La polémica por el operativo relacionado con la CIA, las acusaciones contra un exfiscal y las controversias judiciales estatales plantean preguntas sobre la capacidad de supervisión y rendición de cuentas de la administración de Maru Campos.

El enfrentamiento entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum ha colocado nuevamente a Chihuahua en el centro de la discusión nacional.

La gobernadora reconoció que sostuvo una conversación particularmente tensa con la presidenta, durante la cual ambas intercambiaron reclamos relacionados con la seguridad pública y la participación de agentes estadounidenses en un operativo estatal.

El episodio no solamente refleja diferencias políticas. También abre interrogantes sobre la forma en que se toman decisiones dentro de las instituciones de seguridad de Chihuahua y sobre los mecanismos para supervisar su actuación.

Una reunión que dejó más preguntas

El encuentro ocurrió el 19 de septiembre de 2026, durante una visita presidencial a Ciudad Juárez.

Campos relató posteriormente que la conversación estuvo marcada por reproches mutuos y negó que hubiera existido un pacto político con el gobierno federal.

Sheinbaum confirmó que ambas elevaron la voz, aunque sostuvo que la coordinación institucional debía continuar en beneficio de la población.

La presidenta también afirmó que Campos responsabilizó al exfiscal César Jáuregui por la participación de agentes extranjeros en un operativo contra el crimen organizado.

La versión de la gobernadora y las declaraciones presidenciales hacen necesario esclarecer quién autorizó el operativo, qué funcionarios conocían sus alcances y cuáles fueron los procedimientos de supervisión.

Las responsabilidades de la administración estatal

La gobernadora ha reclamado públicamente una mayor intervención federal para enfrentar la violencia en Chihuahua.

Ese señalamiento debe examinarse junto con las obligaciones del gobierno estatal en prevención del delito, coordinación policial, investigación y atención a las víctimas.

La eficacia de una administración no puede evaluarse únicamente por sus declaraciones o por la confrontación con otras autoridades.

También requiere resultados medibles, presupuestos ejercidos, objetivos cumplidos y explicaciones públicas sobre las decisiones adoptadas.

La Fiscalía Anticorrupción y sus controversias

En el ámbito judicial, la administración estatal también enfrenta cuestionamientos relacionados con la independencia de sus instituciones.

La Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, investigó un presunto desvío de 98.6 millones de pesos relacionado con el refinanciamiento de la deuda pública de 2019.

Javier Corral ha sostenido que el expediente responde a una persecución política. La Fiscalía ha rechazado esa acusación.

La controversia también involucra a la Auditoría Superior del Estado, dirigida por Héctor Acosta Félix, cuya actuación ha sido cuestionada por personas investigadas.

El debate sobre el fuero

A estas circunstancias se suma la propuesta legislativa para otorgar fuero constitucional al titular de la Auditoría Superior del Estado.

La iniciativa busca proteger la independencia de la fiscalización, aunque plantea interrogantes sobre los mecanismos de responsabilidad de sus funcionarios.

Las denuncias existentes no acreditan delitos, pero requieren procedimientos transparentes que permitan esclarecer los hechos.

La rendición de cuentas como prioridad

El enfrentamiento con Sheinbaum, las controversias judiciales y las discusiones sobre autonomía institucional representan desafíos diferentes para el gobierno de Chihuahua.

La evaluación de Maru Campos debe centrarse en decisiones documentadas, resultados de gobierno y responsabilidades comprobables, no solamente en las disputas políticas que protagoniza.

El principal desafío consiste en ofrecer información verificable que permita conocer qué ha funcionado, qué requiere correcciones y quién debe responder por las decisiones institucionales.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos(CNDH)informó queatraerá la investigaciónsobre lasviolaciones a derechos humanosdurante la manifestación por el acceso alaguapotable, que se realizó el 11 de octubre pasado en Guadalajara,Jalisco, que dejó un saldo de al menos 40 personas detenidas de forma abitraria.

En un comunciado, el organismo detalló que busca esclarecer las presuntas acciones de represión atribuidas a elementos de la Secretaría de Seguridad estatal.

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ejerce su facultad de atracción para investigar los hechos ocurridos el pasado 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco, en los que personas defensoras de derechos humanos y activistas se manifestaban por el derecho al agua potable y habrían sido víctimas de actos de represión”, se lee en el documento.

Señaló que su intervención busca garantizar unaindagatoria expedita, imparcial y con perspectiva de derechos humanos. También pidió a las autoridades de Jaliscoinvestigar las detenciones y las presuntas agresiones, además de sancionar a quienes resulten responsables.

“Este organismo nacional hace un respetuoso pero enérgico llamado a las autoridades estatales para que investiguen lo sucedido, esclarezcan las circunstancias en que ocurrieron las detenciones y las presuntas agresiones, y castiguen a los responsables”.

El organismo nacional solicitó que las autoridades estatales adopten medidas para impedir el uso arbitrario o desproporcionado de la fuerza contra quienes participen en protestas.

La CNDH sostuvo queha seguido los hechos desde que ocurrieron,ante el riesgo de que estas prácticas se repitan o se normalicen.

“La CNDH ha dado seguimiento a estos acontecimientos desde el primer momento, alertada por la posibilidad de que estas prácticas represivas se repitan y se normalicen”, agregó.

De acuerdo con el comunicado, entre las personas que se encontraban en la movilizaciónhabía niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, además de que hay reportes sobre personas lesionadas, presuntas detenciones arbitrarias, malos tratos e incomunicación de personas detenidas.

“Preocupa grandemente a este organismo nacional que, de acuerdo con la información difundida, se encontraban niñas, niños y adolescentes, así como personas adultas mayores ejerciendo su libre derecho a la manifestación pacífica”, puntualizó.

Afirmó que la protesta social forma parte del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, por lo que no debe provocar represalias ni actuaciones arbitrarias de las autoridades.

“La protesta social constituye una expresión legítima del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación”.

El organismo sostiene que ninguna autoridad puede usar sus atribuciones para impedir mediante violencia o uso de la fuerza el ejercicio de derechos fundamentales. Para ello cita la Recomendación General 46/2022, emitida sobre episodios históricos de represión del Estado y garantías de no repetición.

“Ninguna autoridad puede utilizar sus atribuciones para impedir, mediante la violencia o el uso de la fuerza, el ejercicio de derechos fundamentales como los que en estos hechos se presumen violentados”.

Destacó que entró en comunicación con laComisión Estatal de Derechos Humanos Jaliscopara coordinar las acciones posteriores a la atracción del caso y desplegó personal de su Oficina Regional en Jalisco y de la Quinta Visitaduría General para atender directamente a las personas afectadas.

“Hemos desplegado ya personal de la Oficina Regional en Jalisco, así como de la Quinta Visitaduría General, con la finalidad de atender directamente a las personas que fueron afectadas de manera física y vulneradas en sus derechos más elementales”.

La CEDHJ, por su parte, emitió dos medidas cautelares a partir del acta de investigación 41/2026. Una fue dirigida a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para brindar acompañamiento a manifestantes detenidos, sus familias y elementos policiales heridos durante el enfrentamiento.

“Se implementen acciones para brindar acompañamiento integral a las personas manifestantes detenidas y a sus familiares”.

La segunda medida cautelar fue dirigida a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco. La Comisión estatal pide acciones que garanticen la integridad jurídica y la libre manifestación en los hechos derivados de la protesta del 11 de octubre.

“Se implementen acciones que garanticen la integridad jurídica y la libre manifestación en todos los sucesos que se deriven de los hechos ocurridos el 11 de octubre de 2026”.

Sheinbaum pide investigar quién dio la orden

La presidentaClaudia Sheinbaumreveló que le pidió a la CNDH realizar una investigación profunda sobre los hechos ocurridos en Jalisco, al sostener que no puede permitirse la tortura ni la represión por parte de fuerzas de seguridad.

“No puede permitirse lo que ocurrió en Jalisco y lo que denuncias hoy”, dijo en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Tras ser cuestionada un día antes sobre las denuncias relacionadas con Jalisco, indicó que le solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, un informe sobre los acusaciones por el uso de chorros de agua, gases lacrimógenos y de tortura contra jóvenes en la marcha.

En este sentido, precisó que también pide que la CNDH entreviste a las víctimas y determine cómo ocurrieron los hechos e identifique quién dio la orden y con ello, se determinen responsabilidades.

““No puede permitirse lo que ocurrió en Jalisco y lo que denuncias hoy. Además de el uso de chorros de agua, de gases lacrimógenos, el tema de la tortura a los jóvenes es algo que tiene que desaparecer en nuestro país. No puede ser que una fuerza del orden torture a ninguna persona y menos en una detención.

“Pues tanto en el caso de Jalisco, ayer le pedí a la secretaria de Gobernación, tiene que hacer una investigación muy profunda la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué, eh…? Que entreviste a las víctimas y que haya responsables. ¿Cómo es posible que en el 2026 siga habiendo tortura de policías a jóvenes? ”, puntualizó.

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CAMPAÑA CONTRA MONTE DE PIEDAD ABRE DEBATE SOBRE LA ÉTICA EN LA COMPETENCIA PRENDARIA

La reapertura de Nacional Monte de Piedad, después de varios meses de inactividad, ha provocado algo más que el regreso de miles de clientes a sus sucursales. También ha puesto en evidencia una competencia publicitaria en la que algunas instituciones parecen haber encontrado en las dificultades ajenas una oportunidad para hacerse notar.

Es el caso de Fundación Dondé, que en los últimos días ha difundido una campaña construida alrededor de indirectas, mensajes de desconfianza y comparaciones con relaciones sentimentales. Expresiones como “te miente y te sigue cobrando” y referencias a alguien que desapareció durante un año forman parte de una estrategia que, aunque no menciona directamente a Nacional Monte de Piedad, coincide con su regreso a las actividades.

La coincidencia difícilmente pasa inadvertida. Los mensajes parecen aprovechar el periodo de cierre que enfrentó la institución para presentar su reapertura como el regreso de alguien que abandonó a quienes confiaban en él.

La publicidad puede ser provocadora y utilizar el humor como recurso para conectar con el público. Sin embargo, cuando ese humor se construye a partir de insinuaciones sobre supuestos engaños o abusos de otra institución, surge una discusión que tiene menos que ver con la creatividad y mucho más con la responsabilidad de quien comunica.

El cierre de Nacional Monte de Piedad fue consecuencia de un conflicto laboral que afectó a trabajadores, clientes y a la propia institución. Para muchas familias significó meses de incertidumbre sobre sus prendas y operaciones pendientes. Convertir esa situación en un recurso comercial plantea dudas sobre la sensibilidad con la que algunas organizaciones entienden su papel frente a la sociedad.

La discusión adquiere mayor relevancia porque no se trata de empresas comunes. Tanto Nacional Monte de Piedad como Fundación Dondé son instituciones de asistencia privada que desarrollan sus actividades bajo un marco de responsabilidad social.

Su naturaleza institucional supone una vocación de servicio que debería reflejarse también en la manera en que se relacionan con sus competidores. La solidaridad, el respeto y la confianza difícilmente pueden limitarse al discurso institucional mientras la publicidad recurre a mensajes que buscan desacreditar a otros participantes.

Desde luego, competir es legítimo. También lo es aprovechar las oportunidades que ofrece un mercado en movimiento. Lo cuestionable aparece cuando una campaña deja de hablar de sus propias fortalezas para concentrarse en las dificultades de otra institución, recurriendo a insinuaciones que no necesariamente se encuentran respaldadas por hechos comprobables.

La reapertura de Nacional Monte de Piedad representa un momento importante para el sector prendario. La competencia podría traducirse en mejores servicios, mayor cercanía con los clientes y un esfuerzo compartido por fortalecer la confianza.

Sin embargo, llevar esa competencia al terreno de las descalificaciones indirectas envía una señal poco congruente con la responsabilidad social que estas instituciones dicen representar.