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Justicia

Fiscal de Querétaro busca «una salida alterna» al caso de Esmeralda

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El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Víctor Antonio de Jesús Hernández, informó que tras una reunión que sostuvo la noche del lunes con la secretaria de las Mujeres del gobierno federal, Citlalli Hernández, se acordó iniciar los trabajos necesarios para buscar una salida alterna al caso de la niña Esmeralda, originaria del municipio indígena de Huimilpan, sujeta a proceso penal por homicidio luego de que abortó de forma espontánea a su bebé producto de una violación.

En una entrevista televisiva, el funcionario aseguró que se estableció el compromiso de mantener una evaluación permanente del caso para evitar la revictimización de la joven de 14 años de edad.

De Jesús Hernández, colaboradores suyos y Mayra Dávila, junto con integrantes del colectivo Adax Digitales, acudieron a una mesa de trabajo con Hernández, para tratar el asunto de Esmeralda y garantizar mediante la formalización de un acuerdo la protección de adolescentes procesados penalmente.

Instrucción de la Presidenta

Hernández publicó en la red social X: “me reuní con el titular de la @fiscaliaqro y acordamos construir una ruta ágil de solución con el objetivo principal de salvaguardar los derechos y la integridad de la niña. También estoy en comunicación con el gobernador @makugo (Mauricio Kuri González), quien me ha manifestado su disposición y apoyo para acompañar el caso”.

Agregó: como me ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, daré seguimiento puntual para que haya justicia y le reiteramos a todas las mujeres de México que ¡no están solas!

Si Esmeralda fuera encontrada culpable, sería condenada a pasar tres años en un centro especial de reclusión para adolescentes, y a pagar más de 500 mil pesos de indemnización a quien tenga interés jurídico, que sería el violador por haberse acreditado que fue padre del niño.

Mientras, el gobernador panista Mauricio Kuri cambió su postura sobre el caso Esmeralda. El lunes, interrogado al respecto, el mandatario pidió no desinformar, y recordó que la FGE dictaminó que la menor no fue violada, pero ayer afirmó en su cuenta de X que a la víctima debemos escucharla y creerle, entender las circunstancias de su entorno y su contexto.

Agregó que este suceso implica un drama social, que refleja la necesidad de mayores esfuerzos institucionales para apoyar a las niñas y adolescentes. También, a las familias. Dijo confiar en que la fiscalía actúe con apego a la ley, pero también con sensibilidad social, y ponga por encima el interés superior de la niñez y la perspectiva de género.

Anunció también que se dará atención especial a la familia y acompañamiento a la niña, en respuesta a señalamientos de Mayra Dávila, quien consideró que la menor padeció total abandono institucional, que le impidió tener acceso a la justicia.

Kuri adelantó que su administración pondrá en marcha programas de prevención de violencias, educación y formación de valores, entre otros, que ayuden a las familias queretanas a vivir en paz.

Ofreció que su gobierno estará siempre comprometido, invariablemente, en proteger, hacer efectivos y ampliar los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuyos derechos salvaguardará dado que han sido, son y serán siempre prioridad de mi gobierno.

El lunes, ante medios de comunicación, el gobernador queretano aseguró que era errónea la información que divulgó Adax Digitales, el cual aseveró que la adolescente quedó embarazada tras una violación que la FGE no investigó debidamente.

De lo que estoy enterado es que hay una carpeta por el homicidio de un bebé recién nacido, argumentó el mandatario. Acotó: no hay ninguna carpeta en juzgados por aborto; el padre (del recién nacido que murió) es un pariente de la niña.

La postura que Mauricio Kuri asumió el lunes fue rechazada por Mayra Dávila y Adax Digitales, que le pidieron reconsiderarla, pues un metadictamen en patología forense confirmó que el feto falleció antes de nacer, lo que probaría que el aborto fue espontáneo.

Esto desmiente la versión de la FGE, que con base en un estudio de mecánica de lesiones realizado por un médico legista asegura que el producto de 36 semanas de gestación nació con vida y murió por estrangulamiento.

Dávila apuntó que hubo graves omisiones por parte de la fiscalía al investigar la denuncia de violación, ya que a pesar de que el imputado como agresor negó ante el Ministerio Público haber embarazado a Esmeralda, se comprobó por medio de análisis que él es el padre.

Mientras, activistas y ex legisladoras integrantes de la agrupación Rebeldes con Causa solicitaron al Congreso local que se inicie un juicio político y se destituya al fiscal Víctor Antonio de Jesús, por pretender encarcelar a Esmeralda por un aborto no intencional, y no actuar en contra el violador de la adolescente.

De Jesús Hernández asumió el cargo de fiscal el pasado 23 de agosto, en el último mes de la 60 Legislatura, de mayoría panista, entre protestas de militantes del partido Morena, quienes recriminaron que se le nombró luego de que el anterior titular de la institución, Alejandro Echeverría, presentó su renuncia cuando aún le faltaban 10 meses para concluir su periodo, en mayo de 2025.

Los morenistas argumentaron que el encargado del despacho, Humberto Pérez, debió terminar el periodo de Echeverría y entonces elegir a un nuevo fiscal en mayo del año entrante.

Respaldo de ONU-DH

En este contexto, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), ante el proceso penal que enfrenta Esmeralda, manifestó que las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual tienen derecho a protección, justicia y reparación integral, sin ser revictimizadas ni criminalizadas bajo ninguna circunstancia. Llamó a las autoridades a garantizar el interés superior de la niñez y el derecho a la protección especial.

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Justicia

Trabajadores de 16 estados se suman al Sindicato Independiente del Monte de Piedad

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Trabajadores de 16 estados se suman al Sindicato Independiente del Monte de Piedad

El conflicto laboral en el Nacional Monte de Piedad ha derivado en una fractura cada vez más visible dentro del sindicato que encabeza Arturo Zayún. El descontento por la falta de resultados y por la duración del paro ha llevado a un número importante de trabajadores a abandonar la organización tradicional y afiliarse al Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad (SITNMP).

La Secretaria General Alma Delia Villalpando Rosales y el Secretario de Trabajo Gerardo Ríos informaron que en las últimas semanas se ha sumado un número creciente de colaboradores en Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas, Querétaro, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, entre otros estados.

Los sindicalistas coincidieron en señalar que el movimiento independiente se ha fortalecido gracias a las acciones de transparencia y apertura en el diálogo con la base trabajadora, pero sobre todo por el compromiso suscrito con sus agremiados para defender y hacer respetar sus derechos.

Villalpando subrayó que muchos trabajadores consideran que la huelga ya no representa sus intereses y que las familias han sido las principales afectadas por la falta de ingresos y de certidumbre. “El Sindicato Independiente busca reconstruir la confianza desde el trabajo y el diálogo, no desde la confrontación”, expresó.

Ríos añadió que el SITNMP participa como tercero interesado ante el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos, lo que le permite acompañar el proceso, mantenerse informado y evitar que la base laboral dependa únicamente de la versión del sindicato tradicional.

El fortalecimiento del Sindicato Independiente en distintas regiones del país refleja una tendencia clara: los trabajadores del Monte de Piedad están buscando nuevas formas de representación que prioricen la estabilidad y la participación responsable.

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Justicia

Trabajadores del Monte de Piedad llaman a poner fin al conflicto sindical por intereses políticos

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Trabajadores del Monte de Piedad llaman a poner fin al conflicto sindical por intereses políticos

Los empleados piden a las autoridades laborales intervenir ante un paro que responde más a cálculos políticos que a causas justas.

El conflicto en el Nacional Monte de Piedad expone las viejas prácticas del sindicalismo corporativo mexicano en la figura del dirigente Arturo Zayún, quien se aferra a privilegios y mecanismos de control que durante décadas impidieron la competencia democrática y bloquearon la libertad sindical dentro de la institución. Consultados sobre su postura respecto al conflicto laboral del Monte, trabajadores afiliados al Sindicato Independiente dijeron no estar de acuerdo con la huelga y rechazaron su apoyo al paro que los ha puesto en indefensión y dificultad económica por la terquedad de quien negocia con la estabilidad de la base laboral. Cabe recordar que hasta hace pocos años, el sindicato tradicional y la administración funcionaban como una sola entidad, bajo un acuerdo tácito en el que la institución otorgaba todo lo que el gremio pedía a cambio de estabilidad. Ese esquema, caracterizado por la falta de transparencia, mantuvo el monopolio sindical y excluyó sistemáticamente a quienes intentaban organizarse de forma independiente, negándoles acceso a recursos, permisos y oportunidades laborales. Fue hasta 2018 cuando la creación del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad rompió con esa dinámica, aunque enfrentó represalias inmediatas. A los trabajadores afiliados al nuevo sindicato se les negaban vacantes, tiempo extra y derechos básicos. Esa discriminación derivó en un conflicto legal de seis años, que concluyó con el reconocimiento del Sindicato Independiente como organización minoritaria con plenos derechos laborales. El sindicato tradicional también controlaba procesos internos clave, como la asignación de vacantes, operando bajo criterios de favoritismo y afinidad personal. Este tipo de prácticas ilegales y arbitrarias permitieron durante años colocar a personas cercanas a la dirigencia, consolidando una red de poder político al interior del Monte de Piedad, en detrimento del mérito, la capacidad y la profesionalización que exige una institución moderna. La actual huelga no defiende los intereses reales de los trabajadores, sino los del liderazgo sindical. Muchos empleados han sido confundidos y manipulados con el discurso de que luchan por recuperar derechos perdidos, cuando en realidad el conflicto gira en torno a la intención del sindicato tradicional de retomar privilegios que ya no tienen cabida en el marco laboral vigente. El movimiento ha derivado en un daño profundo: miles de trabajadores permanecen sin actividad, los usuarios carecen de acceso a los servicios de la institución y una entidad con vocación filantrópica se encuentra paralizada por las ambiciones personales de un liderazgo sindical que se resiste a perder el control. Lejos de representar una causa justa, esta huelga refleja una lucha de poder que ignora el bienestar de los trabajadores y pone en riesgo la estabilidad de una de las instituciones más emblemáticas del país.
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Gobierno

El abuso de poder disfrazado de justicia

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La toga de Perla Patricia Royval Guerrero se ha convertido en un símbolo de impunidad en Ciudad Juárez.

La justicia en Ciudad Juárez atraviesa uno de sus capítulos más oscuros con el proceder de Perla Patricia Royval Guerrero, jueza Primero de lo Civil en el Distrito Judicial Bravos. Apenas estrenada en el cargo tras la reforma judicial en Chihuahua, su actuación ya exhibe arbitrariedad y desprecio absoluto por el marco legal.

El caso que la expone al escrutinio público es el expediente 1783/59, en el que el empresario Miguel Zaragoza Fuentes litiga contra su esposa, Evangelina López Guzmán, de 96 años. Pese a existir suspensiones federales —de plano, provisional y definitiva—, la jueza optó por ignorarlas, dejando a la mujer en completa indefensión. Este hecho no es un error técnico, sino una decisión consciente que constituye una falta administrativa grave y, posiblemente, un delito.

La representación legal de la señora López Guzmán ya ha presentado una denuncia formal ante el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de Chihuahua. El caso es más que una disputa judicial: es un golpe directo a la credibilidad del sistema de justicia estatal, que pretendía renovarse con la reforma y hoy exhibe las mismas prácticas de arbitrariedad y corrupción.

Lejos de representar imparcialidad y dignidad, la toga en manos de Royval Guerrero se ha transformado en un símbolo de impunidad y abuso. Su nombre queda marcado como un recordatorio de que el nuevo modelo judicial en Chihuahua aún arrastra vicios del pasado.

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