El conflicto laboral en el Nacional Monte de Piedad ha derivado en una fractura cada vez más visible dentro del sindicato que encabeza Arturo Zayún. El descontento por la falta de resultados y por la duración del paro ha llevado a un número importante de trabajadores a abandonar la organización tradicional y afiliarse al Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad (SITNMP).

La Secretaria General Alma Delia Villalpando Rosales y el Secretario de Trabajo Gerardo Ríos informaron que en las últimas semanas se ha sumado un número creciente de colaboradores en Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas, Querétaro, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, entre otros estados.

Los sindicalistas coincidieron en señalar que el movimiento independiente se ha fortalecido gracias a las acciones de transparencia y apertura en el diálogo con la base trabajadora, pero sobre todo por el compromiso suscrito con sus agremiados para defender y hacer respetar sus derechos.

Villalpando subrayó que muchos trabajadores consideran que la huelga ya no representa sus intereses y que las familias han sido las principales afectadas por la falta de ingresos y de certidumbre. “El Sindicato Independiente busca reconstruir la confianza desde el trabajo y el diálogo, no desde la confrontación”, expresó.

Ríos añadió que el SITNMP participa como tercero interesado ante el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos, lo que le permite acompañar el proceso, mantenerse informado y evitar que la base laboral dependa únicamente de la versión del sindicato tradicional.

El fortalecimiento del Sindicato Independiente en distintas regiones del país refleja una tendencia clara: los trabajadores del Monte de Piedad están buscando nuevas formas de representación que prioricen la estabilidad y la participación responsable.

Los empleados piden a las autoridades laborales intervenir ante un paro que responde más a cálculos políticos que a causas justas.

El conflicto en el Nacional Monte de Piedad expone las viejas prácticas del sindicalismo corporativo mexicano en la figura del dirigente Arturo Zayún, quien se aferra a privilegios y mecanismos de control que durante décadas impidieron la competencia democrática y bloquearon la libertad sindical dentro de la institución. Consultados sobre su postura respecto al conflicto laboral del Monte, trabajadores afiliados al Sindicato Independiente dijeron no estar de acuerdo con la huelga y rechazaron su apoyo al paro que los ha puesto en indefensión y dificultad económica por la terquedad de quien negocia con la estabilidad de la base laboral. Cabe recordar que hasta hace pocos años, el sindicato tradicional y la administración funcionaban como una sola entidad, bajo un acuerdo tácito en el que la institución otorgaba todo lo que el gremio pedía a cambio de estabilidad. Ese esquema, caracterizado por la falta de transparencia, mantuvo el monopolio sindical y excluyó sistemáticamente a quienes intentaban organizarse de forma independiente, negándoles acceso a recursos, permisos y oportunidades laborales. Fue hasta 2018 cuando la creación del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad rompió con esa dinámica, aunque enfrentó represalias inmediatas. A los trabajadores afiliados al nuevo sindicato se les negaban vacantes, tiempo extra y derechos básicos. Esa discriminación derivó en un conflicto legal de seis años, que concluyó con el reconocimiento del Sindicato Independiente como organización minoritaria con plenos derechos laborales. El sindicato tradicional también controlaba procesos internos clave, como la asignación de vacantes, operando bajo criterios de favoritismo y afinidad personal. Este tipo de prácticas ilegales y arbitrarias permitieron durante años colocar a personas cercanas a la dirigencia, consolidando una red de poder político al interior del Monte de Piedad, en detrimento del mérito, la capacidad y la profesionalización que exige una institución moderna. La actual huelga no defiende los intereses reales de los trabajadores, sino los del liderazgo sindical. Muchos empleados han sido confundidos y manipulados con el discurso de que luchan por recuperar derechos perdidos, cuando en realidad el conflicto gira en torno a la intención del sindicato tradicional de retomar privilegios que ya no tienen cabida en el marco laboral vigente. El movimiento ha derivado en un daño profundo: miles de trabajadores permanecen sin actividad, los usuarios carecen de acceso a los servicios de la institución y una entidad con vocación filantrópica se encuentra paralizada por las ambiciones personales de un liderazgo sindical que se resiste a perder el control. Lejos de representar una causa justa, esta huelga refleja una lucha de poder que ignora el bienestar de los trabajadores y pone en riesgo la estabilidad de una de las instituciones más emblemáticas del país.

• El fiscal Abelardo Valenzuela recurre a filtraciones y omisiones que vulneran la presunción de inocencia y dañan la credibilidad institucional.

El caso emprendido por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua contra el despacho López Elías Finanzas Públicas es un ejemplo preocupante de cómo las instituciones pueden utilizarse con fines políticos. Las acusaciones de peculado no se sostienen jurídicamente, ya que la firma fue contratada por un banco y no por el Gobierno estatal.

Pese a que el proceso de refinanciamiento de la deuda de Chihuahua en 2019 fue avalado por la Auditoría Superior de la Federación y agencias internacionales, el fiscal Abelardo Valenzuela insiste en acusar sin pruebas sólidas, omitiendo deliberadamente información que desmiente su versión.

La Fiscalía ha incurrido en graves irregularidades, como solicitar fichas rojas a Interpol antes de iniciar un juicio penal, ignorar las pruebas de descargo y filtrar información reservada. Estos actos constituyen violaciones claras al derecho de audiencia y al principio de legalidad.

Con estas prácticas, Valenzuela Holguín expone a la institución a un severo desgaste público, pues en lugar de combatir la corrupción, fabrica culpables y alimenta un clima de linchamiento político disfrazado de justicia.