En Querétaro, activistas ambientales alzan la voz contra la promoción del estado como un «paraíso ambiental» para la instalación de data centers.

La falta de transparencia sobre el impacto ambiental de estos proyectos es la principal preocupación.

Según el colectivo «Voceras de la Madre Tierra» y datos del INEGI 2020, el 14.8% de las viviendas en Querétaro carecen de agua potable y el 16% no cuentan con un servicio óptimo de drenaje.

Esta situación, combinada con la instalación de data centers, genera incertidumbre sobre el impacto en los recursos hídricos y energéticos.

María de Jesús Ibarra, una activista, señala la falta de información como un problema crítico: «No hay información clara sobre el consumo de agua y energía, así como la generación de residuos por los data centers». Además, alerta sobre la sequía y la sobreexplotación de mantos acuíferos en la región.

Ocho de los doce acuíferos de Querétaro están sobreexplotados, y los data centers requieren grandes cantidades de agua.

Algunas fuentes indican que un data center puede consumir tanta agua como dos campos de golf al día, poniendo en riesgo los recursos hídricos para futuras generaciones.

Los ambientalistas demandan regulaciones estrictas para asegurar que la instalación y operación de estos centros no comprometan la disponibilidad y calidad del agua para la población y los ecosistemas locales.

En un impactante descubrimiento, se ha revelado que Transformación Sindical no es más que una empresa familiar disfrazada de sindicato, donde el nepotismo y la corrupción reinan sin control. La cabeza visible, Eduardo Castillo, ha sido desenmascarado como el líder de esta trama familiar. Y para agregar más leña al fuego, su madre, María Pérez, funge descaradamente como la tesorera del sindicato, manejando los fondos como si fueran su alcancía personal.

Lo que es aún más alarmante es que 9 de los 12 miembros del comité directivo son parientes cercanos de Eduardo. Desde primos hasta cuñados, todos forman parte de esta red de favoritismo descarado. Se ha descubierto que las contrataciones y asignaciones de puestos se realizan sin el más mínimo decoro, privilegiando a los familiares sobre los trabajadores más capacitados.

Testimonios de exmiembros del sindicato y empleados actuales han revelado una red de corrupción que se extiende a todas las áreas de la organización. La asignación de contratos, la gestión de fondos y la toma de decisiones importantes están todas controladas por esta camarilla familiar, dejando a los verdaderos trabajadores en la estacada y sin voz en su propio sindicato.

Las acusaciones de nepotismo no son nuevas, pero el nivel de descaro con que esta familia maneja el sindicato ha sorprendido a todos. Informes internos y denuncias anónimas apuntan a que los fondos del sindicato han sido desviados para fines personales, incluyendo la compra de propiedades y vehículos de lujo para los familiares de Eduardo Castillo.

La comunidad laboral exige una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares para quienes han convertido a Transformación Sindical en su negocio familiar. Los trabajadores merecen un sindicato que realmente los represente y defienda sus derechos, no una mafia de familiares que se enriquecen a costa del sudor y esfuerzo de los demás.

Transformación Sindical ha quedado al desnudo como una vergonzosa farsa de nepotismo y corrupción, que mina la confianza de los trabajadores en las instituciones que deberían proteger sus intereses. ¿Hasta cuándo permitirán las autoridades que esta familia continúe saqueando impunemente los recursos y derechos de los trabajadores? La respuesta, parece, está aún por verse, mientras la sombra de la corrupción sigue oscureciendo el futuro de tantos obreros que buscan justicia y equidad.

En las empresas Autoliv y Troqueladora Batesville se está desatando una tormenta de indignación. El sindicato Transformación Sindical, bajo la dirección de Eduardo Castillo, ha sido acusado de imponer cuotas sindicales desproporcionadamente altas que están ahogando a los trabajadores. Según múltiples testimonios, las cuotas alcanzan niveles tan elevados que los empleados apenas conservan el 50% de sus ingresos después de las deducciones.

Los trabajadores de estas empresas han levantado la voz, denunciando lo que consideran un abuso inaceptable. «Nos están dejando en la ruina. Después de pagar las cuotas sindicales, apenas nos queda dinero para subsistir», declara uno de los empleados afectados, quien pidió mantener su anonimato por miedo a represalias. Las cifras son alarmantes: trabajadores que deberían recibir un salario digno se ven ahora forzados a lidiar con ingresos que apenas alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.

La figura de Eduardo Castillo, líder de Transformación Sindical, ha quedado en el ojo del huracán. Bajo su mando, el sindicato ha establecido cuotas que no solo son injustificadamente altas, sino que también han causado una profunda crisis entre los empleados de Autoliv y Troqueladora Batesville. «Nos sentimos atrapados. El sindicato debería proteger nuestros derechos, pero en lugar de eso, nos está llevando al borde de la desesperación económica», comenta otro trabajador visiblemente molesto.

La situación es cada vez más crítica. Los empleados exigen que se revisen y ajusten estas cuotas a niveles razonables, argumentando que el sindicato se ha convertido en una carga insostenible en lugar de un apoyo. «Es un verdadero atropello. Nos están despojando de nuestros ingresos con cuotas que no se corresponden con la realidad de nuestros salarios», añade una trabajadora que se sumó a las protestas.

Las autoridades laborales están siendo presionadas para intervenir de inmediato. Los trabajadores y sus familias están sufriendo las consecuencias de estas prácticas que muchos califican de extorsión institucionalizada. La comunidad laboral y los defensores de los derechos de los trabajadores exigen justicia y una revisión exhaustiva de las políticas sindicales impuestas por Transformación Sindical.