La Fiscalía Anticorrupción: una institución rebasada por sus propias controversias gracias al liderazgo de Abelardo Valenzuela

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua fue creada para vigilar al poder, investigar posibles actos de corrupción y convertirse en una institución capaz de generar confianza. Sin embargo, bajo la gestión de Abelardo Valenzuela Holguín, el organismo ha terminado acumulando más cuestionamientos sobre su independencia que reconocimiento por sus resultados, abriendo una discusión que sigue sin encontrar respuesta: ¿cómo exigir credibilidad cuando la propia institución enfrenta una creciente crisis de confianza?

Cuando Abelardo Valenzuela Holguín fue designado como Fiscal Anticorrupción de Chihuahua, la expectativa era que la institución iniciara una nueva etapa marcada por investigaciones sólidas, autonomía y resultados capaces de fortalecer la confianza ciudadana. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Con el paso de los años, la Fiscalía dejó de ocupar los titulares por el combate a la corrupción para convertirse en protagonista de una discusión permanente sobre su propia credibilidad. Hoy, el nombre de Abelardo Valenzuela aparece con la misma frecuencia asociado a cuestionamientos sobre independencia, confrontaciones políticas y controversias institucionales que a los casos que supuestamente debería colocar en el centro del debate público.

El problema no radica únicamente en que existan críticas hacia su gestión. Cualquier servidor público que ocupe un cargo de esa relevancia está obligado a convivir con el escrutinio. Lo verdaderamente preocupante es que, después de más de tres años al frente de la Fiscalía Anticorrupción, la conversación pública siga dominada por las mismas dudas que surgieron desde el día de su nombramiento. Una institución creada para combatir la corrupción no puede darse el lujo de convivir permanentemente con sospechas sobre su propia autonomía, porque cuando la confianza comienza a deteriorarse, también lo hace la legitimidad de cada decisión que toma.

Desde su llegada al cargo en diciembre de 2022, la designación de Valenzuela fue señalada por distintos sectores políticos que cuestionaron tanto el procedimiento como la cercanía que le atribuían con el gobierno estatal. Aunque el nombramiento cumplió con el procedimiento legal correspondiente, la legalidad nunca fue suficiente para disipar las dudas. La independencia de una Fiscalía Anticorrupción no sólo debe existir en los documentos; debe reflejarse en cada decisión, en cada investigación y, sobre todo, en la percepción de una ciudadanía que espera ver una institución capaz de actuar sin compromisos políticos. Esa confianza, lejos de fortalecerse, parece haberse debilitado con el paso del tiempo.

El caso relacionado con el exgobernador Javier Corral terminó por evidenciar la magnitud del problema. La investigación trascendió rápidamente el ámbito jurídico y se transformó en una confrontación política que involucró a autoridades estatales, instancias federales y actores nacionales. Mientras la Fiscalía defendía sus actuaciones, el debate público dejó de centrarse en los elementos del expediente para enfocarse en las verdaderas motivaciones detrás de la actuación institucional. Esa es, probablemente, la derrota más costosa para cualquier fiscal: que la discusión deje de ser sobre la corrupción investigada y pase a ser sobre la credibilidad de quien investiga.

A partir de ese momento, la historia comenzó a repetirse. Disputas competenciales, desacuerdos con autoridades federales y resoluciones judiciales controvertidas alimentaron una percepción de confrontación constante que terminó desgastando aún más la imagen de la Fiscalía. Cada nuevo conflicto fortalecía la impresión de que la institución dedicaba más tiempo a defenderse de los cuestionamientos que a consolidarse como un referente en el combate a la corrupción. En lugar de proyectar certeza, independencia y autoridad moral, la dependencia parecía quedar atrapada en una dinámica donde cada actuación era recibida con suspicacia por una parte importante de la opinión pública.

Ese es quizás el mayor fracaso de la gestión de Abelardo Valenzuela. No necesariamente porque todas las críticas sean ciertas o porque todas las decisiones de la Fiscalía sean incorrectas, sino porque nunca logró construir una narrativa institucional capaz de generar confianza. En política y en procuración de justicia, la percepción importa. Una Fiscalía Anticorrupción puede obtener resoluciones favorables o sostener jurídicamente sus investigaciones, pero si la sociedad deja de creer en su imparcialidad, el daño institucional comienza a ser mucho más profundo que cualquier revés en los tribunales.

Y mientras esa duda siga ocupando el centro de la conversación pública, cada nuevo caso que encabece la institución cargará con el mismo problema de origen: una credibilidad que nunca terminó de consolidarse y una confianza ciudadana que continúa erosionándose.

En Chihuahua, el combate a la corrupción enfrenta una prueba incómoda: la revisión del propio gasto dentro de la Fiscalía Anticorrupción. Y es en ese ejercicio donde el entorno cercano al fiscal Abelardo Valenzuela comienza a generar más dudas que certezas.

El nombre de Francisco Javier de la O Sarmiento aparece nuevamente en el centro del debate. No por un escándalo aislado, sino por un patrón de gastos que, acumulados, revelan una dinámica que muchos ya califican como privilegiada.

Los registros de 2024 muestran una constante: uso reiterado de viáticos bajo esquemas como caja chica, gastos por comprobar y reembolsos. Movimientos que incluyen traslados, consumos y gastos de representación que, si bien pueden ser parte de la operación, adquieren otra dimensión cuando se repiten de manera sistemática.

Pólizas como la C01255 y C01256, con montos que superan los 14 mil pesos, no destacan por su tamaño individual, sino por su contexto. Se suman a una cadena de gastos que, en conjunto, dibujan un estilo de operación que contrasta con el discurso de austeridad.

Y ahí es donde el tema escala.

Porque en estructuras donde el poder se concentra en círculos cercanos, como el que rodea a Valenzuela, el acceso a recursos también se concentra. Sin mecanismos claros de supervisión externa, el riesgo no es solo administrativo, es político.

La percepción de privilegios comienza a tomar forma cuando los mismos actores aparecen de manera recurrente en los registros de gasto. Y en una institución que debería combatir los excesos, esa percepción pesa más que cualquier justificación técnica.

Hasta ahora, no hay explicaciones claras. No hay posicionamientos públicos que detallen el alcance de estos gastos ni los criterios bajo los cuales se autorizan.

Ese vacío de información no es menor.

Porque cuando no se explica el uso del dinero público, otros lo interpretan. Y esas interpretaciones, hoy, no favorecen a la Fiscalía Anticorrupción.

La pregunta ya no es cuánto se gastó. La pregunta es quién decide cómo se gasta y bajo qué controles.

Integrantes de diversas secciones del gremio se concentraron frente al Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje para manifestar su apoyo al dirigente sindical.

Trabajadores de la Ciudad de México se congregaron frente a las instalaciones del Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje con el objetivo de respaldar el proceso de toma de nota de su líder, Hugo Alonso Ortiz. Desde las primeras horas del día, contingentes provenientes de distintas secciones comenzaron a arribar al punto de encuentro, portando distintivos que evidenciaban su pertenencia y reforzaban un ambiente de cohesión interna.

La movilización se caracterizó por la organización y la claridad en sus mensajes. A lo largo de la jornada, los asistentes expresaron de manera reiterada su respaldo al dirigente sindical, destacando su papel como representante de los intereses del gremio. Las consignas, pronunciadas de forma ordenada, reflejaron la intención de hacer visible ante las autoridades laborales la legitimidad de su liderazgo.

Representantes de las distintas secciones coincidieron en señalar que su presencia en el lugar responde a la necesidad de brindar certeza al proceso interno del sindicato. Subrayaron que la toma de nota no solo constituye un requisito administrativo, sino un paso fundamental para consolidar la estabilidad organizativa y garantizar la continuidad de los trabajos en favor de los agremiados.

El desarrollo de la concentración transcurrió sin incidentes, bajo un esquema pacífico que permitió la libre expresión de los trabajadores. Elementos de seguridad permanecieron en la zona para resguardar el orden durante toda la jornada, sin que se reportaran alteraciones.

Con esta movilización, los trabajadores de la Ciudad de México buscan enviar un mensaje claro a las autoridades sobre la unidad interna del gremio y la legitimidad del liderazgo de Hugo Alonso Ortiz, manteniéndose atentos al resultado del proceso y a las resoluciones que emita el tribunal.