En opinión de Manuel Díaz, con Claudia Sheinbaum la mañanera se ha mantenido bajo un esquema similar al de AMLO, pero en el fondo cambió radicalmente

Con AMLO las mañaneras eran un medio propagandístico por excelencia. No se trataba de informar, eran el instrumento ideal para el cobro de facturas, venganzas, ataques dirigidos y, por supuesto, para posicionar la imagen presidencial. Esas conferencias mañaneras eran también el modus vivendi de buena parte de los reporteros que se presentaban, muchos aprovechaban su espacio y oportunidad para vender su pregunta al mejor postor, la mayoría de las veces vinculados a grupos de poder. Se habían vuelto como una especie de Gestapo donde sin fundamento alguno, cuando se trataba de fastidiar a un enemigo, competidor u opositor, hacían una pregunta sin fundamento, pero “a modo” para que el presidente respondiera. Como “La Carabina de Ambrosio”, el instrumento supuestamente diseñado para informar a los mexicanos se fue convirtiendo en un show cómico y poco serio de propaganda y descalificación, donde los “adversarios” se juzgaban y sentenciaban.

Se percibe un cambio

Con Claudia Sheinbaum la mañanera se mantiene bajo un esquema similar, pero el fondo cambió radicalmente, lo que es algo de aplaudirse. Ahora llama la atención porque es informativa y se dan a conocer las acciones del gobierno, políticas y sobre la situación que guarda la administración pública federal. Un claro ejemplo del cambio y de que al parecer la presidenta no se presta a preguntas pagadas o cargadas de intencionalidad perversa, es el cuestionamiento que realizó la reportera de W Radio, Rocío Jardines, quien es conocida por hacer preguntas mandadas por grupos muy oscuros con la intención de desprestigiar o chantajear. La reportera preguntó en referencia a unas explosiones registradas en Tamaulipas y de entrada juzgó, sentenció y embarró a los gobiernos federal y del estado, de corrupción, lo que pretendía era que la presidenta explotara en favor de quienes “sembraron” su pregunta, asegurando que “hay denuncias en este estado, de que al parecer existe complicidad entre el gobierno estatal con esta empresa porque no se ha atendido a las personas afectadas. Fue un caso que incluso tocó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Empezaba a darse un acercamiento con las familias; sin embargo, se detuvo, presidenta. Las familias siguen gastando en su tratamiento físico. Tenemos el caso del que le estamos dando mucho seguimiento, es Thalía Martínez y su familia que, bueno, ya lleva muchísimas operaciones debido, precisamente, a las consecuencias de estas explosiones.” Y termina ordenando a la presidenta actuar fuera de la ley, por consigna y de manera amenazante: “¿Y qué hará su gobierno, para evitar este tipo de corrupción?”. La mandataria respondió de forma muy diferente a su antecesor, con calidad, respeto y apegada a su investidura: “Bueno, no, no lo catalogo como corrupción, habría que ver exactamente qué pasó. Es muy sensible Américo Villarreal. Entonces, vamos a pedirle a Rosa Icela y la Comisión de Víctimas que pueda ver exactamente qué pasó y siempre atender a las familias.” El asunto es que el hermano de la afectada es un reportero, un influencer llamado, Salvador Martí conocido en redes sociales como “wikichava” y labora en diferentes medios como Radio Fórmula, con Fernanda Familiar, Teleradio y el Programa Hoy, donde han hecho eco sin presentar prueba alguna, de algo que al parecer se ha convertido en su modus vivendi. La respuesta que dio la presidenta de investigar a fondo e instruir a la secretaria de gobernación Rosa Icela para conocer el origen de la explosión, parece que no le gustó al wikichava ni a su jefa Fernanda Familiar, quien en su programa radiofónico se fue ahora contra la secretaria de medio ambiente, Alicia Bárcena. Apoyándose en una periodista amiga suya del diario Le Monde, Anne Vigna, no importó que la presidenta pidió que se investigue a fondo, no le gustó que interviniera la secretaria de gobernación, quien sabe de periodismo y de cómo los chacales se comportan, entonces decidió desviar la atención: “Exhorto a través de este micrófono, doy un llamado directo a Alicia Bárcenas de Semarnat. Alicia, conoce este caso y dale el seguimiento adecuado que las víctimas necesitan. Yo te agradezco, Ann, y sigamos en contacto para la información que yo tengo por acá y la información que tú puedas publicar por allá, porque en la fuerza del periodismo estará la justicia para estas víctimas.”

Firmeza

Realmente es un alivio que la presidenta con firmeza cierre el paso a vividores del periodismo que solo desvirtúan, confunden y confrontan a la sociedad, y nos alejan de un verdadero Estado de derecho y justicia. Durante los dos meses que van de su gestión, Sheinbaum ha tratado asuntos delicados y de trascendencia nacional, como el conflicto entre los líderes de la cámara, el Infonavit, la estrategia de seguridad y los operativos que se han ejecutado, sin embargo, no paran reporteros como la representante de W Radio, que tratan de sorprender y sacar raja. [Cortesia de SDP Noticias]

En su primera audiencia luego de ser deportado a México, Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo y Los Zetas, se declaró inocente de las acusaciones de narcotráfico que se le imputan en nuestro país. De acuerdo con fuentes judiciales, el también llamado “Mata Amigos” decidió no responder preguntas de la Fiscalía General de la República (FGR) ni rendir declaración respecto a la causa penal 12/2024, correspondiente a este caso. Cárdenas Guillén fue deportado a México el pasado 15 de diciembre, y se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Esto luego de pasar 19 años preso en Estados Unidos. Tras su llegada a México, Cárdenas Guillén sostuvo su primera audiencia el 16 de diciembre ante el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal de Toluca, Daniel Marcelino Niño Jiménez. De acuerdo con la información, el capo y su defensa legal solicitaron la duplicidad del plazo para que le definan su situación jurídica, es decir, si el juez le dicta o no prisión. Dicho plazo culmina el domingo por la tarde. Además de esta causa penal de delincuencia organizada, Cárdenas Guillén mantiene pendientes al menos tres órdenes de aprehensión por ejecutarse en su contra, y más de cinco procesos judiciales abiertos, explicaron fuentes federales.   El exlíder del Cártel del Golfo es acusado de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, delincuencia organizada para lavado de dinero, delitos contra la salud, lavado de dinero y portación de armas de fuego exclusivas de las Fuerzas Armadas y cohecho. Por la suma de estas acusaciones, Cárdenas Guillén podría recibir una sentencia de hasta 730 años de prisión en México, informaron dependencias de seguridad federal. “Por estos delitos, se estima que Osiel N alcance una pena aproximada de hasta 730 años de prisión por las órdenes de aprehensión pendientes, más las penas que resulten por los procesos que serán reactivados”, indicó el Gabinete de Seguridad. Osiel Cárdenas fue detenido en 2003 en México y extraditado a Estados Unidos en 2005, donde se le requería por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y extorsión de agentes federales. Acusaciones por las que se declaró culpable en 2010 para reducir su condena. Luego de 19 años preso en EU, a finales de agosto de este 2024 el capo salió de prisión y quedó bajo custodia de la ICE de aquel país, y hasta este 16 de diciembre se efectuó su deportación a México. Tras la captura de Juan García Abrego, Osiel Cárdenas Guillén tomó el mando del Cártel del Golfo en 1998, y se presume que se habría aliado con Los Zetas para que actuaran como sicarios del cártel. De acuerdo con información del Departamento de Policía de Estados Unidos (FBI por sus siglas en inglés), Cárdenas Guillén supervisaba “un vasto imperio de narcotráfico” responsable de la exportación de miles de kilogramos de cocaína y marihuana desde México a Estados Unidos.

La Concamin informó que el diálogo con los legisladores permitió que el análisis de las reformas aprobadas por el Senado se posponga para abrir un espacio de debate con los sectores. La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y otras agrupaciones empresariales consiguieron aplazar hasta febrero de 2025 la discusión de las reformas a la Ley del Infonavit, luego de un acuerdo con líderes del Legislativo. En un comunicado interno, Alejandro Malagón, presidente de la Concamin, informó que el diálogo con los legisladores permitió que el análisis de las reformas aprobadas por el Senado el 13 de diciembre se posponga para abrir un espacio de debate con los sectores involucrados. “De acuerdo con afirmaciones del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, se abrirá un espacio para estudiarla y realizar una discusión civilizada entre el sector empresarial, los trabajadores y la sociedad civil. Su análisis y eventual votación se realizarán en febrero de 2025”, indicó. El organismo explicó que este tiempo adicional permitirá construir acuerdos y fortalecer las propuestas del sector industrial, con el objetivo de que las modificaciones respondan tanto a los intereses de los trabajadores como a las necesidades de las empresas. Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que las modificaciones propuestas podrían alterar el equilibrio en la toma de decisiones dentro del Infonavit al otorgar al gobierno un mayor control.

Es inaceptable que los ahorros de los trabajadores puedan utilizarse para fines ajenos a sus intereses. El tripartismo paritario debe mantenerse como eje central del Infonavit.Coparmex

El organismo reiteró que los cambios aprobados en el Senado deben revisarse cuidadosamente para evitar que un solo sector prevalezca sobre los otros dos. También reconoció la apertura de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar que los ahorros de los trabajadores estén resguardados. Asimismo, valoró las declaraciones del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien respaldó la necesidad de revisar la minuta con detenimiento. “Esto permitirá un debate amplio y responsable entre trabajadores, empleadores y gobierno, sin apresuramientos que puedan poner en riesgo los derechos de quienes son el corazón del Infonavit: los trabajadores”, sostuvo la Coparmex.