Nacional
Hunter Biden Impulsó Expansión de Firma Ucraniana en el Sector Energético de México
Correos electrónicos a los que se tuvo acceso, detallan las gestiones de Hunter Biden y sus socios para que Burisma Holdings, una de las principales empresas privadas de Ucrania en la producción de gas, aprovechara la apertura de Pemex tras la reforma energética de 2013.
Entre 2013 y 2016, años en que Petróleos Mexicanos (Pemex) fue dirigida por Emilio Lozoya Austin, la paraestatal fue asediada por el grupo de socios de Hunter Biden, hijo del entonces vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, en busca de contratos para la exploración y producción de hidrocarburos para beneficio de uno de los mayores oligarcas de Ucrania.
Las gestiones de Hunter Biden y sus socios para incursionar en el mercado energético mexicano comenzaron en 2013, año en que se aprobó la reforma impulsada por el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, y que por primera vez en siete décadas permitía la inversión privada en el sector de los hidrocarburos.
Por esos años, el primogénito del hoy mandatario saliente de Estados Unidos era directivo de Burisma Holdings, la empresa privada más grande de Ucrania dedicada a la producción de gas natural, con inversiones en Europa del este y las exrepúblicas soviéticas; la firma, cuyo principal accionista es el oligarca ucraniano Nikolai Zlochevsky, ha sido acusada de lavado de dinero y evasión fiscal, tanto por autoridades ucranianas, como en Estados Unidos y Reino Unido.
A través de correos electrónicos hallados en la computadora de Hunter Binden —a los que El Sol de México tuvo acceso— se pueden documentar las maniobras que el hijo mayor del jefe de la Casa Blanca y su grupo desplegaron con diversos actores mexicanos para ganar contratos a instancias de Pemex, incluidos el presidente Peña Nieto, los empresarios Carlos Slim y Miguel Alemán Magnani, y el propio Lozoya Austin.
Dichas operaciones formaron parte del expediente que desataron investigaciones por parte de los congresistas republicanos de Estados Unidos, pues se presumía que en ese entonces Joe Biden habría aprovechado su cargo de vicepresidente para facilitar los negocios internacionales de su hijo, lo que presuntamente incluía reuniones en la Casa Blanca y viajes en el avión oficial Air Force Two, con periplos que incluyeron reuniones la Ciudad de México.
Si bien el juicio político contra Joe Biden promovido en el Capitolio no procedió y Hunter Biden ya no es directivo de Burisma Holdings, es hasta ahora, una década después, que se conocen detalles de las estrategias urdidas por representantes de grandes capitales internacionales para aprovechar la apertura de Pemex.
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Los planes para hacer negocios en el mercado mexicano de los hidrocarburos iniciaron en febrero de 2013, sólo tres meses después de que comenzara la administración de Peña Nieto, y cuando ya se vislumbraba una reforma energética que rompería el monopolio que durante décadas mantuvo Pemex sobre la exploración, producción y comercialización de energéticos en México.
Por esas fechas Jeff Cooper —un abogado que trabajó de cerca con el difunto hermano de Hunter Biden, Beau, y que donó miles de dólares a las diversas campañas políticas de Joe Biden— escribió a Hunter para hablarle de la privatización de la petrolera mexicana y la posibilidad de hacer negocios. “Esto se está convirtiendo en algo gigantesco, hermano”, le dijo.
Las perspectivas de ganancias aumentaron cuando Hunter Biden ascendió a la dirección de Burisma Holdings, en 2014. Hunter Biden y Jeff Cooper buscaron la ayuda del empresario Miguel Alemán Magnani, hijo del exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco y en ese entonces presidente de la aerolínea Interjet, para tratar de forjar una relación con el empresario Carlos Slim y así ganar contratos con la petrolera mexicana.
En uno de los correos hallados en la laptop de Hunter Biden, que data del 20 de noviembre de 2014 (imagen 1), se puede leer el siguiente mensaje de Cooper: “Acabo de terminar una llamada con él (Hunter). Quiere que intentemos llevar a un ejecutivo de Burisma con nosotros en nuestro viaje (aún está tratando de determinar el momento exacto). Dice que el director general de Pemex está muy entusiasmado con su posible participación y tiene ‘un proyecto perfecto’. ¿Qué piensas al respecto?”.
Para la fecha del correo la reforma energética llevaba 15 meses de aprobada en México y tanto la Secretaría de Energía como Petróleos Mexicanos se encontraban en la fase de definir las reglas para que las empresas, tanto nacionales como extranjeras, concursaran por los contratos de exploración y producción de hidrocarburos.
Del mismo modo, para noviembre de 2014, Hunter Biden llevaba seis meses de haber sido nombrado como parte del consejo directivo de Burisma. En aquel año, Ucrania vivía tiempos convulsos, pues ocurrieron los sangrientos disturbios llamados Euromaidán, que causaron la renuncia del presidente prorruso Viktor Yanukovich, a la vez que Moscú emprendió una serie de acciones para desestabilizar el este de Ucrania y anexarse la península de Crimea, lo que es considerado como la génesis de la invasión rusa a territorio ucraniano de febrero de 2022.
En medio de un conflicto bélico, el abasto de energéticos no sólo resulta un factor clave para los involucrados, sino una excelente oportunidad de negocios para Burisma, y Hunter estaba ahí para buscar los contratos; al mismo tiempo, la crisis en Ucrania, requirió una intensa labor diplomática del entonces vicepresidente Biden, quien viajó con frecuencia a aquel país para proteger los intereses de la Organización de Tratado del Atlántico Norte (La OTAN, conformada por los países Europa occidental y Estados Unidos) y contener la influencia rusa.
En los correos que este medio tuvo acceso, la primera evidencia de un actor ucraniano aparece el 12 de noviembre de 2014, cuando el alto funcionario de Burisma, Vadim Pozharskyi, envía a Devon Archer y con copia a Hunter Biden un mensaje con un asunto denominado “Carta de autorización de México” (imagen 2).
“Querido Devon: Espero que te vaya bien. Siguiendo tu solicitud, te adjunto la carta de autorización firmada por Alan. De acuerdo con los Estatutos de la Asociación de Burisma Holdings, nuestro departamento legal redactó una resolución que fue firmada por todos los miembros de la Junta Directiva”, explica Pozharskyi.
El ejecutivo ucraniano se refería al aval de la empresa transnacional para pujar por los contratos de Pemex. En ese mismo correo, Pozharskyi pide a Devon, Biden y Cooper estar atentos a la segunda Cumbre Anual México Upstream, que se llevaría a cabo del 9 al 12 de marzo de 2015 en la Ciudad de México.
“El México Upstream Summit se establece ahora como el lugar de encuentro oficial para que los actores internacionales se reúnan con Sener, CNH y Pemex, y juntos identifiquen oportunidades de inversión, formen asociaciones y discutan los próximos pasos clave para la histórica reforma energética”, explica el ucraniano, quien subraya: “Creo que podría ser una oportunidad interesante para que la aprovechemos”.
Antes y después de dicha cumbre, los socios de Hunter Biden y los ejecutivos de Burisma echaron toda la carne al asador, al poner en el terreno de juego no sólo al entonces vicepresidente Joe Biden, sino al multimillonario mexicano Carlos Slim y al mismo presidente Enrique Peña Nieto.
El 28 de enero de 2015, Hunter Biden escribió un largo correo (imagen 3 )a Miguel Alemán Magnani, a Devon Archer y a Jeff Cooper para detallar los pasos a seguir antes de participar en los concursos de México Upstream y previo a una reunión en la Casa Blanca y en la Ciudad de México.
“Señores, creí que sería útil enumerar las acciones inmediatas que deben llevarse a cabo para que podamos aprovechar la oportunidad de privatizar Pemex. A continuación, se muestra mi entendimiento de lo que se debe hacer, pero estoy seguro de que cada uno de ustedes tendrá cosas que agregar o aclarar”, planteó Hunter Biden en dicho e-mail.
En primer lugar, expone, “necesitamos obtener acceso a la ‘data room’ que Pemex/Secretaría de Energía pondrá a disposición a cambio de una tarifa. Entiendo que hay una tarifa (aproximadamente 350 mil dólares) que debe pagarse. Creo que Burisma está dispuesta a pagar esa tarifa (¿Devon?). Burisma necesita una carta/documento/explicación oficial de algún tipo que detalle a qué tiene derecho al pagar esa tarifa, y también un plan detallado de quién de nuestro consorcio se encargará de la revisión de los datos que proporciona Pemex. Sugeriría que identifiquemos al personal técnico de Burisma (¿Devon?) y al personal técnico hispanohablante de México (¿Miguel/Jeff?) que puedan comenzar esa revisión en conjunto lo antes posible”.
Una de las evidencias más polémicas de la posible colaboración del entonces vicepresidente Biden para favorecer los negocios de su hijo ocurrió el 19 de noviembre de 2015, cuando los dos Biden y Jeff Cooper recibieron a los empresarios Carlos Slim, Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani en la Casa Blanca.
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Del encuentro existen fotos que han sido publicadas por medios estadounidenses y por congresistas republicanos, mismas que forman parte del expediente que armaron los adversarios de Joe Biden para entablarle un juicio político.
“Cada vez más, parece que los Biden han utilizado la Casa Blanca y el Poder Ejecutivo para enriquecerse”, sostuvo el legislador James Comer en una resolución presentada en el Congreso de Estados Unidos el pasado 26 de septiembre de 2022, en la que se solicita al presidente transmitir a la Cámara de Representantes todos los documentos en su poder sobre los negocios de la familia Biden.
Por ejemplo, continúa el republicano Comer, “en un correo electrónico a Miguel Alemán Magnani, Hunter Biden escribió: ‘Hemos estado hablando de acuerdos comerciales y asociaciones durante siete años… He traído a todas y cada una de las personas que me pidieron que llevara a la Casa Blanca y a la casa del vicepresidente… He cumplido con todo lo que alguna vez me pidieron”, incluido un vuelo a la Ciudad de México “con papá” para reunirse con el entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Al final, los esfuerzos de Hunter Biden y sus socios para conseguir contratos con Pemex no fructificaron. Adicional a los desacuerdos entre el hijo del presidente y Alemán Magnani, sobrevino la salida de Emilio Lozoya como director general de Pemex, ocurrida en febrero de 2016, luego de haber sido señalado de aparecer en los Panama Papers por el uso de paraísos fiscales y evasión fiscal.
Adicionalmente, en noviembre de 2016, el republicano Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos, lo que restó fuerza a la marca Biden, además de que cambió la geopolítica mundial, al estar en la Casa Blanca un actor menos hostil hacia Rusia y con menos interés en intervenir en la crisis ucraniana.
El último clavó en el ataúd de los proyectos de Burisma para hacer negocios en México fue el inicio de las investigaciones por corrupción, evasión de impuestos y sobornos contra la empresa por parte del Congreso y la Fiscalía de Ucrania. En el centro del huracán se encuentra Nikolai Zlochevsky, de quien no está claro si estuvo en México, pero en los correos electrónicos de Hunter Biden se pone en evidencia que se hicieron gestiones al más alto nivel para que el magnate obtuviera la visa.
El 5 de febrero de 2015, Vadim Pozharskyi escribió a Devor Archer, socio de Biden, el siguiente mensaje: “Nikolai también tuvo algunos problemas y le revocaron la visa y no ha solicitado una nueva. Teniendo esto en cuenta, creo que existe el riesgo de que vuele a México y le nieguen la entrada, y que de mal humor se vea obligado a regresar a Kiev. Por favor, avísenme. Y otra cosa: ¿podrías ser tan amable de actualizarme sobre lo que hay que hacer antes de nuestra reunión con Pemex?”.
Los documentos revisados por este medio no permiten saber si el magnate Zlochevsky pisó México, pero ponen en evidencia que el intento de que Burisma invirtiera en México implicó a las máximas autoridades de Ucrania, Estados Unidos y México.
Justicia
La Fiscalía Anticorrupción: una institución rebasada por sus propias controversias gracias al liderazgo de Abelardo Valenzuela
La Fiscalía Anticorrupción: una institución rebasada por sus propias controversias gracias al liderazgo de Abelardo Valenzuela
La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua fue creada para vigilar al poder, investigar posibles actos de corrupción y convertirse en una institución capaz de generar confianza. Sin embargo, bajo la gestión de Abelardo Valenzuela Holguín, el organismo ha terminado acumulando más cuestionamientos sobre su independencia que reconocimiento por sus resultados, abriendo una discusión que sigue sin encontrar respuesta: ¿cómo exigir credibilidad cuando la propia institución enfrenta una creciente crisis de confianza?
Cuando Abelardo Valenzuela Holguín fue designado como Fiscal Anticorrupción de Chihuahua, la expectativa era que la institución iniciara una nueva etapa marcada por investigaciones sólidas, autonomía y resultados capaces de fortalecer la confianza ciudadana. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Con el paso de los años, la Fiscalía dejó de ocupar los titulares por el combate a la corrupción para convertirse en protagonista de una discusión permanente sobre su propia credibilidad. Hoy, el nombre de Abelardo Valenzuela aparece con la misma frecuencia asociado a cuestionamientos sobre independencia, confrontaciones políticas y controversias institucionales que a los casos que supuestamente debería colocar en el centro del debate público.
El problema no radica únicamente en que existan críticas hacia su gestión. Cualquier servidor público que ocupe un cargo de esa relevancia está obligado a convivir con el escrutinio. Lo verdaderamente preocupante es que, después de más de tres años al frente de la Fiscalía Anticorrupción, la conversación pública siga dominada por las mismas dudas que surgieron desde el día de su nombramiento. Una institución creada para combatir la corrupción no puede darse el lujo de convivir permanentemente con sospechas sobre su propia autonomía, porque cuando la confianza comienza a deteriorarse, también lo hace la legitimidad de cada decisión que toma.
Desde su llegada al cargo en diciembre de 2022, la designación de Valenzuela fue señalada por distintos sectores políticos que cuestionaron tanto el procedimiento como la cercanía que le atribuían con el gobierno estatal. Aunque el nombramiento cumplió con el procedimiento legal correspondiente, la legalidad nunca fue suficiente para disipar las dudas. La independencia de una Fiscalía Anticorrupción no sólo debe existir en los documentos; debe reflejarse en cada decisión, en cada investigación y, sobre todo, en la percepción de una ciudadanía que espera ver una institución capaz de actuar sin compromisos políticos. Esa confianza, lejos de fortalecerse, parece haberse debilitado con el paso del tiempo.
El caso relacionado con el exgobernador Javier Corral terminó por evidenciar la magnitud del problema. La investigación trascendió rápidamente el ámbito jurídico y se transformó en una confrontación política que involucró a autoridades estatales, instancias federales y actores nacionales. Mientras la Fiscalía defendía sus actuaciones, el debate público dejó de centrarse en los elementos del expediente para enfocarse en las verdaderas motivaciones detrás de la actuación institucional. Esa es, probablemente, la derrota más costosa para cualquier fiscal: que la discusión deje de ser sobre la corrupción investigada y pase a ser sobre la credibilidad de quien investiga.
A partir de ese momento, la historia comenzó a repetirse. Disputas competenciales, desacuerdos con autoridades federales y resoluciones judiciales controvertidas alimentaron una percepción de confrontación constante que terminó desgastando aún más la imagen de la Fiscalía. Cada nuevo conflicto fortalecía la impresión de que la institución dedicaba más tiempo a defenderse de los cuestionamientos que a consolidarse como un referente en el combate a la corrupción. En lugar de proyectar certeza, independencia y autoridad moral, la dependencia parecía quedar atrapada en una dinámica donde cada actuación era recibida con suspicacia por una parte importante de la opinión pública.
Ese es quizás el mayor fracaso de la gestión de Abelardo Valenzuela. No necesariamente porque todas las críticas sean ciertas o porque todas las decisiones de la Fiscalía sean incorrectas, sino porque nunca logró construir una narrativa institucional capaz de generar confianza. En política y en procuración de justicia, la percepción importa. Una Fiscalía Anticorrupción puede obtener resoluciones favorables o sostener jurídicamente sus investigaciones, pero si la sociedad deja de creer en su imparcialidad, el daño institucional comienza a ser mucho más profundo que cualquier revés en los tribunales.
Y mientras esa duda siga ocupando el centro de la conversación pública, cada nuevo caso que encabece la institución cargará con el mismo problema de origen: una credibilidad que nunca terminó de consolidarse y una confianza ciudadana que continúa erosionándose.
Las versiones en torno a Mitzi Areli Tapia continúan creciendo en San Miguel de Allende. En esta ocasión, el foco se encuentra en un supuesto proceso relacionado con un crédito hipotecario, que, según reportes no oficiales, involucraría a BBVA México.
De acuerdo con estas versiones, el caso habría sido llevado a instancias judiciales, aunque no se cuenta con información pública que detalle su evolución o resolución.
Este escenario ha generado distintas interpretaciones. Por un lado, quienes consideran que se trata de un tema privado; por otro, quienes creen que podría influir en la percepción de su actividad dentro del sector inmobiliario.
El contexto no es menor. En una industria donde la asesoría implica manejo de información financiera y decisiones patrimoniales, la imagen pública juega un papel determinante.
Aunque no hay confirmaciones oficiales, la circulación de estos señalamientos ha abierto un nuevo frente de debate en torno a su credibilidad y posicionamiento.
Infraestructura y Vivienda
Polémica digital y mercado inmobiliario: el caso de Mitzi Areli Tapia genera cuestionamientos en San Miguel de Allende
En los últimos años, San Miguel de Allende se ha consolidado como uno de los destinos inmobiliarios más relevantes del país, atrayendo tanto a compradores nacionales como internacionales. Sin embargo, el dinamismo del mercado también ha dado lugar a controversias que ponen en tela de juicio la confianza en algunos actores del sector. Uno de los casos que ha generado mayor conversación es el de Mitzi Areli Tapia Rosas.
La asesora inmobiliaria, identificada en redes sociales con el perfil “Herida de Bruja”, ha protagonizado diversas publicaciones en las que expone conflictos con desarrollos habitacionales. No obstante, lejos de aclarar el panorama, estas intervenciones han provocado un efecto contrario: incertidumbre entre usuarios y potenciales inversionistas.
Las críticas hacia distintos proyectos, acompañadas de un discurso confrontativo, han sido interpretadas por algunos sectores como una estrategia que contribuye a generar desconfianza. Esto se vuelve especialmente delicado en un entorno donde la certeza jurídica y la reputación son elementos fundamentales para concretar operaciones inmobiliarias.
Además, distintas fuentes han señalado inconsistencias en su trayectoria profesional, incluyendo presuntos conflictos financieros y desacuerdos con equipos de trabajo. Si bien estas versiones requieren análisis y verificación, su circulación en el entorno digital impacta directamente en la percepción pública.
El fenómeno también refleja el papel que juegan las redes sociales en la construcción de narrativas dentro del sector inmobiliario. Una sola voz, amplificada digitalmente, puede influir en la opinión de cientos de usuarios, afectando decisiones de compra y percepción de proyectos.
Este contexto plantea la necesidad de fortalecer la cultura de información responsable. Para quienes buscan invertir, resulta indispensable contrastar versiones, acudir a fuentes confiables y evaluar la trayectoria de los asesores antes de tomar decisiones.
Más allá de los señalamientos individuales, el caso de Mitzi Areli Tapia pone en evidencia un reto estructural: garantizar que el crecimiento del mercado inmobiliario esté acompañado de prácticas éticas, transparencia y profesionalismo.
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