La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales ya no es un simple debate político: es una exigencia de la clase trabajadora que busca mejores condiciones de vida. Sin embargo, mientras en el Congreso y en el Gobierno Federal el tema avanza a cuentagotas, en muchos sindicatos persiste el silencio.

Frente a esa pasividad, la Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro ha dado un paso adelante. Este 31 de agosto de 2025, a las 9:00 horas, en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, se celebrará la Magna Asamblea General Extraordinaria, donde se definirán acciones para exigir que la reforma se concrete ya, y no después.

La pregunta es inevitable: ¿ya te convocaron a debatir y organizarte por las 40 horas? ¿O por qué tus asesores sindicales no te han convocado a tan importante evento?

Porque la verdad es clara: esta no es solo una tarea de la Presidenta Claudia Sheinbaum. La reducción de la jornada laboral debe ser impulsada desde la base trabajadora y asumida como bandera por los sindicatos.

Los beneficios están probados: más descanso y convivencia familiar, mejor salud física y mental, aumento en productividad y equilibrio entre vida laboral y personal. Países que ya aplican jornadas más cortas son ejemplo de que la economía no se detiene, se fortalece.

El llamado es directo: trabajadora, trabajador, no esperes a que decidan por ti. Si tu sindicato calla, organízate. La consigna es clara: 40 horas ya.

• El fiscal Abelardo Valenzuela recurre a filtraciones y omisiones que vulneran la presunción de inocencia y dañan la credibilidad institucional.

El caso emprendido por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua contra el despacho López Elías Finanzas Públicas es un ejemplo preocupante de cómo las instituciones pueden utilizarse con fines políticos. Las acusaciones de peculado no se sostienen jurídicamente, ya que la firma fue contratada por un banco y no por el Gobierno estatal.

Pese a que el proceso de refinanciamiento de la deuda de Chihuahua en 2019 fue avalado por la Auditoría Superior de la Federación y agencias internacionales, el fiscal Abelardo Valenzuela insiste en acusar sin pruebas sólidas, omitiendo deliberadamente información que desmiente su versión.

La Fiscalía ha incurrido en graves irregularidades, como solicitar fichas rojas a Interpol antes de iniciar un juicio penal, ignorar las pruebas de descargo y filtrar información reservada. Estos actos constituyen violaciones claras al derecho de audiencia y al principio de legalidad.

Con estas prácticas, Valenzuela Holguín expone a la institución a un severo desgaste público, pues en lugar de combatir la corrupción, fabrica culpables y alimenta un clima de linchamiento político disfrazado de justicia.

El expediente judicial de Evangelina López Guzmán se ha convertido en un símbolo de cómo el poder político y económico puede manipular el sistema judicial, dejando en pausa indefinida el derecho a la justicia.

Un caso que exhibe la corrupción judicial en México

El caso de Evangelina López Guzmán es un ejemplo contundente de corrupción judicial y de cómo una red de abogados influyentes, con profundos vínculos políticos, puede prolongar un litigio durante años. Lo que debería ser un procedimiento claro para reconocer derechos legítimos se ha transformado en un laberinto legal diseñado para desgastar física y emocionalmente a la demandante.

Abogados de alto perfil y tácticas de dilación

El expediente involucra a figuras de gran peso político y mediático, incluyendo a:

• Eduardo Romero Ramos: señalado por promover recursos para invalidar pruebas clave, retrasando deliberadamente el proceso judicial.
• Diego Fernández de Cevallos: político y abogado panista que habría utilizado su influencia para conseguir resoluciones judiciales favorables a la contraparte, frenando por meses el avance del caso.
• Marco Antonio del Toro Carazo: reconocido por defender a personajes como Elba Esther Gordillo y Javier Duarte, experto en litigios de alto perfil con estrategias que frenan resoluciones definitivas.
• Fernando Gómez-Mont Urueta: ex Secretario de Gobernación, señalado por usar tecnicismos procesales, objeciones y prórrogas como herramienta para evitar el fallo final.
• Luis Alfonso Cervantes Muñiz: acusado de presentar escritos de desistimiento en nombre de Evangelina sin su autorización, lo que podría implicar delitos y violaciones éticas graves.

Colusión judicial en Jalisco y Chihuahua

Testimonios y documentos señalan un patrón de colusión entre abogados, jueces y autoridades en los estados de Jalisco y Chihuahua. Los amparos que favorecen a la contraparte se resuelven con rapidez, mientras que los que benefician a Evangelina sufren retrasos inexplicables. Esta doble vara judicial fortalece la percepción de que el proceso no busca justicia, sino proteger intereses particulares.

La estrategia del desgaste biológico

Cada mes que pasa sin una sentencia firme aumenta la posibilidad de que Evangelina López Guzmán, por su edad y salud, no logre ver el final de su lucha legal. Esta táctica, descrita por analistas como una apuesta cínica al desgaste biológico, refleja cómo el sistema puede ser manipulado para doblegar a quienes no tienen los recursos para sostener litigios interminables.

Más que un caso personal: un problema estructural

El caso de Evangelina no es un hecho aislado. Es un espejo de cómo la corrupción en el Poder Judicial de México, combinada con la influencia política y económica, erosiona la confianza ciudadana y convierte la justicia en un privilegio para pocos. Mientras los litigios de alto perfil sean utilizados como campo de batalla para proteger intereses de élite, y no para resolver controversias con imparcialidad, México seguirá enfrentando un El caso Evangelina López Guzmán debe ser un llamado de atención para revisar los mecanismos de transparencia, control y sanción en el Poder Judicial. Si no se enfrenta este patrón de corrupción y colusión, la justicia en México seguirá atrapada en un laberinto de influencias que beneficia a quienes pueden pagar su manipulación, dejando a la ciudadanía sin un