Nacional
Hunter Biden Impulsó Expansión de Firma Ucraniana en el Sector Energético de México
Correos electrónicos a los que se tuvo acceso, detallan las gestiones de Hunter Biden y sus socios para que Burisma Holdings, una de las principales empresas privadas de Ucrania en la producción de gas, aprovechara la apertura de Pemex tras la reforma energética de 2013.
Entre 2013 y 2016, años en que Petróleos Mexicanos (Pemex) fue dirigida por Emilio Lozoya Austin, la paraestatal fue asediada por el grupo de socios de Hunter Biden, hijo del entonces vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, en busca de contratos para la exploración y producción de hidrocarburos para beneficio de uno de los mayores oligarcas de Ucrania.
Las gestiones de Hunter Biden y sus socios para incursionar en el mercado energético mexicano comenzaron en 2013, año en que se aprobó la reforma impulsada por el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, y que por primera vez en siete décadas permitía la inversión privada en el sector de los hidrocarburos.
Por esos años, el primogénito del hoy mandatario saliente de Estados Unidos era directivo de Burisma Holdings, la empresa privada más grande de Ucrania dedicada a la producción de gas natural, con inversiones en Europa del este y las exrepúblicas soviéticas; la firma, cuyo principal accionista es el oligarca ucraniano Nikolai Zlochevsky, ha sido acusada de lavado de dinero y evasión fiscal, tanto por autoridades ucranianas, como en Estados Unidos y Reino Unido.
A través de correos electrónicos hallados en la computadora de Hunter Binden —a los que El Sol de México tuvo acceso— se pueden documentar las maniobras que el hijo mayor del jefe de la Casa Blanca y su grupo desplegaron con diversos actores mexicanos para ganar contratos a instancias de Pemex, incluidos el presidente Peña Nieto, los empresarios Carlos Slim y Miguel Alemán Magnani, y el propio Lozoya Austin.
Dichas operaciones formaron parte del expediente que desataron investigaciones por parte de los congresistas republicanos de Estados Unidos, pues se presumía que en ese entonces Joe Biden habría aprovechado su cargo de vicepresidente para facilitar los negocios internacionales de su hijo, lo que presuntamente incluía reuniones en la Casa Blanca y viajes en el avión oficial Air Force Two, con periplos que incluyeron reuniones la Ciudad de México.
Si bien el juicio político contra Joe Biden promovido en el Capitolio no procedió y Hunter Biden ya no es directivo de Burisma Holdings, es hasta ahora, una década después, que se conocen detalles de las estrategias urdidas por representantes de grandes capitales internacionales para aprovechar la apertura de Pemex.
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Los planes para hacer negocios en el mercado mexicano de los hidrocarburos iniciaron en febrero de 2013, sólo tres meses después de que comenzara la administración de Peña Nieto, y cuando ya se vislumbraba una reforma energética que rompería el monopolio que durante décadas mantuvo Pemex sobre la exploración, producción y comercialización de energéticos en México.
Por esas fechas Jeff Cooper —un abogado que trabajó de cerca con el difunto hermano de Hunter Biden, Beau, y que donó miles de dólares a las diversas campañas políticas de Joe Biden— escribió a Hunter para hablarle de la privatización de la petrolera mexicana y la posibilidad de hacer negocios. “Esto se está convirtiendo en algo gigantesco, hermano”, le dijo.
Las perspectivas de ganancias aumentaron cuando Hunter Biden ascendió a la dirección de Burisma Holdings, en 2014. Hunter Biden y Jeff Cooper buscaron la ayuda del empresario Miguel Alemán Magnani, hijo del exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco y en ese entonces presidente de la aerolínea Interjet, para tratar de forjar una relación con el empresario Carlos Slim y así ganar contratos con la petrolera mexicana.

En uno de los correos hallados en la laptop de Hunter Biden, que data del 20 de noviembre de 2014 (imagen 1), se puede leer el siguiente mensaje de Cooper: “Acabo de terminar una llamada con él (Hunter). Quiere que intentemos llevar a un ejecutivo de Burisma con nosotros en nuestro viaje (aún está tratando de determinar el momento exacto). Dice que el director general de Pemex está muy entusiasmado con su posible participación y tiene ‘un proyecto perfecto’. ¿Qué piensas al respecto?”.
Para la fecha del correo la reforma energética llevaba 15 meses de aprobada en México y tanto la Secretaría de Energía como Petróleos Mexicanos se encontraban en la fase de definir las reglas para que las empresas, tanto nacionales como extranjeras, concursaran por los contratos de exploración y producción de hidrocarburos.
Del mismo modo, para noviembre de 2014, Hunter Biden llevaba seis meses de haber sido nombrado como parte del consejo directivo de Burisma. En aquel año, Ucrania vivía tiempos convulsos, pues ocurrieron los sangrientos disturbios llamados Euromaidán, que causaron la renuncia del presidente prorruso Viktor Yanukovich, a la vez que Moscú emprendió una serie de acciones para desestabilizar el este de Ucrania y anexarse la península de Crimea, lo que es considerado como la génesis de la invasión rusa a territorio ucraniano de febrero de 2022.
En medio de un conflicto bélico, el abasto de energéticos no sólo resulta un factor clave para los involucrados, sino una excelente oportunidad de negocios para Burisma, y Hunter estaba ahí para buscar los contratos; al mismo tiempo, la crisis en Ucrania, requirió una intensa labor diplomática del entonces vicepresidente Biden, quien viajó con frecuencia a aquel país para proteger los intereses de la Organización de Tratado del Atlántico Norte (La OTAN, conformada por los países Europa occidental y Estados Unidos) y contener la influencia rusa.

En los correos que este medio tuvo acceso, la primera evidencia de un actor ucraniano aparece el 12 de noviembre de 2014, cuando el alto funcionario de Burisma, Vadim Pozharskyi, envía a Devon Archer y con copia a Hunter Biden un mensaje con un asunto denominado “Carta de autorización de México” (imagen 2).
“Querido Devon: Espero que te vaya bien. Siguiendo tu solicitud, te adjunto la carta de autorización firmada por Alan. De acuerdo con los Estatutos de la Asociación de Burisma Holdings, nuestro departamento legal redactó una resolución que fue firmada por todos los miembros de la Junta Directiva”, explica Pozharskyi.
El ejecutivo ucraniano se refería al aval de la empresa transnacional para pujar por los contratos de Pemex. En ese mismo correo, Pozharskyi pide a Devon, Biden y Cooper estar atentos a la segunda Cumbre Anual México Upstream, que se llevaría a cabo del 9 al 12 de marzo de 2015 en la Ciudad de México.
“El México Upstream Summit se establece ahora como el lugar de encuentro oficial para que los actores internacionales se reúnan con Sener, CNH y Pemex, y juntos identifiquen oportunidades de inversión, formen asociaciones y discutan los próximos pasos clave para la histórica reforma energética”, explica el ucraniano, quien subraya: “Creo que podría ser una oportunidad interesante para que la aprovechemos”.
Antes y después de dicha cumbre, los socios de Hunter Biden y los ejecutivos de Burisma echaron toda la carne al asador, al poner en el terreno de juego no sólo al entonces vicepresidente Joe Biden, sino al multimillonario mexicano Carlos Slim y al mismo presidente Enrique Peña Nieto.
El 28 de enero de 2015, Hunter Biden escribió un largo correo (imagen 3 )a Miguel Alemán Magnani, a Devon Archer y a Jeff Cooper para detallar los pasos a seguir antes de participar en los concursos de México Upstream y previo a una reunión en la Casa Blanca y en la Ciudad de México.
“Señores, creí que sería útil enumerar las acciones inmediatas que deben llevarse a cabo para que podamos aprovechar la oportunidad de privatizar Pemex. A continuación, se muestra mi entendimiento de lo que se debe hacer, pero estoy seguro de que cada uno de ustedes tendrá cosas que agregar o aclarar”, planteó Hunter Biden en dicho e-mail.
En primer lugar, expone, “necesitamos obtener acceso a la ‘data room’ que Pemex/Secretaría de Energía pondrá a disposición a cambio de una tarifa. Entiendo que hay una tarifa (aproximadamente 350 mil dólares) que debe pagarse. Creo que Burisma está dispuesta a pagar esa tarifa (¿Devon?). Burisma necesita una carta/documento/explicación oficial de algún tipo que detalle a qué tiene derecho al pagar esa tarifa, y también un plan detallado de quién de nuestro consorcio se encargará de la revisión de los datos que proporciona Pemex. Sugeriría que identifiquemos al personal técnico de Burisma (¿Devon?) y al personal técnico hispanohablante de México (¿Miguel/Jeff?) que puedan comenzar esa revisión en conjunto lo antes posible”.

Una de las evidencias más polémicas de la posible colaboración del entonces vicepresidente Biden para favorecer los negocios de su hijo ocurrió el 19 de noviembre de 2015, cuando los dos Biden y Jeff Cooper recibieron a los empresarios Carlos Slim, Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani en la Casa Blanca.
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Del encuentro existen fotos que han sido publicadas por medios estadounidenses y por congresistas republicanos, mismas que forman parte del expediente que armaron los adversarios de Joe Biden para entablarle un juicio político.
“Cada vez más, parece que los Biden han utilizado la Casa Blanca y el Poder Ejecutivo para enriquecerse”, sostuvo el legislador James Comer en una resolución presentada en el Congreso de Estados Unidos el pasado 26 de septiembre de 2022, en la que se solicita al presidente transmitir a la Cámara de Representantes todos los documentos en su poder sobre los negocios de la familia Biden.
Por ejemplo, continúa el republicano Comer, “en un correo electrónico a Miguel Alemán Magnani, Hunter Biden escribió: ‘Hemos estado hablando de acuerdos comerciales y asociaciones durante siete años… He traído a todas y cada una de las personas que me pidieron que llevara a la Casa Blanca y a la casa del vicepresidente… He cumplido con todo lo que alguna vez me pidieron”, incluido un vuelo a la Ciudad de México “con papá” para reunirse con el entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Al final, los esfuerzos de Hunter Biden y sus socios para conseguir contratos con Pemex no fructificaron. Adicional a los desacuerdos entre el hijo del presidente y Alemán Magnani, sobrevino la salida de Emilio Lozoya como director general de Pemex, ocurrida en febrero de 2016, luego de haber sido señalado de aparecer en los Panama Papers por el uso de paraísos fiscales y evasión fiscal.
Adicionalmente, en noviembre de 2016, el republicano Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos, lo que restó fuerza a la marca Biden, además de que cambió la geopolítica mundial, al estar en la Casa Blanca un actor menos hostil hacia Rusia y con menos interés en intervenir en la crisis ucraniana.
El último clavó en el ataúd de los proyectos de Burisma para hacer negocios en México fue el inicio de las investigaciones por corrupción, evasión de impuestos y sobornos contra la empresa por parte del Congreso y la Fiscalía de Ucrania. En el centro del huracán se encuentra Nikolai Zlochevsky, de quien no está claro si estuvo en México, pero en los correos electrónicos de Hunter Biden se pone en evidencia que se hicieron gestiones al más alto nivel para que el magnate obtuviera la visa.
El 5 de febrero de 2015, Vadim Pozharskyi escribió a Devor Archer, socio de Biden, el siguiente mensaje: “Nikolai también tuvo algunos problemas y le revocaron la visa y no ha solicitado una nueva. Teniendo esto en cuenta, creo que existe el riesgo de que vuele a México y le nieguen la entrada, y que de mal humor se vea obligado a regresar a Kiev. Por favor, avísenme. Y otra cosa: ¿podrías ser tan amable de actualizarme sobre lo que hay que hacer antes de nuestra reunión con Pemex?”.
Los documentos revisados por este medio no permiten saber si el magnate Zlochevsky pisó México, pero ponen en evidencia que el intento de que Burisma invirtiera en México implicó a las máximas autoridades de Ucrania, Estados Unidos y México.
Justicia
UN CONFLICTO QUE YA NO SE EXPLICA: ZAYÚN, ALCALDE Y LA INSISTENCIA EN SOSTENER LA HUELGA
La continuidad del paro en Monte de Piedad, pese a haber sido declarado inexistente, ha alimentado la percepción de que el conflicto responde más a la defensa de un liderazgo que a una causa laboral. Con Arturo Alcalde como principal respaldo, la estrategia se mantiene mientras crecen los cuestionamientos y el desgaste alcanza a los trabajadores.
El conflicto laboral en el Nacional Monte de Piedad ha entrado en una fase donde su prolongación resulta cada vez más difícil de justificar desde el ámbito jurídico. A más de seis meses de la huelga, la continuidad del paro ha abierto cuestionamientos sobre las verdaderas razones detrás de su permanencia.
Desde el inicio del conflicto, el 1 de octubre de 2025, las afectaciones han sido evidentes. El cierre de más de 300 sucursales ha generado un impacto acumulado que afecta tanto a la institución como a sus trabajadores.
El fallo judicial que declaró inexistente la huelga debió marcar un punto de cierre. Sin embargo, la dirigencia encabezada por Arturo Zayún, respaldada por Arturo Alcalde Justiniani, optó por prolongar el conflicto mediante recursos legales.
Esta decisión ha sido interpretada como una estrategia para sostener una posición cada vez más debilitada. En este contexto, la figura de Alcalde ha adquirido un papel determinante como principal sostén de la dirigencia sindical.
Los señalamientos contra Zayún han incrementado la presión. Investigaciones que apuntan a presunta opacidad y enriquecimiento han debilitado su legitimidad, alimentando el descontento en la base trabajadora.
El respaldo de Alcalde, lejos de disipar las dudas, ha reforzado la percepción de que el conflicto responde a una lógica de supervivencia política. Su actuación ha sido vista como clave para mantener activa una disputa que ha perdido sustento.
Mientras tanto, los trabajadores continúan absorbiendo el impacto de una estrategia que no ofrece una salida clara. La incertidumbre y el desgaste se han convertido en elementos constantes.
El caso del Nacional Monte de Piedad deja en evidencia una realidad cada vez más visible: cuando un conflicto laboral se prolonga más allá de su viabilidad, la pregunta ya no es cómo resolverlo, sino por qué se insiste en sostenerlo.
Nacional
El poder sin control: la Fiscalía de Chihuahua actúa fuera de la ley y después guarda silencio
- La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocó sellos en un inmueble ubicado en Morelos pese a no tener competencia territorial para hacerlo.
- El aseguramiento del Centro Cultural Pedro López Elías se realizó en Tepoztlán, Morelos, fuera del territorio en el que legalmente puede actuar la fiscalía estatal de Chihuahua. La acción fue presentada como parte de una investigación anticorrupción.
Juristas señalaron que una fiscalía estatal no puede ejecutar actos de autoridad en otra entidad sin coordinación institucional formal o sin intervención federal. La ausencia de estos mecanismos dejó en entredicho la legalidad del operativo.
La polémica aumentó cuando los sellos fueron retirados posteriormente sin explicación pública suficiente. La institución evitó detallar los fundamentos jurídicos de la intervención.
El episodio terminó exhibiendo una práctica preocupante dentro de ciertas estructuras de poder: decisiones institucionales tomadas con aparente ligereza jurídica y revertidas sin rendición de cuentas.
Justicia
Luis Abelardo Valenzuela Holguín y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua desatan polémica nacional sobre límites fiscales.
Especialistas consideran que El Bayo y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua deben rendir cuentas sobre los criterios que sustentaron el operativo.
Especialistas señalan que El Bayo y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no acreditaron competencia territorial al intervenir en Morelos. La actuación encabezada por Luis Abelardo Valenzuela Holguín, conocido como El Bayo, y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua incluyó la colocación de sellos en un inmueble federal fuera de su jurisdicción. Lo que ocurrió con el Centro Cultural Pedro López Elías, en Tepoztlán, Morelos, marca un punto de quiebre en la historia reciente del uso del poder penal en México.- Por primera vez, una fiscalía estatal utilizó una biblioteca y centro cultural como instrumento de presión política, ejecutando un embargo fuera de su jurisdicción y luego retirándose en silencio cuando la ilegalidad quedó al descubierto.
- En octubre de 2025, agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, arribaron a un inmueble que no pertenece a Chihuahua, no está en Chihuahua y no forma parte de ninguna investigación penal en Morelos, para colocar sellos de aseguramiento.
- El objetivo no era la justicia: era castigar al fundador del Centro, quien había denunciado redes de corrupción dentro del propio sistema de procuración de justicia en Chihuahua.
- Una operación jurídicamente insostenible: De acuerdo con especialistas en derecho constitucional y penal, el acto presenta múltiples irregularidades graves:
- Violación al principio de territorialidad: Una fiscalía estatal no puede ejecutar actos de autoridad en otro estado sin cooperación formal ni mandato judicial federal.
- Inexistencia de vínculo penal del inmueble: El Centro Cultural no estaba relacionado con ningún delito. No era cuerpo del delito ni instrumento ni producto de actividad ilícita.
- Violación al régimen de bienes culturales: Al tratarse de una biblioteca y espacio de acceso público, el inmueble goza de una protección reforzada por leyes culturales y derechos humanos.
- Pese a todo ello, los sellos fueron colocados con un despliegue mediático calculado, presentando al centro como parte de una supuesta operación anticorrupción.
- Boletines oficiales
- Actas públicas
- Explicación jurídica
- Notificación a autoridades culturales
- Rendición de cuentas
- La fiscalía que había hecho tanto ruido al asegurar el inmueble, optó por desaparecer el acto como si nunca hubiera ocurrido.
- “Se actúa con estruendo para intimidar y dañar reputaciones. Cuando la ilegalidad se vuelve evidente, se retrocede en silencio para evitar responsabilidades”.
- Cuestionó la competencia de Chihuahua.
- Defendió la soberanía de su territorio.
- Protegió un bien cultural de acceso público.
- Exigió documentación judicial.
- “Cuando el Estado no protege una biblioteca frente a un abuso, está renunciando a su deber constitucional”.
- No importaba su función educativa, social o comunitaria: era un bien valioso que podía ser golpeado para enviar un mensaje.
- Ese es el verdadero significado del embargo y de su posterior desaparición.
- “Cualquier fiscal podrá ir a otro estado, tomar una universidad, una biblioteca o un museo, y luego retirarse sin consecuencias”.
- Lo ocurrido en Tepoztlán ya no es un pleito legal, es una prueba de si México sigue siendo una república federal o si ha comenzado a tolerar feudos judiciales.
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