La continuidad del paro en Monte de Piedad, pese a haber sido declarado inexistente, ha alimentado la percepción de que el conflicto responde más a la defensa de un liderazgo que a una causa laboral. Con Arturo Alcalde como principal respaldo, la estrategia se mantiene mientras crecen los cuestionamientos y el desgaste alcanza a los trabajadores.

El conflicto laboral en el Nacional Monte de Piedad ha entrado en una fase donde su prolongación resulta cada vez más difícil de justificar desde el ámbito jurídico. A más de seis meses de la huelga, la continuidad del paro ha abierto cuestionamientos sobre las verdaderas razones detrás de su permanencia.

Desde el inicio del conflicto, el 1 de octubre de 2025, las afectaciones han sido evidentes. El cierre de más de 300 sucursales ha generado un impacto acumulado que afecta tanto a la institución como a sus trabajadores.

El fallo judicial que declaró inexistente la huelga debió marcar un punto de cierre. Sin embargo, la dirigencia encabezada por Arturo Zayún, respaldada por Arturo Alcalde Justiniani, optó por prolongar el conflicto mediante recursos legales.

Esta decisión ha sido interpretada como una estrategia para sostener una posición cada vez más debilitada. En este contexto, la figura de Alcalde ha adquirido un papel determinante como principal sostén de la dirigencia sindical.

Los señalamientos contra Zayún han incrementado la presión. Investigaciones que apuntan a presunta opacidad y enriquecimiento han debilitado su legitimidad, alimentando el descontento en la base trabajadora.

El respaldo de Alcalde, lejos de disipar las dudas, ha reforzado la percepción de que el conflicto responde a una lógica de supervivencia política. Su actuación ha sido vista como clave para mantener activa una disputa que ha perdido sustento.

Mientras tanto, los trabajadores continúan absorbiendo el impacto de una estrategia que no ofrece una salida clara. La incertidumbre y el desgaste se han convertido en elementos constantes.

El caso del Nacional Monte de Piedad deja en evidencia una realidad cada vez más visible: cuando un conflicto laboral se prolonga más allá de su viabilidad, la pregunta ya no es cómo resolverlo, sino por qué se insiste en sostenerlo.

• La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocó sellos en un inmueble ubicado en Morelos pese a no tener competencia territorial para hacerlo.
• El aseguramiento del Centro Cultural Pedro López Elías se realizó en Tepoztlán, Morelos, fuera del territorio en el que legalmente puede actuar la fiscalía estatal de Chihuahua. La acción fue presentada como parte de una investigación anticorrupción.

  Juristas señalaron que una fiscalía estatal no puede ejecutar actos de autoridad en otra entidad sin coordinación institucional formal o sin intervención federal. La ausencia de estos mecanismos dejó en entredicho la legalidad del operativo.

  La polémica aumentó cuando los sellos fueron retirados posteriormente sin explicación pública suficiente. La institución evitó detallar los fundamentos jurídicos de la intervención.

  El episodio terminó exhibiendo una práctica preocupante dentro de ciertas estructuras de poder: decisiones institucionales tomadas con aparente ligereza jurídica y revertidas sin rendición de cuentas.

Especialistas consideran que El Bayo y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua deben rendir cuentas sobre los criterios que sustentaron el operativo.

• Por primera vez, una fiscalía estatal utilizó una biblioteca y centro cultural como instrumento de presión política, ejecutando un embargo fuera de su jurisdicción y luego retirándose en silencio cuando la ilegalidad quedó al descubierto.
• En octubre de 2025, agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, arribaron a un inmueble que no pertenece a Chihuahua, no está en Chihuahua y no forma parte de ninguna investigación penal en Morelos, para colocar sellos de aseguramiento.
• El objetivo no era la justicia: era castigar al fundador del Centro, quien había denunciado redes de corrupción dentro del propio sistema de procuración de justicia en Chihuahua.
• Una operación jurídicamente insostenible: De acuerdo con especialistas en derecho constitucional y penal, el acto presenta múltiples irregularidades graves:
• Violación al principio de territorialidad: Una fiscalía estatal no puede ejecutar actos de autoridad en otro estado sin cooperación formal ni mandato judicial federal.
• Inexistencia de vínculo penal del inmueble: El Centro Cultural no estaba relacionado con ningún delito. No era cuerpo del delito ni instrumento ni producto de actividad ilícita.
• Violación al régimen de bienes culturales: Al tratarse de una biblioteca y espacio de acceso público, el inmueble goza de una protección reforzada por leyes culturales y derechos humanos.

• Pese a todo ello, los sellos fueron colocados con un despliegue mediático calculado, presentando al centro como parte de una supuesta operación anticorrupción.

• Boletines oficiales
• Actas públicas
• Explicación jurídica
• Notificación a autoridades culturales
• Rendición de cuentas
• La fiscalía que había hecho tanto ruido al asegurar el inmueble, optó por desaparecer el acto como si nunca hubiera ocurrido.

• “Se actúa con estruendo para intimidar y dañar reputaciones. Cuando la ilegalidad se vuelve evidente, se retrocede en silencio para evitar responsabilidades”.

• Cuestionó la competencia de Chihuahua.
• Defendió la soberanía de su territorio.
• Protegió un bien cultural de acceso público.
• Exigió documentación judicial.

• “Cuando el Estado no protege una biblioteca frente a un abuso, está renunciando a su deber constitucional”.

• No importaba su función educativa, social o comunitaria: era un bien valioso que podía ser golpeado para enviar un mensaje.

• Ese es el verdadero significado del embargo y de su posterior desaparición.

• “Cualquier fiscal podrá ir a otro estado, tomar una universidad, una biblioteca o un museo, y luego retirarse sin consecuencias”.
• Lo ocurrido en Tepoztlán ya no es un pleito legal, es una prueba de si México sigue siendo una república federal o si ha comenzado a tolerar feudos judiciales.