La matanza del bar Cantaritos, el fin de semana, en Querétaro, ha sorprendido a México, todavía instalado en una noción superada, maniquea, la idea de que el crimen no está en casa, sino en la del vecino. Querétaro no aparece en la lista de prioridades en materia de seguridad del Gobierno federal. No había hecho falta. Los muertos, las balaceras, las bombas, la violencia vistosa, eran cosa de Guanajuato y Michoacán, estados colindantes. Se hablaba del crimen como un virus y de algunas regiones, caso de Querétaro, como resistentes o inmunizadas. Pero situaciones como la del sábado, cuando un grupo de sicarios disparó contra todos los asistentes de un bar, dejando diez muertos y otros tantos heridos, tumba el paradigma de los estados santuario.

No es que no haya ocurrido antes. Chiapas es quizá uno de los ejemplos más recientes. Morena y sus aliados, depositarios de un poder extraordinario a nivel federal y estatal, han defendido muchas veces que en las regiones que ellos controlan, la violencia ha disminuido. En los de la oposición, en cambio, ha sucedido lo contrario. Guanajuato, Jalisco o Baja California ilustran su argumento. Pero Chiapas, en manos del partido guinda desde 2018, estropea el dibujo. Desde 2021, el crimen batalla con una virulencia pocas veces vista en el Estado, al menos en un esquema en que grupos criminales organizados, aparentemente ajenos a la estructura gubernamental, protagonizan las embestidas. La explicación morenista queda corta por simplista, igual que la de las regiones inmunes a la violencia.

“Nunca hubo santuarios. Era un fabricación de las autoridades, eso de decir que en tal o cual estado no había presencia del crimen”, apunta David Saucedo, experto en las dinámicas del crimen, principalmente en el centro de México. “La diferencia”, señala el especialista, “es que si solo había un grupo, no había guerra, pero en cuanto hay más de uno, empiezan a disputarse todo”, señala. “En Chiapas”, continúa el experto, “siempre estuvo el Cartel de Sinaloa, en alianza con grupos locales. Con estas alianzas rotas, y la llegada del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la violencia aumenta”, añade. “En Querétaro, igual, había una pax narca, pero ya no. Y el elemento que cataliza el cambio es el CJNG”, zanja.

En realidad, el cambio es más profundo y trasciende a unas siglas u otras, a nombres de federaciones criminales y a la presunta verticalidad con la que funcionan. El hecho es que el crimen ha convertido el tejido económico-social de ciudades, pueblos y zonas rurales en el objeto de su rapiña. “Ya no es solo por el narcotráfico, es por el huachicol, por la obtención de contratos públicos, la extorsión, un montón de cosas”, dice Carlos Flores, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Así, la pelea por cualquier espacio es brutal. Los grupos criminales batallan por rutas de trasiego de drogas o migrantes, pero también por los mercados por los que pasan esas rutas, por concesiones de transporte público, yacimientos mineros, bosques susceptibles de talar…

La noche del 9 de noviembre, el bar Los Cantaritos, ubicado en pleno centro de la ciudad de Querétaro, fue escenario de un ataque armado que estaba dirigido contra un presunto integrante del crimen organizado.

“Iban por una persona”, fue la breve declaración que la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció respecto a los hechos en su mañanera del día 11.

En pocos segundos, cuatro sujetos arribaron al establecimiento, amagaron al personal de seguridad, ingresaron al lugar, descargaron varias ráfagas de disparos contra los presentes y huyeron sin complicación alguna.

Juan Luis Ferrusca, secretario de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, explicó en un primer informe oficial que la masacre fue perpetrada con armas largas. Durante el violento episodio fueron asesinadas 10 personas, identificadas como:

• Rodrigo García
• Giovanni Arellano
• Diego Tapia
• Carlos Gómez
• Jesús Alberto Arteaga
• Fátima Ramos
• Berenice López
• Angie Ascencio
• Arturo Velazco
• Fernando González Núñez

Las identidades de las víctimas fueron dadas a conocer en plataformas digitales por el medio Emergente Querétaro a manera de homenaje.

(Foto: X@IroniaLD)

Según fuentes citadas por Milenio, Fernando González Núñez era conocido con el alias de ‘La Flaca’. Presumiblemente, había compartido en redes sociales varias fotografías y publicaciones que sugerían su posible vinculación al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La información compartida por Rubén Mosso y Estrella Álvarez señala que ‘La Flaca’ estaba relacionado con actividades de huachicoleo en Querétaro y en el pasado mes de agosto habría lanzado una oferta en redes sociales para reclutar sicarios. Hasta la mañana del 11 de noviembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha brindado un comunicado público referente a estos datos.

En su cuenta oficial de X, el alcalde Felipe Fernando Macías calificó este suceso como un “ataque dirigido a delincuentes” y aseguró que “es derivado de la violencia que se vive a nivel nacional”.

Por su parte, el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, informó el inicio de acciones de coordinación con Omar García Harfuch (secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal) para esclarecer lo ocurrido. “Reitero mi llamado para despolitizar el tema de la inseguridad y emprender una genuina cooperación en beneficio de México”, escribió en un mensaje en la misma red social.

Después del ataque, los agresores abandonaron e incendiaron su camioneta en el municipio de El Marqués. Posteriormente, autoridades estatales y federales confirmaron la detención de una persona por su aparente relación con este suceso, aunque no brindaron ningún detalle sobre su identidad.

Al mediodía del 11 de noviembre, el secretario de Gobierno estatal, Carlos Alcaraz, especificó que 13 personas tuvieron que ser hospitalizadas debido a las lesiones que sufrieron por el ataque. Del total, siete son mujeres, cinco son hombres y una última persona solicitó que no se revelaran detalles sobre su identidad ni condición de salud. Acorde con el secretario, las y los heridos se encuentran estables.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Víctor Antonio de Jesús Hernández, informó que tras una reunión que sostuvo la noche del lunes con la secretaria de las Mujeres del gobierno federal, Citlalli Hernández, se acordó iniciar los trabajos necesarios para buscar una salida alterna al caso de la niña Esmeralda, originaria del municipio indígena de Huimilpan, sujeta a proceso penal por homicidio luego de que abortó de forma espontánea a su bebé producto de una violación.

En una entrevista televisiva, el funcionario aseguró que se estableció el compromiso de mantener una evaluación permanente del caso para evitar la revictimización de la joven de 14 años de edad.

De Jesús Hernández, colaboradores suyos y Mayra Dávila, junto con integrantes del colectivo Adax Digitales, acudieron a una mesa de trabajo con Hernández, para tratar el asunto de Esmeralda y garantizar mediante la formalización de un acuerdo la protección de adolescentes procesados penalmente.

Instrucción de la Presidenta

Hernández publicó en la red social X: “me reuní con el titular de la @fiscaliaqro y acordamos construir una ruta ágil de solución con el objetivo principal de salvaguardar los derechos y la integridad de la niña. También estoy en comunicación con el gobernador @makugo (Mauricio Kuri González), quien me ha manifestado su disposición y apoyo para acompañar el caso”.

Agregó: como me ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, daré seguimiento puntual para que haya justicia y le reiteramos a todas las mujeres de México que ¡no están solas!

Si Esmeralda fuera encontrada culpable, sería condenada a pasar tres años en un centro especial de reclusión para adolescentes, y a pagar más de 500 mil pesos de indemnización a quien tenga interés jurídico, que sería el violador por haberse acreditado que fue padre del niño.

Mientras, el gobernador panista Mauricio Kuri cambió su postura sobre el caso Esmeralda. El lunes, interrogado al respecto, el mandatario pidió no desinformar, y recordó que la FGE dictaminó que la menor no fue violada, pero ayer afirmó en su cuenta de X que a la víctima debemos escucharla y creerle, entender las circunstancias de su entorno y su contexto.

Agregó que este suceso implica un drama social, que refleja la necesidad de mayores esfuerzos institucionales para apoyar a las niñas y adolescentes. También, a las familias. Dijo confiar en que la fiscalía actúe con apego a la ley, pero también con sensibilidad social, y ponga por encima el interés superior de la niñez y la perspectiva de género.

Anunció también que se dará atención especial a la familia y acompañamiento a la niña, en respuesta a señalamientos de Mayra Dávila, quien consideró que la menor padeció total abandono institucional, que le impidió tener acceso a la justicia.

Kuri adelantó que su administración pondrá en marcha programas de prevención de violencias, educación y formación de valores, entre otros, que ayuden a las familias queretanas a vivir en paz.

Ofreció que su gobierno estará siempre comprometido, invariablemente, en proteger, hacer efectivos y ampliar los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuyos derechos salvaguardará dado que han sido, son y serán siempre prioridad de mi gobierno.

El lunes, ante medios de comunicación, el gobernador queretano aseguró que era errónea la información que divulgó Adax Digitales, el cual aseveró que la adolescente quedó embarazada tras una violación que la FGE no investigó debidamente.

De lo que estoy enterado es que hay una carpeta por el homicidio de un bebé recién nacido, argumentó el mandatario. Acotó: no hay ninguna carpeta en juzgados por aborto; el padre (del recién nacido que murió) es un pariente de la niña.

La postura que Mauricio Kuri asumió el lunes fue rechazada por Mayra Dávila y Adax Digitales, que le pidieron reconsiderarla, pues un metadictamen en patología forense confirmó que el feto falleció antes de nacer, lo que probaría que el aborto fue espontáneo.

Esto desmiente la versión de la FGE, que con base en un estudio de mecánica de lesiones realizado por un médico legista asegura que el producto de 36 semanas de gestación nació con vida y murió por estrangulamiento.

Dávila apuntó que hubo graves omisiones por parte de la fiscalía al investigar la denuncia de violación, ya que a pesar de que el imputado como agresor negó ante el Ministerio Público haber embarazado a Esmeralda, se comprobó por medio de análisis que él es el padre.

Mientras, activistas y ex legisladoras integrantes de la agrupación Rebeldes con Causa solicitaron al Congreso local que se inicie un juicio político y se destituya al fiscal Víctor Antonio de Jesús, por pretender encarcelar a Esmeralda por un aborto no intencional, y no actuar en contra el violador de la adolescente.

De Jesús Hernández asumió el cargo de fiscal el pasado 23 de agosto, en el último mes de la 60 Legislatura, de mayoría panista, entre protestas de militantes del partido Morena, quienes recriminaron que se le nombró luego de que el anterior titular de la institución, Alejandro Echeverría, presentó su renuncia cuando aún le faltaban 10 meses para concluir su periodo, en mayo de 2025.

Los morenistas argumentaron que el encargado del despacho, Humberto Pérez, debió terminar el periodo de Echeverría y entonces elegir a un nuevo fiscal en mayo del año entrante.

Respaldo de ONU-DH

En este contexto, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), ante el proceso penal que enfrenta Esmeralda, manifestó que las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual tienen derecho a protección, justicia y reparación integral, sin ser revictimizadas ni criminalizadas bajo ninguna circunstancia. Llamó a las autoridades a garantizar el interés superior de la niñez y el derecho a la protección especial.