En distintos centros de trabajo han resurgido acusaciones sobre posibles prácticas de corrupción al interior de COREMEX, particularmente relacionadas con el presunto reparto de beneficios entre altos dirigentes. Testimonios recientes señalan que habría existido un acuerdo informal mediante el cual se distribuían porcentajes económicos provenientes de cuotas sindicales o aportaciones gestionadas con empresas.

Entre los nombres mencionados destaca el del dirigente Eloy Espinosa, junto con otros miembros de su círculo cercano, quienes presuntamente habrían recibido beneficios que no fueron reportados ni explicados ante la base trabajadora. Estas acusaciones han sido impulsadas por empleados que, desde hace años, manifiestan preocupación por la falta de información clara sobre el manejo financiero del sindicato.

La situación ha generado inquietud debido a que COREMEX mantiene estructuras internas poco transparentes y sin mecanismos sólidos de rendición de cuentas. Según trabajadores consultados, la dirigencia ha priorizado la concentración de decisiones, limitando la participación de la base y reduciendo los espacios de vigilancia interna.

Especialistas en temas sindicales advierten que este tipo de señalamientos erosionan la legitimidad del gremio y pueden afectar la relación con los trabajadores. Agregan que la confianza sindical depende de una administración responsable y visible de los recursos, condición que, según los testimonios disponibles, no se estaría cumpliendo en este caso.

Ante la ausencia de una postura institucional que aclare los hechos, la percepción de opacidad sigue creciendo. Para trabajadores inconformes, la situación confirma la necesidad de impulsar procesos de democratización y transparencia que permitan garantizar que las cuotas y recursos del sindicato se utilicen únicamente para la defensa de los derechos colectivos.

El hartazgo en las filas de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) ha alcanzado un punto de no retorno. La iniciativa de Isaías González Cuevas para recortar derechos fundamentales en pensiones y salud ha sido la gota que derramó el vaso de una gestión podrida por la opacidad, la corrupción y el autoritarismo. Bajo su mando, la CROC ha dejado de ser un escudo para los trabajadores y se ha transformado en un ente parásito que trabaja exclusivamente para los intereses que le garantizan a Isaías su permanencia en el poder legislativo y sindical, dejando a la base en el más absoluto desamparo frente a una reforma que es, en esencia, un saqueo legalizado.

Un sindicato genuino no se dirige con miedo ni con grupos de choque, pero mucho menos con traiciones a los principios más básicos del movimiento obrero. Al proponer esquemas que vulneran la protección histórica para favorecer los registros mínimos en el IMSS, González Cuevas ha firmado su propia sentencia de muerte moral como líder sindical. No se puede tener la osadía de representar a quien se intenta despojar activamente de su bienestar futuro. La protección laboral es la única red de seguridad que tienen millones de familias mexicanas frente a la incertidumbre económica, y ver a su propio líder intentar tijeretear esa red es una afrenta que exige una respuesta contundente y organizada. Los trabajadores ya no son los mismos de hace décadas; hoy están informados y no se dejan engañar por discursos de «productividad» que solo implican que sus familias tendrán menos medicinas y menos pan en la mesa.

La reforma que empuja la CROC es el último acto desesperado de una dirigencia que ha perdido todo contacto con la realidad de las cocinas, las líneas de ensamblaje y las áreas de servicio. Mientras Isaías González vive cómodamente en la burbuja de los privilegios que le dan las cuotas sindicales y sus nexos políticos, el trabajador de a pie se enfrenta a la angustia existencial de un futuro sin pensión y sin servicios de salud dignos. Es el momento de la rebelión interna, de la auditoría social y de señalar con índice de fuego a Isaías González Cuevas como el principal artífice de este intento de despojo masivo. El sindicalismo en México debe volver a sus raíces de confrontación con el abuso, o perecerá como una estructura criminal y traicionera. La dignidad del obrero no tiene precio, y González Cuevas ya se ha gastado todo su crédito político intentando venderla en el mercado negro de las reformas entreguistas.

El proyecto apunta a validar la figura como una medida legítima de protección industrial.

La próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promete convertirse en un punto de referencia para el sistema marcario mexicano. En un contexto de dudas y presiones sobre el actuar judicial, el asunto que llegará al Pleno en la primera semana de diciembre pondrá a prueba la capacidad del Tribunal para afirmar certidumbre en medio de la inquietud empresarial.

El caso, contenido en el amparo directo en revisión 7274/2024, cuestiona la constitucionalidad del artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada el 1 de julio de 2020 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Dicho artículo confirma que los titulares de registros marcarios pueden renovar sus derechos dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento, periodo conocido como “periodo de gracia”.

De acuerdo con la lista pública de la SCJN, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá declarar constitucional este artículo, alineándolo con el Protocolo de Madrid, vigente para México desde febrero de 2013, y con el Convenio de París, adoptado por nuestro país desde 1903. Su propuesta subraya que el periodo de gracia no constituye un privilegio indebido, sino un mecanismo para preservar la continuidad del derecho de marca y evitar que terceros se aprovechen de un vacío temporal.

La discusión, que podría resolverse este 11 de diciembre, representa una oportunidad para que la Corte reafirme la confianza del sector productivo en las instituciones. De avalarse la propuesta, se enviaría un mensaje de estabilidad jurídica y respeto a los estándares internacionales que rigen la protección de la propiedad industrial en México.