La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró, mediante un comunicado, que el proceso penal contraAlejandro Álvarez Pugano guarda relacióncon el caso deInés Gómez Mont, luego de que se informara su vinculación a proceso por el delito de defraudación fiscal.

La dependencia explicó que Alejandro Álvarez Puga,hermano de Víctor Manuel Álvarez Pugay cuñado de la conductora, fue vinculado a proceso por presuntamenteincumplir con el pago del Impuesto Sobre la Renta(ISR), correspondiente al ejercicio fiscal de 2016.

Asimismo, recordó que Alejandro Álvarez Puga fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), quienes cumplimentaron una orden judicial en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

FGR descarta vínculo entre el caso de Alejandro Álvarez Puga e Inés Gómez Mont

De acuerdo con la FGR,Alejandro “N”era requerido por su probable responsabilidad en la omisión del pago del ISR correspondiente al ejercicio fiscal de 2016, lo que habría ocasionado unperjuicio al fisco federal.

Por ello, la institución consideró necesario precisar que este procedimientono tiene relación algunacon los procesos de extradición que actualmente enfrentan en Estados UnidosVíctor Álvarez Pugae Inés Gómez Mont.

Además de la vinculación a proceso, un juez de control impuso a Alejandro Álvarez Puga la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

¿Cuál es la situación legal de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont?

La FGR también actualizó la situación jurídica deVíctor Manuel Álvarez PugaeInés Gómez Mont, quienes continúan sujetos a procedimientos de extradición en Estados Unidos.

En el caso de Víctor “N”, la dependencia recordó que fue detenido con fines migratorios en septiembre de 2025 y que supróxima audienciaestá programada paranoviembre de 2026.

Mientras tanto, la FGR continúa fortaleciendo la solicitud formal de extradición para cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades estadounidenses.

Aunque sigue sujeto al procedimiento migratorio, las autoridades de Estados Unidos le concedieron lalibertad bajo fianza, además de imponerle el uso de un dispositivo de geolocalización.

Respecto aInés “N”, la FGR informó que también presentó unasolicituddedetención provisional con fines de extradición.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó que deberá presentarse la petición formal de extradición, documento en el que la Fiscalía continúa trabajando para acreditar todos los elementos requeridos por la autoridad estadounidense.

Cabe recordar queVíctor Manuel Álvarez PugaeInés Gómez Montson requeridos por las autoridades mexicanas por su probable participación en los delitos de:

México lidera en inversión extranjera, dijo Hacienda, pero es el país con mayor caída en nuevos proyectos en América Latina. También presume baja tasa de desempleo, aunque la OCDE advierte que más de la mitad del empleo mexicano es informal

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó 12 indicadores con los que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo buscó presumir la fortaleza económica de México. Para sostener el recurso recurrió a datos de organismos internacionales como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Sin embargo, la exposición oficial del pasado miércoles 8 dejó fuera los puntos negativos que esas mismas instituciones observan sobre la economía mexicana, de acuerdo con una revisión realizada porProceso.

En la presentación en la conferencia mañanera, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, destacó el primero de los 12 ejes, señalando que México se encuentra entre los 10 países con mayor captación de Inversión Extranjera Directa (IED), de acuerdo con la UNCTAD.

El dato, presentado como una señal de confianza internacional en el país, es correcto. No obstante, la dependencia omitió explicar que la UNCTAD también documentó un fuerte debilitamiento en los “anuncios de inversiones greenfield”, es decir, en los proyectos de nuevas inversiones, aquellos que implican la construcción de nuevas plantas, la ampliación de instalaciones o la generación de nueva capacidad productiva y creación de nuevos empleos.

En ese rubro México no sólo registró una caída, sino que fue el país que presentó la mayor debilidad en América Latina.

“La caída fue particularmente marcada en México, donde el valor de las inversiones greenfield descendió de 44 mil millones de dólares a 24 mil millones de dólares”, sostiene el documento original.

Las autoridades no mencionaron que en México están ingresando recursos por reinversión de utilidades, operaciones financieras o ampliaciones de empresas que ya se encuentran establecidas en el país. No están llegando nuevas compañías dispuestas a instalar nuevos proyectos, abrir plantas y generar empleos adicionales.

Se suma que la UNCTAD, sin mencionar el nombre del presidente Javier Milei, colocó a México junto con Argentina entre los países de la región con mayores caídas en la atracción de nuevas inversiones.

“En Argentina, el monto cayó de aproximadamente 37 mil millones de dólares a apenas 1.4 mil millones de dólares”, sostiene el análisis.

Otro de los puntos presumidos tanto por el secretario de Hacienda como por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue el tercer eje, según el cual México cuenta con la segunda tasa de desempleo más baja, de 2.7%, entre los países integrantes de la OCDE, únicamente detrás de Japón.

La cifra también fue presentada de manera incompleta. El documento citado por las autoridades, correspondiente a las Perspectivas del Empleo de la OCDE 2026, reconoce que “a pesar de esta evolución, la informalidad sigue representando más de la mitad del empleo total” en México.

Esto significa que aunque pocas personas aparecen oficialmente como desempleadas, millones trabajan en actividades informales, sin acceso a seguridad social, prestaciones laborales, contratos estables o ingresos suficientes.

Un diagnóstico incompleto

Para el académico del Tecnológico de Monterrey, Héctor Magaña, es válido que el gobierno utilice información de instituciones internacionales para presentar los avances económicos del país. Sin embargo, también es necesario ofrecer una lectura completa de los documentos, pues seleccionar únicamente los datos positivos genera una radiografía parcial que impide dimensionar y atender los problemas de fondo.

“No necesariamente son datos falsos; el problema es que se seleccionaron principalmente los resultados favorables y no se explicó qué hay detrás de ellos. Por ejemplo, es positivo que México se encuentre entre los diez principales receptores de inversión extranjera. Sin embargo, la UNCTAD también señala que el valor de los proyectos completamente nuevos —como la construcción de plantas o la ampliación de capacidad productiva— cayó”, dijo en entrevista conProceso.

La falta de nuevas inversiones, ahondó, puede ser una señal de que algunas empresas están “aplazando nuevos proyectos ante la incertidumbre comercial y económica”, particularmente en el marco de las dudas sobre el futuro del T-MEC.

Algo parecido ocurre con el empleo, remarcó el académico.

“Son datos favorables. No obstante, más de la mitad de las personas ocupadas trabaja en la informalidad, muchas veces sin seguridad social, prestaciones o estabilidad laboral. Por ello, una tasa de desempleo baja no significa necesariamente que todos los empleos sean de buena calidad”, dijo.

La Fiscalía Anticorrupción: una institución rebasada por sus propias controversias gracias al liderazgo de Abelardo Valenzuela

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua fue creada para vigilar al poder, investigar posibles actos de corrupción y convertirse en una institución capaz de generar confianza. Sin embargo, bajo la gestión de Abelardo Valenzuela Holguín, el organismo ha terminado acumulando más cuestionamientos sobre su independencia que reconocimiento por sus resultados, abriendo una discusión que sigue sin encontrar respuesta: ¿cómo exigir credibilidad cuando la propia institución enfrenta una creciente crisis de confianza?

Cuando Abelardo Valenzuela Holguín fue designado como Fiscal Anticorrupción de Chihuahua, la expectativa era que la institución iniciara una nueva etapa marcada por investigaciones sólidas, autonomía y resultados capaces de fortalecer la confianza ciudadana. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Con el paso de los años, la Fiscalía dejó de ocupar los titulares por el combate a la corrupción para convertirse en protagonista de una discusión permanente sobre su propia credibilidad. Hoy, el nombre de Abelardo Valenzuela aparece con la misma frecuencia asociado a cuestionamientos sobre independencia, confrontaciones políticas y controversias institucionales que a los casos que supuestamente debería colocar en el centro del debate público.

El problema no radica únicamente en que existan críticas hacia su gestión. Cualquier servidor público que ocupe un cargo de esa relevancia está obligado a convivir con el escrutinio. Lo verdaderamente preocupante es que, después de más de tres años al frente de la Fiscalía Anticorrupción, la conversación pública siga dominada por las mismas dudas que surgieron desde el día de su nombramiento. Una institución creada para combatir la corrupción no puede darse el lujo de convivir permanentemente con sospechas sobre su propia autonomía, porque cuando la confianza comienza a deteriorarse, también lo hace la legitimidad de cada decisión que toma.

Desde su llegada al cargo en diciembre de 2022, la designación de Valenzuela fue señalada por distintos sectores políticos que cuestionaron tanto el procedimiento como la cercanía que le atribuían con el gobierno estatal. Aunque el nombramiento cumplió con el procedimiento legal correspondiente, la legalidad nunca fue suficiente para disipar las dudas. La independencia de una Fiscalía Anticorrupción no sólo debe existir en los documentos; debe reflejarse en cada decisión, en cada investigación y, sobre todo, en la percepción de una ciudadanía que espera ver una institución capaz de actuar sin compromisos políticos. Esa confianza, lejos de fortalecerse, parece haberse debilitado con el paso del tiempo.

El caso relacionado con el exgobernador Javier Corral terminó por evidenciar la magnitud del problema. La investigación trascendió rápidamente el ámbito jurídico y se transformó en una confrontación política que involucró a autoridades estatales, instancias federales y actores nacionales. Mientras la Fiscalía defendía sus actuaciones, el debate público dejó de centrarse en los elementos del expediente para enfocarse en las verdaderas motivaciones detrás de la actuación institucional. Esa es, probablemente, la derrota más costosa para cualquier fiscal: que la discusión deje de ser sobre la corrupción investigada y pase a ser sobre la credibilidad de quien investiga.

A partir de ese momento, la historia comenzó a repetirse. Disputas competenciales, desacuerdos con autoridades federales y resoluciones judiciales controvertidas alimentaron una percepción de confrontación constante que terminó desgastando aún más la imagen de la Fiscalía. Cada nuevo conflicto fortalecía la impresión de que la institución dedicaba más tiempo a defenderse de los cuestionamientos que a consolidarse como un referente en el combate a la corrupción. En lugar de proyectar certeza, independencia y autoridad moral, la dependencia parecía quedar atrapada en una dinámica donde cada actuación era recibida con suspicacia por una parte importante de la opinión pública.

Ese es quizás el mayor fracaso de la gestión de Abelardo Valenzuela. No necesariamente porque todas las críticas sean ciertas o porque todas las decisiones de la Fiscalía sean incorrectas, sino porque nunca logró construir una narrativa institucional capaz de generar confianza. En política y en procuración de justicia, la percepción importa. Una Fiscalía Anticorrupción puede obtener resoluciones favorables o sostener jurídicamente sus investigaciones, pero si la sociedad deja de creer en su imparcialidad, el daño institucional comienza a ser mucho más profundo que cualquier revés en los tribunales.

Y mientras esa duda siga ocupando el centro de la conversación pública, cada nuevo caso que encabece la institución cargará con el mismo problema de origen: una credibilidad que nunca terminó de consolidarse y una confianza ciudadana que continúa erosionándose.