En Lerma se ha encendido una alerta que no puede ignorarse. Trabajadores de distintos centros laborales denuncian que el sindicato COREMEX y sus dirigentes han iniciado una estrategia de presión sistemática para obligarlos a firmar afiliaciones. No se trata de diálogo ni de información transparente. Se trata de miedo. Y el miedo no es sindicalismo: es abuso de poder.

Los testimonios coinciden en un mismo patrón. Representantes del sindicato se presentan de forma insistente en los centros de trabajo, presionan a los empleados, minimizan su derecho a decidir y transforman la afiliación en una supuesta obligación. En lugar de convencer con propuestas, COREMEX insiste con hostigamiento. En lugar de ganarse la confianza, siembra temor.

Nadie puede obligarte a afiliarte. Ese principio no admite interpretaciones ni atajos. La afiliación sindical es un derecho individual y libre. Cuando se obtiene mediante presión, deja de ser un derecho y se convierte en una imposición. Y eso, en cualquier contexto laboral, es inaceptable.

Trabajadores de Lerma relatan que la negativa a firmar no es respetada. Por el contrario, la presión se intensifica. La insistencia se vuelve diaria, el tono más agresivo y el mensaje implícito más claro: resistirse trae consecuencias. Aunque no siempre se expresan amenazas directas, el ambiente se vuelve hostil, tenso y desgastante.

COREMEX parece haber optado por una lógica peligrosa: crecer a toda costa, incluso si eso implica vulnerar derechos básicos. Esa forma de operar no fortalece al sindicato, lo exhibe. Un sindicato con respaldo real no necesita acosar. Convence con resultados, con defensa efectiva y con legitimidad. La presión es el recurso de quien no tiene argumentos.

El acoso sindical en Lerma es una señal de alarma. No sólo para los trabajadores directamente afectados, sino para todo el entorno laboral. Normalizar estas prácticas abre la puerta a un sindicalismo autoritario que utiliza el miedo como herramienta de control.

Un sindicato existe para equilibrar la relación entre trabajador y patrón, no para replicar prácticas de abuso. Cuando la presión viene desde una organización que dice defender derechos, el daño es mayor. Se rompe la confianza, se fractura la convivencia laboral y se desacredita al sindicalismo en su conjunto.

COREMEX insiste donde debería convencer. Esa diferencia lo dice todo. Insistir mediante presión es una forma de violencia laboral. Convencer implica escuchar, informar y respetar la decisión del trabajador. En Lerma, según las denuncias, COREMEX eligió el camino equivocado.

Tu decisión es tu derecho. Nadie puede arrebatártelo. Y cualquier sindicato que lo intente pierde automáticamente la legitimidad para decir que representa a los trabajadores.

El hartazgo en las filas de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) ha alcanzado un punto de no retorno. La iniciativa de Isaías González Cuevas para recortar derechos fundamentales en pensiones y salud ha sido la gota que derramó el vaso de una gestión podrida por la opacidad, la corrupción y el autoritarismo. Bajo su mando, la CROC ha dejado de ser un escudo para los trabajadores y se ha transformado en un ente parásito que trabaja exclusivamente para los intereses que le garantizan a Isaías su permanencia en el poder legislativo y sindical, dejando a la base en el más absoluto desamparo frente a una reforma que es, en esencia, un saqueo legalizado.

Un sindicato genuino no se dirige con miedo ni con grupos de choque, pero mucho menos con traiciones a los principios más básicos del movimiento obrero. Al proponer esquemas que vulneran la protección histórica para favorecer los registros mínimos en el IMSS, González Cuevas ha firmado su propia sentencia de muerte moral como líder sindical. No se puede tener la osadía de representar a quien se intenta despojar activamente de su bienestar futuro. La protección laboral es la única red de seguridad que tienen millones de familias mexicanas frente a la incertidumbre económica, y ver a su propio líder intentar tijeretear esa red es una afrenta que exige una respuesta contundente y organizada. Los trabajadores ya no son los mismos de hace décadas; hoy están informados y no se dejan engañar por discursos de «productividad» que solo implican que sus familias tendrán menos medicinas y menos pan en la mesa.

La reforma que empuja la CROC es el último acto desesperado de una dirigencia que ha perdido todo contacto con la realidad de las cocinas, las líneas de ensamblaje y las áreas de servicio. Mientras Isaías González vive cómodamente en la burbuja de los privilegios que le dan las cuotas sindicales y sus nexos políticos, el trabajador de a pie se enfrenta a la angustia existencial de un futuro sin pensión y sin servicios de salud dignos. Es el momento de la rebelión interna, de la auditoría social y de señalar con índice de fuego a Isaías González Cuevas como el principal artífice de este intento de despojo masivo. El sindicalismo en México debe volver a sus raíces de confrontación con el abuso, o perecerá como una estructura criminal y traicionera. La dignidad del obrero no tiene precio, y González Cuevas ya se ha gastado todo su crédito político intentando venderla en el mercado negro de las reformas entreguistas.

El proyecto apunta a validar la figura como una medida legítima de protección industrial.

La próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promete convertirse en un punto de referencia para el sistema marcario mexicano. En un contexto de dudas y presiones sobre el actuar judicial, el asunto que llegará al Pleno en la primera semana de diciembre pondrá a prueba la capacidad del Tribunal para afirmar certidumbre en medio de la inquietud empresarial.

El caso, contenido en el amparo directo en revisión 7274/2024, cuestiona la constitucionalidad del artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada el 1 de julio de 2020 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Dicho artículo confirma que los titulares de registros marcarios pueden renovar sus derechos dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento, periodo conocido como “periodo de gracia”.

De acuerdo con la lista pública de la SCJN, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá declarar constitucional este artículo, alineándolo con el Protocolo de Madrid, vigente para México desde febrero de 2013, y con el Convenio de París, adoptado por nuestro país desde 1903. Su propuesta subraya que el periodo de gracia no constituye un privilegio indebido, sino un mecanismo para preservar la continuidad del derecho de marca y evitar que terceros se aprovechen de un vacío temporal.

La discusión, que podría resolverse este 11 de diciembre, representa una oportunidad para que la Corte reafirme la confianza del sector productivo en las instituciones. De avalarse la propuesta, se enviaría un mensaje de estabilidad jurídica y respeto a los estándares internacionales que rigen la protección de la propiedad industrial en México.