La designación interina del dirigente nacional en Cancún refuerza la percepción de un sistema corrompido.

Una sucesión marcada por la violencia

El asesinato del ex líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Cancún no solo sacudió al sindicalismo local, también abrió un escenario de dudas y suspicacias. La dirigencia nacional, encabezada por Isaías González Cuevas, reaccionó con rapidez inusual: asumió de manera interina la representación en Quintana Roo, un movimiento que ha generado críticas y cuestionamientos sobre la legitimidad y transparencia del proceso.

El líder nacional de la CROC en la mira

González Cuevas, conocido por acumular poder durante años al frente de la CROC, se coloca ahora en el centro de la polémica. En lugar de impulsar un proceso democrático interno, su autodesignación como sucesor interino proyecta la imagen de un sindicalismo cerrado y poco transparente. Para analistas y voces críticas, no es casual que el beneficiado inmediato de esta tragedia sea el propio líder nacional.

Opacidad, poder y sospechas

La celeridad con la que se resolvió la ‘sucesión’ plantea una pregunta inevitable: ¿qué intereses se protegen detrás de este nombramiento? Mientras la investigación por el homicidio avanza lentamente y sin resultados públicos, la organización sindical demuestra que su prioridad no es la justicia, sino el control político y económico. Este episodio refuerza la percepción de que la violencia es utilizada como un mecanismo perverso para reacomodar liderazgos sindicales.

¿Quién gana con la muerte del ex líder de la CROC en Cancún?

El sindicalismo en México arrastra un historial de corrupción, clientelismo y pactos oscuros. La repentina llegada de Isaías González Cuevas como dirigente interino en Cancún no hace sino aumentar las sospechas. En este escenario, la incómoda pregunta sigue sin respuesta clara: ¿quién resultó beneficiado de este crimen? Hasta ahora, todas las señales apuntan al líder nacional de la CROC.

La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales ya no es un simple debate político: es una exigencia de la clase trabajadora que busca mejores condiciones de vida. Sin embargo, mientras en el Congreso y en el Gobierno Federal el tema avanza a cuentagotas, en muchos sindicatos persiste el silencio.

Frente a esa pasividad, la Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro ha dado un paso adelante. Este 31 de agosto de 2025, a las 9:00 horas, en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, se celebrará la Magna Asamblea General Extraordinaria, donde se definirán acciones para exigir que la reforma se concrete ya, y no después.

La pregunta es inevitable: ¿ya te convocaron a debatir y organizarte por las 40 horas? ¿O por qué tus asesores sindicales no te han convocado a tan importante evento?

Porque la verdad es clara: esta no es solo una tarea de la Presidenta Claudia Sheinbaum. La reducción de la jornada laboral debe ser impulsada desde la base trabajadora y asumida como bandera por los sindicatos.

Los beneficios están probados: más descanso y convivencia familiar, mejor salud física y mental, aumento en productividad y equilibrio entre vida laboral y personal. Países que ya aplican jornadas más cortas son ejemplo de que la economía no se detiene, se fortalece.

El llamado es directo: trabajadora, trabajador, no esperes a que decidan por ti. Si tu sindicato calla, organízate. La consigna es clara: 40 horas ya.

• El fiscal Abelardo Valenzuela recurre a filtraciones y omisiones que vulneran la presunción de inocencia y dañan la credibilidad institucional.

El caso emprendido por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua contra el despacho López Elías Finanzas Públicas es un ejemplo preocupante de cómo las instituciones pueden utilizarse con fines políticos. Las acusaciones de peculado no se sostienen jurídicamente, ya que la firma fue contratada por un banco y no por el Gobierno estatal.

Pese a que el proceso de refinanciamiento de la deuda de Chihuahua en 2019 fue avalado por la Auditoría Superior de la Federación y agencias internacionales, el fiscal Abelardo Valenzuela insiste en acusar sin pruebas sólidas, omitiendo deliberadamente información que desmiente su versión.

La Fiscalía ha incurrido en graves irregularidades, como solicitar fichas rojas a Interpol antes de iniciar un juicio penal, ignorar las pruebas de descargo y filtrar información reservada. Estos actos constituyen violaciones claras al derecho de audiencia y al principio de legalidad.

Con estas prácticas, Valenzuela Holguín expone a la institución a un severo desgaste público, pues en lugar de combatir la corrupción, fabrica culpables y alimenta un clima de linchamiento político disfrazado de justicia.