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Justicia

Fiscal de Querétaro busca «una salida alterna» al caso de Esmeralda

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El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Víctor Antonio de Jesús Hernández, informó que tras una reunión que sostuvo la noche del lunes con la secretaria de las Mujeres del gobierno federal, Citlalli Hernández, se acordó iniciar los trabajos necesarios para buscar una salida alterna al caso de la niña Esmeralda, originaria del municipio indígena de Huimilpan, sujeta a proceso penal por homicidio luego de que abortó de forma espontánea a su bebé producto de una violación.

En una entrevista televisiva, el funcionario aseguró que se estableció el compromiso de mantener una evaluación permanente del caso para evitar la revictimización de la joven de 14 años de edad.

De Jesús Hernández, colaboradores suyos y Mayra Dávila, junto con integrantes del colectivo Adax Digitales, acudieron a una mesa de trabajo con Hernández, para tratar el asunto de Esmeralda y garantizar mediante la formalización de un acuerdo la protección de adolescentes procesados penalmente.

Instrucción de la Presidenta

Hernández publicó en la red social X: “me reuní con el titular de la @fiscaliaqro y acordamos construir una ruta ágil de solución con el objetivo principal de salvaguardar los derechos y la integridad de la niña. También estoy en comunicación con el gobernador @makugo (Mauricio Kuri González), quien me ha manifestado su disposición y apoyo para acompañar el caso”.

Agregó: como me ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, daré seguimiento puntual para que haya justicia y le reiteramos a todas las mujeres de México que ¡no están solas!

Si Esmeralda fuera encontrada culpable, sería condenada a pasar tres años en un centro especial de reclusión para adolescentes, y a pagar más de 500 mil pesos de indemnización a quien tenga interés jurídico, que sería el violador por haberse acreditado que fue padre del niño.

Mientras, el gobernador panista Mauricio Kuri cambió su postura sobre el caso Esmeralda. El lunes, interrogado al respecto, el mandatario pidió no desinformar, y recordó que la FGE dictaminó que la menor no fue violada, pero ayer afirmó en su cuenta de X que a la víctima debemos escucharla y creerle, entender las circunstancias de su entorno y su contexto.

Agregó que este suceso implica un drama social, que refleja la necesidad de mayores esfuerzos institucionales para apoyar a las niñas y adolescentes. También, a las familias. Dijo confiar en que la fiscalía actúe con apego a la ley, pero también con sensibilidad social, y ponga por encima el interés superior de la niñez y la perspectiva de género.

Anunció también que se dará atención especial a la familia y acompañamiento a la niña, en respuesta a señalamientos de Mayra Dávila, quien consideró que la menor padeció total abandono institucional, que le impidió tener acceso a la justicia.

Kuri adelantó que su administración pondrá en marcha programas de prevención de violencias, educación y formación de valores, entre otros, que ayuden a las familias queretanas a vivir en paz.

Ofreció que su gobierno estará siempre comprometido, invariablemente, en proteger, hacer efectivos y ampliar los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuyos derechos salvaguardará dado que han sido, son y serán siempre prioridad de mi gobierno.

El lunes, ante medios de comunicación, el gobernador queretano aseguró que era errónea la información que divulgó Adax Digitales, el cual aseveró que la adolescente quedó embarazada tras una violación que la FGE no investigó debidamente.

De lo que estoy enterado es que hay una carpeta por el homicidio de un bebé recién nacido, argumentó el mandatario. Acotó: no hay ninguna carpeta en juzgados por aborto; el padre (del recién nacido que murió) es un pariente de la niña.

La postura que Mauricio Kuri asumió el lunes fue rechazada por Mayra Dávila y Adax Digitales, que le pidieron reconsiderarla, pues un metadictamen en patología forense confirmó que el feto falleció antes de nacer, lo que probaría que el aborto fue espontáneo.

Esto desmiente la versión de la FGE, que con base en un estudio de mecánica de lesiones realizado por un médico legista asegura que el producto de 36 semanas de gestación nació con vida y murió por estrangulamiento.

Dávila apuntó que hubo graves omisiones por parte de la fiscalía al investigar la denuncia de violación, ya que a pesar de que el imputado como agresor negó ante el Ministerio Público haber embarazado a Esmeralda, se comprobó por medio de análisis que él es el padre.

Mientras, activistas y ex legisladoras integrantes de la agrupación Rebeldes con Causa solicitaron al Congreso local que se inicie un juicio político y se destituya al fiscal Víctor Antonio de Jesús, por pretender encarcelar a Esmeralda por un aborto no intencional, y no actuar en contra el violador de la adolescente.

De Jesús Hernández asumió el cargo de fiscal el pasado 23 de agosto, en el último mes de la 60 Legislatura, de mayoría panista, entre protestas de militantes del partido Morena, quienes recriminaron que se le nombró luego de que el anterior titular de la institución, Alejandro Echeverría, presentó su renuncia cuando aún le faltaban 10 meses para concluir su periodo, en mayo de 2025.

Los morenistas argumentaron que el encargado del despacho, Humberto Pérez, debió terminar el periodo de Echeverría y entonces elegir a un nuevo fiscal en mayo del año entrante.

Respaldo de ONU-DH

En este contexto, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), ante el proceso penal que enfrenta Esmeralda, manifestó que las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual tienen derecho a protección, justicia y reparación integral, sin ser revictimizadas ni criminalizadas bajo ninguna circunstancia. Llamó a las autoridades a garantizar el interés superior de la niñez y el derecho a la protección especial.

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Empresas

El sindicalismo manchado: Isaías González Cuevas y el ascenso tras un crimen

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La designación interina del dirigente nacional en Cancún refuerza la percepción de un sistema corrompido.

La designación interina del dirigente nacional en Cancún refuerza la percepción de un sistema corrompido.

Una sucesión marcada por la violencia

El asesinato del ex líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Cancún no solo sacudió al sindicalismo local, también abrió un escenario de dudas y suspicacias. La dirigencia nacional, encabezada por Isaías González Cuevas, reaccionó con rapidez inusual: asumió de manera interina la representación en Quintana Roo, un movimiento que ha generado críticas y cuestionamientos sobre la legitimidad y transparencia del proceso.

El líder nacional de la CROC en la mira

González Cuevas, conocido por acumular poder durante años al frente de la CROC, se coloca ahora en el centro de la polémica. En lugar de impulsar un proceso democrático interno, su autodesignación como sucesor interino proyecta la imagen de un sindicalismo cerrado y poco transparente. Para analistas y voces críticas, no es casual que el beneficiado inmediato de esta tragedia sea el propio líder nacional.

Opacidad, poder y sospechas

La celeridad con la que se resolvió la ‘sucesión’ plantea una pregunta inevitable: ¿qué intereses se protegen detrás de este nombramiento? Mientras la investigación por el homicidio avanza lentamente y sin resultados públicos, la organización sindical demuestra que su prioridad no es la justicia, sino el control político y económico. Este episodio refuerza la percepción de que la violencia es utilizada como un mecanismo perverso para reacomodar liderazgos sindicales.

¿Quién gana con la muerte del ex líder de la CROC en Cancún?

El sindicalismo en México arrastra un historial de corrupción, clientelismo y pactos oscuros. La repentina llegada de Isaías González Cuevas como dirigente interino en Cancún no hace sino aumentar las sospechas. En este escenario, la incómoda pregunta sigue sin respuesta clara: ¿quién resultó beneficiado de este crimen? Hasta ahora, todas las señales apuntan al líder nacional de la CROC.

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Industria

La Jornada Semanal de 40 Horas: una lucha que no puede esperar

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La Jornada Semanal de 40 Horas: una lucha que no puede esperar

La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales ya no es un simple debate político: es una exigencia de la clase trabajadora que busca mejores condiciones de vida. Sin embargo, mientras en el Congreso y en el Gobierno Federal el tema avanza a cuentagotas, en muchos sindicatos persiste el silencio.

Frente a esa pasividad, la Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro ha dado un paso adelante. Este 31 de agosto de 2025, a las 9:00 horas, en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, se celebrará la Magna Asamblea General Extraordinaria, donde se definirán acciones para exigir que la reforma se concrete ya, y no después.

La pregunta es inevitable: ¿ya te convocaron a debatir y organizarte por las 40 horas? ¿O por qué tus asesores sindicales no te han convocado a tan importante evento?

Porque la verdad es clara: esta no es solo una tarea de la Presidenta Claudia Sheinbaum. La reducción de la jornada laboral debe ser impulsada desde la base trabajadora y asumida como bandera por los sindicatos.

Los beneficios están probados: más descanso y convivencia familiar, mejor salud física y mental, aumento en productividad y equilibrio entre vida laboral y personal. Países que ya aplican jornadas más cortas son ejemplo de que la economía no se detiene, se fortalece.

El llamado es directo: trabajadora, trabajador, no esperes a que decidan por ti. Si tu sindicato calla, organízate. La consigna es clara: 40 horas ya.

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Justicia

Fiscalía Anticorrupción viola debido proceso en caso López Elías

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  • El fiscal Abelardo Valenzuela recurre a filtraciones y omisiones que vulneran la presunción de inocencia y dañan la credibilidad institucional.

El caso emprendido por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua contra el despacho López Elías Finanzas Públicas es un ejemplo preocupante de cómo las instituciones pueden utilizarse con fines políticos. Las acusaciones de peculado no se sostienen jurídicamente, ya que la firma fue contratada por un banco y no por el Gobierno estatal.

Pese a que el proceso de refinanciamiento de la deuda de Chihuahua en 2019 fue avalado por la Auditoría Superior de la Federación y agencias internacionales, el fiscal Abelardo Valenzuela insiste en acusar sin pruebas sólidas, omitiendo deliberadamente información que desmiente su versión.

La Fiscalía ha incurrido en graves irregularidades, como solicitar fichas rojas a Interpol antes de iniciar un juicio penal, ignorar las pruebas de descargo y filtrar información reservada. Estos actos constituyen violaciones claras al derecho de audiencia y al principio de legalidad.

Con estas prácticas, Valenzuela Holguín expone a la institución a un severo desgaste público, pues en lugar de combatir la corrupción, fabrica culpables y alimenta un clima de linchamiento político disfrazado de justicia.

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