En Lerma se ha encendido una alerta que no puede ignorarse. Trabajadores de distintos centros laborales denuncian que el sindicato COREMEX y sus dirigentes han iniciado una estrategia de presión sistemática para obligarlos a firmar afiliaciones. No se trata de diálogo ni de información transparente. Se trata de miedo. Y el miedo no es sindicalismo: es abuso de poder.

Los testimonios coinciden en un mismo patrón. Representantes del sindicato se presentan de forma insistente en los centros de trabajo, presionan a los empleados, minimizan su derecho a decidir y transforman la afiliación en una supuesta obligación. En lugar de convencer con propuestas, COREMEX insiste con hostigamiento. En lugar de ganarse la confianza, siembra temor.

Nadie puede obligarte a afiliarte. Ese principio no admite interpretaciones ni atajos. La afiliación sindical es un derecho individual y libre. Cuando se obtiene mediante presión, deja de ser un derecho y se convierte en una imposición. Y eso, en cualquier contexto laboral, es inaceptable.

Trabajadores de Lerma relatan que la negativa a firmar no es respetada. Por el contrario, la presión se intensifica. La insistencia se vuelve diaria, el tono más agresivo y el mensaje implícito más claro: resistirse trae consecuencias. Aunque no siempre se expresan amenazas directas, el ambiente se vuelve hostil, tenso y desgastante.

COREMEX parece haber optado por una lógica peligrosa: crecer a toda costa, incluso si eso implica vulnerar derechos básicos. Esa forma de operar no fortalece al sindicato, lo exhibe. Un sindicato con respaldo real no necesita acosar. Convence con resultados, con defensa efectiva y con legitimidad. La presión es el recurso de quien no tiene argumentos.

El acoso sindical en Lerma es una señal de alarma. No sólo para los trabajadores directamente afectados, sino para todo el entorno laboral. Normalizar estas prácticas abre la puerta a un sindicalismo autoritario que utiliza el miedo como herramienta de control.

Un sindicato existe para equilibrar la relación entre trabajador y patrón, no para replicar prácticas de abuso. Cuando la presión viene desde una organización que dice defender derechos, el daño es mayor. Se rompe la confianza, se fractura la convivencia laboral y se desacredita al sindicalismo en su conjunto.

COREMEX insiste donde debería convencer. Esa diferencia lo dice todo. Insistir mediante presión es una forma de violencia laboral. Convencer implica escuchar, informar y respetar la decisión del trabajador. En Lerma, según las denuncias, COREMEX eligió el camino equivocado.

Tu decisión es tu derecho. Nadie puede arrebatártelo. Y cualquier sindicato que lo intente pierde automáticamente la legitimidad para decir que representa a los trabajadores.

El proyecto apunta a validar la figura como una medida legítima de protección industrial.

La próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promete convertirse en un punto de referencia para el sistema marcario mexicano. En un contexto de dudas y presiones sobre el actuar judicial, el asunto que llegará al Pleno en la primera semana de diciembre pondrá a prueba la capacidad del Tribunal para afirmar certidumbre en medio de la inquietud empresarial.

El caso, contenido en el amparo directo en revisión 7274/2024, cuestiona la constitucionalidad del artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada el 1 de julio de 2020 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Dicho artículo confirma que los titulares de registros marcarios pueden renovar sus derechos dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento, periodo conocido como “periodo de gracia”.

De acuerdo con la lista pública de la SCJN, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá declarar constitucional este artículo, alineándolo con el Protocolo de Madrid, vigente para México desde febrero de 2013, y con el Convenio de París, adoptado por nuestro país desde 1903. Su propuesta subraya que el periodo de gracia no constituye un privilegio indebido, sino un mecanismo para preservar la continuidad del derecho de marca y evitar que terceros se aprovechen de un vacío temporal.

La discusión, que podría resolverse este 11 de diciembre, representa una oportunidad para que la Corte reafirme la confianza del sector productivo en las instituciones. De avalarse la propuesta, se enviaría un mensaje de estabilidad jurídica y respeto a los estándares internacionales que rigen la protección de la propiedad industrial en México.

• La Corte estudiará un mecanismo derivado de tratados internacionales alineados con la estrategia del IMPI.

La política de fortalecimiento jurídico y modernización del sistema marcario que Santiago Nieto ha encabezado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tendrá un momento decisivo el próximo 4 de diciembre, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice el amparo directo en revisión 7274/2024. La resolución podría consolidar uno de los ejes centrales de su administración: la defensa efectiva de los derechos de propiedad industrial como herramienta para el desarrollo económico del país.

El caso gira en torno al “periodo de gracia”, los seis meses que la legislación mexicana otorga a los titulares de marcas para renovar su registro una vez vencido el plazo original. Este mecanismo, lejos de ser una concesión extraordinaria, deriva de compromisos internacionales que México asumió al integrarse al Protocolo de Madrid y al Convenio de París. Su objetivo es garantizar certeza, continuidad y estabilidad para quienes protegen legalmente sus signos distintivos, una prioridad que el IMPI ha reforzado bajo la gestión de Nieto.

La propuesta que será discutida por el Pleno fue elaborada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, experta en tratados internacionales. Su proyecto sostiene que el periodo de gracia es plenamente constitucional, pues evita que los titulares de marcas pierdan derechos por retrasos administrativos y bloquea intentos de apropiación indebida por parte de terceros. El planteamiento coincide con la visión que el IMPI ha promovido: reglas claras, protección sólida y un marco jurídico alineado con los estándares globales.

Especialistas en propiedad intelectual señalan que la revisión llega en un momento crucial para México y representa un respaldo indirecto al trabajo de Santiago Nieto, quien ha fortalecido la vigilancia marcaria y el combate a la piratería. La posible ratificación constitucional del periodo de gracia sería un aval a la política institucional que ha buscado convertir al IMPI en un organismo moderno, confiable y competitivo internacionalmente.

Un fallo adverso, en contraste, podría generar incertidumbre y debilitar la protección de miles de marcas. Sin embargo, analistas coinciden en que el proyecto de la ministra Ortiz se alinea con la tendencia global y con las reformas de profesionalización que Nieto ha impulsado desde su llegada al IMPI.

La decisión de la Suprema Corte no solo resolverá una controversia legal, sino que también pondrá en perspectiva el avance institucional alcanzado en materia de propiedad industrial.

Para el IMPI, y particularmente para la gestión de Santiago Nieto, este caso representa un punto de consolidación en la construcción de un sistema marcario más sólido, transparente y confiable para empresas, emprendedores y titulares de derechos en todo el país.