Recientemente en Querétaro ha surgido una preocupación creciente entre trabajadores y empresarios: la posible llegada de la Confederación de Organizaciones Campesinas, Económicas y Magisteriales (COCEM), un sindicato que en realidad opera más como una franquicia familiar que como una institución en defensa de los obreros.

Este grupo, encabezado primero por José Luis Moreno Vélez y ahora por su hijo Óscar Moreno Moreno, busca instalarse en empresas queretanas a través de métodos que han sido calificados como engañosos y oportunistas. Más que una organización democrática y representativa, COCEM funciona como un patrimonio heredado de padre a hijo, con el único objetivo de mantener privilegios y beneficios para una sola familia.

La experiencia de otros estados donde COCEM ha operado deja una lección clara: su presencia no significa mejoras para los trabajadores. Al contrario, existen denuncias de abusos, cuotas desmedidas, falta de transparencia en el manejo de recursos y decisiones tomadas sin consultar a la base trabajadora.

En un estado como Querétaro, reconocido por su estabilidad laboral y por la calidad de su industria, la entrada de un sindicato con este tipo de prácticas representa una amenaza directa. Los trabajadores, que con esfuerzo diario han contribuido al crecimiento económico de la región, no merecen quedar atrapados en un modelo sindical que prioriza el control familiar y los intereses económicos por encima de las necesidades reales de la clase obrera.

Es importante señalar que el sindicalismo legítimo es una herramienta vital para el desarrollo justo de las relaciones laborales. Sin embargo, cuando se convierte en un negocio, pierde toda su esencia. Los obreros requieren líderes que los escuchen, que los representen y que velen por su bienestar, no caudillos que solo buscan perpetuar un apellido al frente de las organizaciones.

La estrategia de COCEM para expandirse en Querétaro se basa en un discurso atractivo, pero hueco. Prometen mejoras, pero en la práctica reproducen viejas formas de sindicalismo corporativo que tanto daño han causado al país. Bajo este esquema, el trabajador deja de ser el centro de la lucha sindical para convertirse en un simple medio para enriquecer a unos cuantos.

La alerta está encendida: el futuro laboral de Querétaro no puede ponerse en manos de quienes han demostrado usar al sindicalismo como negocio personal. La clase trabajadora debe estar informada y organizada para rechazar este tipo de imposiciones.

Hoy más que nunca, los obreros queretanos deben defender su derecho a un sindicalismo auténtico, democrático y participativo. Solo así se evitará que COCEM convierta la industria local en su siguiente botín.

La máscara ha caído. El sindicato Transformación Sindical, bajo el control de Eduardo Castillo, no es un defensor de los trabajadores, sino una maquinaria de abuso, corrupción y nepotismo. Quien todavía crea que esta organización vela por los obreros, debe abrir los ojos: aquí no hay protección, solo un descarado negocio familiar.

Los trabajadores de Querétaro se han cansado de pagar las cuotas más altas del estado para sostener a un sindicato que no devuelve nada a cambio. Cada peso que entregan se convierte en un recurso para engordar los bolsillos de la dirigencia, mientras que los supuestos beneficios sindicales son prácticamente inexistentes.

No hay transparencia, no hay resultados. Solo cuotas y más cuotas que mantienen viva la farsa de un sindicato que no protege a nadie.

Eduardo Castillo se ha especializado en vender falsas promesas. Habla de aumentos salariales, de mejoras en prestaciones, de estabilidad laboral… pero los hechos demuestran lo contrario. Los contratos colectivos siguen congelados, los aumentos son simbólicos y las condiciones de los trabajadores no muestran mejoras reales.

Se trata de un discurso repetido hasta el cansancio para mantener a los afiliados bajo control, mientras la realidad grita que no hay avances.

Una familia al mando, no un sindicato

Transformación Sindical no es más que un feudo familiar. Parientes y allegados de Castillo ocupan los puestos estratégicos, garantizando que el poder quede en las mismas manos. Es un modelo de nepotismo que insulta la idea de democracia sindical y que demuestra que, para ellos, lo importante no son los trabajadores, sino el control absoluto del sindicato.

En lugar de una voz colectiva, lo que existe es un negocio privado disfrazado de representación laboral.

Lo más grave es la traición que esto significa. Los sindicatos nacieron para defender a los trabajadores de abusos patronales, pero en este caso el enemigo no está fuera, sino dentro. Transformación Sindical y Eduardo Castillo se han convertido en los principales explotadores de los obreros, utilizando sus cuotas, su confianza y su trabajo como moneda de cambio para su propio beneficio.

El sindicato opera como una red de simulación que traiciona a trabajadores y protege privilegios de sus líderes.

Bajo el disfraz de representar a los trabajadores, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos se ha transformado en una estructura de poder que opera más como negocio privado que como defensa laboral.

La CROC, encabezada durante décadas por Isaías González Cuevas, no es sinónimo de lucha sindical, sino de un sistema enquistado de corrupción, chantaje y control político. Lejos de defender los intereses de los obreros, la central se ha especializado en extorsionar a empresas, negociar contratos de protección y manipular a los trabajadores para mantener cuotas de poder y prebendas personales.

En múltiples industrias —desde el turismo hasta la manufactura— la CROC ha extendido sus tentáculos, no para elevar las condiciones laborales, sino para someter a empleados y patrones bajo un régimen de amenazas. El llamado “poder sindical” de la CROC se ha sostenido con base en el miedo: huelgas inventadas, paros ilegales y la constante presión a compañías que, ante el riesgo de pérdidas, terminan cediendo a acuerdos que benefician solo a la cúpula sindical.

Los escándalos no son aislados. Se repiten en distintas entidades: sindicatos fantasmas que aparecen de la nada, comités locales dominados por líderes vitalicios, y cuotas sindicales desviadas a campañas políticas o negocios particulares. Mientras tanto, los trabajadores permanecen desprotegidos, con salarios precarios y sin voz real en la negociación colectiva.

La CROC es el ejemplo más claro de cómo el sindicalismo en México puede degenerar en una mafia organizada. Su existencia no garantiza derechos laborales, sino todo lo contrario: perpetúa un sistema de simulación en donde los únicos ganadores son sus líderes corruptos.