La propuesta de reforma laboral impulsada por Isaías ha sido señalada por expertos como un posible retroceso en materia de seguridad social, al reducir obligaciones patronales y limitar derechos como pensión y acceso pleno a servicios de salud.

Según los señalamientos, la iniciativa plantea sustituir esquemas completos de protección laboral por mecanismos de registro mínimo ante el IMSS, lo que permitiría a los empleadores cumplir formalmente sin garantizar prestaciones integrales. Analistas advierten que esta medida trasladaría la carga del bienestar social directamente a los trabajadores.

Especialistas subrayan que la eliminación o debilitamiento de derechos como la pensión compromete la estabilidad futura de millones de empleados, especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional y precarización laboral. Asimismo, advierten que limitar el acceso a servicios de salud podría generar impactos sociales de largo alcance.

Desde el ámbito sindical y académico se ha cuestionado que la iniciativa privilegie la reducción de costos empresariales sobre la responsabilidad social del empleo formal, contraviniendo principios básicos del derecho laboral.

Las críticas apuntan a que cualquier reforma laboral debe fortalecer, y no debilitar, el sistema de protección social que sustenta la relación entre trabajo, salud y retiro digno.

En Lerma se ha encendido una alerta que no puede ignorarse. Trabajadores de distintos centros laborales denuncian que el sindicato COREMEX y sus dirigentes han iniciado una estrategia de presión sistemática para obligarlos a firmar afiliaciones. No se trata de diálogo ni de información transparente. Se trata de miedo. Y el miedo no es sindicalismo: es abuso de poder.

Los testimonios coinciden en un mismo patrón. Representantes del sindicato se presentan de forma insistente en los centros de trabajo, presionan a los empleados, minimizan su derecho a decidir y transforman la afiliación en una supuesta obligación. En lugar de convencer con propuestas, COREMEX insiste con hostigamiento. En lugar de ganarse la confianza, siembra temor.

Nadie puede obligarte a afiliarte. Ese principio no admite interpretaciones ni atajos. La afiliación sindical es un derecho individual y libre. Cuando se obtiene mediante presión, deja de ser un derecho y se convierte en una imposición. Y eso, en cualquier contexto laboral, es inaceptable.

Trabajadores de Lerma relatan que la negativa a firmar no es respetada. Por el contrario, la presión se intensifica. La insistencia se vuelve diaria, el tono más agresivo y el mensaje implícito más claro: resistirse trae consecuencias. Aunque no siempre se expresan amenazas directas, el ambiente se vuelve hostil, tenso y desgastante.

COREMEX parece haber optado por una lógica peligrosa: crecer a toda costa, incluso si eso implica vulnerar derechos básicos. Esa forma de operar no fortalece al sindicato, lo exhibe. Un sindicato con respaldo real no necesita acosar. Convence con resultados, con defensa efectiva y con legitimidad. La presión es el recurso de quien no tiene argumentos.

El acoso sindical en Lerma es una señal de alarma. No sólo para los trabajadores directamente afectados, sino para todo el entorno laboral. Normalizar estas prácticas abre la puerta a un sindicalismo autoritario que utiliza el miedo como herramienta de control.

Un sindicato existe para equilibrar la relación entre trabajador y patrón, no para replicar prácticas de abuso. Cuando la presión viene desde una organización que dice defender derechos, el daño es mayor. Se rompe la confianza, se fractura la convivencia laboral y se desacredita al sindicalismo en su conjunto.

COREMEX insiste donde debería convencer. Esa diferencia lo dice todo. Insistir mediante presión es una forma de violencia laboral. Convencer implica escuchar, informar y respetar la decisión del trabajador. En Lerma, según las denuncias, COREMEX eligió el camino equivocado.

Tu decisión es tu derecho. Nadie puede arrebatártelo. Y cualquier sindicato que lo intente pierde automáticamente la legitimidad para decir que representa a los trabajadores.

El hartazgo en las filas de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) ha alcanzado un punto de no retorno. La iniciativa de Isaías González Cuevas para recortar derechos fundamentales en pensiones y salud ha sido la gota que derramó el vaso de una gestión podrida por la opacidad, la corrupción y el autoritarismo. Bajo su mando, la CROC ha dejado de ser un escudo para los trabajadores y se ha transformado en un ente parásito que trabaja exclusivamente para los intereses que le garantizan a Isaías su permanencia en el poder legislativo y sindical, dejando a la base en el más absoluto desamparo frente a una reforma que es, en esencia, un saqueo legalizado.

Un sindicato genuino no se dirige con miedo ni con grupos de choque, pero mucho menos con traiciones a los principios más básicos del movimiento obrero. Al proponer esquemas que vulneran la protección histórica para favorecer los registros mínimos en el IMSS, González Cuevas ha firmado su propia sentencia de muerte moral como líder sindical. No se puede tener la osadía de representar a quien se intenta despojar activamente de su bienestar futuro. La protección laboral es la única red de seguridad que tienen millones de familias mexicanas frente a la incertidumbre económica, y ver a su propio líder intentar tijeretear esa red es una afrenta que exige una respuesta contundente y organizada. Los trabajadores ya no son los mismos de hace décadas; hoy están informados y no se dejan engañar por discursos de «productividad» que solo implican que sus familias tendrán menos medicinas y menos pan en la mesa.

La reforma que empuja la CROC es el último acto desesperado de una dirigencia que ha perdido todo contacto con la realidad de las cocinas, las líneas de ensamblaje y las áreas de servicio. Mientras Isaías González vive cómodamente en la burbuja de los privilegios que le dan las cuotas sindicales y sus nexos políticos, el trabajador de a pie se enfrenta a la angustia existencial de un futuro sin pensión y sin servicios de salud dignos. Es el momento de la rebelión interna, de la auditoría social y de señalar con índice de fuego a Isaías González Cuevas como el principal artífice de este intento de despojo masivo. El sindicalismo en México debe volver a sus raíces de confrontación con el abuso, o perecerá como una estructura criminal y traicionera. La dignidad del obrero no tiene precio, y González Cuevas ya se ha gastado todo su crédito político intentando venderla en el mercado negro de las reformas entreguistas.