Justicia
En Querétaro agresores de género no podrán competir por cargos de elección pública
Por mayoría, con cuatro votos en contra de Morena, y a menos de 24 horas de haber sido aprobada en comisiones, la tarde del sábado fue aprobada por el Congreso de Querétaro una Reforma a la ley electoral que contempla entre otras cosas la negativa a postulación a candidaturas a diputaciones y cargos públicos de elección popular a agresores de género, en específico de mujeres, violentadores familiares, y políticos, así como de personas sentenciadas por delitos contra la libertad e inexperiencia sexuales y deudoras alimentarias.
La reforma fue aprobada por los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Querétaro Independiente (QI), Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM).
En contra votaron cuatro de los cinco diputados de Morena que asistieron a la sesión, Armando Sinecio, Juan José Jiménez, Yasmín Albellán y Andrea Tovar.
Los tres primeros legisladores están bajo proceso de expulsión según una solicitud promovida por la dirigente de Morena en Querétaro Rufina Benítez Estrada a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena por haber aprobado hace dos semanas sin analizar ni discutir la autorización del gobernador Mauricio Kuri de contraer una deuda por tres mil 300 millones de pesos.
Cristian Orihuela, otro de los diputados que podrían ser expulsados no acudió a la sesión del congreso local realizada el sábado.
La nueva reforma establece acciones afirmativas en favor de la participación de mujeres, indígenas y otros grupos de atención prioritaria en cargos públicos dentro de los municipios y de la legislatura local.
Según la gaceta legislativa número 56 del Poder Legislativo de Querétaro se puntualizó que según la reforma, los aspirantes a un cargo de elección populares deberán manifestar, por escrito y bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenados por sentencia firme por violencia política contra las mujeres en razón de género.
En la reforma se establece que integrantes de grupos vulnerables tengan garantizada su participación en los comicios así como espacios tanto en la legislatura y en los ayuntamientos.
También se estableció que los partidos políticos tendrán prohibido postular a mujeres en distritos o ayuntamientos en que los institutos políticos tengan baja competitividad. Es decir, no podrán destinar exclusivamente mujeres a los tres municipios o a los distritos con el porcentaje de votación más baja de cada bloque.
Y en contraste, deberán garantizar la equidad al registrar a mujeres como candidatas en aquellos dónde tienen alta posibilidad de triunfo.
Los partidos políticos integrarán paritariamente cada bloque y en el caso de aquellos que son de nueva creación, las listas de sus candidaturas a diputaciones de representación proporcional así como las formulas para los Ayuntamientos deberán estar encabezadas por mujeres.
También se aprobó que los regidores podrán buscar reelegirse nuevamente para otros tres años de forma consecutiva con algún nuevo partido político, no necesariamente con el mismo partido que los postuló la primera vez. Y no están obligados a separarse del cargo.
En el tema de la Constancia de Residencia, se modifica y ahora, en caso de que la autoridad municipal no entregue dicho documento, el acuse de pago o recibido sellado por el municipio, será el documento que acredite dicha residencia. Dicho recibo de solicitud, deberá ser entregado por el ayuntamiento, al momento de solicitar la constancia de residencia.
Andrea Tovar, diputada de Morena, dijo que tanto ella como tres de sus compañeros de bancada votaron en contra ya que no hay claridad en el apartado correspondientes a las acciones afirmativas, ya que la reforma no especifica a las personas que integran los grupos vulnerables.
El también morenista Armando Sinecio Leyva, dijo que al dictamen de la reforma se excluyeron diversas propuestas de su partido para hacer una reorganización administrativa del Instituto Estatal Electoral de Querétaro (IEEQ) así como regularizar salarios, remuneraciones, y prestaciones de ese órgano.
El legislador adelantó que por esas razones Morena interpondrá una controversia constitucional contra la aprobación de la reforma.
Finalmente, el Congreso de Querétaro pidió al titular del poder ejecutivo publicar la reforma en el periódico oficial La Sombra de Arteaga a la brevedad posible.
Justicia
Trabajadores del Monte de Piedad llaman a poner fin al conflicto sindical por intereses políticos
Los empleados piden a las autoridades laborales intervenir ante un paro que responde más a cálculos políticos que a causas justas.
El conflicto en el Nacional Monte de Piedad expone las viejas prácticas del sindicalismo corporativo mexicano en la figura del dirigente Arturo Zayún, quien se aferra a privilegios y mecanismos de control que durante décadas impidieron la competencia democrática y bloquearon la libertad sindical dentro de la institución. Consultados sobre su postura respecto al conflicto laboral del Monte, trabajadores afiliados al Sindicato Independiente dijeron no estar de acuerdo con la huelga y rechazaron su apoyo al paro que los ha puesto en indefensión y dificultad económica por la terquedad de quien negocia con la estabilidad de la base laboral. Cabe recordar que hasta hace pocos años, el sindicato tradicional y la administración funcionaban como una sola entidad, bajo un acuerdo tácito en el que la institución otorgaba todo lo que el gremio pedía a cambio de estabilidad. Ese esquema, caracterizado por la falta de transparencia, mantuvo el monopolio sindical y excluyó sistemáticamente a quienes intentaban organizarse de forma independiente, negándoles acceso a recursos, permisos y oportunidades laborales. Fue hasta 2018 cuando la creación del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad rompió con esa dinámica, aunque enfrentó represalias inmediatas. A los trabajadores afiliados al nuevo sindicato se les negaban vacantes, tiempo extra y derechos básicos. Esa discriminación derivó en un conflicto legal de seis años, que concluyó con el reconocimiento del Sindicato Independiente como organización minoritaria con plenos derechos laborales. El sindicato tradicional también controlaba procesos internos clave, como la asignación de vacantes, operando bajo criterios de favoritismo y afinidad personal. Este tipo de prácticas ilegales y arbitrarias permitieron durante años colocar a personas cercanas a la dirigencia, consolidando una red de poder político al interior del Monte de Piedad, en detrimento del mérito, la capacidad y la profesionalización que exige una institución moderna. La actual huelga no defiende los intereses reales de los trabajadores, sino los del liderazgo sindical. Muchos empleados han sido confundidos y manipulados con el discurso de que luchan por recuperar derechos perdidos, cuando en realidad el conflicto gira en torno a la intención del sindicato tradicional de retomar privilegios que ya no tienen cabida en el marco laboral vigente. El movimiento ha derivado en un daño profundo: miles de trabajadores permanecen sin actividad, los usuarios carecen de acceso a los servicios de la institución y una entidad con vocación filantrópica se encuentra paralizada por las ambiciones personales de un liderazgo sindical que se resiste a perder el control. Lejos de representar una causa justa, esta huelga refleja una lucha de poder que ignora el bienestar de los trabajadores y pone en riesgo la estabilidad de una de las instituciones más emblemáticas del país.
La toga de Perla Patricia Royval Guerrero se ha convertido en un símbolo de impunidad en Ciudad Juárez.
La justicia en Ciudad Juárez atraviesa uno de sus capítulos más oscuros con el proceder de Perla Patricia Royval Guerrero, jueza Primero de lo Civil en el Distrito Judicial Bravos. Apenas estrenada en el cargo tras la reforma judicial en Chihuahua, su actuación ya exhibe arbitrariedad y desprecio absoluto por el marco legal.
El caso que la expone al escrutinio público es el expediente 1783/59, en el que el empresario Miguel Zaragoza Fuentes litiga contra su esposa, Evangelina López Guzmán, de 96 años. Pese a existir suspensiones federales —de plano, provisional y definitiva—, la jueza optó por ignorarlas, dejando a la mujer en completa indefensión. Este hecho no es un error técnico, sino una decisión consciente que constituye una falta administrativa grave y, posiblemente, un delito.
La representación legal de la señora López Guzmán ya ha presentado una denuncia formal ante el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de Chihuahua. El caso es más que una disputa judicial: es un golpe directo a la credibilidad del sistema de justicia estatal, que pretendía renovarse con la reforma y hoy exhibe las mismas prácticas de arbitrariedad y corrupción.
Lejos de representar imparcialidad y dignidad, la toga en manos de Royval Guerrero se ha transformado en un símbolo de impunidad y abuso. Su nombre queda marcado como un recordatorio de que el nuevo modelo judicial en Chihuahua aún arrastra vicios del pasado.
En cada jornada laboral, los trabajadores queretanos ponen de pie a la industria y a la economía local. Su esfuerzo se traduce en crecimiento, en inversión y en oportunidades para la región. Pero ese mismo esfuerzo debe ser protegido, y una de las herramientas más importantes para lograrlo son los sindicatos. Sin embargo, no todos los sindicatos cumplen con lo que prometen. El caso de COCEM es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando una organización opera sin transparencia ni compromiso real con los trabajadores.
Un sindicato auténtico se distingue porque no tiene nada que ocultar. Muestra con orgullo en qué invierte cada cuota, rinde cuentas periódicamente y toma decisiones con la participación de todos sus agremiados. La transparencia no solo es una obligación, es la manera de demostrar respeto hacia quienes sostienen al sindicato con su dinero y su confianza.
Cuando una organización sindical, como COCEM, se niega a entregar comprobantes de gastos, evita rendir informes claros o reduce las decisiones a un pequeño grupo, está cometiendo un abuso contra los trabajadores. La opacidad es señal de que los recursos no se están utilizando en beneficio colectivo, sino en intereses particulares.
Cada cuota sindical representa el esfuerzo de horas trabajadas, de sacrificios personales y familiares. Que ese dinero termine en manos de líderes que jamás rinden cuentas significa traicionar la confianza del trabajador. Además, la falta de transparencia no solo afecta al presente: compromete el futuro laboral, porque debilita la capacidad del sindicato para negociar de manera legítima frente a las empresas.
Un sindicato que opera en la sombra nunca podrá defender de manera sólida a sus agremiados, porque carece de la legitimidad necesaria para plantarse con firmeza en una mesa de negociación.
Otro punto preocupante es la ausencia de procesos democráticos reales. En COCEM, las elecciones no reflejan la voluntad de la mayoría: se manejan desde arriba, se limitan las candidaturas y se controla el resultado. Eso convierte a la organización en un club cerrado, en lugar de una herramienta de representación.
Un sindicato sin democracia interna nunca podrá ser un aliado para los trabajadores. La verdadera representación solo se construye cuando todos tienen voz y voto, y cuando las decisiones se toman en colectivo, no en lo oscuro.
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