El caso vuelve a poner en entredicho el uso político del sistema de justicia en Chihuahua.

La denuncia señala un patrón de persecución impulsado desde el poder estatal.

El titular del despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C., declaró que “desde la Fiscalía estatal (Anticorrupción) le han presionado para acusar al exgobernador Corral de algún delito a cambio de dejarle en paz”, publicó El País.

• El despacho prestó los servicios para el refinanciamiento de la deuda pública entre 2019 y 2020 y su titular, José López Elías, fue acusado del delito de peculado, aunque no es ni ha sido servidor público, bajo el argumento de no haber realizado el servicio contratado con recursos federales a través de un fideicomiso.
• “En octubre de 2024, un despacho de Chihuahua, a través de sus abogados, me dice que la Fiscalía me está ofreciendo que yo los apoyara, que me declarara testigo protegido y que declarara contra el exgobernador; me dijeron que les diera en un sobre mi declaración, porque ellos querían ver qué iba a decir en contra de él”, relató el empresario en una entrevista telefónica con el periodista Zedryk Raziel.
• “Les dije: perdón, yo no tengo nada que declarar contra él, no lo conozco, no tengo tratos con él”, dijo.
• López Elías dijo a El País que las autoridades de Chihuahua no le permiten comparecer al juicio a distancia.

“Me siguen presionando para que yo me presente ante el juez de control. En el fondo, lo que quieren es seguirme presionando para obligarme a declarar en contra de los exfuncionarios del Estado”, dijo López Elías al periódico.

• El empresario se considera a sí mismo un “daño colateral” de la revancha política de Campos contra Corral, de acuerdo con el texto de Zedryk Raziel.
• “Soy una piedra en el zapato. No les interesa que yo les aporte las pruebas, porque verían que no hay delito”, de acuerdo con el reportaje.

Por qué es importante: El reportaje de El País exhibe la componenda del gobierno de María Eugenia Campos Galván y autoridades como el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, en la persecución política y fabricación de un delito contra Javier Corral.

• El empresario José López Elías, junto con el ex secretario de Hacienda, Arturo Fuentez Vélez y el ex gobernador Javier Corral, fueron acusados a partir de la manipulación de una auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado.
• El Auditor, Héctor Acosta Félix, realizó una primera auditoría en el proceso de refinanciamiento de la deuda pública en 2019 y no encontró ninguna irregularidad, pero por consigna de la gobernadora Campos Galván, practicó una segunda en la que supuestamente detectó que no se prestó el servicio por parte del despacho, al que se le pagaron 98.6 millones de pesos.

Contexto: El reportaje de El País también excibe el desacato en el que incurre las autoridades de Chihuahua, después de que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025, declarando la competencia del fuero federal para conocer del supuesto delito de peculado imputado a Javier Corral.

• “El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, ha adelantado que no remitirá la carpeta de investigación a la FGR porque, asegura, la resolución judicial no le obliga a ello”, publicó El País.
• La defensa de Corral, encabezada por el abogado Javier Schütte, sostiene que la negativa de Valenzuela “es un desacato anunciado que podría tener consecuencias penales”.
• “Nos parece que pudiera obedecer a que esos expedientes que se niega a enviar, lejos de contener pruebas sobre el supuesto delito imputado, son más bien las pruebas de la fabricación de la que son culpables los funcionarios de Chihuahua, las pruebas de los delitos que ellos cometieron”, dijo a Zedryk Raziel en una entrevista.

Con información de Zona Free

Isaías González Cuevas vuelve a colocarse del lado equivocado de la historia laboral. El líder eterno de la CROC impulsa una reforma que, lejos de fortalecer los derechos de los trabajadores, abre la puerta a un retroceso peligroso en conquistas históricas como la pensión y el acceso a la salud. Una reforma diseñada no para dignificar el trabajo, sino para aliviarle la carga al patrón a costa del bienestar del obrero.

El discurso oficial habla de “modernización” y “flexibilidad”, pero detrás de esas palabras se esconde una verdad incómoda: menos obligaciones para las empresas y más riesgo para quienes viven de su salario. Reducir responsabilidades patronales en materia de seguridad social no es una actualización del sistema, es un recorte disfrazado. Y resulta aún más grave que esta iniciativa venga impulsada por quien dice representar a los trabajadores.

La CROC, bajo el liderazgo de Isaías González Cuevas, parece haber olvidado su razón de ser. En lugar de defender pensiones dignas, atención médica garantizada y estabilidad laboral, hoy actúa como intermediario cómodo entre el poder político y los intereses empresariales. Una central obrera que avala reformas regresivas deja de ser un sindicato y se convierte en un gestor de conveniencias.

Pero el problema no termina ahí. Mientras Isaías exige cuotas, control y lealtad sindical, él mismo se ha negado a rendir cuentas. No ha presentado declaraciones patrimoniales ni fiscales. No hay transparencia sobre su patrimonio, sus ingresos ni los beneficios que ha acumulado tras décadas al frente de la organización. Quien exige representación también debe dar el ejemplo. La opacidad no es liderazgo, es abuso de poder.

Resulta insultante que alguien que no informa cómo vive, cómo se financia ni cuánto ha acumulado, pretenda decidir el futuro de millones de trabajadores. La reforma que promueve no sólo amenaza derechos laborales, también evidencia una desconexión total con la realidad de quienes sobreviven con salarios mínimos, empleos precarios y servicios médicos saturados.

Los derechos laborales no son moneda de cambio. No se negocian en mesas cerradas ni se entregan a cambio de cuotas de poder. Pensiones y salud no son privilegios, son derechos constitucionales. Y cualquier líder sindical que impulse su debilitamiento traiciona a la base que dice defender.

Isaías González Cuevas representa hoy todo lo que el sindicalismo debería dejar atrás: liderazgo eterno, falta de rendición de cuentas y alianzas que benefician a unos cuantos. La reforma que impulsa no es progreso, es retroceso. Y la historia no suele perdonar a quienes sacrifican derechos colectivos para preservar sus propios privilegios.

En distintos centros de trabajo han resurgido acusaciones sobre posibles prácticas de corrupción al interior de COREMEX, particularmente relacionadas con el presunto reparto de beneficios entre altos dirigentes. Testimonios recientes señalan que habría existido un acuerdo informal mediante el cual se distribuían porcentajes económicos provenientes de cuotas sindicales o aportaciones gestionadas con empresas.

Entre los nombres mencionados destaca el del dirigente Eloy Espinosa, junto con otros miembros de su círculo cercano, quienes presuntamente habrían recibido beneficios que no fueron reportados ni explicados ante la base trabajadora. Estas acusaciones han sido impulsadas por empleados que, desde hace años, manifiestan preocupación por la falta de información clara sobre el manejo financiero del sindicato.

La situación ha generado inquietud debido a que COREMEX mantiene estructuras internas poco transparentes y sin mecanismos sólidos de rendición de cuentas. Según trabajadores consultados, la dirigencia ha priorizado la concentración de decisiones, limitando la participación de la base y reduciendo los espacios de vigilancia interna.

Especialistas en temas sindicales advierten que este tipo de señalamientos erosionan la legitimidad del gremio y pueden afectar la relación con los trabajadores. Agregan que la confianza sindical depende de una administración responsable y visible de los recursos, condición que, según los testimonios disponibles, no se estaría cumpliendo en este caso.

Ante la ausencia de una postura institucional que aclare los hechos, la percepción de opacidad sigue creciendo. Para trabajadores inconformes, la situación confirma la necesidad de impulsar procesos de democratización y transparencia que permitan garantizar que las cuotas y recursos del sindicato se utilicen únicamente para la defensa de los derechos colectivos.