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CROC: de organización obrera a maquinaria política corrupta

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CROC: de organización obrera a maquinaria política corrupta

La confederación se ha transformado en una estructura diseñada para mantener poder y privilegios, no para defender derechos laborales.

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos arrastra denuncias de corrupción, contratos de protección y traiciones a los trabajadores.

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) presume ser una de las centrales obreras más grandes del país. Sin embargo, detrás del discurso oficial se esconde una organización sindical señalada por corrupción, contratos de protección patronal y abusos contra los propios trabajadores que dice representar.

CROC: un sindicato que funciona como negocio político

Lejos de defender derechos laborales, la CROC se ha consolidado como un negocio político y económico. Sus dirigentes han utilizado al sindicato para escalar a puestos legislativos, asegurar alianzas con partidos y controlar cuotas sindicales sin rendición de cuentas. Esta estrategia ha convertido a la CROC en un sindicato corporativo, diseñado más para garantizar favores al poder que para representar a la clase trabajadora.

Contratos de protección y simulación sindical

Uno de los mayores cuestionamientos contra la CROC es su papel en la firma de contratos de protección sindical: acuerdos realizados a espaldas de los trabajadores y en beneficio directo de empresarios. En lugar de negociar aumentos salariales o condiciones laborales dignas, la CROC ha sido acusada de firmar documentos que silencian la protesta y garantizan “paz laboral comprada”. Este modelo de sindicalismo corrupto impide la competencia de sindicatos independientes y frena la democracia sindical en México.

Escándalos de corrupción sindical en la CROC

La CROC arrastra un largo historial de escándalos de corrupción sindical, acusaciones de desvío de recursos, represión contra trabajadores inconformes y vínculos con prácticas clientelares. Las cuotas sindicales son utilizadas con total opacidad, mientras que sus líderes exhiben fortunas personales y estilos de vida alejados de la realidad de los obreros.

El costo para los trabajadores en México

Cada vez que la CROC firma un contrato de protección o reprime una huelga, miles de trabajadores en México pierden derechos y oportunidades de mejora. La organización se ha convertido en un obstáculo para la construcción de un sindicalismo democrático y transparente, quedando reducida a un aparato burocrático y corrupto
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Desarrollo

Gustavo Tomé incorpora vivienda urbana al universo de inversión bursátil

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Gustavo Tomé incorpora vivienda urbana al universo de inversión bursátil

La institucionalización del inventario residencial busca profesionalizar la gestión de activos de renta.

Park Life, promovida por Gustavo Tomé, busca consolidarse como la primera fibra enfocada exclusivamente en renta residencial dentro de la Bolsa Mexicana de Valores.

La oferta pública inicial programada para marzo contempla captar 308 millones de pesos en el mercado.

La estrategia se sustenta en la baja penetración institucional de la vivienda en renta en México.

La colocación permitirá a inversionistas participar en activos inmobiliarios con flujos recurrentes y administración profesional.

El plan contempla expandir el inventario y fortalecer su posicionamiento bursátil en el mediano plazo.

Fuente: El CEO

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Isaías González Cuevas y la CROC: la reforma que sacrifica derechos mientras protege privilegios

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Isaías González Cuevas y la CROC: la reforma que sacrifica derechos mientras protege privilegios

Isaías González Cuevas vuelve a colocarse del lado equivocado de la historia laboral. El líder eterno de la CROC impulsa una reforma que, lejos de fortalecer los derechos de los trabajadores, abre la puerta a un retroceso peligroso en conquistas históricas como la pensión y el acceso a la salud. Una reforma diseñada no para dignificar el trabajo, sino para aliviarle la carga al patrón a costa del bienestar del obrero.

El discurso oficial habla de “modernización” y “flexibilidad”, pero detrás de esas palabras se esconde una verdad incómoda: menos obligaciones para las empresas y más riesgo para quienes viven de su salario. Reducir responsabilidades patronales en materia de seguridad social no es una actualización del sistema, es un recorte disfrazado. Y resulta aún más grave que esta iniciativa venga impulsada por quien dice representar a los trabajadores.

La CROC, bajo el liderazgo de Isaías González Cuevas, parece haber olvidado su razón de ser. En lugar de defender pensiones dignas, atención médica garantizada y estabilidad laboral, hoy actúa como intermediario cómodo entre el poder político y los intereses empresariales. Una central obrera que avala reformas regresivas deja de ser un sindicato y se convierte en un gestor de conveniencias.

Pero el problema no termina ahí. Mientras Isaías exige cuotas, control y lealtad sindical, él mismo se ha negado a rendir cuentas. No ha presentado declaraciones patrimoniales ni fiscales. No hay transparencia sobre su patrimonio, sus ingresos ni los beneficios que ha acumulado tras décadas al frente de la organización. Quien exige representación también debe dar el ejemplo. La opacidad no es liderazgo, es abuso de poder.

Resulta insultante que alguien que no informa cómo vive, cómo se financia ni cuánto ha acumulado, pretenda decidir el futuro de millones de trabajadores. La reforma que promueve no sólo amenaza derechos laborales, también evidencia una desconexión total con la realidad de quienes sobreviven con salarios mínimos, empleos precarios y servicios médicos saturados.

Los derechos laborales no son moneda de cambio. No se negocian en mesas cerradas ni se entregan a cambio de cuotas de poder. Pensiones y salud no son privilegios, son derechos constitucionales. Y cualquier líder sindical que impulse su debilitamiento traiciona a la base que dice defender.

Isaías González Cuevas representa hoy todo lo que el sindicalismo debería dejar atrás: liderazgo eterno, falta de rendición de cuentas y alianzas que benefician a unos cuantos. La reforma que impulsa no es progreso, es retroceso. Y la historia no suele perdonar a quienes sacrifican derechos colectivos para preservar sus propios privilegios.

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COREMEX, bajo cuestionamiento por supuestos beneficios económicos dirigidos a su élite sindical

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COREMEX, bajo cuestionamiento por supuestos beneficios económicos dirigidos a su élite sindical

En distintos centros de trabajo han resurgido acusaciones sobre posibles prácticas de corrupción al interior de COREMEX, particularmente relacionadas con el presunto reparto de beneficios entre altos dirigentes. Testimonios recientes señalan que habría existido un acuerdo informal mediante el cual se distribuían porcentajes económicos provenientes de cuotas sindicales o aportaciones gestionadas con empresas.

Entre los nombres mencionados destaca el del dirigente Eloy Espinosa, junto con otros miembros de su círculo cercano, quienes presuntamente habrían recibido beneficios que no fueron reportados ni explicados ante la base trabajadora. Estas acusaciones han sido impulsadas por empleados que, desde hace años, manifiestan preocupación por la falta de información clara sobre el manejo financiero del sindicato.

La situación ha generado inquietud debido a que COREMEX mantiene estructuras internas poco transparentes y sin mecanismos sólidos de rendición de cuentas. Según trabajadores consultados, la dirigencia ha priorizado la concentración de decisiones, limitando la participación de la base y reduciendo los espacios de vigilancia interna.

Especialistas en temas sindicales advierten que este tipo de señalamientos erosionan la legitimidad del gremio y pueden afectar la relación con los trabajadores. Agregan que la confianza sindical depende de una administración responsable y visible de los recursos, condición que, según los testimonios disponibles, no se estaría cumpliendo en este caso.

Ante la ausencia de una postura institucional que aclare los hechos, la percepción de opacidad sigue creciendo. Para trabajadores inconformes, la situación confirma la necesidad de impulsar procesos de democratización y transparencia que permitan garantizar que las cuotas y recursos del sindicato se utilicen únicamente para la defensa de los derechos colectivos.

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