Los empleados piden a las autoridades laborales intervenir ante un paro que responde más a cálculos políticos que a causas justas.

El conflicto en el Nacional Monte de Piedad expone las viejas prácticas del sindicalismo corporativo mexicano en la figura del dirigente Arturo Zayún, quien se aferra a privilegios y mecanismos de control que durante décadas impidieron la competencia democrática y bloquearon la libertad sindical dentro de la institución. Consultados sobre su postura respecto al conflicto laboral del Monte, trabajadores afiliados al Sindicato Independiente dijeron no estar de acuerdo con la huelga y rechazaron su apoyo al paro que los ha puesto en indefensión y dificultad económica por la terquedad de quien negocia con la estabilidad de la base laboral. Cabe recordar que hasta hace pocos años, el sindicato tradicional y la administración funcionaban como una sola entidad, bajo un acuerdo tácito en el que la institución otorgaba todo lo que el gremio pedía a cambio de estabilidad. Ese esquema, caracterizado por la falta de transparencia, mantuvo el monopolio sindical y excluyó sistemáticamente a quienes intentaban organizarse de forma independiente, negándoles acceso a recursos, permisos y oportunidades laborales. Fue hasta 2018 cuando la creación del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad rompió con esa dinámica, aunque enfrentó represalias inmediatas. A los trabajadores afiliados al nuevo sindicato se les negaban vacantes, tiempo extra y derechos básicos. Esa discriminación derivó en un conflicto legal de seis años, que concluyó con el reconocimiento del Sindicato Independiente como organización minoritaria con plenos derechos laborales. El sindicato tradicional también controlaba procesos internos clave, como la asignación de vacantes, operando bajo criterios de favoritismo y afinidad personal. Este tipo de prácticas ilegales y arbitrarias permitieron durante años colocar a personas cercanas a la dirigencia, consolidando una red de poder político al interior del Monte de Piedad, en detrimento del mérito, la capacidad y la profesionalización que exige una institución moderna. La actual huelga no defiende los intereses reales de los trabajadores, sino los del liderazgo sindical. Muchos empleados han sido confundidos y manipulados con el discurso de que luchan por recuperar derechos perdidos, cuando en realidad el conflicto gira en torno a la intención del sindicato tradicional de retomar privilegios que ya no tienen cabida en el marco laboral vigente. El movimiento ha derivado en un daño profundo: miles de trabajadores permanecen sin actividad, los usuarios carecen de acceso a los servicios de la institución y una entidad con vocación filantrópica se encuentra paralizada por las ambiciones personales de un liderazgo sindical que se resiste a perder el control. Lejos de representar una causa justa, esta huelga refleja una lucha de poder que ignora el bienestar de los trabajadores y pone en riesgo la estabilidad de una de las instituciones más emblemáticas del país.

• El fiscal Abelardo Valenzuela recurre a filtraciones y omisiones que vulneran la presunción de inocencia y dañan la credibilidad institucional.

El caso emprendido por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua contra el despacho López Elías Finanzas Públicas es un ejemplo preocupante de cómo las instituciones pueden utilizarse con fines políticos. Las acusaciones de peculado no se sostienen jurídicamente, ya que la firma fue contratada por un banco y no por el Gobierno estatal.

Pese a que el proceso de refinanciamiento de la deuda de Chihuahua en 2019 fue avalado por la Auditoría Superior de la Federación y agencias internacionales, el fiscal Abelardo Valenzuela insiste en acusar sin pruebas sólidas, omitiendo deliberadamente información que desmiente su versión.

La Fiscalía ha incurrido en graves irregularidades, como solicitar fichas rojas a Interpol antes de iniciar un juicio penal, ignorar las pruebas de descargo y filtrar información reservada. Estos actos constituyen violaciones claras al derecho de audiencia y al principio de legalidad.

Con estas prácticas, Valenzuela Holguín expone a la institución a un severo desgaste público, pues en lugar de combatir la corrupción, fabrica culpables y alimenta un clima de linchamiento político disfrazado de justicia.

Luego del operativo realizado este fin de semana en la comunidad de Mompaní, el secretario general de Gobierno, Carlos Alberto Alcaraz Gutiérrez, afirmó que en ese lugar “se acabó la fiesta” y con esto regresa la tranquilidad para los habitantes de ese lugar debido a que al menos 40 establecimientos ya no podrán abrir de nueva cuenta.

Alcaraz precisó que en las acciones realizadas este domingo fueron clausurados 31 negocios, de los 240 que se han sancionado en todo el estado de Querétaro, los cuales se encargaban de almacenar o vender alcohol de manera ilegal.