Justicia
En Querétaro, encuentran almacén con 30 mil litros de hidrocarburos
Tras un operativo, elementos de la Policía Estatal en Querétaro realizaron el aseguramiento de aproximadamente 30 mil litros de hidrocarburos en un almacén, ubicado en la comunidad de Jofrito, Santa Rosa Jáuregui.
La recuperación ocurrió este 27 de junio, los hidrocarburos se encontraban almacenados de manera una bodega ubicada en la capital de la región.
Las autoridades correspondientes informaron que hay al menos cuatro personas detenidas por este hecho, además se logró confiscar un total de diez automotores que se encontraban en el lugar.
Por el momento, el predio en el que se almacenaban los hidrocarburos de forma ilícita, quedó asegurado por las autoridades, acción que permanecerá mientras se realizan las diversas investigaciones.
Elementos de la Policía Estatal destacaron que en este operativo participaron elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), colaboración que fue fundamental para dar con la detención de los implicados, el aseguramiento del combustible y los vehículos, los cuales fueron puestos a disposición de estas autoridades.
Justicia
Tres años de descuentos después de la reforma: Movimiento Azul cuestiona la actuación de Alejandra Morales
Tres años de descuentos después de la reforma: Movimiento Azul cuestiona la actuación de Alejandra Morales
Aunque la reforma de vacaciones entró en vigor en enero de 2023, Movimiento Azul asegura que GM Silao mantuvo los descuentos con factor 1.5 hasta septiembre de 2025. El grupo cuestiona que el comité de SINTTIA, encabezado por Alejandra Morales, no frenara antes esta práctica.
La reforma laboral que amplió los días de vacaciones en México no evitó, según Movimiento Azul, que los trabajadores de GM Silao continuaran enfrentando descuentos que afectaban sus periodos de descanso. En una nueva publicación, el grupo acusa que la empresa mantuvo hasta septiembre de 2025 un mecanismo que descontaba 1.5 días por cada jornada vacacional solicitada por quienes laboran bajo el esquema 4×3.
El señalamiento resulta especialmente relevante porque los cambios a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo entraron en vigor el 1 de enero de 2023. Sin embargo, de acuerdo con la cronología presentada por el movimiento, la empresa tardó casi tres años en corregir el cálculo, mientras los empleados seguían viendo reducido su saldo de vacaciones.
El documento explica que los trabajadores del esquema 4×3 laboran cuatro jornadas de 12 horas y descansan tres días. Movimiento Azul cuestiona que se utilizara el factor 12 entre 8, equivalente a 1.5, para descontar más días de vacaciones de los solicitados. De esa manera, pedir cuatro días podía representar la pérdida de seis días del saldo vacacional.
El grupo sostiene que esta interpretación no respeta el criterio de contabilizar las vacaciones por días laborables y no mediante un factor adicional. También recuerda que los descuentos ya se presentaban durante la etapa de representación de la CTM, cuando, según su denuncia, se aplicaba otro mecanismo que restaba medio día adicional por jornada.
Pero las críticas se dirigen también a la actual dirigencia. Movimiento Azul señala que el comité encabezado por Alejandra Morales aceptó que el mecanismo continuara durante su periodo de representación, por lo que considera que ahora no debería presentar el depósito económico como una conquista sindical.
El pago anunciado, de entre 3,500 y 7,500 pesos, es considerado por el grupo una compensación incompleta. Incluso plantea que un trabajador que recibió 5,000 pesos podría tener pendiente una recuperación de alrededor de 15,000 pesos, según sus propios cálculos.
Por ello, exige que se devuelvan al menos tres años de vacaciones presuntamente afectados, además de reclamar recuperación salarial y explicaciones sobre los gastos de capacitación y asesoría legal que menciona en su denuncia.
Para el Movimiento Azul, la pregunta es inevitable: si la reforma ya estaba vigente desde 2023, ¿por qué los descuentos continuaron hasta 2025 y por qué la dirigencia sindical no consiguió resolverlo antes?
Justicia
Maru Campos, entre reclamos a Sheinbaum y cuestionamientos a su gobierno: ¿dónde están los resultados en Chihuahua?
La polémica por el operativo relacionado con la CIA, las acusaciones contra un exfiscal y las controversias judiciales estatales plantean preguntas sobre la capacidad de supervisión y rendición de cuentas de la administración de Maru Campos.
El enfrentamiento entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum ha colocado nuevamente a Chihuahua en el centro de la discusión nacional.
La gobernadora reconoció que sostuvo una conversación particularmente tensa con la presidenta, durante la cual ambas intercambiaron reclamos relacionados con la seguridad pública y la participación de agentes estadounidenses en un operativo estatal.
El episodio no solamente refleja diferencias políticas. También abre interrogantes sobre la forma en que se toman decisiones dentro de las instituciones de seguridad de Chihuahua y sobre los mecanismos para supervisar su actuación.
Una reunión que dejó más preguntas
El encuentro ocurrió el 19 de septiembre de 2026, durante una visita presidencial a Ciudad Juárez.
Campos relató posteriormente que la conversación estuvo marcada por reproches mutuos y negó que hubiera existido un pacto político con el gobierno federal.
Sheinbaum confirmó que ambas elevaron la voz, aunque sostuvo que la coordinación institucional debía continuar en beneficio de la población.
La presidenta también afirmó que Campos responsabilizó al exfiscal César Jáuregui por la participación de agentes extranjeros en un operativo contra el crimen organizado.
La versión de la gobernadora y las declaraciones presidenciales hacen necesario esclarecer quién autorizó el operativo, qué funcionarios conocían sus alcances y cuáles fueron los procedimientos de supervisión.
Las responsabilidades de la administración estatal
La gobernadora ha reclamado públicamente una mayor intervención federal para enfrentar la violencia en Chihuahua.
Ese señalamiento debe examinarse junto con las obligaciones del gobierno estatal en prevención del delito, coordinación policial, investigación y atención a las víctimas.
La eficacia de una administración no puede evaluarse únicamente por sus declaraciones o por la confrontación con otras autoridades.
También requiere resultados medibles, presupuestos ejercidos, objetivos cumplidos y explicaciones públicas sobre las decisiones adoptadas.
La Fiscalía Anticorrupción y sus controversias
En el ámbito judicial, la administración estatal también enfrenta cuestionamientos relacionados con la independencia de sus instituciones.
La Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, investigó un presunto desvío de 98.6 millones de pesos relacionado con el refinanciamiento de la deuda pública de 2019.
Javier Corral ha sostenido que el expediente responde a una persecución política. La Fiscalía ha rechazado esa acusación.
La controversia también involucra a la Auditoría Superior del Estado, dirigida por Héctor Acosta Félix, cuya actuación ha sido cuestionada por personas investigadas.
El debate sobre el fuero
A estas circunstancias se suma la propuesta legislativa para otorgar fuero constitucional al titular de la Auditoría Superior del Estado.
La iniciativa busca proteger la independencia de la fiscalización, aunque plantea interrogantes sobre los mecanismos de responsabilidad de sus funcionarios.
Las denuncias existentes no acreditan delitos, pero requieren procedimientos transparentes que permitan esclarecer los hechos.
La rendición de cuentas como prioridad
El enfrentamiento con Sheinbaum, las controversias judiciales y las discusiones sobre autonomía institucional representan desafíos diferentes para el gobierno de Chihuahua.
La evaluación de Maru Campos debe centrarse en decisiones documentadas, resultados de gobierno y responsabilidades comprobables, no solamente en las disputas políticas que protagoniza.
El principal desafío consiste en ofrecer información verificable que permita conocer qué ha funcionado, qué requiere correcciones y quién debe responder por las decisiones institucionales.
Justicia
CAMPAÑA CONTRA MONTE DE PIEDAD ABRE DEBATE SOBRE LA ÉTICA EN LA COMPETENCIA PRENDARIA
CAMPAÑA CONTRA MONTE DE PIEDAD ABRE DEBATE SOBRE LA ÉTICA EN LA COMPETENCIA PRENDARIA
La reapertura de Nacional Monte de Piedad, después de varios meses de inactividad, ha provocado algo más que el regreso de miles de clientes a sus sucursales. También ha puesto en evidencia una competencia publicitaria en la que algunas instituciones parecen haber encontrado en las dificultades ajenas una oportunidad para hacerse notar.
Es el caso de Fundación Dondé, que en los últimos días ha difundido una campaña construida alrededor de indirectas, mensajes de desconfianza y comparaciones con relaciones sentimentales. Expresiones como “te miente y te sigue cobrando” y referencias a alguien que desapareció durante un año forman parte de una estrategia que, aunque no menciona directamente a Nacional Monte de Piedad, coincide con su regreso a las actividades.
La coincidencia difícilmente pasa inadvertida. Los mensajes parecen aprovechar el periodo de cierre que enfrentó la institución para presentar su reapertura como el regreso de alguien que abandonó a quienes confiaban en él.
La publicidad puede ser provocadora y utilizar el humor como recurso para conectar con el público. Sin embargo, cuando ese humor se construye a partir de insinuaciones sobre supuestos engaños o abusos de otra institución, surge una discusión que tiene menos que ver con la creatividad y mucho más con la responsabilidad de quien comunica.
El cierre de Nacional Monte de Piedad fue consecuencia de un conflicto laboral que afectó a trabajadores, clientes y a la propia institución. Para muchas familias significó meses de incertidumbre sobre sus prendas y operaciones pendientes. Convertir esa situación en un recurso comercial plantea dudas sobre la sensibilidad con la que algunas organizaciones entienden su papel frente a la sociedad.
La discusión adquiere mayor relevancia porque no se trata de empresas comunes. Tanto Nacional Monte de Piedad como Fundación Dondé son instituciones de asistencia privada que desarrollan sus actividades bajo un marco de responsabilidad social.
Su naturaleza institucional supone una vocación de servicio que debería reflejarse también en la manera en que se relacionan con sus competidores. La solidaridad, el respeto y la confianza difícilmente pueden limitarse al discurso institucional mientras la publicidad recurre a mensajes que buscan desacreditar a otros participantes.
Desde luego, competir es legítimo. También lo es aprovechar las oportunidades que ofrece un mercado en movimiento. Lo cuestionable aparece cuando una campaña deja de hablar de sus propias fortalezas para concentrarse en las dificultades de otra institución, recurriendo a insinuaciones que no necesariamente se encuentran respaldadas por hechos comprobables.
La reapertura de Nacional Monte de Piedad representa un momento importante para el sector prendario. La competencia podría traducirse en mejores servicios, mayor cercanía con los clientes y un esfuerzo compartido por fortalecer la confianza.
Sin embargo, llevar esa competencia al terreno de las descalificaciones indirectas envía una señal poco congruente con la responsabilidad social que estas instituciones dicen representar.
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