La “austeridad” cruza todos los temas planteados en la iniciativa presidencial de reforma electoral; sin embargo, el discurso muestra un claro prejuicio: recortar recursos a los organismos electorales no los vuelve más democráticos ni más representativos. ¿Cuál es el criterio para afirmar que algo es caro o no en términos democráticos? Desde un enfoque institucional, lo adecuado implicaría que los mecanismos utilizados cumplan cabalmente con las funciones asignadas y los resultados esperados. Más allá de filias y fobias, nuestras instituciones electorales cumplen con eso.

Marcela Ávila-Eggleton

Bajo el argumento de la austeridad, se propone la reducción del financiamiento público a los partidos, del acceso a tiempos de radio y televisión, la desaparición de los OPLEs y tribunales locales.

Bajo el argumento de la austeridad, se propone la reducción del financiamiento público a los partidos, del acceso a tiempos de radio y televisión, la desaparición de los OPLEs y tribunales locales, la reducción de posiciones en el Consejo General del órgano electoral nacional —hasta ahora INE—, de escaños en la Cámara de Diputados y en el Senado, así como de integrantes en congresos locales, ayuntamientos y alcaldías, así como, supuestamente, el voto electrónico. Los datos dan cuenta de que el ahorro planteado resulta irrelevante en términos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Sin embargo, el debilitamiento de las instituciones democráticas podría llevarnos a un retroceso de, al menos, tres décadas. 

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De todos los puntos mencionados, el único que representaría una reducción significativa en el gasto electoral es el voto electrónico. Sin embargo, a pesar de que en la presentación de la iniciativa en Palacio Nacional se mencionó el recurso, en el texto sólo hay una breve mención a la posibilidad de utilizar recursos tecnológicos, como si esto no se hiciera ya (a menos que el PREP sea la representación digital de un ábaco). 

Para analizar el resto de las propuestas habría que partir del porcentaje del PEF que significa el presupuesto del Instituto Nacional Electoral. El INE recibió un presupuesto de casi 14 mil millones de pesos, lo que asciende al 0.19 del PEF; por su parte, el financiamiento público a los partidos —poco más de 4 mil 500 millones de pesos— alcanza el 0.06% del PEF. 

Esto es, en términos reales, el presupuesto federal asignado a nuestra carísima democracia no llega ni al 0.3% del presupuesto federal, aun considerando el monto asignado al Registro Federal de Electores que, entre otras cosas, provee de una identificación oficial gratuita a todas las personas mayores de edad. ¿El 0.19% del PEF es mucho? No, especialmente si lo comparamos con rubros como el Tren Maya que representa el 0.9%.

Otro de los argumentos taquilleros —especialmente en la discusión sobre el presupuesto para llevar a cabo la revocación de mandato— es la reducción de los salarios de los funcionarios; de ahí la propuesta de reducir de 11 a 7 las posiciones en el Consejo General del INE. El costo de los 11 integrantes del Consejo General al año (incluyendo prestaciones) representa el 0.3% del presupuesto del INE. El presupuesto autorizado para la revocación de mandato es casi 3.6 veces el ingreso anual de las 11 personas consejeras. ¿En verdad es un tema presupuestal?

alta por revisar las implicaciones de eliminar el presupuesto ordinario a partidos políticos, la reducción del tamaño de los congresos locales, ayuntamientos y alcaldías, además de las letras chiquitas detrás de reducir de 48 a 30 minutos el tiempo en radio y televisión. Lo discutimos la próxima semana. 

Fuente: El Universal