Fernando «N» alias «La Flaca», uno de los 10 asesinados en el bar «Los Cantaritos» el pasado 9 de noviembre en el Centro de Querétaro, burló la seguridad cibernética de las autoridades de la entidad al mostrarse abiertamente en sus redes sociales con armas de fuego, con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación y donde también anunciaba sus próximas operaciones, sin que nunca hubiera sido rastreado, además de haber sido liberado en dos ocasiones por la FGR por la portación de armas de fuego.

En el último comunicado por parte de la Presidencia de la República sobre el perfil de Fernando «N» alias «La Flaca», se dió a conocer sobre los procedimientos que realizaba en sus propias cuentas de redes sociales, tanto al mostrarse con armas de fuego, así como para publicar anuncios relacionados al reclutamiento de posibles sicarios o cualquier persona que tuviera conocimiento en el manejo de armas.

«Se tiene conocimiento que dicho sujeto, en el pasado mes de agosto, hizo un reclutamiento de sicarios a través de sus redes sociales, donde ofrecía un pago semanal a quienes supieran usar armas de fuego. Fernando realizaba publicaciones en sus redes sociales donde se mostraba portando armas de fuego y chalecos tácticos con las letras CJNG», señaló el comunicado.

A pesar que los perfiles de las cuentas de Fernando «N» en las redes sociales se encuentran como públicas, incluso de donde fueron tomadas las fotografías y videos para difundirlas a la opinión pública, no hubo un rastreo por parte de la Policía Cibernética en cuanto a dichas publicaciones que se realizaron para poder reclutar a supuestos sicarios para llevar a cabo las acciones delictivas en San Juan del Río, referentes al trasiego ilegal de combustible y hacer frente a los grupos contrarios que se disputan esa zona.

Cabe señalar que el comunicado oficial de la Presidencia de la República hace referencia también que Fernando «N», habría sido detenido en al menos dos ocasiones por portación de armas de fuego, sin embargo, en ambas situaciones quedó en libertad: «Fue detenido en el estado de Querétaro, al menos en dos ocasiones en los meses de marzo y agosto del presente año, por portación de armas de fuego», resaltó el comunicado.

Aunque no hay una postura por parte de la Fiscalía General de la República Delegación Querétaro referente a la doble detención y liberación de Fernando «N» por el delito de «violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos», la Fiscalía del Estado indicó que en su momento la Policía Estatal habría sido la corporación que atendió el reporte de revisión y puesta a disposición.

«Una de las víctimas mortales, efectivamente había estado detenida en dos ocasiones por delitos de portación de arma de fuego y cartuchos, en su momento la autoridad estatal remitió ante la autoridad federal competente a esta persona detenida con objeto que se le diera secuencia en la investigación respecto a estos hechos», afirmó Humberto Pérez, Vicefiscal de Investigación Científica y Policial.

Aunque hasta el momento se desconoce bajo qué motivos Fernando «N» fue liberado en dos ocasiones por el mismo delito, inclusive, el motivo por el cual no pudo ser rastreado por las autoridades correspondientes, ya que solía evidenciar el lugar y la hora donde se encontraba, así como sus actividades ilícitas, situación que presuntamente la aprovecharon los integrantes del grupo con el que rivalizaba.

La matanza del bar Cantaritos, el fin de semana, en Querétaro, ha sorprendido a México, todavía instalado en una noción superada, maniquea, la idea de que el crimen no está en casa, sino en la del vecino. Querétaro no aparece en la lista de prioridades en materia de seguridad del Gobierno federal. No había hecho falta. Los muertos, las balaceras, las bombas, la violencia vistosa, eran cosa de Guanajuato y Michoacán, estados colindantes. Se hablaba del crimen como un virus y de algunas regiones, caso de Querétaro, como resistentes o inmunizadas. Pero situaciones como la del sábado, cuando un grupo de sicarios disparó contra todos los asistentes de un bar, dejando diez muertos y otros tantos heridos, tumba el paradigma de los estados santuario.

No es que no haya ocurrido antes. Chiapas es quizá uno de los ejemplos más recientes. Morena y sus aliados, depositarios de un poder extraordinario a nivel federal y estatal, han defendido muchas veces que en las regiones que ellos controlan, la violencia ha disminuido. En los de la oposición, en cambio, ha sucedido lo contrario. Guanajuato, Jalisco o Baja California ilustran su argumento. Pero Chiapas, en manos del partido guinda desde 2018, estropea el dibujo. Desde 2021, el crimen batalla con una virulencia pocas veces vista en el Estado, al menos en un esquema en que grupos criminales organizados, aparentemente ajenos a la estructura gubernamental, protagonizan las embestidas. La explicación morenista queda corta por simplista, igual que la de las regiones inmunes a la violencia.

“Nunca hubo santuarios. Era un fabricación de las autoridades, eso de decir que en tal o cual estado no había presencia del crimen”, apunta David Saucedo, experto en las dinámicas del crimen, principalmente en el centro de México. “La diferencia”, señala el especialista, “es que si solo había un grupo, no había guerra, pero en cuanto hay más de uno, empiezan a disputarse todo”, señala. “En Chiapas”, continúa el experto, “siempre estuvo el Cartel de Sinaloa, en alianza con grupos locales. Con estas alianzas rotas, y la llegada del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la violencia aumenta”, añade. “En Querétaro, igual, había una pax narca, pero ya no. Y el elemento que cataliza el cambio es el CJNG”, zanja.

En realidad, el cambio es más profundo y trasciende a unas siglas u otras, a nombres de federaciones criminales y a la presunta verticalidad con la que funcionan. El hecho es que el crimen ha convertido el tejido económico-social de ciudades, pueblos y zonas rurales en el objeto de su rapiña. “Ya no es solo por el narcotráfico, es por el huachicol, por la obtención de contratos públicos, la extorsión, un montón de cosas”, dice Carlos Flores, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Así, la pelea por cualquier espacio es brutal. Los grupos criminales batallan por rutas de trasiego de drogas o migrantes, pero también por los mercados por los que pasan esas rutas, por concesiones de transporte público, yacimientos mineros, bosques susceptibles de talar…