Justicia
En Querétaro agresores de género no podrán competir por cargos de elección pública
Por mayoría, con cuatro votos en contra de Morena, y a menos de 24 horas de haber sido aprobada en comisiones, la tarde del sábado fue aprobada por el Congreso de Querétaro una Reforma a la ley electoral que contempla entre otras cosas la negativa a postulación a candidaturas a diputaciones y cargos públicos de elección popular a agresores de género, en específico de mujeres, violentadores familiares, y políticos, así como de personas sentenciadas por delitos contra la libertad e inexperiencia sexuales y deudoras alimentarias.
La reforma fue aprobada por los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Querétaro Independiente (QI), Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM).
En contra votaron cuatro de los cinco diputados de Morena que asistieron a la sesión, Armando Sinecio, Juan José Jiménez, Yasmín Albellán y Andrea Tovar.
Los tres primeros legisladores están bajo proceso de expulsión según una solicitud promovida por la dirigente de Morena en Querétaro Rufina Benítez Estrada a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena por haber aprobado hace dos semanas sin analizar ni discutir la autorización del gobernador Mauricio Kuri de contraer una deuda por tres mil 300 millones de pesos.
Cristian Orihuela, otro de los diputados que podrían ser expulsados no acudió a la sesión del congreso local realizada el sábado.
La nueva reforma establece acciones afirmativas en favor de la participación de mujeres, indígenas y otros grupos de atención prioritaria en cargos públicos dentro de los municipios y de la legislatura local.
Según la gaceta legislativa número 56 del Poder Legislativo de Querétaro se puntualizó que según la reforma, los aspirantes a un cargo de elección populares deberán manifestar, por escrito y bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenados por sentencia firme por violencia política contra las mujeres en razón de género.
En la reforma se establece que integrantes de grupos vulnerables tengan garantizada su participación en los comicios así como espacios tanto en la legislatura y en los ayuntamientos.
También se estableció que los partidos políticos tendrán prohibido postular a mujeres en distritos o ayuntamientos en que los institutos políticos tengan baja competitividad. Es decir, no podrán destinar exclusivamente mujeres a los tres municipios o a los distritos con el porcentaje de votación más baja de cada bloque.
Y en contraste, deberán garantizar la equidad al registrar a mujeres como candidatas en aquellos dónde tienen alta posibilidad de triunfo.
Los partidos políticos integrarán paritariamente cada bloque y en el caso de aquellos que son de nueva creación, las listas de sus candidaturas a diputaciones de representación proporcional así como las formulas para los Ayuntamientos deberán estar encabezadas por mujeres.
También se aprobó que los regidores podrán buscar reelegirse nuevamente para otros tres años de forma consecutiva con algún nuevo partido político, no necesariamente con el mismo partido que los postuló la primera vez. Y no están obligados a separarse del cargo.
En el tema de la Constancia de Residencia, se modifica y ahora, en caso de que la autoridad municipal no entregue dicho documento, el acuse de pago o recibido sellado por el municipio, será el documento que acredite dicha residencia. Dicho recibo de solicitud, deberá ser entregado por el ayuntamiento, al momento de solicitar la constancia de residencia.
Andrea Tovar, diputada de Morena, dijo que tanto ella como tres de sus compañeros de bancada votaron en contra ya que no hay claridad en el apartado correspondientes a las acciones afirmativas, ya que la reforma no especifica a las personas que integran los grupos vulnerables.
El también morenista Armando Sinecio Leyva, dijo que al dictamen de la reforma se excluyeron diversas propuestas de su partido para hacer una reorganización administrativa del Instituto Estatal Electoral de Querétaro (IEEQ) así como regularizar salarios, remuneraciones, y prestaciones de ese órgano.
El legislador adelantó que por esas razones Morena interpondrá una controversia constitucional contra la aprobación de la reforma.
Finalmente, el Congreso de Querétaro pidió al titular del poder ejecutivo publicar la reforma en el periódico oficial La Sombra de Arteaga a la brevedad posible.
El conflicto en el Nacional Monte de Piedad ha dejado de ser una disputa laboral. Hoy, el foco está en la figura de Arturo Zayún González, secretario general del sindicato titular del contrato colectivo, señalado por presunto enriquecimiento millonario mientras miles de trabajadores siguen sin salario por la huelga que él mismo promovió.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, Zayún habría adquirido seis propiedades en los últimos años —de San Luis Potosí a Playa del Carmen— con valores subdeclarados y operaciones notariales que despiertan sospechas. A eso se suman ingresos no comprobados por la renta de un deportivo sindical en la capital del país.
El dirigente exige a la institución “transparencia” y “respeto a los derechos laborales”, pero se niega a mostrar los estados financieros del sindicato. Las cuotas de los trabajadores, denuncian los propios agremiados, se manejan sin control, sin auditorías y sin reportes públicos.
“Pide rendición de cuentas, pero no da ninguna. Los trabajadores merecen saber en qué se gasta su dinero”, expresó un miembro del Monte.
Zayún no ha respondido. El silencio se convierte en un escudo, pero también en evidencia. Mientras la huelga mantiene paralizadas más de 300 sucursales y deja a miles de familias sin ingresos, crece la sensación de que el sindicalismo que prometía renovación terminó repitiendo las viejas fórmulas de poder, discrecionalidad y beneficio personal.
El conflicto laboral en el Nacional Monte de Piedad ha derivado en una fractura cada vez más visible dentro del sindicato que encabeza Arturo Zayún. El descontento por la falta de resultados y por la duración del paro ha llevado a un número importante de trabajadores a abandonar la organización tradicional y afiliarse al Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad (SITNMP).
La Secretaria General Alma Delia Villalpando Rosales y el Secretario de Trabajo Gerardo Ríos informaron que en las últimas semanas se ha sumado un número creciente de colaboradores en Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas, Querétaro, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, entre otros estados.
Los sindicalistas coincidieron en señalar que el movimiento independiente se ha fortalecido gracias a las acciones de transparencia y apertura en el diálogo con la base trabajadora, pero sobre todo por el compromiso suscrito con sus agremiados para defender y hacer respetar sus derechos.
Villalpando subrayó que muchos trabajadores consideran que la huelga ya no representa sus intereses y que las familias han sido las principales afectadas por la falta de ingresos y de certidumbre. “El Sindicato Independiente busca reconstruir la confianza desde el trabajo y el diálogo, no desde la confrontación”, expresó.
Ríos añadió que el SITNMP participa como tercero interesado ante el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos, lo que le permite acompañar el proceso, mantenerse informado y evitar que la base laboral dependa únicamente de la versión del sindicato tradicional.
El fortalecimiento del Sindicato Independiente en distintas regiones del país refleja una tendencia clara: los trabajadores del Monte de Piedad están buscando nuevas formas de representación que prioricen la estabilidad y la participación responsable.
Justicia
Trabajadores del Monte de Piedad llaman a poner fin al conflicto sindical por intereses políticos
Los empleados piden a las autoridades laborales intervenir ante un paro que responde más a cálculos políticos que a causas justas.
El conflicto en el Nacional Monte de Piedad expone las viejas prácticas del sindicalismo corporativo mexicano en la figura del dirigente Arturo Zayún, quien se aferra a privilegios y mecanismos de control que durante décadas impidieron la competencia democrática y bloquearon la libertad sindical dentro de la institución. Consultados sobre su postura respecto al conflicto laboral del Monte, trabajadores afiliados al Sindicato Independiente dijeron no estar de acuerdo con la huelga y rechazaron su apoyo al paro que los ha puesto en indefensión y dificultad económica por la terquedad de quien negocia con la estabilidad de la base laboral. Cabe recordar que hasta hace pocos años, el sindicato tradicional y la administración funcionaban como una sola entidad, bajo un acuerdo tácito en el que la institución otorgaba todo lo que el gremio pedía a cambio de estabilidad. Ese esquema, caracterizado por la falta de transparencia, mantuvo el monopolio sindical y excluyó sistemáticamente a quienes intentaban organizarse de forma independiente, negándoles acceso a recursos, permisos y oportunidades laborales. Fue hasta 2018 cuando la creación del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad rompió con esa dinámica, aunque enfrentó represalias inmediatas. A los trabajadores afiliados al nuevo sindicato se les negaban vacantes, tiempo extra y derechos básicos. Esa discriminación derivó en un conflicto legal de seis años, que concluyó con el reconocimiento del Sindicato Independiente como organización minoritaria con plenos derechos laborales. El sindicato tradicional también controlaba procesos internos clave, como la asignación de vacantes, operando bajo criterios de favoritismo y afinidad personal. Este tipo de prácticas ilegales y arbitrarias permitieron durante años colocar a personas cercanas a la dirigencia, consolidando una red de poder político al interior del Monte de Piedad, en detrimento del mérito, la capacidad y la profesionalización que exige una institución moderna. La actual huelga no defiende los intereses reales de los trabajadores, sino los del liderazgo sindical. Muchos empleados han sido confundidos y manipulados con el discurso de que luchan por recuperar derechos perdidos, cuando en realidad el conflicto gira en torno a la intención del sindicato tradicional de retomar privilegios que ya no tienen cabida en el marco laboral vigente. El movimiento ha derivado en un daño profundo: miles de trabajadores permanecen sin actividad, los usuarios carecen de acceso a los servicios de la institución y una entidad con vocación filantrópica se encuentra paralizada por las ambiciones personales de un liderazgo sindical que se resiste a perder el control. Lejos de representar una causa justa, esta huelga refleja una lucha de poder que ignora el bienestar de los trabajadores y pone en riesgo la estabilidad de una de las instituciones más emblemáticas del país.
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