumpliendo en este caso.

Ante la ausencia de una postura institucional que aclare los hechos, la percepción de opacidad sigue creciendo. Para trabajadores inconformes, la situación confirma la necesidad de impulsar procesos de democratización y transparencia que permitan garantizar que las cuotas y recursos del sindicato se utilicen únicamente para la defensa de los derechos colectivos.

La propuesta de reforma laboral impulsada por Isaías ha sido señalada por expertos como un posible retroceso en materia de seguridad social, al reducir obligaciones patronales y limitar derechos como pensión y acceso pleno a servicios de salud.

Según los señalamientos, la iniciativa plantea sustituir esquemas completos de protección laboral por mecanismos de registro mínimo ante el IMSS, lo que permitiría a los empleadores cumplir formalmente sin garantizar prestaciones integrales. Analistas advierten que esta medida trasladaría la carga del bienestar social directamente a los trabajadores.

Especialistas subrayan que la eliminación o debilitamiento de derechos como la pensión compromete la estabilidad futura de millones de empleados, especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional y precarización laboral. Asimismo, advierten que limitar el acceso a servicios de salud podría generar impactos sociales de largo alcance.

Desde el ámbito sindical y académico se ha cuestionado que la iniciativa privilegie la reducción de costos empresariales sobre la responsabilidad social del empleo formal, contraviniendo principios básicos del derecho laboral.

Las críticas apuntan a que cualquier reforma laboral debe fortalecer, y no debilitar, el sistema de protección social que sustenta la relación entre trabajo, salud y retiro digno.

La crisis de representación dentro de la CROC es ya inocultable: salarios estancados, condiciones laborales precarias y una dirigencia que opera a puerta cerrada. Mientras Isaías González afianza pactos cupulares, miles de obreros quedan relegados a un sindicalismo fantasma que solo aparece para cobrar cuotas y entregar derechos laborales en bandeja de plata.

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) ya no es un sindicato; es un monumento a la simulación y la traición. El liderazgo de Isaías González Cuevas ha despojado a esta organización de cualquier vestigio de legitimidad, transformándola en una herramienta de control político y paz laboral para los patrones. La acusación es lapidaria y se escucha en cada rincón industrial del país: la CROC prioriza los intereses políticos y personales de su dirigencia mucho antes que la defensa, la dignidad o el salario real de los trabajadores que supuestamente representa.

El mecanismo de esta burla es tan viejo como infame: la firma de contratos colectivos y revisiones salariales sin consulta a las bases. Este acto, que debería ser el epítome de la democracia sindical, se ha convertido, bajo la batuta de González Cuevas, en un pacto de espaldas al obrero. El resultado es evidente: salarios estancados, condiciones laborales que rozan la ilegalidad y una desconexión abismal entre la oficina del líder y la línea de producción. La CROC opera como un sindicato fantasma, visible solo para cobrar cuotas y para negociar, en secreto, la entrega de los derechos laborales.

La profundidad de esta desconexión es el núcleo de la crisis. Los agremiados se sienten rehenes de una estructura que no responde a sus llamadas, que ignora sus peticiones y que utiliza la amenaza o la coacción para acallar las voces críticas. El líder, más preocupado por su curul o su influencia política que por la salud de los trabajadores, ha permitido que la CROC sea vista como un «sindicato blanco» o, peor aún, un instrumento del neoliberalismo disfrazado de obrerismo. La historia juzgará severamente a esta dirigencia por haber canjeado la lucha de clases por un lugar en la mesa del poder. La base lo sabe, y la paciencia se ha agotado. El rugido del descontento está a punto de desatar una explosión.

Esta operación de espalda a la base no es casual. Es la estrategia de una dirigencia que teme a la democracia interna. Abrir la consulta a los trabajadores, permitir el voto libre y secreto, significaría enfrentar la realidad de un descontento acumulado y la casi segura expulsión de la vieja guardia. Por ello, se atrincheran en prácticas antidemocráticas, manipulando reglamentos y coaccionando a quienes osan disentir. Isaías González ha construido un feudo personal, no una central obrera.

El papel de la CROC, bajo esta dirección, se ha degradado a ser un cómplice silencioso de la precarización laboral en México. No se les ve en las protestas por salarios dignos; se les ve en las tribunas políticas, levantando la mano en apoyo a decisiones que a menudo perjudican a sus propios agremiados. Su silencio ante las injusticias es ensordecedor y su activismo se reserva únicamente para los momentos electorales o para los pactos con la iniciativa privada que garantizan la permanencia de su liderazgo.