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Propuesta de Recorte al INE por 33% Podría Impactar Elección Judicial

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La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados hizo público el proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, en el que plantea un recorte de 33.29 por ciento al Instituto Nacional Electoral (INE), poniendo en aprietos la elección judicial. De acuerdo con el proyecto circulado esta mañana, el INE recibiría para 2025 la cantidad de 27 mil millones 56 mil 755 pesos, cuando solicitó 40 mil 476 millones 56 mil 755 pesos; el recorte impactaría en la organización de la elección judicial, pues la consejera electoral Rita Bell López advirtió que aprobar menos presupuesto para la elección de ministros de la Corte, magistrados y jueces pondría al Instituto en una situación de crisis. “Con la mitad no saldríamos, de lo que tenemos presupuestado, reducirlo más allá de lo que nos costó la elección del proceso electoral de 2024 ya nos estaría poniendo en una crisis, eso sí les pedimos que lo revisen muy puntualmente”, dijo la consejera a los integrantes de la Comisión de Presupuesto en una reunión del 5 de diciembre. Los diputados planean ajustar el presupuesto de órganos electorales, del Poder Judicial y órganos autónomos; además de reasignarlo en educación, infraestructura y cultura En total, la Comisión de Presupuesto plantea un recorte de 30 mil 220 millones de pesos 700 mil pesos a órganos autónomos. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los diputados plantean recortarle 714 millones 400 pesos, al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) 13 mil 117 millones 200 mil pesos. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuya desaparición fue aprobada por diputados el mes pasado, también experimentarían recortes de 494 millones de pesos, 488 millones y mil 180 millones de pesos, respectivamente. En tanto, el Senado de la República tendría un recorte de 540 millones de pesos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recorte de 416 millones 600 mil pesos, mientras que el presupuesto de la Cámara de Diputados quedaría intacto. Del dinero recortado, 13 mil 300 millones se destinarán al rubro de educación pública, 3 mil millones a cultura, 10 mil 720 millones 400 mil pesos a infraestructura, 6 mil 292 millones 800 mil pesos a Defensa Nacional. La Comisión de Presupuesto presidida por la diputada Merilyn Pozos citó a sesión este miércoles a las 19 horas para discutir el dictamen del PEF y la discusión en el Pleno de San Lázaro tendrá lugar el miércoles en lo general y el jueves en lo particular, de acuerdo con lo aprobado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
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Economía

¿La huelga de Monte de Piedad dejó tus empeños pendientes? Todavía puedes regularizarlos con beneficios

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Si no pudiste refrendar, reempeñar o recuperar tus pertenencias y aún tienes trámites pendientes, Nacional Monte de Piedad amplió hasta el 6 de diciembre sus facilidades de regularización.

La medida contempla la eliminación de ciertos intereses adicionales y descuentos para clientes que buscan ponerse al corriente con sus préstamos.

Ciudad de México, 20 de noviembre de 2026. Para quienes resultaron afectados por la huelga de Nacional Monte de Piedad y todavía enfrentan dificultades para regularizar sus empeños, la institución anunció una extensión del plazo para acceder a beneficios relacionados con el pago de intereses.

La fecha límite será el 6 de diciembre, por lo que los clientes con operaciones pendientes tendrán más tiempo para revisar sus contratos y realizar los trámites necesarios para refrendar, reempeñar o recuperar sus prendas.

La medida se da después de que las 301 sucursales de la institución reanudaron operaciones el pasado 7 de octubre.

¿Qué pasa con los intereses si todavía no te regularizas?

De acuerdo con Nacional Monte de Piedad, quienes realicen sus trámites antes del vencimiento del nuevo plazo no tendrán que cubrir los intereses adicionales correspondientes al periodo transcurrido entre la reapertura de sucursales y la fecha de regularización.

Este beneficio podría representar un ahorro para los usuarios que mantienen operaciones pendientes, aunque no implica la cancelación total de los intereses generados por sus préstamos.

Además, se ofrecen descuentos adicionales sobre intereses, cuyo monto dependerá del historial de cada cliente y del tipo de transacción.

Para quienes requieran nuevos empeños o reempeños de alhajas y relojes de oro, también está disponible una tasa preferencial fija de 3.9% mensual hasta el 5 de enero de 2027.

Esto equivale a pagar 39 pesos de intereses al mes por cada mil pesos prestados, con posibilidad de realizar hasta tres refrendos conservando esa tasa.

Los interesados pueden consultar las condiciones en www.montepiedad.com.mx, acudir a una sucursal o comunicarse al 55 2629 2790.

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Justicia

Tres años de descuentos después de la reforma: Movimiento Azul cuestiona la actuación de Alejandra Morales

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Tres años de descuentos después de la reforma: Movimiento Azul cuestiona la actuación de Alejandra Morales

Aunque la reforma de vacaciones entró en vigor en enero de 2023, Movimiento Azul asegura que GM Silao mantuvo los descuentos con factor 1.5 hasta septiembre de 2025. El grupo cuestiona que el comité de SINTTIA, encabezado por Alejandra Morales, no frenara antes esta práctica.

La reforma laboral que amplió los días de vacaciones en México no evitó, según Movimiento Azul, que los trabajadores de GM Silao continuaran enfrentando descuentos que afectaban sus periodos de descanso. En una nueva publicación, el grupo acusa que la empresa mantuvo hasta septiembre de 2025 un mecanismo que descontaba 1.5 días por cada jornada vacacional solicitada por quienes laboran bajo el esquema 4×3.

El señalamiento resulta especialmente relevante porque los cambios a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo entraron en vigor el 1 de enero de 2023. Sin embargo, de acuerdo con la cronología presentada por el movimiento, la empresa tardó casi tres años en corregir el cálculo, mientras los empleados seguían viendo reducido su saldo de vacaciones.

El documento explica que los trabajadores del esquema 4×3 laboran cuatro jornadas de 12 horas y descansan tres días. Movimiento Azul cuestiona que se utilizara el factor 12 entre 8, equivalente a 1.5, para descontar más días de vacaciones de los solicitados. De esa manera, pedir cuatro días podía representar la pérdida de seis días del saldo vacacional.

El grupo sostiene que esta interpretación no respeta el criterio de contabilizar las vacaciones por días laborables y no mediante un factor adicional. También recuerda que los descuentos ya se presentaban durante la etapa de representación de la CTM, cuando, según su denuncia, se aplicaba otro mecanismo que restaba medio día adicional por jornada.

Pero las críticas se dirigen también a la actual dirigencia. Movimiento Azul señala que el comité encabezado por Alejandra Morales aceptó que el mecanismo continuara durante su periodo de representación, por lo que considera que ahora no debería presentar el depósito económico como una conquista sindical.

El pago anunciado, de entre 3,500 y 7,500 pesos, es considerado por el grupo una compensación incompleta. Incluso plantea que un trabajador que recibió 5,000 pesos podría tener pendiente una recuperación de alrededor de 15,000 pesos, según sus propios cálculos.

Por ello, exige que se devuelvan al menos tres años de vacaciones presuntamente afectados, además de reclamar recuperación salarial y explicaciones sobre los gastos de capacitación y asesoría legal que menciona en su denuncia.

Para el Movimiento Azul, la pregunta es inevitable: si la reforma ya estaba vigente desde 2023, ¿por qué los descuentos continuaron hasta 2025 y por qué la dirigencia sindical no consiguió resolverlo antes?

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Justicia

Maru Campos, entre reclamos a Sheinbaum y cuestionamientos a su gobierno: ¿dónde están los resultados en Chihuahua?

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La polémica por el operativo relacionado con la CIA, las acusaciones contra un exfiscal y las controversias judiciales estatales plantean preguntas sobre la capacidad de supervisión y rendición de cuentas de la administración de Maru Campos.

El enfrentamiento entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum ha colocado nuevamente a Chihuahua en el centro de la discusión nacional.

La gobernadora reconoció que sostuvo una conversación particularmente tensa con la presidenta, durante la cual ambas intercambiaron reclamos relacionados con la seguridad pública y la participación de agentes estadounidenses en un operativo estatal.

El episodio no solamente refleja diferencias políticas. También abre interrogantes sobre la forma en que se toman decisiones dentro de las instituciones de seguridad de Chihuahua y sobre los mecanismos para supervisar su actuación.

Una reunión que dejó más preguntas

El encuentro ocurrió el 19 de septiembre de 2026, durante una visita presidencial a Ciudad Juárez.

Campos relató posteriormente que la conversación estuvo marcada por reproches mutuos y negó que hubiera existido un pacto político con el gobierno federal.

Sheinbaum confirmó que ambas elevaron la voz, aunque sostuvo que la coordinación institucional debía continuar en beneficio de la población.

La presidenta también afirmó que Campos responsabilizó al exfiscal César Jáuregui por la participación de agentes extranjeros en un operativo contra el crimen organizado.

La versión de la gobernadora y las declaraciones presidenciales hacen necesario esclarecer quién autorizó el operativo, qué funcionarios conocían sus alcances y cuáles fueron los procedimientos de supervisión.

Las responsabilidades de la administración estatal

La gobernadora ha reclamado públicamente una mayor intervención federal para enfrentar la violencia en Chihuahua.

Ese señalamiento debe examinarse junto con las obligaciones del gobierno estatal en prevención del delito, coordinación policial, investigación y atención a las víctimas.

La eficacia de una administración no puede evaluarse únicamente por sus declaraciones o por la confrontación con otras autoridades.

También requiere resultados medibles, presupuestos ejercidos, objetivos cumplidos y explicaciones públicas sobre las decisiones adoptadas.

La Fiscalía Anticorrupción y sus controversias

En el ámbito judicial, la administración estatal también enfrenta cuestionamientos relacionados con la independencia de sus instituciones.

La Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, investigó un presunto desvío de 98.6 millones de pesos relacionado con el refinanciamiento de la deuda pública de 2019.

Javier Corral ha sostenido que el expediente responde a una persecución política. La Fiscalía ha rechazado esa acusación.

La controversia también involucra a la Auditoría Superior del Estado, dirigida por Héctor Acosta Félix, cuya actuación ha sido cuestionada por personas investigadas.

El debate sobre el fuero

A estas circunstancias se suma la propuesta legislativa para otorgar fuero constitucional al titular de la Auditoría Superior del Estado.

La iniciativa busca proteger la independencia de la fiscalización, aunque plantea interrogantes sobre los mecanismos de responsabilidad de sus funcionarios.

Las denuncias existentes no acreditan delitos, pero requieren procedimientos transparentes que permitan esclarecer los hechos.

La rendición de cuentas como prioridad

El enfrentamiento con Sheinbaum, las controversias judiciales y las discusiones sobre autonomía institucional representan desafíos diferentes para el gobierno de Chihuahua.

La evaluación de Maru Campos debe centrarse en decisiones documentadas, resultados de gobierno y responsabilidades comprobables, no solamente en las disputas políticas que protagoniza.

El principal desafío consiste en ofrecer información verificable que permita conocer qué ha funcionado, qué requiere correcciones y quién debe responder por las decisiones institucionales.

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