La administración del presidente Donald Trump ha estado deportando de forma discreta a ciudadanos mexicanos hacia Guatemala y Honduras, una práctica que ha generado el rechazo del Gobierno de México y que, de acuerdo con especialistas, no tiene precedentes recientes en la política migratoria entre ambos países.

Lainformación fue revelada porCBS News, que cita a dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) familiarizados con el operativo. Según esas fuentes, las autoridades estadounidenses han trasladado durante varios meses a cientos de migrantes mexicanos en vuelos con destino a Guatemala y Honduras, en lugar de retornarlos directamente a territorio mexicano.

De acuerdo con los funcionarios consultados por el medio estadounidense, uno de los objetivos de esta estrategia sería dificultar que los migrantes intenten regresar rápidamente a la frontera entre México y Estados Unidos, reforzando el mensaje de disuasión impulsado por la Casa Blanca.

México rechaza las deportaciones a terceros países

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió a la información asegurando que México mantiene abierta la recepción de todos sus ciudadanos deportados desde Estados Unidos y dejó claro que no existe ningún acuerdo para que sean enviados a otros países de Centroamérica.

Enun posicionamiento difundido aCBS News, la cancillería sostuvo que el Gobierno mexicano “acepta el retorno de todos sus nacionales” y, por ello, rechaza las deportaciones de mexicanos hacia terceros países, al considerar que dichas acciones no forman parte de ningún convenio bilateral.

DHS defiende la política migratoria

Consultado por el medio estadounidense, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional afirmó que la administración Trump está utilizando “todas las opciones legales disponibles” para ejecutar lo que ha descrito como la mayor operación de deportaciones en la historia del país.

Durante administraciones tanto republicanas como demócratas, Estados Unidos ha recurrido al traslado de migrantes mexicanos hacia regiones alejadas de la frontera dentro del propio México como medida para desalentar nuevos intentos de cruce irregular. Sin embargo, expertos en política migratoria consideran que enviar ciudadanos mexicanos a Guatemala o Honduras representa un cambio significativo respecto a las prácticas tradicionales.

Expertos ven una estrategia de castigo

Adam Isacson, investigador de la organización Washington Office on Latin America (WOLA),señaló aCBS Newsque la medida tiene un carácter principalmente punitivo.

A su juicio, además de complicar el regreso de los migrantes a la frontera norte, la política busca enviar un mensaje de advertencia a quienes permanezcan sin documentos en Estados Unidos, mostrando que las consecuencias de una deportación pueden ser cada vez más severas.

Hasta el momento, los gobiernos de Guatemala y Honduras no han emitido una postura pública sobre los acuerdos utilizados para recibir a ciudadanos mexicanos deportados desde Estados Unidos, según informóCBS News.

CASO JOSÉ PEDRO LÓPEZ ELÍAS LLEGA A LA CIDH; FAMILIA DENUNCIA

PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

La representación legal afirma que existe un contexto de hostigamiento y presión contra el empresario y su entorno familiar. La Comisión Interamericana evaluará la solicitud de medidas cautelares.

Washington, D.C. / Ciudad de México, 17 de agosto de 2026.– La familia de José Pedro López Elías acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar la intervención del organismo mediante el otorgamiento de medidas cautelares, al considerar que enfrenta una situación de riesgo derivada de actuaciones relacionadas con una investigación penal en el estado de Chihuahua.

La solicitud fue presentada por Fátima López y Mauricio López, hijos del empresario, acompañados por su representante legal, Héctor Alberto Pérez Rivera, quien expuso ante la Comisión que los hechos denunciados, a juicio de la familia, han evolucionado de un proceso judicial a un escenario caracterizado por presiones, actos de hostigamiento, vigilancia invasiva y afectaciones que han impactado a diversos integrantes de su núcleo familiar.

Dentro del escrito entregado a la CIDH, la familia identifica como responsables políticos de esta situación al fiscal Anticorrupción del Estado de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, así como a la gobernadora María Eugenia Campos Galván. Estas afirmaciones forman parte de la denuncia presentada por los promoventes y serán materia de análisis por parte del organismo internacional.

La defensa explicó que José Pedro López Elías padece cáncer y requiere atención médica especializada de manera continua, por lo que advirtió que cualquier medida que interrumpa su tratamiento podría poner en riesgo su salud y su integridad física.

Por ello, la solicitud plantea que la Comisión valore la implementación de medidas destinadas a garantizar la continuidad de la atención médica, proteger el debido proceso, prevenir posibles actos de intimidación y establecer salvaguardas frente a cualquier actuación que pudiera representar un riesgo para él o para su familia.

En un posicionamiento difundido por la representación legal, se enfatizó que la petición no pretende impedir el ejercicio de las facultades de investigación de las autoridades mexicanas, sino asegurar que dichas actuaciones respeten los estándares nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos.

La documentación entregada a la CIDH incluye, de acuerdo con la defensa, informes médicos, antecedentes judiciales y diversos elementos que buscan acreditar la gravedad y urgencia de la situación denunciada.

Con la recepción de la solicitud, corresponderá ahora a la Comisión Interamericana determinar si existen elementos suficientes para considerar procedente el otorgamiento de medidas cautelares, conforme a los criterios establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Hasta el momento, no existe una determinación oficial de la CIDH respecto de la petición presentada por la familia de José Pedro López Elías.

El coordinador delPRIen laCámara de Diputados,Rubén Moreira, afirmó que el proceso dedesafuerocontraAlejandro “Alito” Moreno Cárdenasno avanzará y sostuvo que quienes esperan retirar elfueroal dirigente priista “se van a quedar con las ganas”.

Moreiracuestionó el procedimiento que se desarrolla enSan Lázaroy acusó que existe unapersecucióncontra integrantes de laoposición. A su juicio, laSección Instructoraestaría buscando elementos que, según afirmó, no existen para mantener vigente el caso.

El priista también responsabilizó a integrantes de ese órgano legislativo por alentar el procedimiento y sostuvo que la solicitud habría sido desechada porfalta de pruebasy debido aresoluciones judiciales.

Ante los cuestionamientos sobre el futuro del expediente, respondió: “Pues bueno, suerte”.

Desafuero de Alejandro Moreno sigue en disputa en San Lázaro

Las declaraciones deMoreiracontrastan con la postura deMorenay con la situación jurídica del expediente. El proceso permanece bajo análisis de laCámara de Diputadosy podría ser retomado durante el periodo ordinario que comenzará el próximo1 de septiembre.

El coordinador deMorenaenSan Lázaro,Ricardo Monreal, negó que exista unacuerdo políticopara proteger aMoreno Cárdenas. Explicó que la decisión corresponde a laSección Instructoray que, si existen elementos suficientes, el procedimiento deberá continuar conforme a laley.

Monrealindicó que labancada morenistadeberá definir el próximo30 de agostoquién ocupará lapresidencia de la Sección Instructora, luego de la posible salida deHugo Eric Flores Cervantes.

¿Por qué investigan a “Alito” Moreno por presuntos desvíos?

La solicitud presentada por laFiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campechese relaciona con hechos ocurridos durante la administración deMoreno Cárdenascomo gobernador, entre2015 y 2019.

El expediente actualmente contemplacuatro carpetas de investigacióny señala presuntas irregularidades relacionadas conejercicio indebido de funcionesydesvío de recursos públicos, por un monto superior a83 millones de pesos.

Entre las operaciones investigadas se encuentran:

PAN analizará expediente antes de fijar postura sobre el desafuero

El dirigente nacional delPAN,Jorge Romero Herrera, señaló que su partido revisará el expediente antes de definir una posición sobre el eventual retiro delfuerodeMoreno.

El panista sostuvo que la decisión no debe tomarse únicamente con base enalianzasodiferencias políticas, sino a partir de los elementos contenidos en lainvestigación. Al mismo tiempo, advirtió sobre lo que consideró un riesgo de utilizar losprocedimientos judicialespara perseguir o silenciar aopositores.

De esta manera, elPANse mantiene a la espera de conocer losargumentosypruebasque integran el expediente antes de respaldar o rechazar el procedimiento.

Detenciones de excolaboradores reavivan el caso contra Alito

El expediente volvió a cobrar fuerza después de lasdetencionesde dos personas relacionadas con el entorno del exgobernador de Campeche.

Carlos Alberto Medina Hernández, quien fuedirector de Comunicación Socialdurante su administración, fue detenido por una investigación relacionada con presuntopeculado. También fue aprehendidoLuis Antonio Espinosa Campos, señalado comocontadory representante de empresas vinculadas conEmigdio Moreno Cárdenas, hermano deAlejandro Moreno.

Las investigaciones de laFiscalía de Campechevinculan ambos casos con operaciones relacionadas concontratos de publicidady un supuesto esquema paradesviar recursos públicos.

Mientras estas indagatorias avanzan, ladisputa políticaalrededor deldesafueropermanece abierta.

Por un lado,Rubén Moreirasostiene que el procedimiento no prosperará y acusa unapersecucióncontra laoposición; por otro,Morenaafirma que no existe pacto alguno para proteger a “Alito” y que la decisión deberá sustentarse exclusivamente en el expediente.

Así, el futuro deldesafuerodependerá de la revisión que realice laSección Instructoray, eventualmente, de la determinación que adopte laCámara de Diputados.

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