En Chihuahua, el combate a la corrupción enfrenta una prueba incómoda: la revisión del propio gasto dentro de la Fiscalía Anticorrupción. Y es en ese ejercicio donde el entorno cercano al fiscal Abelardo Valenzuela comienza a generar más dudas que certezas.

El nombre de Francisco Javier de la O Sarmiento aparece nuevamente en el centro del debate. No por un escándalo aislado, sino por un patrón de gastos que, acumulados, revelan una dinámica que muchos ya califican como privilegiada.

Los registros de 2024 muestran una constante: uso reiterado de viáticos bajo esquemas como caja chica, gastos por comprobar y reembolsos. Movimientos que incluyen traslados, consumos y gastos de representación que, si bien pueden ser parte de la operación, adquieren otra dimensión cuando se repiten de manera sistemática.

Pólizas como la C01255 y C01256, con montos que superan los 14 mil pesos, no destacan por su tamaño individual, sino por su contexto. Se suman a una cadena de gastos que, en conjunto, dibujan un estilo de operación que contrasta con el discurso de austeridad.

Y ahí es donde el tema escala.

Porque en estructuras donde el poder se concentra en círculos cercanos, como el que rodea a Valenzuela, el acceso a recursos también se concentra. Sin mecanismos claros de supervisión externa, el riesgo no es solo administrativo, es político.

La percepción de privilegios comienza a tomar forma cuando los mismos actores aparecen de manera recurrente en los registros de gasto. Y en una institución que debería combatir los excesos, esa percepción pesa más que cualquier justificación técnica.

Hasta ahora, no hay explicaciones claras. No hay posicionamientos públicos que detallen el alcance de estos gastos ni los criterios bajo los cuales se autorizan.

Ese vacío de información no es menor.

Porque cuando no se explica el uso del dinero público, otros lo interpretan. Y esas interpretaciones, hoy, no favorecen a la Fiscalía Anticorrupción.

La pregunta ya no es cuánto se gastó. La pregunta es quién decide cómo se gasta y bajo qué controles.

Integrantes de diversas secciones del gremio se concentraron frente al Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje para manifestar su apoyo al dirigente sindical.

Trabajadores de la Ciudad de México se congregaron frente a las instalaciones del Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje con el objetivo de respaldar el proceso de toma de nota de su líder, Hugo Alonso Ortiz. Desde las primeras horas del día, contingentes provenientes de distintas secciones comenzaron a arribar al punto de encuentro, portando distintivos que evidenciaban su pertenencia y reforzaban un ambiente de cohesión interna.

La movilización se caracterizó por la organización y la claridad en sus mensajes. A lo largo de la jornada, los asistentes expresaron de manera reiterada su respaldo al dirigente sindical, destacando su papel como representante de los intereses del gremio. Las consignas, pronunciadas de forma ordenada, reflejaron la intención de hacer visible ante las autoridades laborales la legitimidad de su liderazgo.

Representantes de las distintas secciones coincidieron en señalar que su presencia en el lugar responde a la necesidad de brindar certeza al proceso interno del sindicato. Subrayaron que la toma de nota no solo constituye un requisito administrativo, sino un paso fundamental para consolidar la estabilidad organizativa y garantizar la continuidad de los trabajos en favor de los agremiados.

El desarrollo de la concentración transcurrió sin incidentes, bajo un esquema pacífico que permitió la libre expresión de los trabajadores. Elementos de seguridad permanecieron en la zona para resguardar el orden durante toda la jornada, sin que se reportaran alteraciones.

Con esta movilización, los trabajadores de la Ciudad de México buscan enviar un mensaje claro a las autoridades sobre la unidad interna del gremio y la legitimidad del liderazgo de Hugo Alonso Ortiz, manteniéndose atentos al resultado del proceso y a las resoluciones que emita el tribunal.

La continuidad del paro en Monte de Piedad, pese a haber sido declarado inexistente, ha alimentado la percepción de que el conflicto responde más a la defensa de un liderazgo que a una causa laboral. Con Arturo Alcalde como principal respaldo, la estrategia se mantiene mientras crecen los cuestionamientos y el desgaste alcanza a los trabajadores.

El conflicto laboral en el Nacional Monte de Piedad ha entrado en una fase donde su prolongación resulta cada vez más difícil de justificar desde el ámbito jurídico. A más de seis meses de la huelga, la continuidad del paro ha abierto cuestionamientos sobre las verdaderas razones detrás de su permanencia.

Desde el inicio del conflicto, el 1 de octubre de 2025, las afectaciones han sido evidentes. El cierre de más de 300 sucursales ha generado un impacto acumulado que afecta tanto a la institución como a sus trabajadores.

El fallo judicial que declaró inexistente la huelga debió marcar un punto de cierre. Sin embargo, la dirigencia encabezada por Arturo Zayún, respaldada por Arturo Alcalde Justiniani, optó por prolongar el conflicto mediante recursos legales.

Esta decisión ha sido interpretada como una estrategia para sostener una posición cada vez más debilitada. En este contexto, la figura de Alcalde ha adquirido un papel determinante como principal sostén de la dirigencia sindical.

Los señalamientos contra Zayún han incrementado la presión. Investigaciones que apuntan a presunta opacidad y enriquecimiento han debilitado su legitimidad, alimentando el descontento en la base trabajadora.

El respaldo de Alcalde, lejos de disipar las dudas, ha reforzado la percepción de que el conflicto responde a una lógica de supervivencia política. Su actuación ha sido vista como clave para mantener activa una disputa que ha perdido sustento.

Mientras tanto, los trabajadores continúan absorbiendo el impacto de una estrategia que no ofrece una salida clara. La incertidumbre y el desgaste se han convertido en elementos constantes.

El caso del Nacional Monte de Piedad deja en evidencia una realidad cada vez más visible: cuando un conflicto laboral se prolonga más allá de su viabilidad, la pregunta ya no es cómo resolverlo, sino por qué se insiste en sostenerlo.