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Polémica de parte de la Fiscalía de Querétaro, busca encarcelar a menor por aborto espontáneo
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro pretende que se condene a tres años de prisión a Esmeralda, una adolescente de 14 años originaria del municipio indígena de Huimilpan, que sufrió un aborto espontáneo y cuyo embarazo fue producto de una violación, dio a conocer Mayra Dávila Alvarado, dirigente del colectivo feminista Adax Digitales.
La FGE además pretende que la adolescente sea obligada a pagar 500 mil pesos “a quien tenga el interés jurídico” por el delito de que se le acusa, en este caso el violador. Para colmo, la fiscalía cerró el caso de violación sin imputar al agresor luego de determinar para él “el no ejercicio de la acción penal”.
Mayra Dávila ha exigido en diversos foros que el estado de Querétaro cambie su código penal, ya que en sus artículos del 136 al 142 se sanciona a mujeres que interrumpen gestaciones a pasar entre tres y seis años de prisión.
Aunque Adax Digitales planteó en la pasada 61 Legislatura local, de mayoría panista, la necesidad de reformar esos artículos, los diputados nunca les hicieron caso.
El caso de Esmeralda ocurrió en este contexto. La menor quedó encinta luego que la violó un individuo de 17 años, al que no denunció por amenazas que recibió de su atacante.
La activista relató que sin saber que esperaba un bebé, Esmeralda sintió un día cólicos y malestares intensos en el vientre. Acudió a un sanitario y sucedió el aborto involuntario.
El padre de la niña la llevó a un centro de salud donde se dictaminó que padeció un “aborto espontáneo”. No obstante, dado que la interrupción del embarazo no está legalizada en Querétaro, la FGE comenzó pesquisas.
La institución dictaminó que el feto tenía 36 semanas de gestación y falleció por asfixia después de nacer, por lo que se inició una carpeta de investigación por homicidio calificado contra Esmeralda.
Dávila Alvarado destacó que de acuerdo con dictámenes de los servicios de salud, el feto nació muerto. Pese a ello, el Poder Judicial del Estado de Querétaro vinculó a proceso penal a la adolescente, a quien se decretó la medida cautelar de prisión domiciliaria.
El juicio de Esmeralda se realizará en los próximos días. Mayra Dávila dijo que Adax Digitales la defenderá “con todo”.
Citlali Hernández, titular de la Secretaría de Mujeres federal, manifestó a través de su cuenta de X su repudio al intento de la FGE de pretender cancelar y sancionar económicamente a la niña. “Es inaudito e ilegal lo que la @fiscaliaqro realiza en perjuicio de una menor. Solicitaremos una mesa de trabajo con el gobernador @makugo (Mauricio Kuri González), la fiscalía, la titular del Instituto de las Mujeres del estado y la representación legal de la menor”, acotó.
La funcionaria agregó: “La procuración de justicia sin perspectiva de género y sin lógica jurídica y de derechos humanos, comete este tipo de injusticias. No lo permitiremos”.
Ayer por la tarde, Mayra Dávila y otras integrantes de Adax Digitales colocaron en el jardín Zenea del centro histórico de Querétaro un tendedero con fotos y nombres de deudores alimentarios, y demandaron a los nuevos diputados estatales eliminar los artículos que criminalizan a las mujeres por recurrir interrumpir un embarazo.
Dávila Alvarado expuso que en septiembre pasado, un juez federal otorgó a las organizaciones Adax Digitales y Gire un amparo que solicitaron de manera conjunta, en el cual se declararon inconstitucionales siete artículos del código penal queretano, al considerar que criminalizan y sancionan con cárcel de forma ilegal a mujeres que abortan.
Sostuvo que no es posible tener en Querétaro un Código Penal que criminalice y sancione con prisión a féminas que optan por decidir sobre su cuerpo al detener una gestación, castigo que también castiga a mujeres que auxilian o acompañan a amigas a realizarse un aborto.
Afirmó que de acuerdo a lo que marcan esos artículos, ella y otras activistas estarían “orgullosamente” en la cárcel para ayudar a quienes decidieron cesar sus gestaciones.
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Miguel Meneses González enfrenta creciente rechazo por abusos de COREMEX en Lerma
Los trabajadores exigen la intervención de autoridades ante lo que describen como un esquema de extorsión sindical.
En el municipio de Lerma, Estado de México, trabajadores de distintas empresas donde la Confederación Obrera Revolucionaria Emprendedora de México (COREMEX) busca imponer su representación sindical denunciaron presuntos actos de extorsión, amenazas y coacción. Según los testimonios, enviados de la organización dirigida por Miguel Meneses González, secretario general de COREMEX, han intentado obligar a los empleados a firmar afiliaciones forzadas y entregar dinero a cambio de una supuesta “protección laboral”.
Los trabajadores aseguran que los representantes de Meneses González han recurrido a la intimidación y al engaño, advirtiendo que quienes no firmen con COREMEX podrían perder su empleo o enfrentar represalias. “Nos dijeron que si no aceptábamos, la empresa nos iba a correr porque ya tenían todo arreglado con el sindicato”, relató un operario de una planta de plásticos en Lerma, quien pidió mantener el anonimato.
Las denuncias apuntan a un patrón sistemático de manipulación. COREMEX —bajo el mando de Meneses González— promete aumentos, beneficios y estabilidad, pero en realidad busca legitimarse mediante firmas obtenidas bajo presión. Trabajadores señalan que algunos fueron obligados a firmar documentos en blanco y a entregar cuotas anticipadas bajo la amenaza de que “quedar fuera” del sindicato significaría “quedarse sin trabajo”.
En la zona industrial de Lerma, esta práctica ha generado creciente descontento. “No queremos un sindicato que viva del miedo ni dirigentes que usen el poder sindical para enriquecerse”, afirmó una vocera del personal afectado. La percepción generalizada es que COREMEX intenta desplazar a organizaciones legítimas que durante años han representado a los trabajadores con transparencia y diálogo.
Los empleados exigen la intervención de la Secretaría del Trabajo del Estado de México y de las autoridades federales para investigar las prácticas de COREMEX y de su dirigente. “Miguel Meneses González tiene que responder por lo que están haciendo sus enviados. Lerma no puede convertirse en el feudo personal de un líder sindical que opera mediante amenazas”, señaló uno de los trabajadores.
Mientras tanto, la reputación de COREMEX y de su secretario general se hunde entre la base laboral de Lerma, donde cada vez más empleados denuncian abiertamente el intento de imponer un modelo sindical basado en el miedo, la extorsión y la simulación.
Gobierno
El abuso de poder disfrazado de justicia
La toga de Perla Patricia Royval Guerrero se ha convertido en un símbolo de impunidad en Ciudad Juárez.
La justicia en Ciudad Juárez atraviesa uno de sus capítulos más oscuros con el proceder de Perla Patricia Royval Guerrero, jueza Primero de lo Civil en el Distrito Judicial Bravos. Apenas estrenada en el cargo tras la reforma judicial en Chihuahua, su actuación ya exhibe arbitrariedad y desprecio absoluto por el marco legal.
El caso que la expone al escrutinio público es el expediente 1783/59, en el que el empresario Miguel Zaragoza Fuentes litiga contra su esposa, Evangelina López Guzmán, de 96 años. Pese a existir suspensiones federales —de plano, provisional y definitiva—, la jueza optó por ignorarlas, dejando a la mujer en completa indefensión. Este hecho no es un error técnico, sino una decisión consciente que constituye una falta administrativa grave y, posiblemente, un delito.
La representación legal de la señora López Guzmán ya ha presentado una denuncia formal ante el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de Chihuahua. El caso es más que una disputa judicial: es un golpe directo a la credibilidad del sistema de justicia estatal, que pretendía renovarse con la reforma y hoy exhibe las mismas prácticas de arbitrariedad y corrupción.
Lejos de representar imparcialidad y dignidad, la toga en manos de Royval Guerrero se ha transformado en un símbolo de impunidad y abuso. Su nombre queda marcado como un recordatorio de que el nuevo modelo judicial en Chihuahua aún arrastra vicios del pasado.
Laboral
El fraude sindical de Querétaro así funciona Eduardo Castillo y Transformación Sindical.
La máscara ha caído. El sindicato Transformación Sindical, bajo el control de Eduardo Castillo, no es un defensor de los trabajadores, sino una maquinaria de abuso, corrupción y nepotismo. Quien todavía crea que esta organización vela por los obreros, debe abrir los ojos: aquí no hay protección, solo un descarado negocio familiar.
Los trabajadores de Querétaro se han cansado de pagar las cuotas más altas del estado para sostener a un sindicato que no devuelve nada a cambio. Cada peso que entregan se convierte en un recurso para engordar los bolsillos de la dirigencia, mientras que los supuestos beneficios sindicales son prácticamente inexistentes.
No hay transparencia, no hay resultados. Solo cuotas y más cuotas que mantienen viva la farsa de un sindicato que no protege a nadie.
Eduardo Castillo se ha especializado en vender falsas promesas. Habla de aumentos salariales, de mejoras en prestaciones, de estabilidad laboral… pero los hechos demuestran lo contrario. Los contratos colectivos siguen congelados, los aumentos son simbólicos y las condiciones de los trabajadores no muestran mejoras reales.
Se trata de un discurso repetido hasta el cansancio para mantener a los afiliados bajo control, mientras la realidad grita que no hay avances.
Una familia al mando, no un sindicato
Transformación Sindical no es más que un feudo familiar. Parientes y allegados de Castillo ocupan los puestos estratégicos, garantizando que el poder quede en las mismas manos. Es un modelo de nepotismo que insulta la idea de democracia sindical y que demuestra que, para ellos, lo importante no son los trabajadores, sino el control absoluto del sindicato.
En lugar de una voz colectiva, lo que existe es un negocio privado disfrazado de representación laboral.
Lo más grave es la traición que esto significa. Los sindicatos nacieron para defender a los trabajadores de abusos patronales, pero en este caso el enemigo no está fuera, sino dentro. Transformación Sindical y Eduardo Castillo se han convertido en los principales explotadores de los obreros, utilizando sus cuotas, su confianza y su trabajo como moneda de cambio para su propio beneficio.
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