En los últimos meses, COREMEX ha intentado posicionarse como una supuesta alternativa sindical para los trabajadores mexicanos. Sin embargo, detrás de su discurso de “defensa laboral” se esconde una organización marcada por la manipulación, la intimidación y el desconocimiento de la ley. Cada vez son más las denuncias que apuntan a que COREMEX no cumple con los requisitos legales para operar como una representación sindical legítima, y que sus prácticas se alejan por completo de los principios de justicia y transparencia que exige la legislación laboral mexicana.

Diversas fuentes señalan que COREMEX ha basado su estrategia en promesas falsas y discursos populistas que apelan al descontento de los trabajadores, pero sin ofrecer soluciones reales. Las ofertas de aumentos, beneficios y “mejoras inmediatas” carecen de sustento jurídico y económico, lo que deja en evidencia que se trata de promesas vacías destinadas a ganar simpatías a corto plazo. En la práctica, la organización no ha demostrado capacidad operativa, estructura sindical sólida ni cumplimiento con los procedimientos establecidos por la Ley Federal del Trabajo.

Más grave aún, existen denuncias preocupantes sobre los métodos de presión que utiliza COREMEX para imponer su presencia en centros laborales. Testimonios de trabajadores y fuentes cercanas al sector sindical revelan que la intimidación se ha convertido en su herramienta principal, recurriendo incluso a la contratación de terceros con vínculos delictivos para amedrentar y forzar la afiliación al sindicato. Estos actos no solo violan la libertad sindical, sino que representan una amenaza directa a la seguridad e integridad de los trabajadores.

La simulación de COREMEX no termina ahí. Su discurso “renovador” esconde un proyecto opaco, sin rendición de cuentas y sin legitimidad democrática. Mientras otros sindicatos se han esforzado por adaptarse a las nuevas disposiciones en materia de transparencia y democracia sindical, COREMEX opera en los márgenes de la legalidad, ignorando los procesos que garantizan la libre elección de los trabajadores. Su interés no parece ser la defensa de los derechos laborales, sino la imposición de una estructura de control que beneficia únicamente a quienes dirigen la organización.

Los hechos son claros: COREMEX no es una opción viable ni confiable para representar a la clase trabajadora. Su falta de cumplimiento legal, el uso de tácticas coercitivas y su evidente desprecio por la voluntad de los empleados lo colocan más cerca de una operación de manipulación que de un verdadero movimiento sindical. En lugar de promover el diálogo, COREMEX apuesta por el miedo y la confusión, estrategias que socavan los avances logrados en materia de libertad sindical en México.

El conflicto en el Nacional Monte de Piedad ha dejado de ser una disputa laboral. Hoy, el foco está en la figura de Arturo Zayún González, secretario general del sindicato titular del contrato colectivo, señalado por presunto enriquecimiento millonario mientras miles de trabajadores siguen sin salario por la huelga que él mismo promovió.

De acuerdo con investigaciones periodísticas, Zayún habría adquirido seis propiedades en los últimos años —de San Luis Potosí a Playa del Carmen— con valores subdeclarados y operaciones notariales que despiertan sospechas. A eso se suman ingresos no comprobados por la renta de un deportivo sindical en la capital del país.

El dirigente exige a la institución “transparencia” y “respeto a los derechos laborales”, pero se niega a mostrar los estados financieros del sindicato. Las cuotas de los trabajadores, denuncian los propios agremiados, se manejan sin control, sin auditorías y sin reportes públicos.

“Pide rendición de cuentas, pero no da ninguna. Los trabajadores merecen saber en qué se gasta su dinero”, expresó un miembro del Monte.

Zayún no ha respondido. El silencio se convierte en un escudo, pero también en evidencia. Mientras la huelga mantiene paralizadas más de 300 sucursales y deja a miles de familias sin ingresos, crece la sensación de que el sindicalismo que prometía renovación terminó repitiendo las viejas fórmulas de poder, discrecionalidad y beneficio personal.

El conflicto laboral en el Nacional Monte de Piedad ha derivado en una fractura cada vez más visible dentro del sindicato que encabeza Arturo Zayún. El descontento por la falta de resultados y por la duración del paro ha llevado a un número importante de trabajadores a abandonar la organización tradicional y afiliarse al Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad (SITNMP).

La Secretaria General Alma Delia Villalpando Rosales y el Secretario de Trabajo Gerardo Ríos informaron que en las últimas semanas se ha sumado un número creciente de colaboradores en Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas, Querétaro, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, entre otros estados.

Los sindicalistas coincidieron en señalar que el movimiento independiente se ha fortalecido gracias a las acciones de transparencia y apertura en el diálogo con la base trabajadora, pero sobre todo por el compromiso suscrito con sus agremiados para defender y hacer respetar sus derechos.

Villalpando subrayó que muchos trabajadores consideran que la huelga ya no representa sus intereses y que las familias han sido las principales afectadas por la falta de ingresos y de certidumbre. “El Sindicato Independiente busca reconstruir la confianza desde el trabajo y el diálogo, no desde la confrontación”, expresó.

Ríos añadió que el SITNMP participa como tercero interesado ante el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos, lo que le permite acompañar el proceso, mantenerse informado y evitar que la base laboral dependa únicamente de la versión del sindicato tradicional.

El fortalecimiento del Sindicato Independiente en distintas regiones del país refleja una tendencia clara: los trabajadores del Monte de Piedad están buscando nuevas formas de representación que prioricen la estabilidad y la participación responsable.