La matanza del bar Cantaritos, el fin de semana, en Querétaro, ha sorprendido a México, todavía instalado en una noción superada, maniquea, la idea de que el crimen no está en casa, sino en la del vecino. Querétaro no aparece en la lista de prioridades en materia de seguridad del Gobierno federal. No había hecho falta. Los muertos, las balaceras, las bombas, la violencia vistosa, eran cosa de Guanajuato y Michoacán, estados colindantes. Se hablaba del crimen como un virus y de algunas regiones, caso de Querétaro, como resistentes o inmunizadas. Pero situaciones como la del sábado, cuando un grupo de sicarios disparó contra todos los asistentes de un bar, dejando diez muertos y otros tantos heridos, tumba el paradigma de los estados santuario.

No es que no haya ocurrido antes. Chiapas es quizá uno de los ejemplos más recientes. Morena y sus aliados, depositarios de un poder extraordinario a nivel federal y estatal, han defendido muchas veces que en las regiones que ellos controlan, la violencia ha disminuido. En los de la oposición, en cambio, ha sucedido lo contrario. Guanajuato, Jalisco o Baja California ilustran su argumento. Pero Chiapas, en manos del partido guinda desde 2018, estropea el dibujo. Desde 2021, el crimen batalla con una virulencia pocas veces vista en el Estado, al menos en un esquema en que grupos criminales organizados, aparentemente ajenos a la estructura gubernamental, protagonizan las embestidas. La explicación morenista queda corta por simplista, igual que la de las regiones inmunes a la violencia.

“Nunca hubo santuarios. Era un fabricación de las autoridades, eso de decir que en tal o cual estado no había presencia del crimen”, apunta David Saucedo, experto en las dinámicas del crimen, principalmente en el centro de México. “La diferencia”, señala el especialista, “es que si solo había un grupo, no había guerra, pero en cuanto hay más de uno, empiezan a disputarse todo”, señala. “En Chiapas”, continúa el experto, “siempre estuvo el Cartel de Sinaloa, en alianza con grupos locales. Con estas alianzas rotas, y la llegada del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la violencia aumenta”, añade. “En Querétaro, igual, había una pax narca, pero ya no. Y el elemento que cataliza el cambio es el CJNG”, zanja.

En realidad, el cambio es más profundo y trasciende a unas siglas u otras, a nombres de federaciones criminales y a la presunta verticalidad con la que funcionan. El hecho es que el crimen ha convertido el tejido económico-social de ciudades, pueblos y zonas rurales en el objeto de su rapiña. “Ya no es solo por el narcotráfico, es por el huachicol, por la obtención de contratos públicos, la extorsión, un montón de cosas”, dice Carlos Flores, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Así, la pelea por cualquier espacio es brutal. Los grupos criminales batallan por rutas de trasiego de drogas o migrantes, pero también por los mercados por los que pasan esas rutas, por concesiones de transporte público, yacimientos mineros, bosques susceptibles de talar…