• La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocó sellos en un inmueble ubicado en Morelos pese a no tener competencia territorial para hacerlo.
• El aseguramiento del Centro Cultural Pedro López Elías se realizó en Tepoztlán, Morelos, fuera del territorio en el que legalmente puede actuar la fiscalía estatal de Chihuahua. La acción fue presentada como parte de una investigación anticorrupción.

  Juristas señalaron que una fiscalía estatal no puede ejecutar actos de autoridad en otra entidad sin coordinación institucional formal o sin intervención federal. La ausencia de estos mecanismos dejó en entredicho la legalidad del operativo.

  La polémica aumentó cuando los sellos fueron retirados posteriormente sin explicación pública suficiente. La institución evitó detallar los fundamentos jurídicos de la intervención.

  El episodio terminó exhibiendo una práctica preocupante dentro de ciertas estructuras de poder: decisiones institucionales tomadas con aparente ligereza jurídica y revertidas sin rendición de cuentas.

Especialistas consideran que El Bayo y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua deben rendir cuentas sobre los criterios que sustentaron el operativo.

• Por primera vez, una fiscalía estatal utilizó una biblioteca y centro cultural como instrumento de presión política, ejecutando un embargo fuera de su jurisdicción y luego retirándose en silencio cuando la ilegalidad quedó al descubierto.
• En octubre de 2025, agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, arribaron a un inmueble que no pertenece a Chihuahua, no está en Chihuahua y no forma parte de ninguna investigación penal en Morelos, para colocar sellos de aseguramiento.
• El objetivo no era la justicia: era castigar al fundador del Centro, quien había denunciado redes de corrupción dentro del propio sistema de procuración de justicia en Chihuahua.
• Una operación jurídicamente insostenible: De acuerdo con especialistas en derecho constitucional y penal, el acto presenta múltiples irregularidades graves:
• Violación al principio de territorialidad: Una fiscalía estatal no puede ejecutar actos de autoridad en otro estado sin cooperación formal ni mandato judicial federal.
• Inexistencia de vínculo penal del inmueble: El Centro Cultural no estaba relacionado con ningún delito. No era cuerpo del delito ni instrumento ni producto de actividad ilícita.
• Violación al régimen de bienes culturales: Al tratarse de una biblioteca y espacio de acceso público, el inmueble goza de una protección reforzada por leyes culturales y derechos humanos.

• Pese a todo ello, los sellos fueron colocados con un despliegue mediático calculado, presentando al centro como parte de una supuesta operación anticorrupción.

• Boletines oficiales
• Actas públicas
• Explicación jurídica
• Notificación a autoridades culturales
• Rendición de cuentas
• La fiscalía que había hecho tanto ruido al asegurar el inmueble, optó por desaparecer el acto como si nunca hubiera ocurrido.

• “Se actúa con estruendo para intimidar y dañar reputaciones. Cuando la ilegalidad se vuelve evidente, se retrocede en silencio para evitar responsabilidades”.

• Cuestionó la competencia de Chihuahua.
• Defendió la soberanía de su territorio.
• Protegió un bien cultural de acceso público.
• Exigió documentación judicial.

• “Cuando el Estado no protege una biblioteca frente a un abuso, está renunciando a su deber constitucional”.

• No importaba su función educativa, social o comunitaria: era un bien valioso que podía ser golpeado para enviar un mensaje.

• Ese es el verdadero significado del embargo y de su posterior desaparición.

• “Cualquier fiscal podrá ir a otro estado, tomar una universidad, una biblioteca o un museo, y luego retirarse sin consecuencias”.
• Lo ocurrido en Tepoztlán ya no es un pleito legal, es una prueba de si México sigue siendo una república federal o si ha comenzado a tolerar feudos judiciales.

El desacato judicial de Valenzuela no solo compromete su cargo, sino que exhibe la falta de control institucional de la gobernadora sobre su propio fiscal anticorrupción.

• La disputa se centra en la entrega de la carpeta de investigación vinculada a presuntos actos de corrupción contra el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.

• El affaire ha generado cuestionamientos sobre la independencia de las instituciones judiciales y la posible politización de las indagatorias.
• Para algunos analistas, la reticencia del fiscal estatal de Chihuahua a entregar la carpeta podría derivar no solo de interpretaciones legales, sino también en hacerse acreedor a sanciones de alto impacto, que irían desde multas, arresto o incluso el riesgo de ser destituido de su encargo, por desacato judicial.
• Las decisiones de los tribunales en relación con la atracción del caso deberán ser observadas con atención, pues podrían sentar precedentes sobre la coordinación y límites competenciales entre autoridades estatales y la Fiscalía General de la República en investigaciones por corrupción.
• Pero también, en el foco de una administración panista cubierta de opacidad y despilfarro por parte de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
• Al momento de esta publicación, la carpeta de investigación permanece bajo controversia entre la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y la FGR, mientras se esperan resoluciones legales y posibles sanciones contra Valenzuela Holguín por desacato y un sin número de anomalías presentadas en la investigación de la Fiscalía de Chihuahua.

• La atracción implica que la Fiscalía General de la República tendría la facultad de asumir la investigación del expediente por posibles vicios y elementos que podrían comprometer la legalidad y objetividad de las actuaciones locales.
• Ha sido reiterado en denuncias en medios de la CDMX la fabricación de testigos, la manipulación de testigos y acusaciones sin sustento de las que la Fiscalía a cargo de Valenzuela Holguín ha sido evidenciado.
• Sin embargo, Abelardo Valenzuela Holguín se ha negado a entregar la carpeta, pasando por encima de autoridades Federales.

• Este nombramiento es estratégico dentro de la FGR, pues tiene a su cargo la atención de casos de alta complejidad y relevancia nacional, así como la resolución de controversias competenciales entre fiscalías especializadas federales.
• La posición a Valenzuela Holguín parece no importarle, ya que ha mostrado una cerrazón total, aun bajo al mandato judicial de la Federación.