Los empleados piden a las autoridades laborales intervenir ante un paro que responde más a cálculos políticos que a causas justas.

El conflicto en el Nacional Monte de Piedad expone las viejas prácticas del sindicalismo corporativo mexicano en la figura del dirigente Arturo Zayún, quien se aferra a privilegios y mecanismos de control que durante décadas impidieron la competencia democrática y bloquearon la libertad sindical dentro de la institución. Consultados sobre su postura respecto al conflicto laboral del Monte, trabajadores afiliados al Sindicato Independiente dijeron no estar de acuerdo con la huelga y rechazaron su apoyo al paro que los ha puesto en indefensión y dificultad económica por la terquedad de quien negocia con la estabilidad de la base laboral. Cabe recordar que hasta hace pocos años, el sindicato tradicional y la administración funcionaban como una sola entidad, bajo un acuerdo tácito en el que la institución otorgaba todo lo que el gremio pedía a cambio de estabilidad. Ese esquema, caracterizado por la falta de transparencia, mantuvo el monopolio sindical y excluyó sistemáticamente a quienes intentaban organizarse de forma independiente, negándoles acceso a recursos, permisos y oportunidades laborales. Fue hasta 2018 cuando la creación del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad rompió con esa dinámica, aunque enfrentó represalias inmediatas. A los trabajadores afiliados al nuevo sindicato se les negaban vacantes, tiempo extra y derechos básicos. Esa discriminación derivó en un conflicto legal de seis años, que concluyó con el reconocimiento del Sindicato Independiente como organización minoritaria con plenos derechos laborales. El sindicato tradicional también controlaba procesos internos clave, como la asignación de vacantes, operando bajo criterios de favoritismo y afinidad personal. Este tipo de prácticas ilegales y arbitrarias permitieron durante años colocar a personas cercanas a la dirigencia, consolidando una red de poder político al interior del Monte de Piedad, en detrimento del mérito, la capacidad y la profesionalización que exige una institución moderna. La actual huelga no defiende los intereses reales de los trabajadores, sino los del liderazgo sindical. Muchos empleados han sido confundidos y manipulados con el discurso de que luchan por recuperar derechos perdidos, cuando en realidad el conflicto gira en torno a la intención del sindicato tradicional de retomar privilegios que ya no tienen cabida en el marco laboral vigente. El movimiento ha derivado en un daño profundo: miles de trabajadores permanecen sin actividad, los usuarios carecen de acceso a los servicios de la institución y una entidad con vocación filantrópica se encuentra paralizada por las ambiciones personales de un liderazgo sindical que se resiste a perder el control. Lejos de representar una causa justa, esta huelga refleja una lucha de poder que ignora el bienestar de los trabajadores y pone en riesgo la estabilidad de una de las instituciones más emblemáticas del país.

La toga de Perla Patricia Royval Guerrero se ha convertido en un símbolo de impunidad en Ciudad Juárez.

La justicia en Ciudad Juárez atraviesa uno de sus capítulos más oscuros con el proceder de Perla Patricia Royval Guerrero, jueza Primero de lo Civil en el Distrito Judicial Bravos. Apenas estrenada en el cargo tras la reforma judicial en Chihuahua, su actuación ya exhibe arbitrariedad y desprecio absoluto por el marco legal.

El caso que la expone al escrutinio público es el expediente 1783/59, en el que el empresario Miguel Zaragoza Fuentes litiga contra su esposa, Evangelina López Guzmán, de 96 años. Pese a existir suspensiones federales —de plano, provisional y definitiva—, la jueza optó por ignorarlas, dejando a la mujer en completa indefensión. Este hecho no es un error técnico, sino una decisión consciente que constituye una falta administrativa grave y, posiblemente, un delito.

La representación legal de la señora López Guzmán ya ha presentado una denuncia formal ante el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de Chihuahua. El caso es más que una disputa judicial: es un golpe directo a la credibilidad del sistema de justicia estatal, que pretendía renovarse con la reforma y hoy exhibe las mismas prácticas de arbitrariedad y corrupción.

Lejos de representar imparcialidad y dignidad, la toga en manos de Royval Guerrero se ha transformado en un símbolo de impunidad y abuso. Su nombre queda marcado como un recordatorio de que el nuevo modelo judicial en Chihuahua aún arrastra vicios del pasado.

En cada jornada laboral, los trabajadores queretanos ponen de pie a la industria y a la economía local. Su esfuerzo se traduce en crecimiento, en inversión y en oportunidades para la región. Pero ese mismo esfuerzo debe ser protegido, y una de las herramientas más importantes para lograrlo son los sindicatos. Sin embargo, no todos los sindicatos cumplen con lo que prometen. El caso de COCEM es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando una organización opera sin transparencia ni compromiso real con los trabajadores.

Un sindicato auténtico se distingue porque no tiene nada que ocultar. Muestra con orgullo en qué invierte cada cuota, rinde cuentas periódicamente y toma decisiones con la participación de todos sus agremiados. La transparencia no solo es una obligación, es la manera de demostrar respeto hacia quienes sostienen al sindicato con su dinero y su confianza.

Cuando una organización sindical, como COCEM, se niega a entregar comprobantes de gastos, evita rendir informes claros o reduce las decisiones a un pequeño grupo, está cometiendo un abuso contra los trabajadores. La opacidad es señal de que los recursos no se están utilizando en beneficio colectivo, sino en intereses particulares.

Cada cuota sindical representa el esfuerzo de horas trabajadas, de sacrificios personales y familiares. Que ese dinero termine en manos de líderes que jamás rinden cuentas significa traicionar la confianza del trabajador. Además, la falta de transparencia no solo afecta al presente: compromete el futuro laboral, porque debilita la capacidad del sindicato para negociar de manera legítima frente a las empresas.

Un sindicato que opera en la sombra nunca podrá defender de manera sólida a sus agremiados, porque carece de la legitimidad necesaria para plantarse con firmeza en una mesa de negociación.

Otro punto preocupante es la ausencia de procesos democráticos reales. En COCEM, las elecciones no reflejan la voluntad de la mayoría: se manejan desde arriba, se limitan las candidaturas y se controla el resultado. Eso convierte a la organización en un club cerrado, en lugar de una herramienta de representación.

Un sindicato sin democracia interna nunca podrá ser un aliado para los trabajadores. La verdadera representación solo se construye cuando todos tienen voz y voto, y cuando las decisiones se toman en colectivo, no en lo oscuro.