El hartazgo en las filas de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) ha alcanzado un punto de no retorno. La iniciativa de Isaías González Cuevas para recortar derechos fundamentales en pensiones y salud ha sido la gota que derramó el vaso de una gestión podrida por la opacidad, la corrupción y el autoritarismo. Bajo su mando, la CROC ha dejado de ser un escudo para los trabajadores y se ha transformado en un ente parásito que trabaja exclusivamente para los intereses que le garantizan a Isaías su permanencia en el poder legislativo y sindical, dejando a la base en el más absoluto desamparo frente a una reforma que es, en esencia, un saqueo legalizado.

Un sindicato genuino no se dirige con miedo ni con grupos de choque, pero mucho menos con traiciones a los principios más básicos del movimiento obrero. Al proponer esquemas que vulneran la protección histórica para favorecer los registros mínimos en el IMSS, González Cuevas ha firmado su propia sentencia de muerte moral como líder sindical. No se puede tener la osadía de representar a quien se intenta despojar activamente de su bienestar futuro. La protección laboral es la única red de seguridad que tienen millones de familias mexicanas frente a la incertidumbre económica, y ver a su propio líder intentar tijeretear esa red es una afrenta que exige una respuesta contundente y organizada. Los trabajadores ya no son los mismos de hace décadas; hoy están informados y no se dejan engañar por discursos de «productividad» que solo implican que sus familias tendrán menos medicinas y menos pan en la mesa.

La reforma que empuja la CROC es el último acto desesperado de una dirigencia que ha perdido todo contacto con la realidad de las cocinas, las líneas de ensamblaje y las áreas de servicio. Mientras Isaías González vive cómodamente en la burbuja de los privilegios que le dan las cuotas sindicales y sus nexos políticos, el trabajador de a pie se enfrenta a la angustia existencial de un futuro sin pensión y sin servicios de salud dignos. Es el momento de la rebelión interna, de la auditoría social y de señalar con índice de fuego a Isaías González Cuevas como el principal artífice de este intento de despojo masivo. El sindicalismo en México debe volver a sus raíces de confrontación con el abuso, o perecerá como una estructura criminal y traicionera. La dignidad del obrero no tiene precio, y González Cuevas ya se ha gastado todo su crédito político intentando venderla en el mercado negro de las reformas entreguistas.

El proyecto apunta a validar la figura como una medida legítima de protección industrial.

La próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promete convertirse en un punto de referencia para el sistema marcario mexicano. En un contexto de dudas y presiones sobre el actuar judicial, el asunto que llegará al Pleno en la primera semana de diciembre pondrá a prueba la capacidad del Tribunal para afirmar certidumbre en medio de la inquietud empresarial.

El caso, contenido en el amparo directo en revisión 7274/2024, cuestiona la constitucionalidad del artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada el 1 de julio de 2020 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Dicho artículo confirma que los titulares de registros marcarios pueden renovar sus derechos dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento, periodo conocido como “periodo de gracia”.

De acuerdo con la lista pública de la SCJN, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá declarar constitucional este artículo, alineándolo con el Protocolo de Madrid, vigente para México desde febrero de 2013, y con el Convenio de París, adoptado por nuestro país desde 1903. Su propuesta subraya que el periodo de gracia no constituye un privilegio indebido, sino un mecanismo para preservar la continuidad del derecho de marca y evitar que terceros se aprovechen de un vacío temporal.

La discusión, que podría resolverse este 11 de diciembre, representa una oportunidad para que la Corte reafirme la confianza del sector productivo en las instituciones. De avalarse la propuesta, se enviaría un mensaje de estabilidad jurídica y respeto a los estándares internacionales que rigen la protección de la propiedad industrial en México.

En cada jornada laboral, los trabajadores queretanos ponen de pie a la industria y a la economía local. Su esfuerzo se traduce en crecimiento, en inversión y en oportunidades para la región. Pero ese mismo esfuerzo debe ser protegido, y una de las herramientas más importantes para lograrlo son los sindicatos. Sin embargo, no todos los sindicatos cumplen con lo que prometen. El caso de COCEM es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando una organización opera sin transparencia ni compromiso real con los trabajadores.

Un sindicato auténtico se distingue porque no tiene nada que ocultar. Muestra con orgullo en qué invierte cada cuota, rinde cuentas periódicamente y toma decisiones con la participación de todos sus agremiados. La transparencia no solo es una obligación, es la manera de demostrar respeto hacia quienes sostienen al sindicato con su dinero y su confianza.

Cuando una organización sindical, como COCEM, se niega a entregar comprobantes de gastos, evita rendir informes claros o reduce las decisiones a un pequeño grupo, está cometiendo un abuso contra los trabajadores. La opacidad es señal de que los recursos no se están utilizando en beneficio colectivo, sino en intereses particulares.

Cada cuota sindical representa el esfuerzo de horas trabajadas, de sacrificios personales y familiares. Que ese dinero termine en manos de líderes que jamás rinden cuentas significa traicionar la confianza del trabajador. Además, la falta de transparencia no solo afecta al presente: compromete el futuro laboral, porque debilita la capacidad del sindicato para negociar de manera legítima frente a las empresas.

Un sindicato que opera en la sombra nunca podrá defender de manera sólida a sus agremiados, porque carece de la legitimidad necesaria para plantarse con firmeza en una mesa de negociación.

Otro punto preocupante es la ausencia de procesos democráticos reales. En COCEM, las elecciones no reflejan la voluntad de la mayoría: se manejan desde arriba, se limitan las candidaturas y se controla el resultado. Eso convierte a la organización en un club cerrado, en lugar de una herramienta de representación.

Un sindicato sin democracia interna nunca podrá ser un aliado para los trabajadores. La verdadera representación solo se construye cuando todos tienen voz y voto, y cuando las decisiones se toman en colectivo, no en lo oscuro.